Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 29 de mayo de 2023
Deniega la tutela
La solicitante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita transparente y sin dilaciones; debido a que, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, la autoridad judicial y las servidoras públicas ahora demandadas no devolvieron los antecedentes del recurso de apelación contra la Resolución 125/2021, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2021 de 31 de diciembre, cursante a fs. 17 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0385/2023-S4 Sucre, 29 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45154-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 37/2021 de 31 de diciembre, cursante a fs. 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rianeth Aguilar Argote contra Armando Herrera Huarachi, Rosmery Quispe Flores y Abigail Wara Pacajes Quispe; Juez, Secretaria Abogada y Auxiliar, respectivamente, todos del Tribunal Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 31 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 3 a 4 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
Se encuentra privada de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, ilícitos relacionados a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas – Ley 1008 de 19 de julio de 1988 –; es así que, el 21 de diciembre de 2021, se llevó cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva, la cual fue rechazada; razón por la que, interpuso recurso de apelación, y “que fruto de una acción tutelar se tiene que se han remitido los antecedentes ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal departamental de Justicia de la ciudad de La Paz, habiéndose devuelto los antecedentes en fecha 29 de diciembre de 2021 a horas 16:02, sin que los antecedentes se hayan devuelto hasta el momento de presentar esta acción tutelar”(sic).
La accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita transparente y sin dilaciones, citando al efecto, los arts. 22, 23, 24, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la devolución de antecedentes ante el Tribunal de alzada en el día; para que, se pueda resolver su situación jurídica.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 16 y vta., presente la accionante a través de su abogado; y, ausentes la autoridad judicial y las servidoras públicas ahora demandados, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó y reiteró el contenido íntegro del memorial de la presente acción tutelar.
Armando Herrera Huarachi, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz., no se hizo presente en la audiencia de acción de libertad pese a su legal citación, y tampoco presentó informe escrito alguno. Rosmery Quispe Flores, Secretaria Abogada del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 31 de diciembre de 2021, cursante a fs. 13 y vta., refirió lo siguiente: a) En audiencia realizada el 21 de diciembre de 2021, se emitió la Resolución 125/2021; por la que, se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada por la acusada Rianeth Aguilar Argote, quien interpuso recurso de apelación contra la Resolución mencionada; b) La remisión de la apelación fue instruida a la Auxiliar del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del mencionado departamento, quien mediante informe y oficio remitió el legajo de apelación el 24 de diciembre de igual año, ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; c) La Sala Penal Cuarta devolvió el 30 del mismo mes y año, al Tribunal de origen la apelación con observaciones que fueron subsanadas y devueltas en el mismo día, según consta en el oficio de remisión y el libro de bajas; y, d) Esa misma fecha, se apersonó el abogado de la apelante, a quien se le informó que el legajo había sido devuelto a dicha Sala Penal de turno, instancia donde debía hacer el seguimiento; razón por la que, se debe denegar la tutela solicitada, al no haber existido ninguna vulneración a los derechos de la solicitante de tutela. Abigail Wara Pacajes Quispe, Auxiliar del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz presentó informe escrito el 31 de diciembre de igual año, cursante a fs. 15, manifestando que: 1) El 30 de diciembre de 2021, se remitió a la Sala Penal Cuarta, el legajo de apelación incidental a la Resolución 125/2021 de 21 de diciembre, adjuntándose además un certificado médico; 2) “Que la suscrita tras la disposición de subsanación por secretaria, procedió a subsanar y remitir el legajo en el día, remitiéndose así en fecha 30 de diciembre.” (sic); y, 3) Debe señalarse que al abogado que interpuso la presente acción, se le informó de manera clara y precisa, que se subsanaron las observaciones y se remitió el legajo en el día; razón por la que, extraña la interposición de la presente acción de defensa.
El Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 37/2021 de 31 de diciembre, cursante a fs. 17 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: i) De la valoración y antecedentes y lo expuesto en audiencia; se establece que, mediante Oficio 528/2021, emitido por la Secretaria Abogada ahora codemandada, se remitió obrados en fotocopia legalizada de la apelación incidental contra la Resolución 125/2021, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, ii) La misma fue recepcionada en dicha Sala, el 30 de diciembre de 2021, a las 12:27; razón por la que, los argumentos señalados por el abogado de la parte accionante no tienen asidero alguno para que se pueda conceder la tutela solicitada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por el Oficio 528/2021 de 30 de diciembre, de remisión de obrados en fotocopias legalizadas de la apelación incidental a la Resolución 125/2021, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por parte de Rossmery Quispe Flores, Secretaria Abogada del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento señalado (fs. 11 y vta.). II.2. Consta el Cuaderno de registro diario de ingreso y despacho de causas del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, en el que se observa, que el 30 de diciembre de 2021, se realizó la devolución del recurso de apelación incidental contra la Resolución 125/2021 (fs. 12).
La solicitante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita transparente y sin dilaciones; debido a que, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, la autoridad judicial y las servidoras públicas ahora demandadas no devolvieron los antecedentes del recurso de apelación contra la Resolución 125/2021, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
En el caso presente, la impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita transparente y sin dilaciones; debido a que, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, la autoridad judicial y las servidoras públicas ahora demandadas no devolvieron los antecedentes del recurso de apelación contra la Resolución 125/2021, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia de apelación que de acuerdo a lo referido por la accionante en su memorial de demanda de acción tutelar, había devuelto el 29 de diciembre de 2021, al Tribunal de origen debido a observaciones que debían ser corregidas. Bajo los antecedentes previos, la solicitante de tutela, alegó una dilación indebida por parte de los ahora demandados; razón por la que, solicitó se conceda la tutela impetrada a través de la acción de defensa de pronto despacho, ordenándose la devolución –se entiende remisión– de antecedentes ante el Tribunal de alzada en el día; para que, se pueda resolver su situación jurídica. En tal sentido y antes de ingresar a resolver el fondo del problema jurídico denunciado, es necesario hacer referencia a la acción de libertad de pronto despacho, que se encuentra desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que es el mecanismo a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes que cursan, se tiene que mediante Oficio 528/2021 de 30 de diciembre, cursante en la Conclusión II.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la Secretaria abogada del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del citado departamento, ahora codemandada, procedió a la devolución de obrados en fotocopias legalizadas de la apelación incidental a la Resolución 125/2021, ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia superior que recibió el legajo en la misma fecha a las 12:27, según se observa del cargo de recepción cursante a fs. 11 y vta.; asimismo, también se tiene constancia que, la Sala Penal Cuarta, realizó la recepción de la devolución del recurso de apelación; tal como, consta en el cuaderno de registro del Tribunal de origen, en el que figura el cargo de recepción de la Sala Penal antes señalada (Conclusión II.2). Como se puede observar, la devolución de los antecedentes del legajo de apelación, una vez corregidas las observaciones realizadas que motivaron su devolución al Juzgado de origen, fue realizado de forma inmediata; por lo que, no se evidenció que, la autoridad judicial ahora demandada y su personal subalterno hubieran incurrido en dilación alguna, tal cual alegó la impetrante de tutela; en tal sentido, el presente caso, no se adecúa a los circunstancias específicas para poder activar la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho; por lo tanto corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 37/2021 de 31 de diciembre, cursante a fs. 17 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano René Yván Espada Navía
MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0385_2023-S4.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 34d3f046a1918ef1c0a7b61505fd421d358dbb7bb51676d7fbf2d4f11e389e26
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