Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 4 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y el principio de celeridad y del contenido del memorial de la acción de defensa se tiene la vulneración al derecho a la vida y a la salud; puesto que la Jueza ahora accionada hasta la fecha -entiéndase de presentación de esta acción de libertad- no decretó su solicitud de cesación de su detención preventiva presentada el 25 de noviembre de 2021, a pesar de que su estado de salud relacionado con su derecho a la vida se encuentra deteriorado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 451/2021 de 5 de diciembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho a la libertad y el principio de celeridad, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz de manera inmediata señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en atención al memorial de 25 de noviembre de 2021, siempre y cuando, por el transcurso del tiempo dicha solicitud no hubiera sido ya atendida.
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2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la vida y a la salud de acuerdo a lo expresado en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0370/2023-S3 Sucre, 4 de mayo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 45009-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 451/2021 de 5 de diciembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paulo Fabrizzio Gutierrez Miranda en representación sin mandato de Rene Sanabria Oropeza contra Jimena Velásquez Albarracín, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 4 de diciembre de 2021, cursante de fs. 5 a 6 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, signado con el Numero de Registro Judicial (NUREJ) 201113269, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo que, el 25 de noviembre de 2021 a las 15:32 horas solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo del “art. 239” que señala ‘“…Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas…” (sic), aquello en razón a que solicitó salidas médicas, que algunas fueron concedidas y otras no; empero, “a la fecha” se deterioró su salud, llegando a desmayarse en el referido Centro Penitenciario donde no contó con una atención especializada, urgente y permanente. Pedido que hasta la fecha de presentación de la acción de libertad de forma .
injustificada no fue decretado, resuelto, ni remitido a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su diligenciamiento, indicándole de forma verbal que deben firmar los tres jueces que conforman el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del referido departamento y no se señalaría audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva hasta que se encuentren los tres jueces, lo que es materialmente imposible al encontrase uno de ellos con vacación judicial; es decir, que no se está presente para conocer su solicitud dentro el plazo. En ese sentido, la audiencia que define, modifica o determina la situación procesal de una persona debe ser resuelto en el plazo establecido por la norma, que en su caso se venció el 27 de noviembre de 2021 a las 15:32 horas, debido a que se computa el mismo por horas; por lo tanto, la Jueza ahora accionada omitió el cumplimiento de su actividad jurisdiccional afectando directamente su derecho a la libertad, estrictamente ligado a su vida y a su salud.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y el principio de celeridad, y del contenido del memorial de la acción de defensa se tiene la vulneración al derecho a la vida y a la salud; sin señalar norma constitucional alguna.
Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia, la Jueza hoy accionada en cumplimiento inmediato de la normativa establecida por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señale y resuelva su audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, observando la prueba aportada que demuestra que padece una enfermedad crónica y que tiene más de sesenta y cinco años de edad.
Celebrada la audiencia virtual el 5 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 12 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) La presente acción de libertad es traslativa o de pronto despacho; b) Existe un trámite establecido por el art. 239.1 del CPP referido al plazo para conocer y resolver la situación jurídica de un imputado a través de a la solicitud de cesación de la detención preventiva, el cual fue dilatado de forma deliberada por la Jueza ahora accionada, siendo que el 25 de noviembre de 2021 a las 15:32 horas se solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, la cesación de su detención preventiva;
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por lo que la legitimación pasiva la tiene únicamente su presidenta a razón de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que refirió que la “…jueza o juez del Tribunal…” (sic) deberá señalar audiencia dentro las cuarenta y ocho horas, conforme el art. 231 del CPP y notificar, plazo que feneció el 27 de noviembre de 2021 a las 15:32 horas; por lo que no se puede justificar que no decreto su memorial; c) Su derecho a la salud está relacionada a su “derecho” a la cesación de la detención preventiva; d) La Resolución “01/” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las grupos vulnerables señala en sus arts. 38 y 40 que los Estados se encuentran en la obligación de brindar protección reforzada; cuando la Jueza ahora accionada y el representante del Ministerio Público tienen conocimiento que cuenta con sesenta y cinco años de edad, del padecimiento de dos enfermedades crónicas certificadas por el médico forense, y que no puede salir del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz porque se encuentra en cuarentena debido a la pandemia por el Coronavirus (COVID-19); e) La Jueza ahora accionada de forma categórica indicó que no decretará su solicitud hasta que estén todos los miembros del citado Tribunal de Sentencia; f) La autoridad judicial que conoce una solicitud de esa naturaleza debe señalar audiencia y resolver la situación jurídica del solicitante; y, g) La ley no dispone que cuando un miembro del Tribunal está de vacaciones no se puede celebrar una audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva o que el decreto que de curso a ese pedido, este suscrito por “…tres vocales o los tres integrantes del tribunal…” (sic). Ante las preguntas efectuadas por el Juez de garantías, refirió que: 1) Sabía que su caso se remitió a “salas”; empero, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz no perdió competencia, ya que el caso sigue radicando en dicho Tribunal, únicamente se remitieron “más la prueba”; 2) Retornaron los cuadernos en dos oportunidades, primero con una observación de la “sala penal” que fue subsanada y la semana anterior con otra observación, por unas notificaciones; y, 3) No tiene conocimiento si se llevó adelante una “audiencia”, no fueron notificados o tal vez fue resuelta de puro derecho.
Jimena Velásquez Albarracín, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: i) El proceso penal seguido contra el accionante a instancias del Ministerio de Gobierno cuenta con setenta y cuatro cuerpos; ii) El citado proceso penal se encuentra en el referido Tribunal de Sentencia para juicio oral, público, continuo y contradictorio; empero, por determinación asumida “en pleno” devolvieron al Juzgado de Instrucción, formulándose recurso de apelación por parte del Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno; por lo que “actualmente” se encuentra en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz haciendo turno para su resolución; remisión que se .
efectuó “hace dos o tres” semanas; iii) El proceso penal se encontraba sin movimiento, hasta que el “día viernes” la Secretaria del señalado Tribunal de Sentencia indicó que se estaban devolviendo los cuadernos; empero, faltaba el último cuerpo; iv) El “día lunes” presentaría el decreto que llegó el 2 de diciembre de 2021, devuelto de la referida Sala Penal Cuarta, pidiendo que se cumpla con las notificaciones “…de que las cuales se habría declarado rebeldes…” (sic), la cual su Secretaria le pasó como establece la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, lo revisó y dispuso que se cumpla en el día con las notificaciones y devuélvase a la “sala”; v) Con las nuevas atribuciones los Secretarios pueden decretar cuestiones de mero trámite; vi) Concluyó con su trabajo conforme corresponde y se debe tomar en cuenta que es un Tribunal que está compuesto por tres miembros, si bien es la Presidenta; empero, por ello tampoco puede surgirle responsabilidades; vii) Desconoce de algún memorial de cesación de la detención preventiva y lo dispuesto “en alguna cesación”; por lo que “el lunes” hará llegar el cuaderno procesal, donde no existe una cesación de la detención preventiva o memorial que haya pasado a su despacho, o si existe paso a su Secretaria, empero no a su despacho; es así que, su autoridad desconoce el memorial mencionado por el accionante, únicamente tiene conocimiento de la devolución; por lo que solicita se deniegue la tutela solicitada, más aun cuando el proceso penal se encuentra en otra instancia; viii) Son tres los detenidos en ese proceso, el accionante, que se encuentra detenido “…va a pasar a una sala el tribunal cuarto o la sala segunda dispondrá donde pasara en este turno que se encuentra con detenido pero no se encuentra con nosotros…” (sic); y, ix) La carga procesal de los Tribunales y Juzgados es bastante. A la pregunta efectuada por el Juez de garantías señaló que: a) Tomás Eulogio Condori Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz se encontraba de vacaciones por una semana y el “lunes” retornaría, encontrándose únicamente dos jueces; y, b) El caso del accionante se remitió a “sala” el “viernes”, por un recurso de apelación.
El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 451/2021 de 5 de diciembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., denegó la tutela solicitada, sin perjuicio de aquello dispuso y ordenó que hasta el día de “mañana” la Secretaria de “este” despacho juntamente con el Auxiliar pongan en conocimiento de la Jueza ahora accionada el memorial de cesación de la detención preventiva, debiendo ser remitida a su autoridad hasta las 9:00 horas, el señalamiento de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva solicitada el 25 de noviembre de 2021, el cual debe efectuarse en el plazo establecido en la norma, debiendo ser notificado en el día; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los recurso de apelación formulados en el caso del accionante, no tienen efecto suspensivo; por lo que .
los antecedentes del proceso de referencia tienen que estar en el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; por lo tanto, tiene que atender a quien solicite la cesación de la detención preventiva, pronunciándose en veinticuatro horas y señalando audiencia dentro las cuarenta y ocho horas; 2) Cuando se presenta un recurso de apelación la norma no establece que se remitan los actuados en originales, y en el presente caso se trata de un recurso de apelación contra un Auto que habría dictado la “Sala”, si bien afecta el fondo del proceso y como hizo conocer la Jueza ahora accionada, es necesario remitir los cuadernos en original, así lo establecen las sentencias constitucionales; 3) No se tiene ninguna documentación que evidencie de forma objetiva que la Jueza ahora accionada tomó conocimiento del memorial del accionante donde solicitó la cesación de su detención preventiva, como ser libros diario u otro, para que dicha autoridad judicial se pronuncie en el tiempo establecido por el art. “13” del CPP modificado por la Ley 1173, no es menos cierto que la norma establece que se puede llevar adelante una cesación de la detención preventiva con el quorum suficiente, con dos jueces es suficiente para poder atender esta clase de solicitudes; 4) La Jueza ahora accionada refirió que no tomó conocimiento, lo que tiene que ver con otras responsabilidades respecto a su personal a cargo de ese Tribunal de Sentencia, que son la Secretaria y el Auxiliar, quienes tienen la obligación de poner de inmediato en conocimiento de la autoridad judicial el memorial de cesación de la detención preventiva; y, 5) La acción de libertad debería estar dirigida contra el personal del referido Tribunal, Secretaria y Auxiliar que asumen responsabilidad como funcionarios públicos de apoyo jurisdiccional. En vía de complementación, el accionante solicitó al Juez de garantías que se pueda sortear a un juzgado de turno, para que no exista mayor dilación. Por otra parte, la Jueza ahora accionada solicitó que en vía de complementación y enmienda, y no cometer errores, únicamente se encuentra en su poder el último cuerpo del expediente para cumplir notificaciones; empero, se dispuso nuevamente su sorteo; asimismo, se indicó que el recurso de apelación no es en efecto suspensivo; empero, cuando se ataca el fondo de la problemática, el expediente es remitido en original porque se paraliza el proceso; en ese sentido, solicitará se envíen los setenta y cuatro cuerpos para llevar ante el Juez de turno, que es “Tribunal octavo”, respecto a lo cual solicitará su complementación. En mérito a dichas solicitudes, el Juez de garantías determinó, respecto al pedido del accionante, complementar en el entendido de que “si no estuviera de turno” el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, con relación a la solicitud de la Jueza ahora accionada declaró no ha lugar al ser sus fundamentos claros, en el entendido que, no es responsabilidad del accionante que solicitó la cesación de su detención preventiva que se remitió en originales el expediente; asimismo, no le consta si el recurso de apelación formulado es sobre el fondo o no, lo que debe efectuar la Jueza ahora accionada es señalar audiencia hasta las “09:00” horas y se ponga en conocimiento de su autoridad la remisión ante el Tribunal .
que estuviera de turno.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2021, ante el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; Rene Sanabria Oropeza -ahora accionante- solicitó la cesación de su detención preventiva en aplicación al art. 239.1 -ultima parte-, 2 y 5 del CPP, pidiendo que se señale audiencia pública en el plazo de ley (fs. 1).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y el principio de celeridad y del contenido del memorial de la acción de defensa se tiene la vulneración al derecho a la vida y a la salud; puesto que la Jueza ahora accionada hasta la fecha -entiéndase de presentación de esta acción de libertad- no decretó su solicitud de cesación de su detención preventiva presentada el 25 de noviembre de 2021, a pesar de que su estado de salud relacionado con su derecho a la vida se encuentra deteriorado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, .
criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y el principio de celeridad y del contenido del memorial de la acción de defensa se tiene la vulneración al derecho a la vida y a la salud; puesto que la Jueza ahora accionada hasta la fecha -entiéndase de presentación de esta acción de libertad-no decretó su solicitud de cesación de su detención preventiva presentada el 25 de noviembre de 2021, a pesar de que su estado de salud relacionado con su derecho a la vida se encuentra deteriorado.
De la revisión de antecedentes, se tiene el memorial presentado el 25 de noviembre de 2021, a través del cual el accionante solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz la cesación de su detención preventiva en aplicación al art. 239.1 -ultima parte-, 2 y 5 del CPP, pidiendo que se señale audiencia pública en el plazo de ley (Conclusión II.1.).
Con la finalidad de resolver la problemática planteada, corresponde hacer referencia que el art. 239 del CPP, el cual fue modificado por el art. 2.III de la Ley de Modificación a la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, con relación a la cesación de las medidas cautelares personales, dispone taxativamente que:
“(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
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1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
(…)
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o estado terminal; o,
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas” (las negrillas son nuestras).
En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible; puesto que, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, activándose en ese caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas.
En ese entendido, se advierte que el accionante el 25 de noviembre de 2021 a las 15:07 horas ingresó por ventanilla de recepción de memoriales del órgano judicial, el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva en aplicación al art. 239.1 -ultima parte-, 2 y 5 del CPP, dirigido al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, que no fue atendida por la Jueza ahora accionada hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa -4 de diciembre de 2021-; es decir, que no se observó el art. 239 del CPP que en su parte pertinente dispuso que cuando se solicita la cesación de la detención preventiva por el cumplimiento de las causales establecidas en el art. 239.1, 2 y 5 la autoridad judicial debe señalar audiencia para resolver el mismo, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Por lo tanto, la Jueza ahora accionada incumplió la normativa procesal penal aplicable al caso; puesto que la citada autoridad judicial debió señalar audiencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante dentro el plazo de cuarenta y ocho horas; empero, transcurrieron casi diez días desde la presentación de dicha solicitud sin que dicho señalamiento se hubiera .
efectuado; no constituyéndose en excusas válidas las expresadas en su informe presentado a la audiencia de consideración de la acción tutelar, como ser que desconocía de la existencia del memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva porque no fue ingresado a su despacho por Secretaría de su Juzgado, si bien las y los Secretarios de los Juzgados pueden contar con legitimación pasiva, cuando llegan a incidir en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, los mismos no puede ser analizados en la presente acción tutelar al no ser accionados; sin embargo, dicha circunstancia no exime de responsabilidad a la Jueza ahora accionada, quien tenía la obligación de controlar la actuación del personal de apoyo jurisdiccional de su Tribunal a través del seguimiento de sus labores, para evitar procedimientos defectuosos asumidos por su personal subalterno, especialmente las que tienen repercusión en la libertad de las personas y no asumir una actitud pasiva y poco diligente; más aun cuando no cursa en antecedentes la documentación de descargo que señaló que presentaría el “día lunes” ante el Tribunal de garantías, para demostrar el desconocimiento que tenía sobre el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante, cuando tuvo el tiempo suficiente para adjuntarlo al remitirse la presente acción tutelar a este Tribunal Constitucional Plurinacional mediante oficio de 28 de diciembre de 2021.
Asimismo, la Jueza ahora accionada al mencionar que por ser la Presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz tampoco puede surgirle responsabilidades al estar compuesto dicho Tribunal por tres miembros, corroborado aquello de lo señalado por el accionante, cuando indicó que le indicaron que no se iba a señalar su audiencia hasta que puedan firmar los tres jueces que conforman el referido Tribunal; justificativos expuestos que no pueden ir en perjuicio del pleno ejercicio de los derechos del accionante; puesto que, se trata de cuestiones formales del trámite procesal.
En ese entendido, la dilación indebida en la que incurrió la Jueza ahora accionada deviene del hecho, que no decretó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante; es decir, que no señaló audiencia para que su pedido sea considerado y resuelto, extremo que implica ineludiblemente un actuar negligente por parte de la citada autoridad judicial, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, que provocó una demora innecesaria e incluso incertidumbre en la consideración y resolución de la situación jurídica del accionante, extremo que vulneró el derecho a la libertad del nombrado vinculado a la celeridad; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, más aun si se considera que toda autoridad judicial tiene el deber de tramitar cualquier asunto vinculado a las personas privadas de liberad con la mayor celeridad .
posible y dentro de plazos establecidos por la normativa, un actuar contrario implica una dilación injustificada que vulnera directamente el derecho a la libertad de dichas personas.
Por otro lado, si bien el accionante mencionó que su pedido de cesación de la detención preventiva implicaría también la vulneración de su derecho a la vida por encontrase con una salud deteriorada; por lo que solicitó que ese aspecto sea observado por la Jueza ahora accionada -pedido accesorio a la problemática principal-; sin embargo, dicho extremo no puede ser considerado en esta acción de defensa, al no ser demostrado con prueba fehaciente el estado de salud del accionante, que dé certeza sobre el peligro a su vida, extremo exigido por la jurisprudencia, al establecer que “…dado el carácter elemental del derecho a la vida (…) es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar” (SCP 0059/2020-S3 de 16 de marzo, reiterando el razonamiento establecido SCP 1278/2013 de 2 de agosto); por lo tanto, en el presente caso no puede otorgarse al accionante una protección inmediata por la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud, debiéndose denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 451/2021 de 5 de diciembre, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada con relación al derecho a la libertad y el principio de celeridad, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz de manera inmediata señale audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en atención al memorial de 25 de noviembre de 2021, siempre y cuando, por el transcurso del tiempo dicha solicitud no hubiera sido ya atendida.
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2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la vida y a la salud de acuerdo a lo expresado en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0370_2023-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): ebdcb814ccee5d3cbda136ef1ec80376c20efc62a4175cbf2b1c4494981d340a
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