Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 329/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 34 a 36, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada conforme a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional 2° Llamar la atención severamente al accionante y a los abogados patrocinadores de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0362/2026-S3 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52909-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 329/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 34 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rolando Mita Jiménez contra Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; Ángel René Mendoza Montecinos, Juez; Norah Mamani Mamani, Secretaria; y, Lizbeth Silvia Flores Butron, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del señalado departamento.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y al juez natural; toda vez que: a) Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, pese a tener conocimiento que por Auto Interlocutorio 28 de octubre de 2022, su proceso penal fue declinado por razón de competencia al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha del indicado departamento; sin embargo, “hasta la fecha” no fue recepcionado por el mismo; dado que, la autoridad judicial prenombrada señaló que por motivo de las vacaciones colectivas y conforme a la Circular 19/2022-SP-TDJLP de 29 de noviembre, la causa debía ser enviada al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto del El Alto del citado departamento; y, b) No sabe ante que autoridad judicial solicitar su salida judicial, toda vez que, los subalternos del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto se rehúsan a recibir sus memoriales, ante ello, se ve imposibilitado a realizar cualquier tipo de reclamo; por esa razón, pide que se ordene en el día la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Viacha y/o Juzgado de Instrucción de turno de El Alto ambos del aludido departamento; y, se establezca responsabilidad administrativa de los demandados. Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia a través de su Secretaria; señaló lo siguiente: 1) El accionante ya presentó una acción de defensa similar el 8 de diciembre de 2022, que fue denegada al comprobarse que Presidencia del citado Tribunal de Justicia había cumplido con la remisión del expediente; 2) El proceso se encuentra en el señalado Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto, ante el cual, solicitó una salida judicial que fue rechazada; 3) La remisión de obrados por declinatoria de competencia del proceso penal del accionante fue sorteado el 5 de diciembre del citado año al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Viacha del mencionado departamento; empero, al ser el último día hábil antes del receso judicial y por la distancia, no fue posible entregarlo físicamente; por lo que, el 6 de igual mes y año, se determinó remitir la causa al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto conforme a la Circular 19/2022-SP-TDJLP; y, 4) A la fecha, el expediente fue recepcionado por el mencionado Juzgado, tal cual, consta en la nota de remisión; por ende, no existió vulneración de derechos del impetrante de tutela. Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; en audiencia, manifestó que: i) Los antecedentes del proceso penal del peticionante de tutela fueron enviados a su despacho judicial, como se advierte en la documentación presentada; ii) El abogado del accionante el 14 de diciembre de 2022, formuló memorial solicitando salida judicial, el cual fue atendido mediante providencia ordenando la remisión de los oficios correspondientes para que el imputado pudiera acudir a una Notaría de Fe Pública; sin embargo, este trámite no se concretó debido a que la Gestora de Procesos no contaba con los medios para hacer llegar el oficio al Centro Penitenciario Quillacollo de Cochabamba; por consiguiente, tenía conocimiento que el proceso estaba radicado en ese Juzgado, por lo que, podía solicitar cualquier medida, como salidas judiciales, médicas o cesación a la detención; siendo que, el ese despacho judicial trabajó con normalidad y no recibió ninguna denuncia de incumplimiento de parte de los funcionarios; iii) Respecto a la supuesta negativa a recibir memoriales, explicó que, en materia penal los juzgados no los reciben directamente, por ende, deben ser presentados mediante Plataforma de la Oficina Gestora; por lo que, no es cierto lo que alega; iv) No comprende por qué se interpuso la presente acción de defensa en su contra, ya que, no era quien tenía que remitir algún documento; y, v) Desde la recepción de los antecedentes del aludido proceso penal tuvo la predisposición de atender cualquier solicitud, por lo que, consideran la presente acción de defensa como temeraria. Lizbeth Silvia Flores Butron, Auxiliar del citado Juzgado, en audiencia se adhirió a lo manifestado por el Juez codemandado; asimismo, señaló que el proceso fue radicado en dicho juzgado, no obstante, la parte accionante no presentó ningún memorial apersonándose. Norah Mamani Mamani, Secretaria del indicado Juzgado no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su legal notificación cursante a fs. 15.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 329/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 34 a 36, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz señaló que anteriormente se interpuso una acción de libertad en su contra y en audiencia de 8 de diciembre de 2022, informó que por oficio de 6 de igual mes y año, se remitió el expediente al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del mismo departamento, debido a que, se encontraba de turno durante las vacaciones judiciales, siendo recibido el 8 de ese mes y año; b) El accionante presentó memorial el 14 de ese mes y año, dirigido expresamente al referido Juzgado, a través del cual, señaló su apersonamiento con nuevo patrocinio legal e informó medios alternativos de notificación; el cual fue debidamente respondido ordenándose la emisión de los oficios solicitados; dicho aspecto desvirtúa el fundamento de la acción de libertad; en la que, el impetrante de tutela alegó que no querían recibir sus memoriales; c) En una anterior acción de libertad interpuesta contra el Presidente del aludido Tribunal de Justicia, se informó al solicitante de tutela que el expediente fue remitido al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto; por consiguiente, se advierte que tenía conocimiento donde está el expediente y que se dio curso a sus solicitudes; asimismo, no se demostró el maltrato que hubiera recibido de parte del personal del citado juzgado; d) En materia penal los memoriales deben ser presentados por plataforma de la Oficina Gestora, aspecto que desvirtúa los argumentos realizados por el accionante; y, e) No se acreditó la existencia de una dilación que justifique la interposición de este mecanismo tutelar en la modalidad de pronto despacho, ya que, no se cumplieron los requisitos exigidos para ello. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre (fs. 41 a 43), se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha Establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.
La SCP 0047/2019-S2 de 1 de abril, se ha referido al desarrollo jurisprudencial respecto a la identidad de objeto, sujeto y causa, señalando lo siguiente: «La jurisprudencia constitucional entiende que la cosa juzgada constitucional, comprende dos aspectos: 1) Situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; y, 2) La imposibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario contra cualquier resolución constitucional, sea Sentencia, Auto o Declaración Constitucional Plurinacional. La SCP 0038/2012 de 26 de marzo, emitida en una acción de libertad, establece que la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad, salvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no hubiese ingresado al análisis de fondo de la problemática, Sentencia que confirmó el precedente contenido en la SC 183/00-R de 1 de marzo. Por su parte, la SCP 0564/2014 de 10 de marzo, en el marco de lo previsto en el art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y 1El FJ III.1, manifiesta: “La cosa juzgada en materia constitucional asegura que merced a la identidad de objeto, sujetos y causa, la decisión no pueda ser modificada ni alterada de manera ulterior; en ese contexto, para evitar duplicidad de fallos y por ende para prevenir el peligro de alteración de fallos con calidad de cosa juzgada, en resguardo de una eficaz seguridad y certeza jurídica, existe una prohibición de activación ulterior de mecanismos de tutela con identidad de objeto, sujeto y causa.
En el marco de lo expuesto, por la naturaleza jurídica y derechos tutelados a través de la acción de libertad, en mérito a su característica de eficaz y oportuno mecanismo de defensa de derechos, y a través de la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada en la SC 0101/2010-R de 10 de mayo, entre otras, se estableció la prohibición de activar mecanismos ulteriores de defensa cuando concurra una identidad de objeto, sujetos y causa; asimismo, partir de este entendimiento jurisprudencial aplicado de manera uniforme, se señaló también, la posibilidad de activar un ulterior mecanismo de defensa, solamente cuando en una petición de tutela anterior, el juez o tribunal de garantías por un presupuesto formal, no hubiere ingresado al análisis de fondo de la problemática, en este caso, la nueva acción estará destinada a lograr el análisis de fondo de la problemática, siempre y cuando el peticionante de tutela, subsane los aspectos formales que evitaron que el mecanismo de defensa anteriormente planteado hubiere ingresado al análisis de fondo de la causa. (…) En esta perspectiva, es necesario señalar que al ser la acción de libertad un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la vida, libertad física o de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares y considerando que esta garantía jurisdiccional es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; inequívocamente debe establecerse que una vez interpuesta la acción de libertad, no puede activarse ulteriormente este mismo mecanismo, porque de lo contrario se generaría una disfunción procesal contraria a la seguridad y certeza jurídica”.
2El FJ III.3, establece: “En cuanto a la cosa juzgada constitucional, el art. 203 de la CPE, establece: `Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’, normativa concordante con los arts. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y 15 del CPCo, último precepto este que, refiriéndose al carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, aclara que tanto éstas, como las declaraciones y autos dictados en acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos tienen efecto general (erga omnes); y que las razones jurídicas de la decisión, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Ahora bien, los preceptos constitucionales y legales precitados, configuran la cosa juzgada constitucional, en el entendido de que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, no cabe recurso ordinario ulterior alguno, razonamiento que implica que los fallos emitidos por esta instancia, se halla dotados de un carácter de inmutable y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional no cabe recurso ordinario ulterior alguno; explica que ningún juez, jueza, tribunal o autoridad e inclusive el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, puede revisar lo resuelto en una anterior resolución constitucional plurinacional, si es que ésta tiene cosa juzgada constitucional; es decir, si se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada en dicha acción de defensa.
En el mismo sentido, cabe señalar que el art. 29.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: “No serán admitidas Acciones de Defensa en los casos en los que exista cosa juzgada constitucional”».
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[...] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.
En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último "...lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas son añadidas).
De los antecedentes que contiene el expediente, se tiene, el decreto de 6 del citado mes y año, suscrito por Iván Ramiro Campero Villalba, Decano en ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el cual, señaló que, conforme a la Circular 19/2022-SP-TDJLP de 29 de noviembre, y al encontrase el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Viacha de ese departamento en vacación judicial, se dispuso la remisión del caso al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto, al encontrarse de turno (fs. 24), remisión que se hizo efectiva el 8 del indicado mes y año; mereciendo providencia de 9 de igual mes y año; a través del cual, el Juez de dicho juzgado dispuso se tenga presente la remisión, de antecedentes y se registre en el libro correspondiente, y en el Sistema Integral de Registro Judicial (SIREJ) a los fines del control jurisdiccional (fs. 25). Así también, consta Resolución 06/2022 de 8 de diciembre, pronunciada por el Juez de Sentencia, contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, denegando la tutela impetrada por Rolando Mita Jimenez -ahora accionante- contra el Fiscal Departamental de La Paz, y Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, bajo el fundamento que la remisión del cuaderno procesal ya se hizo efectiva, siendo radicando en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del citado departamento (fs. 18 a 20). Y por último, se advierte el memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, por el impetrante de tutela, dirigida al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del citado departamento, por el cual, se apersonó, anunció nuevo patrocinio, informó medios alternativos de notificación y en el Otrosí Primero peticionó salida judicial con el objeto de suscribir el reconocimiento de firmas y rúbricas del contrato de trabajo a futuro ante Notario de Fe Pública 10 de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que mereció decreto de 15 de igual mes y año, indicando “por apersonado” y ofíciese como se solicita a los Otrosíes 1, “1” y 2 (fs. 28 a 31). Por otra parte, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional se tiene, los expedientes: 1) 52491-2023-105-AL, interpuesto por Rolando Mita Jimenez contra Kely Tania Alcazar Alcocer, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba; y, Roberto Calli Roque, Fiscal de Materia, que en revisión se emitió la SCP 0476/2025-S3 de 2 de mayo, que concedió la tutela impetrada, con relación a las autoridades demandadas, disponiendo a la jueza demandada que una vez notificada con el presente fallo constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, verifique el destino actual del cuaderno procesal y realice las diligencias necesarias para que se efectivice la remisión de la causa; y, 2) 52539-2023-106-AL presentado por Rolando Mita Jiménez contra Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental del mismo departamento, siendo resuelto en revisión por la SCP 0503/2025-S3 de 6 de junio, que concedió en parte la tutela solicitada respecto al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, únicamente por la demora en la remisión del caso ante el Juzgado de Instrucción “Primero” -siendo lo correcto Cuarto- de El Alto, que se hallaba de turno durante el receso de fin de año; sin disponer la remisión, por haber sido ya materializada; y, denegó respecto al Fiscal Departamental. Ahora bien, en la presente acción de defensa el accionante planteó dos actos lesivos, que serán analizados de forma individualizada. Respecto al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz De obrados que se hicieron referencia en líneas superiores, este Tribunal advierte que el accionante formuló una anterior acción de libertad contra la citada autoridad judicial y el Fiscal Departamental de La Paz, con el mismo argumento que ahora expone en el presente mecanismo tutelar, es decir que, demandaba que el expediente de su proceso penal que se sustanciaba en la localidad de Tapacari del departamento de Cochabamba, fue declinado por competencia territorial al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz, empero, la remisión al mismo no se efectivizó por el Presidente del citado Tribunal de Justicia demandado, bajo el justificativo de vacación judicial, problemática que en revisión por este Tribunal se dictó la SCP 0503/2025-S3 de 6 de junio, que concedió en parte la tutela solicitada respecto al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, únicamente por la demora en la remisión del caso ante el Juzgado de Instrucción Primero de El Alto; sin disponer la remisión por haber sido ya materializada. De lo que se concluye, que el impetrante de tutela con esta acción de defensa pretende que la justicia constitucional una vez más dilucide lo que ya fue resuelto por la SCP 0503/2025-S3, la cual ingresó al fondo de la problemática planteada y concedió en parte la tutela peticionada, que además fundamentó que la remisión del expediente del proceso penal instaurado contra el accionante ya se materializó su remisión al Juzgado de Instrucción Penal “Primero” -siendo lo correcto Cuarto- de El Alto, el cual se encuentra de turno durante las vacaciones judiciales; siendo así, que ya contaba con un juez natural que efectué el control jurisdiccional; por consiguiente, este aspecto provoca la improcedecia de esta acción de defensa, al evidenciarse, la identidad de objeto, sujeto y causa con calidad de cosa juzgada, no siendo posible por segunda vez examinar lo cuestionado en la vía constitucional cuando ya fue resuelto y el objeto procesal constitucional ya no existe, además actuar en contrario provocaría la transgresión al principio de seguridad jurídica, puesto que, se corre el peligro de pronunciar decisiones contradictorias entre una y otra acción de defensa, situación que generaría inseguridad en las determinaciones de la jurisdicción constitucional, ante ello, es aplicable el criterio jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Respecto al Juez, Secretaria y Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del señalado departamento de La Paz
El accionante denunció que no tenía conocimiento ante qué autoridad judicial dirigirse para pedir su salida judicial, toda vez que, los subalternos del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto se niegan a recepcionar sus escritos, situación que le imposibilita efectuar cualquier tipo de reclamo. En ese entendido, de acuerdo al informe oral efectuado por el Juez codemandado y de acuerdo al memorial que presentó el accionante el 14 de diciembre de 2022, ante el prenombrado en el que se apersonó, anunció nuevo patrocinio, informó medios alternativos de notificación y en el “Otrosí 1” solicitó salida judicial (fs. 28 a 31), que fue respondido por decreto de 15 del mismo mes y año, aduciendo por apersonado y ofíciese conforme al fin impetrado (fs. 31), se advierte que lo aseverado por el impetrante de tutela carece de verdad objetiva, ya que, este Tribunal evidenció que la autoridad judicial codemandada dictó el referido decreto dentro del plazo estipulado por el art. 132 inc. 1) del CPP; es decir, dentro de las veinticuatro horas de la interposición del escrito. De esa manera, el peticionante de tutela sí tenía conocimiento del juzgado y la autoridad judicial que ejercía el control jurisdiccional de su proceso penal, además recibió la respuesta formal y dentro de plazo legal al memorial que presentó; por consiguiente, la denuncia efectuada en este mecanismo tutelar no condice con los parámetros constitutivos de la acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho, la cual, exige para su procedencia que exista una dilación ilegal o indebida en la tramitación de requerimientos administrativos o judiciales que sean necesarios para resolver la situación jurídica de las personas que se encuentren privados de libertad, así explicado por el criterio constitucional mencionado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo denegar la tutela impetrada
En cuanto a la Secretaria y Auxiliar del indicado Juzgado, el accionante simplemente mencionó que se rehusaron a recibir sus memoriales, al respecto es preciso hacer mención a las Oficinas Gestoras de Procesos que fueron creadas por disposición el art. 56 Bis. de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Contra la Violencia Hacia Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que conforme al Protocolo de Actuación de las mismas, estipula que entre sus funciones esta la recepción física y digital de memoriales formulados por los sujetos procesales; en consecuencia, las funcionarias judiciales codemandadas no tienen las atribuciones de la recepción de escritos y otro tipo de documentación concerniente al proceso penal del solicitante de tutela, careciendo de legitimación pasiva, puesto que, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, refiere respecto a los servidores de apoyo judicial que: “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva…”, en ese entendido, las funcionarias judiciales codemandadas no transgredieron ningún derecho del accionante, se reitera, al no haber incurrido en alguna omisión o incumplimiento en sus deberes, ante ello, concierne denegar la tutela impetrada.
Por otra parte, este Tribunal constató de la revisión del Sistema de Gestión procesal, que el solicitante de tutela planteó dos acciones de libertad anteriores a ésta, en las que demandó la remisión de obrados del cuaderno procesal por razón de la declinatoria de competencia, la primera planteada contra la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba; y la segunda, contra el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y el Fiscal Departamental, con el mismo objetivo procesal constitucional, siendo esta última que le concedió la tutela en parte respecto a la dilación en la remisión de obrados al Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto, mismo que se encontraba de turno por la vacación judicial; sin embargo, el accionante volvió a interponer una acción de la igual naturaleza, exponiendo el mismo como acto lesivo; por consiguiente, con argumentos falaces y repetitivos volvió a activar innecesariamente de forma temeraria y maliciosa todo el aparato constitucional ante el Tribunal de garantías y en revisión a este Tribunal Constitucional Plurinacional, haciendo una utilización abusiva y malintencionada del mecanismo de protección de la acción de libertad, la cual fue instituida para la protección y restitución de los derechos de toda persona que se considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de su libertad personal; por todo lo expuesto, se llama la atención severamente al accionante y a sus abogados patrocinadores, para que actúen y se sometan de acuerdo a lo estipulado por la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, caso contrario si se vuelve a advertir la actuación maliciosa de los mismos, se remitirán antecedentes al Tribunal de Ética de la Abogacía con relación a los últimos prenombrados. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 329/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 34 a 36, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al fondo de la problemática planteada conforme a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional 2° Llamar la atención severamente al accionante y a los abogados patrocinadores de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
definitivo, que sumado a su vinculatoriedad y obligatoriedad, como cualidades intrínsecas de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, las protegen de ataques o cuestionamientos posteriores por cualquier medio o vía, inclusive la jurisdicción constitucional, toda vez que ni siquiera el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y resuelto en un fallo constitucional, mucho menos aún revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa juzgada constitucional; una actuación contraria lesionaría el principio de seguridad jurídica, a partir del riesgo de emitir fallos contradictorios, lo cual sin duda podría generar caos jurídico e incertidumbre en la labor del Supremo intérprete y guardián de la Constitución” (las negrillas son añadidas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0362_2026-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): bd14e22a476de78e6bdfc1a672b853e0427c9d090f8cb9b80d3c88bfdc23dab3
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