Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 008/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a las Juezas y al Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Sica Sica del departamento de La Paz, a cumplir estrictamente los plazos procesales establecidos para la remisión de recursos de apelación incidental, conforme prevé el art. 251 del CPP; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0390/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53205-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 008/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rodmi Estrada Lequipe contra Julia Dinora Cortez Rivero, Luz Elva Carrillo Paja y Narda Betty Ticona Henao, Juezas; y, Juan Pablo Sánchez Méndez, Secretario, todos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Sica Sica del departamento de La Paz.
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, se encontraba cumpliendo detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Qalauma de Viacha, en el departamento de La Paz; en el cual, solicitó la cesación de su detención preventiva, que fue rechazada por las autoridades judiciales demandadas en audiencia de 19 de noviembre de 2022, mediante Auto Interlocutorio 93/2022; en dicho acto, interpuso recurso de apelación incidental contra la decisión judicial, conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece un plazo de veinticuatro horas para remitir el legajo al Tribunal de apelación; sin embargo, no cumplieron con este plazo legal, y hasta la interposición de la presente acción de libertad transcurrieron aproximadamente cincuenta días; lo cual, evidenció retardación de justicia, incumplimiento del art. 251 del CPP y vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. Si bien la resolución apelada fue emitida dos semanas antes del receso judicial de fin de año; sin embargo, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, designó una Sala Penal de turno para atender recursos de apelación con detenidos; por lo que, no existía justificación válida para la demora.
Narda Betty Ticona Henao, Luz Elva Carrillo Paja; y, Julia Dinora Cortez Rivero, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Sica Sica del departamento de La Paz; a través de informe escrito de 13 y 12 de enero de 2023, cursante a fs. 13 y vta. y, 18 y vta. respectivamente, señalaron que pese a que el Tribunal mencionado no contaba con los medios para armar el legajo de apelación, el mismo fue remitido a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tal como acredita el oficio de remisión incluido en el expediente. Juan Pablo Sánchez Méndez, Secretario del Juzgado referido, mediante informe escrito cursante a fs. 11, manifestó que el 12 de enero de 2023 se remitió el legajo de apelación; la demora se debió al receso judicial, a la recuperación tardía del expediente, a la necesidad de completar copias faltantes, a la sobrecarga laboral y al personal reducido; no obstante, el legajo ya se encuentra en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 008/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 20 a 22 vta., denegó la tutela solicitada bajo el fundamento, de que la remisión del legajo de apelación, se realizó antes de que las autoridades demandadas conocieran la acción tutelar; por lo que, el acto lesivo ya había cesado, configurándose la sustracción del objeto; y, en consecuencia, no existía lesión actual.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:
[L]a interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]l propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el FJ.III.3 sistematizó las subreglas relacionadas con el trámite de remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada en casos de la apelación incidental de medidas cautelares, cuya inobservancia se constituye en supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, conforme al siguiente entendimiento: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
Con relación a la legitimación pasiva del personal subalterno del Órgano Judicial, la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, luego de sistematizar la línea jurisprudencial respecto a esta temática, expresó el siguiente entendimiento:
[L]a jurisprudencia emanada de este Tribunal, señaló que el personal subalterno, al no contar con poder de decisión o jurisdicción que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales, este personal comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes o cuando el acto lesivo derive de actuaciones meramente administrativas; casos en los cuales, sí tendría legitimación pasiva para ser demandado. Siendo que en este último supuesto, la autoridad jurisdiccional que ejerce la supervisión del personal a su cargo, asume responsabilidad” (las negrilla nos corresponden).
De los antecedentes relevantes se tiene que, mediante Auto Interlocutorio de 19 de noviembre de 2022 (fs. 14 a 17), el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Sica Sica del departamento de La Paz, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, determinación, que fue apelada en la misma audiencia; disponiéndose la remisión del recurso de apelación al Tribunal de alzada conforme prevé el art. 251 del CPP. Posteriormente, mediante nota CITE: TSP SICA SICA 02/2023, de 12 de enero a horas 11:15 (fs. 18), se procedió a la remisión del legajo de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, entre la interposición del recurso de apelación el 19 de noviembre de 2022 y su efectiva remisión el 12 de enero de 2023, transcurrieron cincuenta y cuatro días, excediendo de manera considerable el plazo legal previsto para la sustanciación de dicho trámite. Ahora, corresponde señalar que, si bien el acto lesivo desapareció o fue cumplido en cuanto a la petición del accionante, relativa a la remisión de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada, conforme al desarrollo jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referido a la acción de libertad innovativa, aun cuando el acto lesivo haya cesado como ocurre en el presente caso, subsiste la necesidad de examinar la problemática planteada; toda vez que, la demora prolongada en la remisión del recurso constituye por sí misma una vulneración al derecho a la libertad personal; en ese sentido, la acción de libertad innovativa faculta a este Tribunal a pronunciarse sobre el fondo, pese al cese del acto denunciado, con la finalidad de verificar la existencia de una actuación indebida y evitar que este tipo de retrasos se repitan en el futuro, correspondiendo analizar si la demora fue injustificada y si implicó la vulneración de derechos fundamentales.
De lo detallado anteriormente, es posible evidenciar que los ahora demandados incumplieron con lo previsto por el art. 251 del CPP, conforme a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; pues, debieron haber remitido el legajo de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas desde que se planteó la apelación incidental; ya que, si bien la jurisprudencia constitucional posibilitó la flexibilización del plazo contenido en el citado artículo, también fue precisa al establecer las situaciones en que exista una justificación razonable y fundada, tales como las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, suplencias, multiplicidad de imputados, y otras de similar naturaleza debidamente acreditadas; extremos que, no fueron alegados ni probados por la parte demandada; más aún, considerando que el recurso de apelación fue interpuesto el 19 de noviembre de 2022; empero, el cuaderno de apelación incidental fue remitido al Tribunal de alzada cincuenta y cuatro días después; es decir, el 12 de enero de 2023. En ese contexto, no obstante que las Juezas y el Secretario demandados justificaron dicha demora alegando, entre otros aspectos, el receso o vacación judicial de fin de año; empero, este argumento no resulta válido aun tomando en cuenta el plazo de la vacación judicial colectiva que establece el art. 25 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); pues, se corrobora que la dilación excede ampliamente el plazo perentorio y cualquier plazo prudencial o razonable, establecido por la jurisprudencia constitucional, que solo admite una extensión excepcional de hasta tres días. Asimismo, corresponde precisar que las Juezas demandadas, en su condición de máximas responsables de la dirección y control de la actividad jurisdiccional y administrativa del Tribunal de Sentencia, no pueden eximirse de responsabilidad alegando que la demora fue atribuible únicamente al personal de apoyo jurisdiccional; ello debido a que, como directoras del proceso y encargadas de supervisar el correcto funcionamiento del despacho judicial, tenían el deber de verificar que la remisión del recurso de apelación incidental se efectuara dentro de los plazos legalmente establecidos; en ese sentido, aun cuando el Secretario hubiese tenido intervención material en la elaboración y remisión del legajo, correspondía a las autoridades jurisdiccionales ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento oportuno de dicha actuación procesal; más aún, tratándose de un recurso vinculado directamente con la libertad personal del accionante; por consiguiente, la prolongada demora de cincuenta y cuatro días evidencia una falta de control y supervisión del despacho judicial a su cargo, incompatible con los principios de celeridad y eficacia que rigen la administración de justicia.
En cuanto al secretario demandado, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva respecto de solicitudes cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; se entiende, en el marco de las atribuciones conferidas por la normativa vigente, que este precedente se aplica al presente caso porque, al haberse demostrado que la omisión en la que incurrió al no tramitar oportunamente la remisión del recurso de apelación conforme a lo ordenado por las juezas demandadas y dentro del plazo legal, generó una dilación indebida que obstaculizó el ejercicio efectivo del derecho del accionante a la revisión judicial oportuna por el tribunal de apelación de la medida restrictiva de su libertad personal; por consecuencia, incurrió y vulneró los derechos alegados por el impetrante de tutela. En consecuencia, corresponde conceder la tutela en la modalidad de acción de libertad innovativa respecto a las Juezas y Secretario demandados; pues, si bien se remitió el legajo de apelación al tribunal superior, el acto lesivo existió por la demora injustificada en la tramitación y tratamiento del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 008/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 20 a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a las Juezas y al Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Sica Sica del departamento de La Paz, a cumplir estrictamente los plazos procesales establecidos para la remisión de recursos de apelación incidental, conforme prevé el art. 251 del CPP; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0390_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 76f80e844887bd68c89ff6aa1e861ecf90ffc09a242ca9442e95d7e0afa6554b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →