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SCP 0387/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53130-2023-107-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 17 de enero, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba cursante de fs. 18 a 19 vta.; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de la acción de libertad traslativa de pronto despacho e innovativa, sin disponer ninguna otra actuación procesal, al haberse señalado la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada. 2º Exhortar a María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -demandada-, a tramitar con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella, debiendo observarse esta conducta en todo acto que sea parte de la tramitación de la causa hasta alcanzar su efectiva materialización.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0387/2026-S3 Sucre, 08 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53130-2023-107-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 01/2023 de 17 de enero, cursante de fs. 18 a 19 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Remberto Almanza Pardo en representación sin mandato de José Israel Alanes Villarroel contra María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad física y de locomoción, al debido proceso y al “principio de celeridad”; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de delito de abuso sexual con agravante, encontrándose cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, solicitó a la Jueza demandada, la cesación de la medida extrema; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, dicha autoridad, omitió señalar la audiencia respectiva, incumpliendo el plazo previsto por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que debe ser fijada en el plazo de cuarenta y ocho horas, incurriendo en dilación indebida e inobservancia de la citada normativa penal. María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito de 17 de enero de 2023, cursante de fs. 25 a 26, manifestó que, el 11 del referido mes y año, el accionante solicitó cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del Código Adjetivo Penal, fijándose audiencia mediante decreto de “16” -siendo lo correcto 17- de enero del citado año, para el 18 de igual mes y año a horas 11:30; toda vez, que el proceso aún se encontraba en el “Juzgado de turno en Colcapirhua”, por la vacación judicial; sin embargo, en relación a la dilación alegada, aclaró que, los imponderables de la excesiva carga procesal y la falta de personal le impidieron cumplir con los plazos procesales. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 17 de enero, cursante de fs. 18 a 19 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza demandada, señale audiencia de cesación de la detención preventiva en el día y cumpliendo los plazos procesales, fundamentando su resolución en que, la falta de resolución de la solicitud de cesación de la medida extrema del impetrante de tutela, quien se encontraba detenido preventivamente, constituía una dilación indebida, al inobservar el plazo de las cuarenta y ocho horas señaladas en el art. 239 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo Sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco Magistrados de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, en Fundamento Jurídico III.1. de la señalada sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales (énfasis añadido).

III.2. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.

En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

III.3. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva

En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto, se ha pronunciado sobre el deber de las autoridades judiciales para cumplir con el plazo previsto para el señalamiento de audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, estableciendo el siguiente entendimiento:

[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

III.4. Análisis del caso concreto

En el caso venido en revisión, el accionante a través de su representante, denuncia dilación indebida en el señalamiento de su solicitud de cesación de la detención preventiva, por inobservancia del plazo de cuarenta y ocho horas fijado para el efecto. Al respecto, con carácter previo a ingresar al análisis de fondo, cabe señalar que, conforme se advierte del formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), aparejado a la presente acción de tutela, este fue interpuesto el 17 de enero de 2023, fijándose la audiencia de garantías para horas 11:00 de la citada fecha, oportunidad en que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, remitió su informe de ley, adjuntando las pruebas correspondientes, entre estas el decreto de 17 de enero de igual año, emitido por la Secretaria del juzgado a su cargo, señalando audiencia para la consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva para el 18 del mismo mes y año (fs. 23). En ese contexto, si bien de lo expuesto, se evidencia que, el acto lesivo cesó al señalarse la audiencia motivo de esta acción de defensa, corresponde remitirse a los alcances y aplicación de la acción de libertad innovativa, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que ha establecido que opera este mecanismo procesal, aún hubiere cesado el acto ilegal, puesto que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales; por lo cual, a efecto de determinar la responsabilidad del caso, y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades y evitar futuras vulneraciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicho entendimiento resulta aplicable al caso que se examina; puesto que, no obstante haberse señalado el 17 de enero de 2023, la audiencia de cesación de la detención preventiva impetrada con anterioridad a la celebración de la audiencia tutelar, cesando el acto ilegal, de igual forma corresponde ingresar al examen de fondo a fin de determinar si hubo o no lesión de los derechos fundamentales del peticionante de tutela. Con esa aclaración, concierne efectuar un análisis conjunto de la problemática planteada con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que establece que es obligación de toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. En ese entendido, de los antecedentes adjuntos al expediente constitucional, se advierte que, evidentemente, una vez presentada el 11 de enero de 2023, ante la Jueza demandada, la solicitud de cesación de la detención preventiva por el accionante (fs. 2), dicha petición, recién fue respondida por decreto de 17 de igual mes y año, emitido por María Esther Peláez Muruchi, Secretaria del juzgado a cargo de la nombrada autoridad judicial, quien programó la audiencia impetrada para el 18 de enero del indicado año a horas 11:30, a llevarse a cabo por la sala virtual del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba (fs. 23). Es decir, la audiencia fue fijada después de transcurridos seis días de la presentación efectuada por el impetrante de tutela, inobservando la autoridad judicial demandada, que debió ser programada en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas previsto por el art. 239 del CPP, ocasionando dicha omisión una demora indebida en la resolución de la situación jurídica del accionante; lo cual, constituye una actuación procesal dilatoria y negligente, que incide en su derecho a la libertad física y de locomoción, contraria al deber de tramitar con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos procesales, toda solicitud vinculada con la libertad personal, conforme lo establece el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; correspondiendo por tanto, conceder la tutela impetrada, al haber omitido la autoridad jurisdiccional, su deber de actuar con la celeridad debida. Por otro lado, debe tenerse presente que si bien la Jueza demandada en su informe presentado en esta acción tutelar, trató de justificar su accionar alegando que no pudo señalar la audiencia impetrada por la excesiva carga procesal de su juzgado y falta de personal de apoyo judicial; sin embargo, dicho justificativo no fue respaldado con la prueba pertinente que demuestre lo aseverado. Además, la mención de no contar con un auxiliar de juzgado o “pasantes”, hecha por la parte demandada en su informe prestado, tampoco resulta una justificación válida; toda vez que, la obligación de emitir el decreto de señalamiento del referido acto procesal, era inherente a la nombrada autoridad, en su calidad de directora del proceso y velar que se cumplan los plazos procesales en la tramitación del mismo; empero, conforme se precisó líneas arriba, esperó que fuese la Secretaria del juzgado a su cargo, quién emita la mencionada providencia; lo que, corrobora la falta de atención oportuna a la petición vinculada con la libertad del accionante.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 17 de enero, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba cursante de fs. 18 a 19 vta.; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de la acción de libertad traslativa de pronto despacho e innovativa, sin disponer ninguna otra actuación procesal, al haberse señalado la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada. 2º Exhortar a María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -demandada-, a tramitar con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella, debiendo observarse esta conducta en todo acto que sea parte de la tramitación de la causa hasta alcanzar su efectiva materialización. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0387_2026-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): fd367f0da12d153c9cf5df00a50e61f19986b7b105e899410daecdc321fc6ece

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