B.IA.LEGAL

SCP 0390/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52153-2022-105-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia pronta y oportuna; toda vez que, en audiencia de medidas cautelares interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que determinó su detención preventiva, recurso que hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se remitió el mismo al Tribunal de alzada; por lo que, solicitó se ordene la remisión de los antecedentes ante la Sala de turno en el plazo de veinticuatro horas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 38/22 de 17 de agosto de 2022, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con relación a la Jueza y Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso, y al acceso a la justicia pronta y oportuna, conforme a los Fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco dispositivo dispuesto por la Jueza de garantías; 2° DENEGAR la tutela respecto a la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz demandada; y, respecto al derecho a la defensa, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; 3° Llamar la atención a Gabriela Cuellar Velasco, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías por no haber cumplido con el deber de citación efectuada a los demandados; y, 4º Exhortar a la Jueza de garantías prenombrada, asegurar, en futuras acciones de defensa que sean de su conocimiento, que las citaciones practicadas a las autoridades y personas demandadas sea conforme exigen los arts. 126.I de la Constitución Política del Estado y 49.I del Código Procesal Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal subalterno judicial en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0390/2025-S3 Sucre, 20 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52153-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 38/22 de 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 17 vta. a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edson Bladimir Ordoñez Terceros y Claudia Verónica Aguilera Méndez en representación sin mandato de Omar Limber Calle Terceros contra María Alejandra Menacho Melgar, Miguel Huaigua Saunero y Andrea Natalia Terrazas Sandagorda, Jueza, Secretario; y, Auxiliar, respectivamente, del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de agosto de 2022, cursante a fs. 15 y vta., el accionante, a través de sus representantes, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los arts. 8, 331 y 332 del Código Penal (CP), el 24 de junio de 2022, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares de detención preventiva, en la cual el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, en suplencia legal de su similar Decimocuarto, ordenó dicha medida en su contra; en virtud a ello y conforme lo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso recurso de apelación incidental; empero, no obstante de haber transcurrido más de cincuenta y tres días, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se remitieron obrados al Tribunal de alzada a efectos de determinar su situación jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 17 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, a través de sus representantes, ratificó los términos de la acción tutelar y ampliándolos, señaló que: a) Desde la audiencia de medidas cautelares celebrada el 24 de junio de 2022 hasta la interposición de la presente acción de libertad, transcurrieron cincuenta y cuatro días sin que el Juzgado de origen remita la apelación al superior jerárquico a pesar de haber presentado los documentos vía digital durante la audiencia cautelar, y corrido con los gastos de reproducción de copias y transporte del cuaderno procesal; y, b) Dicha omisión, vulneró los derechos fundamentales del accionante, consagrados en los arts. 115 y 119.II de la CPE.

I.2.2. Informe de la parte demandada

María Alejandra Menacho Melgar, Jueza; Miguel Huaigua Saunero, Secretario; y, Andrea Natalia Terrazas Sandagorda, Auxiliar; todos del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandados- no presentaron informe alguno, tampoco asistieron a la audiencia tutelar; pese a su legal notificación acreditada por la Secretaria del Juzgado de garantías.

I.2.3. Resolución

Gabriela Cuellar Velasco, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 38/22 de 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 17 vta. a 20, concedió la tutela impetrada, disponiendo la remisión inmediata de apelación incidental ante el Tribunal de alzada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante fundamentó su solicitud en la presunta vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, establecidos en los arts. 115, 116 y 125 de la CPE; 2) En audiencia de medidas cautelares, el accionante interpuso recurso de apelación contra la Resolución emitida; sin embargo, transcurrieron más de cincuenta días hasta la presentación de la acción de libertad sin que los actuados procesales fuesen remitidos a la Sala de turno; y, 3) De la documentación presentada por el impetrante de tutela, se verificó que la apelación fue planteada conforme al art. 251 CPP, el cual establece un plazo de veinticuatro horas para la remisión de los actuados al Tribunal de alzada; no se evidenció que dicha remisión se hubiese efectuado, incumpliéndose así con el procedimiento establecido por el Código de Procesal Penal.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión de delito de robo agravado en grado de tentativa previsto y sancionado por el art. 332 del CP, el 24 de junio de 2022 se desarrolló la audiencia de consideración de detención preventiva; en la que, por Auto Interlocutorio de igual fecha, se dispuso dicha medida cautelar; contra esta determinación el mencionado, en el mismo acto procesal formuló recurso de apelación incidental (fs. 2 a 12 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia pronta y oportuna; toda vez que, en audiencia de medidas cautelares interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que determinó su detención preventiva, recurso que hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se remitió el mismo al Tribunal de alzada; por lo que, solicitó se ordene la remisión de los antecedentes ante la Sala de turno en el plazo de veinticuatro horas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-Rde 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”.

A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las SSCCPP 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el FJ.III.3. sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento: i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido extraída de la SCP 0036/2018-S2 de 6 de marzo de 2018.

III.2. La legitimación pasiva del personal subalterno judicial en la acción de libertad

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que estas o estos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad. No obstante, la SC 0332/2010-R de 17 de junio estableció una excepción a esta regla, señalando que el personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contradigan lo dispuesto por la autoridad judicial o cometieran excesos en sus funciones que pudieran lesionar derechos fundamentales o garantías constitucionales, pero si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías, no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno. Más tarde, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 7El FJ III.2, señala: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.4, señala que: “Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”.

0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que los funcionarios subalternos tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas. Como se puede advertir, la jurisprudencia emanada de este Tribunal, señala que el personal subalterno al no contar con poder de decisión jurisdiccional que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales este personal, comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes, casos en los cuales, tendría legitimación pasiva para ser demandado (el énfasis es añadido). La sistematización jurisprudencial fue desarrollada por SCP 0178/2018-S2 de 14 de mayo, entre otras.

III.3. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, a la conclusión de la audiencia de medidas cautelares donde se le impuso detención 9El FJ III.2, define: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no se remitió el mismo al Tribunal de alzada. Identificado el problema jurídico, debido a que la acción tutelar se interpuso contra el Juez, el Secretario y la Auxiliar demandados, se analizará la causa por separado de la siguiente manera:

III.3.1. Respecto al Juez demandado

De los antecedentes contenidos en el expediente, se corrobora que, el 24 de junio de 2022, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Decimocuarto determinó la detención preventiva del accionante; motivo por el cual, en el mismo acto, interpuso apelación incidental. Al efecto, en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sobre la naturaleza de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que se configura en la presente causa, al evidenciarse que existe una vulneración al principio de celeridad respecto a la remisión del recurso de apelación al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas de interpuesto el recurso de apelación incidental, conforme prevé el art. 251 del CPP; omisión que, retardó el trámite para resolver la apelación interpuesta por el accionante y por ende su situación jurídica, lo cual se encuentra vinculado directamente al derecho a la libertad de locomoción. En el presente caso, se evidencia el transcurso de más de cincuenta y tres días, desde la interposición del recurso de apelación incidental hasta la fecha de presentación de la acción tutelar, sin que se haya remitido el mismo al Tribunal de alzada; si bien el Juez en suplencia legal concedió el recurso de apelación, la autoridad jurisdiccional demandada, omitió observar que en su condición de directora del proceso, tiene el deber de realizar el control al personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, con el fin de efectuar sus funciones con responsabilidad, y verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas; en este asunto excede de manera desmedida e injustificada el plazo legal establecido por el art. 251 del CPP sin que se haya producido la remisión efectiva del recurso hasta el día de presentación de la presente acción de libertad, imposibilitando se resuelva el recurso planteado; de ahí que existe una dilación indebida, debiendo tomar en cuenta además, que el accionante se encontraba privado de libertad cumpliendo detención preventiva; razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada.

III.3.2. En relación al personal de apoyo jurisdiccional demandado

Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, por el que se establece que los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados mediante acción de libertad, cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En cuanto al Secretario codemandado, de la Conclusión II.1. se tiene que, el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz en suplencia legal de su similar Decimocuarto, ante el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, ordenó que por secretaría se remitan los actuados al Tribunal Departamental de Justicia en su Sala de turno, conminando la remisión del recurso dentro del plazo previsto en el art. 251 del CPP. ; en ese contexto, se corrobora que, incumplió lo ordenado por la autoridad jurisdiccional en la remisión del recurso al Tribunal ad quem, incurriendo en dilación indebida; toda vez que, sobrepasó el plazo determinado por el artículo antes mencionado, sin que se haya remitido la apelación interpuesta, impidiendo de esa manera que el superior en grado conozca y resuelva de forma pronta y oportuna la situación jurídica del accionante, lo que evidentemente trasunta en la vulneración de los derechos denunciados; motivo por el cual, corresponde conceder la tutela impetrada. En relación a la Auxiliar demandada, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo, carece de legitimidad pasiva, por cuanto no se encuentra dentro de sus obligaciones la remisión específica del legajo de apelación al Tribunal de alzada, sino, coadyuvar con las secretarias y secretarios en el cumplimiento de las labores, como la recepción de expedientes y memoriales, manejo de registros, copia de resoluciones, atención a las abogadas y a los abogados, litigantes y otras, conforme prevé el art. 101 de la LOJ; y, tampoco incumplió orden superior, porque no le fue encomendada, por la autoridad jurisdiccional, la remisión del recurso de apelación referido. Por este motivo, corresponde denegar la tutela. En relación al derecho a la defensa, el accionante no expuso la argumentación necesaria para acreditar la vulneración denunciada; por lo que, sin un mayor pronunciamiento, debe denegarse la tutela impetrada al respecto.

III.4. Otras consideraciones

No podemos soslayar la falta de constancia de la citación con la acción tutelar efectuada a la parte demandada, toda vez que de la revisión del expediente no se constata que hayan sido debidamente notificados. Al efecto, se evidencia que la presente acción tutelar fue presentada el 16 de agosto de 2022, demanda que fue radicada a horas 14:02 en el Juzgado de garantías, señalándose audiencia en la misma fecha para el 17 del mismo mes y año a horas 09:00.

En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1156/2010-R de 27 de agosto:

[Surge] a su vez como un presupuesto para la operativización del derecho a la defensa dentro de cualquier proceso, que la persona contra la que se dirija una demanda sea debida y legalmente informada de su existencia, pues de desconocerla no podrá desvirtuar los extremos contenidos en ella, objetivo que se consigue precisamente a través del instituto procesal de la citación. Este entendimiento ya se ha plasmado en la jurisprudencia de este Tribunal, que de manera específica abordó este aspecto en materia de hábeas corpus, determinando que la falta de citación a los demandados conlleva la indefensión de éstos; y en consecuencia, corresponde anular obrados hasta el estado en que puedan tomar conocimiento de la existencia de una acción tutelar formulada en su contra (…).

Por eso, el juez o tribunal de garantías, al asumir comprensión de la acción de libertad, deben tomar las precauciones necesarias en la medida que la autoridad o persona demandada, tengan conocimiento íntegro de la pretensión iniciada en su contra; es decir, deben dar estricto cumplimiento de las normas que rigen el procedimiento y la modalidad de citación.

Bajo ese contexto, si bien es evidente que la Jueza de garantías, no cumplió con los arts. 126.I de la CPE y 49.I del (CPCo), los cuales establecen que se practique la citación personal o por cédula a la autoridad o a la persona accionada; por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional debería proceder a anular obrados, ordenando la citación de los demandados con la demanda de acción de libertad, precisamente precautelando su derecho a la defensa; empero, por razones de economía procesal y celeridad, tomando en cuenta que la subsanación o corrección de la notificación extrañada no incidirá en la forma de la resolución asumida por este Tribunal, al corroborar que el recurso de apelación interpuesto por el accionante no se efectivizó, por cuanto no fue notificado con la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental; motivo por el cual se ingresó a analizar la problemática planteada.

Consecuentemente, amerita llamar la atención a la Jueza de garantías, exhortándole a que en posteriores acciones cumpla con las notificaciones correspondientes a los sujetos procesales, de acuerdo al mandato normativo establecido en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder totalmente la tutela, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 38/22 de 17 de agosto de 2022, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con relación a la Jueza y Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso, y al acceso a la justicia pronta y oportuna, conforme a los Fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en el marco dispositivo dispuesto por la Jueza de garantías; 2° DENEGAR la tutela respecto a la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Decimocuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz demandada; y, respecto al derecho a la defensa, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional; 3° Llamar la atención a Gabriela Cuellar Velasco, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías por no haber cumplido con el deber de citación efectuada a los demandados; y, 4º Exhortar a la Jueza de garantías prenombrada, asegurar, en futuras acciones de defensa que sean de su conocimiento, que las citaciones practicadas a las autoridades y personas demandadas sea conforme exigen los arts. 126.I de la Constitución Política del Estado y 49.I del Código Procesal Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.2, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y, por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.3 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

3 La SCP 1907/2012, en el F.J III.3 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

4 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus-: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0390_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 04456c38a2fdae44cc2bb94c7dbfb90bd5b39d5686828944354e20ab390ead64

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