B.IA.LEGAL

SCP 0357/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
15 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
51983-2022-104-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derechos a la libertad, “seguridad jurídica”, al debido proceso, así como de los principios de celeridad e inmediatez; alegando que, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -demandada-, no emitió la providencia correspondiente a su solicitud de recusación por causal sobreviniente; toda vez que, la autoridad jurisdiccional sigue una acción penal contra Jorge Bernardo Quiroga Nava -abogado del accionante dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual-, por la presunta comisión de los delitos de difamación, calumnias e injurias; por consiguiente, ante el incumpliendo del plazo establecido en el art. 132 inc. 1) del CPP, obstaculizó su petición de una nueva audiencia de cesación a las medidas cautelares de carácter personal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución 15 de 19 de octubre de 2022, cursante de fs. 15 vta. a 16 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia;

2º CONCEDER la tutela solicitada en los mismos extremos establecidos por el Tribunal de garantías, a menos que la misma ya hubiese sido efectivizada; y,

3º Llamar la atención a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, exhortando a que cumpla y aplique las disposiciones legales, evitando dilaciones innecesarias que vulneren derechos fundamentales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales
  3. III.3. En cuanto al trámite de la recusación
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0357/2025-S3 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51983-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 15 de 19 de octubre de 2022, cursante de fs. 15 vta. a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Titirico Cordero en representación sin mandato de Luis Titirico Limachi contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de octubre de 2022, cursante de fs. 9 a 10 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra, por la supuesta comisión del delito de abuso sexual, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; el 6 de octubre de 2022, presentó memorial de recusación contra la autoridad jurisdiccional del citado Juzgado, en virtud a que, existe cierto interés de por medio en el proceso, debido a una causa penal que sigue la autoridad recusada contra su abogado dentro del proceso penal. Desde la fecha que presentó el memorial de recusación, hasta la interposición de la acción de libertad, la autoridad demandada no emitió la respectiva providencia; por lo que, incurrió en una demora de aproximadamente doce días, transgrediendo lo establecido en el art. 132 inc. 1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual enuncia: “…1) Dictará las providencias de mero trámite en plazo de veinticuatro horas de la presentación de los actos que las motivan” (sic); este acto vulneró su derecho al debido proceso, así como el principio de celeridad e inmediatez, siendo que, obstaculizó su petición de una nueva audiencia de cesación a las medidas cautelares de carácter personal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, “seguridad jurídica”, al debido proceso, así como de los principios de celeridad e inmediatez, en amparo de los arts. 13, 22, 23, 115 y 256 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, disponiendo que: a) La autoridad demandada providencie el memorial de recusación de 6 de octubre del 2022 y restablezca las formalidades legales respetando los derechos y principios enunciados; y, b) Se remitan antecedentes disciplinarios ante el Consejo de Magistratura para la apertura de un proceso por faltas graves.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 15, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 13.

I.2.2. Informe de la demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 19 de octubre de 2022, cursante a fs. 14 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) Cursa en el citado Juzgado el proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra el accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; el mismo faltó a la verdad al establecer que no se resolvió la solicitud de recusación, toda vez que, la Secretaria del Juzgado remitió el memorial a Despacho el 17 de octubre de 2022, motivo por el cual se expidió memorándum contra la funcionaria por la demora ocasionada; 2) La acción de libertad conforme el art. 125 de la CPE, procede cuando la persona es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad; en el presente caso, el impetrante de tutela se encuentra privado de su libertad mediante Resolución de 29 de abril de 2022, la cual fue confirmada por Auto de Vista de 29 de junio del mismo año; y, 3) El citado Juzgado no cuenta con Oficial de diligencias; por lo que, la Secretaria pese a estar habilitada, no puede cumplir con las notificaciones, debido a la carga procesal, siendo que es el único Juzgado de Warnes.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 15/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 15 vta. a 16 vta., concedió la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Se interpuso la acción de libertad, debido a que la autoridad demandada, no resolvió la recusación dentro del plazo establecido por ley, lo cual impidió que el accionante solicite una nueva audiencia de cesación de la detención preventiva; ii) La autoridad demandada informó que el memorial de recusación se presentó el 6 de octubre de 2022; empero, la Secretaria lo remitió el 17 del mismo mes y año al Despacho de la Jueza, motivo por el cual se emitió memorándum contra la funcionaria; así también, alegó que el imputado -accionante- se encuentra detenido por disposición de Resolución de una autoridad competente; por lo que, no existió una privación de libertad ilegal o indebida; y, iii) Al considerar el fondo de la acción de libertad planteada, se constató la vulneración del derecho al debido proceso y la libertad, toda vez que se demoró once días en resolver el memorial de recusación, incumpliendo el plazo establecido por ley; por lo tanto, la autoridad demandada al justificar la tardía remisión del memorial por parte de la funcionaria, no constituyó suficiente argumento relevante; puesto que, debió velar los derechos y garantías constitucionales.

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta querella -sello de cargo de recepción ilegible- por la comisión de los delitos de difamación, calumnias e injurias, interpuesto por Mary Ruth Guerra Martínez -ahora demandada- contra María Teresa Flores Aymoro, José Luis Paredes Sandoval y Jorge Bernardo Quiroga Nava -éste último es el abogado del impetrante de tutela dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual- (fs. 3 a 4 vta.). II.2. Mediante Auto de 11 de junio de 2018, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, se excusó por causal sobreviniente dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra María Teresa Flores Aymoro y José Luis Paredes Sandoval, por la supuesta comisión del delito de avasallamiento; toda vez que, fue admitida su denuncia -querella- de difamación, calumnias e injurias contra los ya mencionados y de Jorge Bernardo Quiroga Nava -abogado patrocinante del solicitante de tutela dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual- (fs. 5 y vta.). II.3. Por memorial de 6 de octubre de 2022 -sello de cargo de recepción ilegible-, Luis Titirico Limachi -accionante-, solicitó recusación por causal sobreviniente, alegando que, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -demandada-, instauró la acción penal por la presunta comisión de los delitos de difamación, calumnias e injurias contra Jorge Bernardo Quiroga Nava -abogado del accionante dentro del proceso penal de abuso sexual- y otros; a la citada fecha, dicho proceso se encontraba en etapa preparatoria de juicio oral; aseveró desconfiar de la imparcialidad de la autoridad demandada y la vulneración del derecho a ser juzgado por un juez imparcial (fs. 6 a 7).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derechos a la libertad, “seguridad jurídica”, al debido proceso, así como de los principios de celeridad e inmediatez; alegando que, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -demandada-, no emitió la providencia correspondiente a su solicitud de recusación por causal sobreviniente; toda vez que, la autoridad jurisdiccional sigue una acción penal contra Jorge Bernardo Quiroga Nava -abogado del accionante dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual-, por la presunta comisión de los delitos de difamación, calumnias e injurias; por consiguiente, ante el incumpliendo del plazo establecido en el art. 132 inc. 1) del CPP, obstaculizó su petición de una nueva audiencia de cesación a las medidas cautelares de carácter personal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0115/2024-S3 de 29 de abril, estableció que: «La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. El principio de celeridad en las actuaciones procesales

La SCP 0476/2021-S1 de 21 de septiembre, estableció que: «Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; A su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que:

“La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; Disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia» (las negrillas son nuestras).

III.3. En cuanto al trámite de la recusación

La SCP 0097/2025-S4 de 14 de marzo, estableció que: «Respecto al trámite de la recusación la SCP 0570/2023-S1 de 6 de junio, señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0622/2018-S2 de 8 de octubre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: Respecto al trámite y resolución de recusación, el art. 320 del CPP, establece que: ‘La recusación se presentará ante el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente’. (…) Posteriormente, el art. 320.I y II del CPP, fue modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-, en el siguiente tenor, estableciendo la oportunidad de su planteamiento: Artículo 320. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LA RECUSACIÓN). I. La recusación se presentará ante la o el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba pertinente. II. Si la o el Juez recusado admite la recusación promovida continuará el trámite establecido para la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento: ‘Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. El Tribunal Superior se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibidos los actuados, sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior, bajo responsabilidad. Si el Tribunal Departamental de Justicia acepta la recusación, reemplazará a la o el Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza, ordenará a la o el Juez que continúe con el conocimiento del proceso, quien no podrá ser recusada o recusado por las mismas causales. Cuando se trate de una o un Juez que integre un Tribunal, el rechazo se formulará ante el mismo Tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior’.

Asimismo, el art. 321.I y II del CPP, también fue modificado por el art. 8 de la Ley 586, señalando: ‘Artículo 321. (EFECTOS DE LA EXCUSA Y RECUSACIÓN). I. Producida la excusa o recusación, la o el Juez reemplazante no podrá suspender el trámite procesal; aceptada la excusa o la recusación, la separación de la o el Juez ser definitiva, aun cuando desaparezcan las causales que las determinaron. II. Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in limine cuando: 1. No sea causal sobreviniente; 2. Sea manifiestamente improcedente; 3. Se presente sin prueba; o 4. Habiendo sido rechazada, sea reiterada en los mismos términos’. En virtud a la SCP 0038/2012 y las últimas modificaciones citadas del Código de Procedimiento Penal, la SCP 0700/2015-S3 de 6 de julio, respecto al rechazo in limine de una recusación, señaló que, ante presentación de una de las cuatro causales previstas en el art. 321.II del CPP, la autoridad judicial deberá continuar con el conocimiento y resolución de la causa, sin que se vicien de nulidad los actos procesales posteriores; toda vez que, en caso de suspenderse la tramitación del proceso se dejaría sin control jurisdiccional y no se cumpliría con principio de celeridad, por ello la autoridad judicial recusada, dentro del plazo de veinticuatro horas de promovida la recusación -sin suspender el proceso-, debe elevar antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia, adjuntando el escrito de interposición de recusación y la decisión fundamentada de rechazo in límine”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, “seguridad jurídica”, al debido proceso, así como de los principios de celeridad e inmediatez; alegando que, Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -demandada-, no emitió la providencia correspondiente a su solicitud de recusación por causal sobreviniente; toda vez que, la autoridad jurisdiccional sigue una acción penal contra Jorge Bernardo Quiroga Nava -abogado del accionante dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de abuso sexual-, por la presunta comisión de los delitos de difamación, calumnias e injurias; por consiguiente, ante el incumpliendo del plazo establecido en el art. 132 inc. 1) del CPP, obstaculizó su petición de una nueva audiencia de cesación a las medidas cautelares de carácter personal. En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece que: La acción de libertad traslativa o de pronto despacho es el medio procesal idóneo para que las partes obtengan celeridad en sus trámites judiciales o administrativos cuando se incide en dilaciones innecesarias o indebidas; por lo que, todo administrador de justicia al momento de ejercer sus funciones esta supeditado en aplicar los principios establecidos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE. En relación al principio de celeridad en las actuaciones procesales enunciado en el Fundamento Jurídico III.2, establece que: De acuerdo a los arts. 178.I y 180.I de la CPE, la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en base a principios, estos principios son aplicados por intermedio de la jurisdicción ordinaria, de los cuales destacamos el principio de celeridad que, conforme el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ): “… 3. CELERIDAD. Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia” (sic). Conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 referente a la recusación de las autoridades judiciales, dispone que, una vez que se presentó el recurso de recusación, la Jueza o su personal de apoyo judicial, dentro del plazo de veinticuatro horas, debían remitir la documentación a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de un determinado distrito judicial, tal cual lo indica el art. 320.II del CPP, para que esta autoridad judicial proceda con la recusación sin interrumpir la tramitación del proceso, asimismo, para que se determine la competencia es necesario que exista el Auto o Decreto de Radicatoria de la recusación enviado por la autoridad judicial. En el caso en análisis, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio público contra Luis Titirico Limachi -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; el 6 de octubre de 2022, el impetrante de tutela presentó memorial de recusación contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, toda vez que, conforme se constató en obrados, cursa copia correspondiente a una querella por la comisión de los delitos de difamación, calumnias e injurias, interpuesta por la citada autoridad judicial contra Jorge Bernardo Quiroga Nava y otros, en la que, el querellado viene siendo el abogado patrocinante del ahora solicitante de tutela; bajo ese entendido, debido a este conflicto de intereses, se planteó la recusación a la autoridad demandada; empero, la misma no resolvió la petición dentro del plazo establecido, conforme dispone el art. 320 del CPP. En ese entendido y aplicando los lineamientos jurisprudenciales descritos supra, la autoridad demandada debió resolver la petición en cumplimiento al art. 320 y ss. del CPP, que establece: “ I. La recusación se presentará ante la o el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba pertinente. II. Si la o el Juez recusado admite la recusación promovida, continuará el trámite establecido para la excusa. …Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso…”; en el presente caso, se advirtió que dicho extremo no aconteció; toda vez que, conforme a obrados, el memorial de solicitud de recusación fue presentado el 6 de octubre de 2022 a horas 15:40, de acuerdo al sello de cargo de recepción de dicho Juzgado; no obstante, en su informe la autoridad demandada, mencionó que el citado memorial “…ha sido ingresado a despacho… en fecha 17 de octubre por la secretaria del juzgado…” (sic); de todo lo evidenciado, se estableció que la petición impetrada por el accionante, fue resuelta después de haber transcurrido once días; esta demora de tiempo impidió que el ahora solicitante de tutela solicite una nueva audiencia de cesación a las medidas cautelares de carácter personal -encontrándose aquello vinculado a su libertad y a la revisión de su situación jurídica-; por lo que, se atribuye la vulneración de los principios de celeridad e inmediatez relacionada con los derechos a la libertad, “seguridad jurídica” y al debido proceso del accionante; por consiguiente, corresponde conceder la tutela demandada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución 15 de 19 de octubre de 2022, cursante de fs. 15 vta. a 16 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia;

2º CONCEDER la tutela solicitada en los mismos extremos establecidos por el Tribunal de garantías, a menos que la misma ya hubiese sido efectivizada; y,

3º Llamar la atención a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, exhortando a que cumpla y aplique las disposiciones legales, evitando dilaciones innecesarias que vulneren derechos fundamentales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0357_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4564b9223b55ea2ff7fc50b6dc25781a43e01fdd7aadbb0840d52d59fbed59bb

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →