B.IA.LEGAL

SCP 0390/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 2 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
2 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
51940-2022-104-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, ante los Jueces ahora accionados, solicitó una orden judicial para el seguimiento social de la víctima, a los fines de solicitar cesación de su detención preventiva; empero, dicho memorial tuvo respuesta después de siete días, a través del decreto de 15 igual mes y año, con el que fue notificado el 16 de ese mes y año; por lo que, el 17 del referido mes y año, formuló recurso de reposición contra ese decreto, haciendo notar el error en el que los referidos Jueces incurrieron al negar el acceso a la justicia; sin embargo, hasta el presente -se entiende de la interposición de esta acción tutelar-transcurrieron cinco días sin que el recurso de reposición tenga una respuesta formal vulnerándose de esa manera el principio de celeridad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 17 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:

a) Que los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, dentro de las cuarenta y ocho horas de notificados con el presente fallo constitucional, emitan pronunciamiento al recurso de reposición planteado por el accionante, y se resuelva el referido recurso; siempre y cuando que, por el trascurso del tiempo el mismo ya hubiese sido resuelto. 2° Exhortar a Osvaldo Gustavo Corcus Romero y Pedro Gabriel Fernández Zuleta, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, a que en futuras solicitudes donde se encuentren de por medio la libertad de las personas sean atendidas de manera pronta y oportuna; más aún, si se encuentra vinculada una menor de edad, al encontrarse esta dentro de un grupo vulnerable, y que actúen en el marco del principio de la celeridad y la debida diligencia.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0390/2025-S1 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 51940-2022-104-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 13/2022 de 22 de noviembre, cursante a fs. 17 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Camacho Condori en representación sin mandato de Víctor Vique Correa contra Osvaldo Gustavo Corcus Romero y Pedro Gabriel Fernández Zuleta, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 21 de noviembre de 2022, cursante de fs. 7 a 8 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Judit Julieta Condori Cayo contra su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), por memorial presentado el fecha 8 de noviembre de 2022, ante los Jueces ahora accionados, por el cual solicitó una orden judicial para el “…seguimiento social a la víctima…” (sic), con la finalidad de solicitar la cesación de su detención preventiva; empero, dicho memorial recién tuvo respuesta después de siete días, mediante decreto de 15 igual mes y año, con el que fue notificado el 16 de ese mes y año. Contra el decreto de 15 de noviembre de 2022, interpuso recurso de reposición el 17 de igual mes y año, a través del cual hizo notar el error en el que los Jueces hoy accionados incurrieron al negar el acceso a la justicia; sin embargo, hasta la fecha -se entiende de presentación de esta acción tutelar-transcurrieron cinco días sin que el referido recurso tenga una respuesta formal.

I.1.2. Derecho y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Que los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, emitan la resolución en el día, resolviendo el recurso de reposición que fue presentado el 17 de noviembre de 2022: y, b) Se oficie al Consejo de la Magistratura a objeto de poner en conocimiento sobre el actuar del referido Tribunal.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 22 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que: 1) Interpone la presente acción de defensa o de pronto despacho, porque existe una vulneración de su derecho a la libertad, en el marco de lo establecido por la “Sentencia Constitucional Plurinacional 465/2010 de 5 de junio de 2015” , que determina las bases para dicha acción de libertad, como mecanismo idóneo para operar en caso de existir vulneraciones a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas; 2) Los Jueces Técnicos ahora accionados, tenían el plazo de veinticuatro horas para resolver el recurso de reposición planteado el 17 de noviembre de 2022; es decir, emitir una respuesta formal a efectos de utilizar los mecanismos legales que le franquea la ley; y, 3) Respecto a la prueba adjuntada por los Jueces hoy accionados con relación al decreto en que se declara en comisión a uno de ellos -Pedro Gabriel Fernández Zuleta-, por encontrarse en la ciudad de Tarija; empero, no existe justificación para que el otro Juez no emita pronunciamiento al recurso de reposición.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Osvaldo Gustavo Corcus Romero y Pedro Gabriel Fernández Zuleta, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, mediante informe presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 13 a 14, manifestaron que: i) Ese Tribunal viene tramitando el proceso penal dentro de la causa 003/2021 seguida por el Ministerio Público a denuncia de Judit Julieta Condori Cayo contra el accionante por la comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, dentro del cual el nombrado se encuentra preventivamente en la Carceleta de Camargo; ii) Del antecedente de la presente acción de libertad, se tiene que el accionante planteó cesación de la detención preventiva y al mismo tiempo solicitó orden judicial para el seguimiento social a la víctima con la finalidad de solicitar la referida cesación, a lo cual el Tribunal mediante decreto de 15 de igual mes y año, determinó no dar lugar a esa solicitud, con base legal en el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y conforme a ese artículo los Jueces no pueden realizar actos investigativos; sino que, se encuentran prohibidos de realizarlos; iii) También asumen funciones como Jueces unipersonales, en el caso de Osvaldo Gustavo Corcus Romero, “Juez del Trabajo y Seguridad Social Juez de Ejecución Penal”; y, Pedro Gabriel Fernández Zuleta, “Juez Público Civil y Comercial y Juez de Sentencia Penal”, ello debido a la refuncionalización dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura; por lo que, a la fecha ese Tribunal no cuenta con Secretaria hace más de medio año y solo cuenta con Oficial de Diligencias y Osvaldo Gustavo Corcus Romero, como Juez unipersonal solo cuenta con Secretario y no así con un Oficial de Diligencias; es así, que no existe personal que se ocupe del ingreso de memoriales a despacho como corresponde; ya que, en ese Tribunal y los demás juzgados tienen audiencias todos los días, si bien existen retrasos por parte de Secretaría en el ingreso de los memoriales; empero, ello es debidamente justificado, conforme consta de los cargos de ingreso y el motivo por el que ingresa en la fecha; por lo que, no se puede hablar de vulneración a la celeridad; y, iv) De lo expuesto debe tomarse en cuenta que, en ningún momento vulneraron derecho alguno o garantía del accionante, más aún, si el nombrado no demostró que se hubiesen vulnerado sus derechos, siendo los fundamentos contenidos en ese informe claros y precisos emitido en el marco normativo de la materia.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 13/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 17 a 20 vta., concedió la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante interpuso recurso de reposición contra el decreto de 15 de noviembre de 2022, por el que pidió se revoque dicho decreto y se libre la orden judicial dirigida a María Angélica Veli Sánchez, Trabajadora Social, a efectos de realizar el “…seguimiento social a la víctima…” (sic); empero, no fue resuelto dentro del plazo procesal de veinticuatro horas, previsto por el art. 402 del CPP; es decir, que los Jueces hoy accionados tenían el plazo de veinticuatro horas a partir de la interposición del mencionado recurso para resolver el mismo; b) Del informe presentado por los Jueces ahora accionados, se establece que el Juez, Pedro Gabriel Fernández Zuleta, estuvo declarado en comisión el 18 del citado mes y año, para constituirse en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, conforme el decreto de 11 de igual mes y año, firmado por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; y, c) Se debe tomar en cuenta que el recurso de reposición, presentado a las 8:09 horas, del 17 del citado mes y año, no fue resuelto toda esa jornada, menos el 21 de ese mes y año; tampoco se resolvió “el día de hoy” -según el informe-, lo cual evidencia una demora que no es justificable por el hecho de que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del citado departamento no cuente con Secretaria por más de medio año, y solo con Oficial de Diligencias; y, que Osvaldo Gustavo Corcus Romero, “Juez del Trabajo y Seguridad Social y de Ejecución Penal” y Pedro Gabriel Fernández Zuleta, “Juez Público Civil y Comercial y de Sentencia Penal”; debido a la refuncionalización dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura no cuentan con el personal que se ocupe del ingreso de los memoriales a despacho todos los días; porque como titulares del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo, Seguridad Social y Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca, son responsables de dirigir las labores en el Tribunal que se desempeñan, debiendo tomar las providencias necesarias, para que ese tipo de solicitudes que involucran derechos y gratarías fundamentales relacionadas con la libertad de las personas y el debido proceso, sean ingresadas a despacho y resueltos oportunamente, circunstancia que no aconteció en el presente caso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, ante los “…JUECES DEL TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA DE LA LOCALIDAD DE CAMARGO”; por el que, Víctor Vique Correa -ahora accionante-, pidió orden judicial para el seguimiento social a la víctima a los fines de solicitar la cesación de su detención preventiva (fs. 2 a 3). II.2. Consta Informe de 15 de noviembre de 2022, emitido por la Oficial de Diligencias del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, por el que refiere que “Ingresa la presente causa en fecha y hora; en mérito a que en fechas miércoles 09/11/2022 por la tarde; jueves 10/11/2022 y viernes 11/11/2022 por la mañana los señores Jueces del Tribunal de Sentencia Penal se encontraban declarados en Comisión participando del curso ʽDogmática Penal y Teoría del Delitoʼ en la ciudad de Sucre” (sic [fs. 4]). II.3. Mediante decreto de 15 de noviembre de 2022, Osvaldo Gustavo Corcus Romero y Pedro Gabriel Fernández Zuleta, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, -hoy accionados- dieron respuesta al memorial presentado el 8 del referido mes y año, señalando “No ha lugar” teniendo en cuenta lo establecido por el art. 279 del CPP, respecto a que los Fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales “…NI LOS JUECES ACTOS DE INVESTIGACION que comprometen su imparcialidad” (sic [fs. 4]). II.4. Cursa memorial presentado el 17 de noviembre de 2022; ante los Jueces ahora accionados; por el que, el accionante formuló recurso de reposición contra el decreto de 15 de igual mes y año (fs. 5 a 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, ante los Jueces ahora accionados, solicitó una orden judicial para el seguimiento social de la víctima, a los fines de solicitar cesación de su detención preventiva; empero, dicho memorial tuvo respuesta después de siete días, a través del decreto de 15 igual mes y año, con el que fue notificado el 16 de ese mes y año; por lo que, el 17 del referido mes y año, formuló recurso de reposición contra ese decreto, haciendo notar el error en el que los referidos Jueces incurrieron al negar el acceso a la justicia; sin embargo, hasta el presente -se entiende de la interposición de esta acción tutelar-transcurrieron cinco días sin que el recurso de reposición tenga una respuesta formal vulnerándose de esa manera el principio de celeridad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; puesto que, mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, ante los Jueces ahora accionados, solicitó una orden judicial para el seguimiento social de la víctima, a los fines de solicitar cesación de su detención preventiva; empero, dicho memorial tuvo respuesta después de siete días, a través de decreto de 15 igual mes y año, con el que fue notificado el 16 de ese mes y año; por lo que, el 17 del referido mes y año, formuló recurso de reposición contra ese decreto, haciendo notar el error en el que los referidos Jueces incurrieron al negar el acceso a la justicia; sin embargo, hasta el presente -se entiende de la interposición de esta acción tutelar- transcurrieron cinco días sin que el recurso de reposición tenga una respuesta formal vulnerándose de esa manera el principio de celeridad. Ahora bien, de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el accionante por memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, ante los “…JUECES DEL TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA DE LA LOCALIDAD DE CAMARGO”; por el que, Víctor Vique Correa -ahora accionante-, pidió orden judicial para seguimiento social a la víctima a los fines de solicitar la cesación de la detención preventiva (Conclusión II.1.), dicho memorial pasó a despacho para su pronunciamiento, previo Informe de 15 del referido mes y año, a las 11:00 horas, emitido por la Oficial de Diligencias del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca; por la que, refiere que “Ingresa la presente causa en fecha y hora; en mérito a que en fechas miércoles 09/11/2022 por la tarde; jueves 10/11/2022 y viernes 11/11/2022 por la mañana los señores Jueces del Tribunal de Sentencia Penal se encontraban declarados en Comisión participando del curso ʽDogmática Penal y Teoría del Delitoʼ en la ciudad de Sucre” (sic [Conclusión II.2.]), mereciendo el mismo el decreto de igual fecha, por el cual los Jueces hoy accionados dieron respuesta al memorial presentado el 8 del referido mes y año, señalando “No ha lugar” teniendo en cuenta lo establecido por el art. 279 del CPP, respecto a que los Fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales “…NI LOS JUECES ACTOS DE INVESTIGACION que comprometen su imparcialidad” (sic [Conclusión II.3.]). Así, también se tiene que por memorial presentado el 17 de noviembre de 2022, ante los Jueces ahora accionados; por el que, el accionante formuló recurso de reposición contra el decreto de 15 de igual mes y año (Conclusión II.4.).

En efecto, en el presente caso, en su informe los Jueces hoy accionados, manifestaron que debido a la refuncionalización dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, no contaba con Secretaria por más de medio año y solo con Oficial de Diligencias; y que, Osvaldo Gustavo Corcus Romero, como Juez unipersonal solo cuenta con Secretaria y no con Oficial de Diligencias, aspectos que imposibilitarían el ingreso de los memoriales a despacho de manera oportuna, lo que se encuentra debidamente justificado conforme consta de los cargos de ingreso a despacho. Asimismo, de la Resolución emitida por el Juez de garantías se establece que los Jueces ahora accionados adjuntaron el decreto en el que se declaró en comisión a Pedro Gabriel Zuleta quien el “…18 de diciembre a horas 09:00…” (sic); se encontraba en la ciudad de Tarija en el Centro Penitenciario Morros Blancos. De lo expuesto se advierte que los Jueces ahora accionados no emitieron pronunciamiento alguno con relación al recurso de reposición planteado por el accionante el 17 de noviembre de 2022, si no por el contrario, estos justificaron su accionar en la refuncionalización del Órgano Judicial y la falta de funcionarios de apoyo jurisdiccional, para el ingreso de los memoriales a despacho y la declaratoria en comisión a uno de ellos; sin embargo, dichos aspectos no se consideran un óbice para el no cumplimiento de sus funciones, más por el contrario debieron prever dichos aspectos para que en las solicitudes donde se encuentren involucrados derechos, garantías y principios relacionados con la libertad, como en el caso del accionante que se encuentra privado de libertad; empero, los Jueces hoy accionados buscaron justificativos contraviniendo con ello el principio de celeridad que comprende una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, lo que además resulta obligatorio y de carácter vinculante para todo servidor público. En ese sentido, de conformidad a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables; puesto que, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa; ya que, el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la vulneración del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la debida celeridad. En consecuencia, los Jueces ahora accionados, en incumplimiento de lo previsto por el art. 402 párrafo segundo del CPP, que señala que ante la interposición del recurso de reposición “El juez o tribunal deberá resolverlo sin sustanciación en el plazo de veinticuatro horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia, sin recurso ulterior”; precepto legal, que los referidos Jueces inobservaron en su aplicación al no pronunciarse sobre dicho recurso dentro de las veinticuatro horas y más aun no tomaron en cuenta la condición de privado de libertad en la que se encuentra el accionante; es decir, que no actuaron con la celeridad que atinge para la resolución de la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad, vulnerando de esta manera los derechos a la libertad del accionante, vinculado con el principio de celeridad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad de pronto despacho. Sin embargo, se considera pertinente aclarar que la concesión de la tutela únicamente se encuentra dentro del ámbito de protección de una justicia pronta y oportuna a través de la acción de libertad en sus modalidades traslativa o de pronto despacho, lo cual no implica que se disponga la libertad del accionante, decisión que correspondería ser asumida por los Jueces hoy accionados que conocen la causa penal de acuerdo a los antecedentes del caso. Por otra parte, en cuanto a las autoridades jurisdiccionales, debe ser considerada la protección reforzada de la menor de edad víctima de violación; debido a que, es deber de todo administrador de justicia, garantizar el cumplimiento de la debida diligencia como obligación internacional de nuestro Estado para procesar y sancionar los hechos cometidos contra la mujer, en especial niñas menores de edad víctimas de violencia sexual como ocurre en el presente caso; que está vinculado a la presunta comisión del delito de violación a una menor de edad; toda vez que, los Jueces y Tribunales, al ser garantes primarios de la constitución y de los derechos y garantías constitucionales, deben proteger los derechos fundamentales tanto del procesado como de la víctima y mejorar la sensibilidad del sistema de justicia en las cuestiones de género (SCP 0295/2025-S1 de 17 de abril), con el propósito de lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y de hecho-, lo cual es posible aplicando la perspectiva de género en todos los procesos sobre violencia en razón de género, con la finalidad de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 22 de noviembre, cursante de fs. 17 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo:

a) Que los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, dentro de las cuarenta y ocho horas de notificados con el presente fallo constitucional, emitan pronunciamiento al recurso de reposición planteado por el accionante, y se resuelva el referido recurso; siempre y cuando que, por el trascurso del tiempo el mismo ya hubiese sido resuelto. 2° Exhortar a Osvaldo Gustavo Corcus Romero y Pedro Gabriel Fernández Zuleta, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, a que en futuras solicitudes donde se encuentren de por medio la libertad de las personas sean atendidas de manera pronta y oportuna; más aún, si se encuentra vinculada una menor de edad, al encontrarse esta dentro de un grupo vulnerable, y que actúen en el marco del principio de la celeridad y la debida diligencia.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0390_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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