Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR en parte la Resolución 08/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, al haber incurrido en dilación indebida en la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de turno en receso de fin de año. 2° Exhortar a Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a que en lo sucesivo tramite y cumpla con la máxima celeridad las órdenes y circulares judiciales relacionadas con los privados de libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados. 3° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a Alejandra Sonco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0375/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52512-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jeyson Hernán Martínez Medina contra Edwin Quispe Nina y Alejandra Sonco, ambos Secretarios del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo y Quinto de la Capital del departamento de La Paz, respectivamente.
El accionante, denuncia la lesión al derecho a su libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, debido al receso judicial de fin de año, el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz debió remitir el cuaderno procesal a su similar Quinto, al estar este de turno; sin embargo, dicha remisión no se hizo efectiva, pese a existir actuados pendientes de resolución como un incidente de actividad procesal defectuosa y la cesación a la detención preventiva por duración máxima del proceso; por lo que, solicitó se ordene: a) Edwin Quispe Nina -Secretario demandado-, remita el expediente procesal al Juzgado de turno; y, b) Que Alejandra Sonco -Secretaria demandada- recepcione el expediente procesal y dé celeridad al señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva por duración máxima del proceso. Alejandra Sonco, Secretaria del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de la presente acción tutelar, señaló que: 1) El Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del citado departamento procedió a remitir los expedientes con detenidos preventivos y detenidos domiciliarios, entre ellos el proceso con Código Único de Denuncia (CUD) 2011020128071, correspondiente al hoy accionante el 8 de diciembre de 2022, tal cual establecía la Circular 19/2022; y, 2) En tal sentido, recepcionó dicho proceso y manifestó a la defensa técnica del solicitante de tutela que presente su memorial, a fin de señalarse audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, la defensa técnica no actuó de esa manera, omisión que no puede ser atribuida a su persona. Edwin Quispe Nina, Secretario de Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 15. El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 08/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 18 a 19 vta., concedió la tutela impetrada con relación al Secretario demandado, por no haber dado cumplimiento a la Circular 19/2022; y, denegó la tutela solicitada con relación a Alejandra Sonco -Secretaria demandada-, a quien conminó para que en el día ingrese a despacho el proceso penal de referencia, con la finalidad de que la autoridad jurisdiccional resuelva la cesación a la detención preventiva y el incidente de actividad procesal defectuosa planteado por el accionante; bajo los siguientes fundamentos: De antecedentes se tiene que el accionante, quien se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el 8 de igual mes y año, presentó memoriales solicitando cesación a la detención preventiva y resolución de incidente de actividad procesal defectuosa; no obstante, se evidenció que el proceso penal fue remitido recién dicha fecha por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo, siendo el proceso radicado el 9 del citado mes y año, configurándose una dilación contraria a lo dispuesto por la Circular 19/2022 SPTDJLP, que ordenaba la remisión de expedientes con detenidos hasta el 5 del referido mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 24 a 26), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.
Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Al respecto la SCP 1397/2022-S2 de 17 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1 establece: La SCP 2383/2012 de 22 de noviembre, reiterando los fundamentos establecidos en la SC 0320/2010-R de 15 de junio, con respecto a la falta de prueba en la acción de libertad, estableció que: «“…se debe precisar que la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada”; este entendimiento fue reiterado en la jurisprudencia establecida en la SCP 0298/2012 de 8 de junio, al definir sobre la problemática planteada en ese caso, de la siguiente manera: “Del legajo procesal arrimado al expediente, se evidencia que no cursa prueba alguna que acredite dichos extremos, como los memoriales de solicitud a la cesación a la detención preventiva y los actuados procesales a través de los cuales la autoridad demandada habría suspendido las audiencias y lesionado con ello los derechos invocados por el accionante; aspecto que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por cuanto si bien es cierto que la acción de libertad por su naturaleza está exenta del cumplimiento de ciertos requisitos formales; empero, resultaría un exceso de la jurisdicción constitucional, emitir criterio sobre lesión de los derechos, cuando no se han compulsado los hechos denunciados con los elementos probatorios mínimos que generen convicción y respalden la decisión asumida por este Tribunal; no pudiendo justificarse la ausencia de elementos de convicción, como lo hizo el Tribunal de garantías, ‘presumiendo la buena fe de la parte’, y con dicho argumento totalmente subjetivo, conceder la tutela solicitada, cuando no se cuenta con la prueba necesaria que acredite de manera objetiva e imparcial la veracidad de los hechos denunciados, pues, como se señaló, al no tener la certeza de la veracidad de las denuncias formuladas y por ende la responsabilidad de la persona o autoridad que incurrió en el acto que infringió los derechos, constituiría un exceso de la jurisdicción constitucional fallar, máxime si como se precisó, el principio de informalismo de esta acción no abarca a la no presentación de prueba necesaria y suficiente que demuestre los actos ilegales de la parte demandada; aspecto que impide a este Tribunal ingresar al análisis de la problemática planteada, por cuanto no se cuentan con elementos de convicción que respalden lo aseverado por el actor, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada”».
Con relación a la legitimación pasiva del personal subalterno del Órgano Judicial, la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, luego de sistematizar la línea jurisprudencial respecto a esta temática, expresó el siguiente entendimiento:
[L]a jurisprudencia emanada de este Tribunal, señaló que el personal subalterno, al no contar con poder de decisión o jurisdicción que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales, este personal comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes o cuando el acto lesivo derive de actuaciones meramente administrativas; casos en los cuales, sí tendría legitimación pasiva para ser demandado. Siendo que en este último supuesto, la autoridad jurisdiccional que ejerce la supervisión del personal a su cargo, asume responsabilidad” (las negrilla nos corresponden).
De los antecedentes del caso, tenemos que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, estando su causa radicada en el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del citado departamento; y debido al receso de fin de año, en apego a la Circular 19/2022, el proceso debió ser remitido a su similar Quinto -el cual estaba de turno- situación que no ocurrió. El accionante el 30 de noviembre de 2022, presentó memorial ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, presentando incidente con fines correctivos (fs. 5 a 6 vta.), por otra parte, consta memorial de 8 de diciembre de igual año, dirigido a su similar Quinto, a través del cual solicitó se resuelva el incidente de actividad procesal defectuosa; asimismo, ante dicho Juzgado, presentó petición de cesación a la detención preventiva en igual fecha, memoriales que no cuentan con sello de recepción (fs. 4; y, 7 y vta.), mismos que de acuerdo a lo manifestado por la parte accionante no habrían merecido respuesta, debido a la falta de remisión de expediente al Juzgado de turno, por parte del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del referido departamento.
Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado por Alejandra Sonco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, se tiene que su similar Segundo, el 8 de diciembre de 2022, remitió los expedientes con detenidos preventivos y detenidos domiciliarios, entre ellos, el proceso correspondiente al hoy accionante; sin embargo, la defensa del impetrante de tutela pese a tener conocimiento de la radicatoria del proceso, no presentó memorial de cesación a la detención preventiva.
Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz
El accionante, a través del memorial de interposición de la presente acción de defensa, señalo que el funcionario judicial ahora demandado no remitió el cuaderno procesal al Juzgado de turno debido al receso de fin de año, lo cual impidió que su solicitud de cesación a la detención preventiva e incidente de actividad procesal defectuosa hayan sido resueltos. De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, establece que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos legales establecidos, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho. Conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; el cual se aplica al presente caso porque, de antecedentes cursantes, tenemos que la Circular 19/2022 SPTDJLP en su punto 1.4 disponía que, los juzgados del área penal tenían la obligación de entregar a los juzgados de turno todos los expedientes que cuenten con detenidos preventivos, detenidos domiciliarios y declarados rebeldes, hasta el día lunes 5 de diciembre de 2022; sin embargo, dicha remisión -de acuerdo a lo manifestado por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz- recién se la efectivizó el 8 de igual mes y año; es decir, que dicha remisión se hizo fuera del plazo establecido para tal efecto; de lo cual se colige que hubo una dilación en el caso de autos; por lo tanto, procede la concesión de la tutela impetrada, dada su faceta innovativa, que tiene por finalidad evitar que en futuras solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad, se incurra nuevamente en dilaciones injustificadas.
Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz Respecto a la Secretaria demandada, el accionante solicitó que la misma recepcione el expediente procesal y dé celeridad al señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva por duración máxima del proceso; sin embargo, de antecedentes se evidencia que, dicha recepción ya se hizo efectiva; empero, si bien cursa en el expediente memorial de 8 de diciembre de 2022, a través del cual solicitó cesación a la detención preventiva, no existe constancia que dicho memorial hayan sido presentado; puesto que los mismos, no cuentan con el sello de recepción correspondiente; asimismo, la referida funcionaria judicial en audiencia -lo cual no fue refutado por el accionante- señaló a la defensa del impetrante de tutela que el proceso ya radicaba en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, y que podía presentar su memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva; pero que sin embargo, no presentaron dicha solicitud. En ese sentido, si bien es evidente que una de las características de esta acción tutelar es el informalismo, ello no implica que se abstraiga de adjuntar documentación que respalde la denuncia de lesión a sus derechos, teniendo en cuenta que la jurisdicción constitucional debe tener certeza plena y sustento válido para tutelar teniendo que contar con la prueba necesaria, consecuentemente de acuerdo con la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, no son suficientes las aseveraciones efectuadas por el solicitante de tutela, pues el mismo tiene la obligación de acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de los hechos reclamados a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que, corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del acto lesivo que estima haya restringido sus derechos, lo que en el presente caso no se cumplió, pues no existe constancia que dichos memoriales hayan sido efectivamente presentados, debiendo en consecuencia denegarse la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR en parte la Resolución 08/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, al haber incurrido en dilación indebida en la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de turno en receso de fin de año. 2° Exhortar a Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a que en lo sucesivo tramite y cumpla con la máxima celeridad las órdenes y circulares judiciales relacionadas con los privados de libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados. 3° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a Alejandra Sonco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0375_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): e52a410faa5d612b70e7813924fbdb194d46ae0388aeeb698c443a2aaf837df0
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