Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de junio de 2024
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de tutela judicial efectiva, así como a los principios de seguridad jurídica y congruencia; puesto que, el Juez ahora accionado hasta la interposición de la presente acción tutelar, no realizó la audiencia para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva, al contrario dispuso la remisión de antecedentes al existir acusación formal; sin embargo, dicha remisión tampoco fue ejecutada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 1 de julio de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que el Juez de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0366/2024-S3 Sucre, 28 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 48797-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 1 de julio de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armando Chura y Juan Quelali Apaza contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Los accionantes por memorial presentado el 30 de junio de 2022, cursante de fs. 1 a 5 vta., manifestaron que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa, quienes se encuentran con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Bajo esos antecedentes, solicitaron la cesación de su detención preventiva, al efecto el Juez hoy accionado, señaló audiencia para el 23 de ese mes y año, que fue suspendida para el 24 del mencionado mes y año, ante la inasistencia del representante del Ministerio Público; instalada dicha audiencia nuevamente fue suspendida sin señalamiento de nuevo día y hora de audiencia, disponiendo que los antecedentes sean remitidos a la “localidad de Copacabana” al contar el proceso penal con acusación formal. En consecuencia, esa supuesta lesión fue ratificada en audiencia de consideración de esta acción de defensa de 1 de julio de igual año, conforme se advierte del acta cursante de fs. 11 a 15; asimismo, indicó que el Juez ahora accionado atendió el procedimiento abreviado al que se sometieron cuando se encontraba de turno; sin embargo, no remitió los respectivos antecedentes al Juzgado correspondiente, tomando en cuenta que el tiempo que se dispuso para su detención preventiva ya fue cumplido, y el Ministerio Público no solicitó ampliación de plazo alguna; por lo que correspondería disponer su libertad.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de tutela judicial efectiva, así como a los principios de seguridad jurídica y congruencia; citando al efecto los arts. 115, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) Se ordene en el plazo de veinticuatro horas se instale la audiencia y resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva; y, b) Se aplique una medida menos gravosa a la detención preventiva al no existir -una solicitud- de ampliación por parte del Ministerio Público.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe de 1 de julio de 2022, cursante a fs. 9, manifestó que el accionante denuncia una “…presunta vulneración del debido proceso en sus elementos de legalidad, fundamentación y motivación en la emisión de la no remisión del cuaderno de control jurisdiccional por el requerimiento conclusivo de acusación es en ese entendido. Se habría sorteado por Sistema SIREJ y se habría remitido al Juzgado de Sentencia No 2 de El Alto…” (sic); por lo que al cumplir con sus labores, pide que la tutela solicitada sea denegada.
El Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido de Juez de garantías, por Resolución de 1 de julio de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez ahora accionado en el plazo de veinticuatro horas señale audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva, bajo los siguientes fundamentos: 1) No existe evidencia que el expediente esté radicado ante ningún tribunal de sentencia, solo existe constancia de su remisión a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, 2) Es evidente la vulneración del derecho a la libertad de los accionantes; puesto que, el Juez hoy accionado no celebró la audiencia de cesación de la detención preventiva como era su deber legal, conforme lo establece la abundante jurisprudencia constitucional, que hace hincapié en que cualquier solicitud en la que se encuentra involucrada la libertad personal tiene que ser tramitada con la mayor celeridad.
Mediante al Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-03/2023 de 24 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Oficio con CITE Of. 503/2022 de 24 de junio, René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-; remitió al “Coordinador” -Encargado- de Plataforma de Atención al Público e Informaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, bajo la referencia de remisión de obrados originales con acusación fiscal, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Armando Chura y Juan Quelali Apaza -ahora accionantes-. Advirtiéndose una nota manuscrita en la que se señalo “…el Auxiliar (…) de Juzgado Tercero Anticorrupción vino a dejar un cuerpo del proceso MP c/ Quelali Juan pero el mismo se encuentra en ‘Revisión.’ Aun no esta admitido de manera formal, si es que existiera actuados pendientes se devolverá el expediente 1-JULIO-2022 HRS 13:25” (sic); con sello de la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz (fs. 9 vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de tutela judicial efectiva, así como a los principios de seguridad jurídica y congruencia; puesto que, el Juez ahora accionado hasta la interposición de la presente acción tutelar, no realizó la audiencia para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva, al contrario dispuso la remisión de antecedentes al existir acusación formal; sin embargo, dicha remisión tampoco fue ejecutada. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres
Respecto a la dilación en la fijación de la audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva, la SCP 0025/2022-S3 de 16 de febrero, señaló que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’. Es a partir de esta sólida línea jurisprudencial que propende al cumplimiento del principio de celeridad en la tramitación de toda solicitud de cesación de la detención preventiva y con la finalidad de la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, que el legislador implementó procedimientos para agilizar y dinamizar la tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia para garantizar una justicia pronta, oportuna, en el marco de los principios consolidados en la Constitución Política del Estado; en ese sentido se promulgó la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres - Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal, concretamente al art. 239 de la citada norma referido al plazo que se tiene para resolver la cesación de la detención preventiva, cuando señala: ‘(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos’” (las negrillas son nuestras).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de tutela judicial efectiva, así como a los principios de seguridad jurídica y congruencia; puesto que, el Juez ahora accionado hasta la interposición de la presente acción tutelar, no realizó la audiencia para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva, al contrario dispuso la remisión de antecedentes al existir acusación formal; sin embargo, dicha remisión tampoco fue ejecutada. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados consta Oficio con CITE Of. 503/2022 de 24 de junio, por el cual el Juez ahora accionado remitió al “Coordinador” -Encargado- de Plataforma de Atención al Público e Informaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, bajo la referencia de remisión de obrados originales con acusación fiscal, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Armando Chura y Juan Quelali Apaza -ahora accionantes-. Advirtiéndose una nota manuscrita en la que se señalo “…el Auxiliar (…) de Juzgado Tercero Anticorrupción vino a dejar un cuerpo del proceso MP c/ Quelali Juan pero el mismo se encuentra en ‘Revisión.’ Aun no esta admitido de manera formal, si es que existiera actuados pendientes se devolverá el expediente 1-JULIO-2022 HRS 13:25” (sic); con sello de la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz (Conclusión II.1.). Bajo esos antecedentes y conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos fundamentales. Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado por los accionantes tanto en su memorial de acción de libertad como en la audiencia de consideración de esta acción de defensa; se tiene que, solicitaron la cesación de su detención preventiva, señalando audiencia para el 22 de junio de 2022; sin embargo el Juez hoy accionado suspendió la misma a solicitud del Ministerio Público para el 23 del mismo mes y año, audiencia en la que tampoco consideró la solicitud de cesación de la detención preventiva más bien, dispuso la remisión del expediente ante la autoridad competente, afirmando que el requerimiento acusatorio se encontraba radicado ante un Tribunal de Sentencia Penal, no obstante, recién el 1 de julio de 2022, se pretendió remitir los antecedentes al Juzgado de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz (Conclusión II.1.), ocasionando con ello una dilación indebida en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva de los accionantes, además de dejarlos en incertidumbre jurídica; por consiguiente, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional se tiene que el Juez ahora accionado incumplió lo previsto por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), correspondiendo; por consiguiente, conceder la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad de pronto despacho o traslativa. Finalmente, corresponde aclarar que de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 1 de julio de 2022, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que el Juez de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0366_2024-S3.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 752ac87bf1690e39096b1e03be1d6304b2ca59b494b20780f1095c1dfacb4404
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