B.IA.LEGAL

SCP 0397/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
29 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
45411-2022-91-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncio como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, congruencia, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente; y a la libertad de locomoción y a la salud, por cuanto por diferentes circunstancias se le impide recobrar su libertad, de conformidad con el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, al haberse vencido el plazo fijado para la medida cautelar de detención preventiva. De esta manera denuncio que el Juez de la causa en suplencia legal, que rechazó la cesación a la detención preventiva interpuesta, no remitió los antecedentes en alzada pese a la apelación, antes de ingresar en vacación judicial; mientras que en la audiencia de apelación de 21 de enero de 2022, en que se trataría la impugnación al rechazo a la cesación de 24 de diciembre de 2021 –previamente señalada–, el Vocal demandado determinó suspender el acto con argumentos contradictorios. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales fundamentos, son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/22 de 22 de enero de 2022, cursante de fs. 20 vta. a 24, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER EN PARTE la tutela impetrada, únicamente respecto del Vocal demandado con los mismos efectos; y DENEGAR la misma respecto del Juez y la Secretaria Abogada, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de Santa Cruz.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0397/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45411-2022-91-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 2/22 de 22 de enero de 2022, cursante de fs. 20 vta. a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Milko Alberto Moreno Antelo contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Juan José Quiróz Crespo, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del mismo departamento; y, Edilber Fernández Reyes, Secretaria Abogada del referido Juzgado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de enero de 2022, cursante de fs. 2 a 4 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y otros, el 4 de noviembre de 2021 se desarrolló la audiencia de medidas cautelares en la que se dispuso su detención domiciliaria, determinación que fue apelada por el Ministerio Público y la parte denunciante. El 26 del mismo mes y año, se efectuó la audiencia de apelación, en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a cargo del Vocal ahora demandado; y en ella, habiéndose fundamentado los agravios, se dio curso a la apelación del Ministerio Público, y se revocó la Resolución impugnada, disponiéndose su detención preventiva. Ante la complementación y enmienda presentada se señaló que la detención sería por cuarenta y cinco días, plazo que se venció el 10 de enero de 2022, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción de tutela, pueda recobrar su libertad al amparo del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, entendiendo que no existe ampliación de plazo para la detención en tiempo oportuno. El 24 de diciembre de 2021, en audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva, hubo una incorrecta valoración de la prueba y una falta de fundamentación en la determinación del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de Santa Cruz en suplencia legal, decisión que fue apelada. El Juez en suplencia tenía conocimiento de su detención; por lo cual, antes de entrar en vacaciones Judiciales, se encontraba en la obligación de remitir el proceso al Juzgado de origen, pero no lo hizo, situación perjudicial que no le permitió solicitar otra cesación a la detención preventiva. En la audiencia de apelación a la cesación previamente referida, que se señaló para el 21 de enero de 2022, el Vocal demandado ingresó a dicha Sala e indicó que la misma no podría desarrollarse, pues no contaba con Secretario; y pese al reclamo de su defensa, sacó a relucir otras causales que lo dejaron en indefensión, ya que modificó el fundamento de la suspensión y dijo que la audiencia no se llevaría adelante porque las partes habrían presentado memoriales pidiendo que la audiencia se realice en forma virtual. A la fecha, su persona no puede ser escuchada por la autoridad jurisdiccional y transcurrieron diez días de una ilegal y desproporcional detención preventiva; por lo que, su libertad se encuentra cercenada, su salud es puesta en riesgo y su voz no es oída.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Se señaló como vulnerado su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia, a ser oído por la autoridad jurisdiccional competente, a la libertad de locomoción y a la salud.

I.1.3. Petitorio

Solicita se declare procedente la acción de libertad y se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga emitir mandamiento de libertad en su favor, dado que la detención preventiva es ilegal, arbitraria y no fundamentada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 22 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 20 vta., presente el solicitante de tutela asistido de sus abogados defensores y ausentes los demandados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de sus abogados se ratificó íntegramente en su memorial de esta acción de defensa, reiterando los fundamentos de la misma.

I.2.2. Informe de los demandados

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Juan José Quiróz Crespo, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del mismo departamento, no asistieron a la audiencia señalada, ni presentaron informe pese a las notificaciones efectuadas cursantes a fs. 6 y 11; y 14, respectivamente. Edilber Fernández Reyes, Secretaria Abogada del mismo Juzgado, presentó informe escrito de 21 de enero de 2022, cursante a fs. 15, manifestando que en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, dentro de la acción de libertad interpuesta por el ahora accionante, se remitió el cuaderno procesal en el término de veinticuatro horas a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a efecto de que se desarrolle la audiencia de apelación a la resolución de solicitud de cesación de medidas cautelares a la detención preventiva.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 2/22 de 22 de enero de 2022, cursante de fs. 20 vta. a 24, concedió en parte la tutela impetrada, respecto de los derechos al debido proceso y al principio de celeridad por el señalamiento de la audiencia de apelación fuera del plazo; y denegó la tutela solicitada sobre los derechos al debido proceso y a la defensa, por falta de remisión del cuaderno de control jurisdiccional, por parte del Juez y la Secretaria Abogada codemandados. La decisión manifestada contiene los siguientes fundamentos: a) Sobre el primer agravio referido a la falta de remisión del cuaderno de control jurisdiccional, se tiene acreditado que el 24 de diciembre de 2021, se llevó adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva peticionada por el ahora accionante, en la cual se negó la solicitud; y conforme el informe de la Secretaria codemandada, se planteó una acción de libertad de pronto despacho por la falta de remisión de obrados ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro de la cual la justicia constitucional ordenó la remisión de los antecedentes a la Sala correspondiente; b) En tal sentido y conforme los antecedentes del proceso, el Juez codemandado habría cumplido con lo ordenado en una anterior acción de libertad; motivo por el cual, si el impetrante de tutela considero que no fue así, debió acudir en recurso de queja ante el Tribunal que emitió la decisión, no siendo posible pretender la tutela solicitada a través de otra acción constitucional; c) Con relación a la duración máxima del plazo de la detención preventiva, la Ley 1173 modificó las previsiones pertinentes del procedimiento penal, imponiendo como obligación para los operadores de justicia que se establezca un plazo para la detención preventiva tomando en consideración los actos de investigación necesarios de ser llevados adelante y fundamentando la necesidad de la detención durante un periodo de tiempo, el mismo que según el accionante habría fenecido el 10 de enero de 2022; sin embargo, se tiene que conforme la jurisprudencia constitucional glosada, la jurisdicción constitucional no es competente para conocer de manera directa la ponderación de los elementos que fundan la detención preventiva o disponer la libertad, sino que es el Juez Cautelar o la Sala Penal a cargo del proceso; d) Sobre los agravios denunciados en contra del Vocal demandado, se debe considerar que el art. 251 del CPP, es claro con relación al trámite que se debe seguir en las apelaciones de medidas cautelares; y respecto de este extremo, se tiene acreditado que dentro del proceso penal, la referida autoridad fijó la audiencia para el 21 de enero de 2022, vale decir fuera del plazo establecido; y en cuanto a la suspensión de audiencia de 22 del mismo mes y año, se acreditó que las partes se encontraban legalmente notificadas para la celebración del acto; entonces no sería evidente lo afirmado por el demandado en relación a que las partes no estaban notificadas y al haber suspendido la audiencia sin que exista una causal invocada válida ha incurrido en un acto arbitrario; e) En cuanto al argumento de que la referida Sala Penal Tercera se encontraría sin Secretario para la realización de la audiencia de apelación de medidas cautelares, el Tribunal encuentra una clara contradicción en el Acta, que señala se habilitó al Auxiliar de Sala a efecto de instalar y llevar adelante la audiencia, por lo que no existía causal de suspensión; y, f) Por último, acerca de los memoriales presentados por las empresas denunciantes para que la audiencia se desarrolle en forma virtual, el monopolio de la acción penal corresponde al Ministerio Público y si bien no se encontraba en audiencia, sí estaba presente la Procuraduría General del Estado; por lo que, los intereses nacionales no estarían en indefensión; entonces, los memoriales presentados no son una causal válida para la suspensión de la audiencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. La Secretaria Abogada codemandada, adjunto a su informe copia del memorial de acción de libertad de pronto despacho interpuesta por el ahora accionante contra Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de Santa Cruz –también co demandado en el presente caso– (fs. 15 vta. a 17); ante lo cual se dictó la providencia de 30 de diciembre de 2021, que señaló audiencia para el 31 del mismo mes y año (fs. 17 vta.). II.2. Asimismo, se adjuntó copia del oficio 438/2021 de 31 de diciembre; por el cual, la Jueza de Sentencia Penal Quinta del departamento de Santa Cruz en suplencia legal, solicitó a la autoridad jurisdiccional ahora demandada remita el cuaderno procesal correspondiente para celebrar la audiencia pública para considerar la acción de defensa señalada en la fecha indicada; y, se adjunta una fotografía del libro de altas y bajas, que refiere la entrega de la causa de origen a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 18 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncio como vulnerados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, congruencia, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente; y a la libertad de locomoción y a la salud, por cuanto por diferentes circunstancias se le impide recobrar su libertad, de conformidad con el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley 1173, al haberse vencido el plazo fijado para la medida cautelar de detención preventiva. De esta manera denuncio que el Juez de la causa en suplencia legal, que rechazó la cesación a la detención preventiva interpuesta, no remitió los antecedentes en alzada pese a la apelación, antes de ingresar en vacación judicial; mientras que en la audiencia de apelación de 21 de enero de 2022, en que se trataría la impugnación al rechazo a la cesación de 24 de diciembre de 2021 –previamente señalada–, el Vocal demandado determinó suspender el acto con argumentos contradictorios. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales fundamentos, son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental de medidas cautelares ante el Tribunal de alzada

La SCP 0998/2021-S4 de 6 de diciembre, reiterando el entendimiento de la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: “‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’.

Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: ‘En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito (ahora Tribunal Departamental) en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones». A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: «…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»’.

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló: Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado’.

Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

(…)

Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que ‘Cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’.

Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con los arts. 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del PIDCP, que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

De acuerdo a la jurisprudencia descrita, todas las solicitudes relacionadas a la libertad del imputado deben ser tramitadas y resueltas, sin ninguna demora o dilación, atendiendo al principio de celeridad que obligan a toda autoridad jurisdiccional a sujetar su accionar a los plazos establecidos en la norma adjetiva penal” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

De acuerdo con la problemática propuesta por el accionante, se denuncia la vulneración de los derechos previamente enunciados, por las diferentes instancias jurisdiccionales que atienden el proceso penal en su contra; sin embargo, pese a que realiza una exposición amplia de los antecedentes del caso, identificando aquellas actuaciones que considera lesivas por las instancias a quo y ad quem, este Tribunal no puede atender todos los reclamos efectuados, en tanto la pretensión no condice del todo con el objeto de la acción. En ese mérito, debemos examinar a detalle la proposición del impetrante de tutela, bajo los tres aspectos principales que la componen. Para comenzar, se tiene que de manera general reclama que el plazo de la medida cautelar de detención preventiva se encuentra vencido, lo cual constituye la base de su acción; y a continuación, de manera específica, indica que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de Santa Cruz y la Secretaria Abogada de ese mismo despacho, omitieron remitir en alzada la apelación interpuesta contra la decisión de rechazo de su cesación, de 24 de diciembre de 2021. Por otro lado, señala que Julio Nelson Alba Flores, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, suspendió la audiencia de apelación bajo argumentos inadecuados y contradictorios. En primer lugar, la denuncia general de que el plazo de la detención preventiva vencía el 10 de enero de 2022, no es un aspecto que pueda ser dilucidado en la presente acción de libertad; toda vez que, las actuaciones reclamadas tanto en el prenombrado Juzgado de Instrucción Penal como de la Sala Penal correspondiente, se centran en la decisión emergente del rechazo de la cesación a la detención preventiva de 24 de diciembre de 2021 y su posterior impugnación y resolución el 21 de enero de 2022; es decir, el motivo de la cesación interpuesta, fue anterior al cumplimiento del plazo de la detención y aun cuando la audiencia de apelación fue señalada en forma posterior al 10 de mismo mes y año, su objeto era el de definir si la cesación rechazada se encontraba conforme a derecho. Dentro del mismo motivo, la cuestión acerca del cumplimiento del plazo de la detención, debe necesariamente efectuarse ante la instancia jurisdiccional competente en la vía ordinaria, no siendo pertinente que la justicia constitucional se pronuncie si no existió antes una decisión que afecte los derechos protegidos constitucionalmente. En razón de ello, se entiende que el plazo determinado de la detención preventiva se encontraba vigente en el momento de la cesación interpuesta por el ahora accionante; y, las instancias pertinentes no tuvieron oportunidad de pronunciarse acerca del presunto plazo vencido, por cuanto se encontraban resolviendo otra petición. En consecuencia, no se encuentra una vulneración de derechos al respecto; por lo que, la tutela impetrada debe ser denegada en este aspecto. Continuando, en cuanto a las actuaciones de los funcionarios demandados del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de Santa Cruz, se tiene que de acuerdo con el informe de la Secretaria-Abogada, el mismo accionante hubiere interpuesto con anterioridad otra acción de libertad respecto a la remisión de la apelación en alzada (Conclusiones II.1 y 2 del presente fallo constitucional); misma cuyo objeto fue cumplido conforme se entiende de la Conclusión II.2 citada. Este aspecto también fue referido por el Tribunal de garantías constitucionales y verificado en el acto público señalado; por lo que, se decidió rechazar esta alegación de vulneración de derechos fundamentales; y en el mismo sentido, esta jurisdicción considera que ante la evidente interposición de una acción de libertad con el mismo objeto –remisión de la apelación al Tribunal de alzada– existiría identidad de sujeto, objeto y causa; por lo cual, a fin de evitar un pronunciamiento innecesario puesto que la anterior acción de defensa ya definió la tutela del derecho, debe denegarse la tutela solicitada al respecto y en su caso, de encontrarse inconforme con la ejecución de aquel fallo, acudir ante el Juez de garantías que emitió la decisión . Además, es pertinente apuntar que en el presente caso, resulta una inconsistencia el reclamar la omisión de la remisión en alzada y al mismo tiempo, el desarrollo de la audiencia de apelación, pues lo segundo supone el cumplimiento de lo primero; con lo que de hecho se corrobora que se efectuó la remisión extrañada, y por lo tanto, no corresponde analizar este aspecto de la problemática, motivo por el que debe denegarse la tutela impetrada respecto de los funcionarios indicados. Por último, en cuanto al aplazamiento de la audiencia de apelación por Julio Nelson Alba Flores, Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en la presente acción de libertad y ante la ausencia de un informe de la autoridad, solamente se conocen los hechos a partir de lo denunciado en el memorial, lo cual fue verificado por el Tribunal de garantías en los antecedentes y plasmado en su decisión; a partir de lo cual, con base en la aplicación de la presunción de veracidad del hecho denunciado, en mérito a la informalidad que caracteriza a esta acción de defensa, se tiene 1 La SC 0526/2007-R de 28 de junio, estableció que: ‘“…la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de manera reiterada ha dejado establecido que los recursos constitucionales no son la vía o mecanismo idóneo para pedir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de las acciones tutelares de habeas corpus y amparo constitucionales; así en las SSCC 1326/2003-R, 1526/2002-R, 1016/2002-R, 1198/2003-R, 0026/2004-R,-entre otras-, ha señalado que: «(…) un eventual incumplimiento de una Sentencia Constitucional emitida dentro de una acción tutelar (de amparo o habeas corpus), no puede resolverse a través de la interposición de otro recurso constitucional. En efecto, al conocer y resolver casos análogos este Tribunal ha sostenido que 'en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino, que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitara se haga cumplir el fallo constitucional y para el caso de resistencia o incumplimiento, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Publico para el procesamiento penal de los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 BIS del Código Penal (CP)», independientemente de las medidas que debe adoptar el tribunal que conoció el recurso para asegurar el cumplimiento de su sentencia…’. 2 La SCP 0027/2018-S4 de 7 de marzo, señaló que: «En caso de omisión de parte de las autoridades demandadas de presentar su informe, ya sea escrito u oral, dentro de las acciones tutelares, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, determinó lo siguiente: ‘…en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados, el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido’. El mismo entendimiento asumió la jurisprudencia contenida en la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, al expresar que: ‘…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley’. Al respecto la SCP 0101/2014-S1 de 24 de noviembre, haciendo una síntesis del entendimiento constitucional sobre la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, ha expresado que: «…la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, el Tribunal Constitucional en su SC 0038/2011-R de 7 de febrero, se ha pronunciado respecto a que el Vocal codemandado por providencia de 13 de enero de 2022 fijó la audiencia de apelación para la consideración del rechazo a la cesación a la detención preventiva para el 21 del mismo mes y año; es decir, fuera del plazo de tres días previsto por el art. 251 del CPP y aún más, en la fecha fijada suspendió el acto, por diferentes motivos, los cuales no constan en antecedentes. Aun así, el simple señalamiento de audiencia fuera del plazo especificado por la norma procesal y con mayor razón, la suspensión agrava la dilación en la realización de la audiencia, fuera del término permitido por la norma y la jurisprudencia constitucional, lo que deriva inexorablemente en la vulneración del derecho a la libertad por incumplimiento de un debido proceso célere, aspecto único que en el presente caso puede ser tutelado por este Tribunal, en la misma forma como se definió en la audiencia de acción de libertad. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 2/22 de 22 de enero de 2022, cursante de fs. 20 vta. a 24, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER EN PARTE la tutela impetrada, únicamente respecto del Vocal demandado con los mismos efectos; y DENEGAR la misma respecto del Juez y la Secretaria Abogada, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto del departamento de Santa Cruz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Notas al pie

la presunción de veracidad de los hechos denunciados, expresando: ‘Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos’». Partiendo del marco jurisprudencial referido, y de lo señalado por el art. 35.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), una vez notificada la autoridad jurisdiccional demandada, ésta podrá contestar a la acción de defensa o informar antes o durante la audiencia pública, por lo tanto, ante la omisión de prestar el correspondiente informe, ya sea escrito u oral en audiencia de la acción tutelar, no desvirtúa ni niega los extremos denunciados, entonces corresponderá dar por probados los extremos denunciados por la parte accionante, al presumirse la veracidad de los mismos” (las negrillas son nuestras).

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0397_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): bee90276d29fcbab379c2f2742a823b0c420bced25e71b04a07b26add10497d6

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →