Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de residencia permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, a la dignidad y a la libertad “…de las personas por ser inviolables, y el deber del Estado respetarlas y protegerlas…” (sic), al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente; a la igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso y el derecho inviolable a la defensa; y, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; puesto que, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; en virtud de ello, presentó un memorial solicitando audiencia de cesación de su detención preventiva, la cual fue fijada para el 10 de mayo de 2023, a las 8:30 horas; sin embargo, en esa fecha la Jueza hoy accionada suspendió dicha audiencia de manera directa, a pesar de solicitar cinco minutos de tolerancia ante el retraso de su defensa técnica, siendo arbitrario el accionar de la referida Jueza; ya que, sin escuchar lo manifestado por su persona suspendió la misma de manera simple y llana. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La solicitud de cesación de la detención preventiva, el señalamiento y suspensión de audiencia; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 28/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0341/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55676-2023-112-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 28/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Castro Guarayo en representación sin mandato de Milán Choque Cala contra Mary Cloty Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 3 a 4 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Milán Choque Cala -accionante-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro. Ante su solicitud de audiencia de cesación de su detención preventiva, la misma fue señalada para el 10 de mayo de 2023, a las 8:30 horas; posteriormente en esa fecha, la Jueza hoy accionada suspendió la referida audiencia de manera directa, a pesar de solicitar cinco minutos de tolerancia; ya que, su defensa técnica se encontraba “subiendo”; sin embargo, el accionar de dicha Jueza fue arbitraria y sin escuchar lo manifestado por su persona, suspendió la mencionada audiencia de manera simple y llana; por lo que, planteó el presente “recurso” -acción de libertad-.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, a la dignidad y a la libertad “…de las personas por ser inviolables, y ser deber del Estado respetarlas y protegerlas…” (sic), al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente; a la igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso y el derecho inviolable a la defensa; y, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; citando al efecto los arts. 21.7, 22, 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene a la Jueza ahora accionada señale nueva audiencia de cesación de su detención preventiva dentro del plazo que señala la ley.
Celebrada la audiencia pública el 11 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 25, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Debe considerarse el principio esencial de informalidad que rige la acción de libertad, en virtud del cual no corresponde exigir el cumplimiento estricto del principio de subsidiariedad, dado que la naturaleza jurídica de esta acción de defensa se encuentra orientada a la protección inmediata del derecho a la libertad; b) La acción de libertad debe tramitarse bajo parámetros de celeridad y rapidez, conforme a lo establecido por los arts. 125, 126 y 127 de la CPE, en concordancia con los arts. 42, 43 y 44 del Código Procesal Constitucional (CPCo); c) Durante el desarrollo del proceso penal, solicitó a la Jueza hoy accionada que espere cinco minutos antes de instalar la audiencia de cesación de su detención preventiva; sin embargo, dicha Jueza no accedió a su petición, señalando de acuerdo al Informe presentado el 11 de mayo de 2023, que la Jueza ahora accionada le indicó que debía plantear un recurso de reposición, a pesar de que el trámite de cesación de su detención preventiva reviste especial importancia y debe resolverse dentro del plazo perentorio de tres días; y, d) A criterio del accionante, la negativa de la mencionada Jueza al considerar su solicitud y la exigencia de plantear un recurso de reposición, fueron exigencias que vulneraron su derecho a la libertad; ya que, contraviene los principios de celeridad y eficacia que caracterizan al trámite de la acción de libertad. Asimismo, expresó “…planteo mi recurso de reposición hoy día mañana sale la respuesta, quien sabe si el lunes van a señalar nueva audiencia y será seguro para el miércoles o jueves, por eso sería necesario analizar su autoridad…” (sic).
Mary Cloty Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 11 de mayo de 2023, cursante a fs. 22, manifestó que: 1) El accionante no identificó qué tipo de acción de libertad presentó, si correctiva o de pronto despacho; puesto que, su persona debe tomar en cuenta lo establecido por el art. 47 del CPCo, respecto a la procedencia de la acción de libertad “ʽSu vida está en peligro, esta ilegalmente perseguido, esta indebidamente procesada, esta independientemente privada de libertad personal”ʼ (sic); 2) Pudo evidenciar conforme a los antecedentes del pliego acusatorio remitido ante su autoridad, que en la audiencia de cesación de la detención preventiva señalada para el 10 de mayo de 2023, a las 8:30 horas, se convocó e instaló en la hora señalada, encontrándose presente solamente el acusado -accionante- sin su defensa técnica, tal como consta en el acta y aun habiéndose demorado el informe de la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, y la concesión de la palabra al accionante sin su defensa técnica, es que se procedió a la suspensión simple y llanamente a las 8:34 horas, no se vulneró ningún derecho del accionante, “…no siendo la primera vez que la defensa técnica llega…” (sic); y, 3) El accionante no utilizó el recurso que la ley le “prevé” como ser el recurso de reposición a efectos de agotar el principio de subsidiariedad conforme dispone la amplia jurisprudencia constitucional; por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada.
“Felipe” Camacho Mamani Fiscal de Materia, en audiencia, manifestó que: i) Escuchó atentamente la fundamentación del accionante, lamentando que el nombrado desconozca la naturaleza jurídica de la acción de libertad y sus tres vertientes; además, existe abundante jurisprudencia constitucional que respalda la exigencia del agotamiento del principio de subsidiariedad, el cual constituye un presupuesto esencial para la procedencia de esta acción de defensa. En ese contexto, el accionante, conforme a lo previsto por el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pudo formular el recurso de reposición contra el decreto de 10 de mayo de 2023, que dispuso la suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva; ii) El accionante no precisó claramente qué tipo de acción de libertad interpuso, incumpliendo los fines establecidos por el art. 47 del CPCo; así también, el petitorio del memorial de la acción de libertad no se enmarca en ninguno de los cuatro numerales contemplados por el citado artículo, lo que evidencia una deficiencia formal y sustancial en la interposición de la presente acción de defensa; y, iii) Pidió que se deniegue la tutela solicitada, al no cumplirse con los presupuestos exigidos por ley, ni con la naturaleza que caracteriza a la acción de libertad; por lo que, el accionante debió agotar previamente las instancias procesales ordinarias antes de acudir a la jurisdicción constitucional, con la finalidad de evitar el uso indebido de esta acción de defensa.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 28/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 26 a 29, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Sobre los hechos denunciados el accionante alegó haber pedido la cesación de su detención preventiva en la audiencia que fue señalada el 10 de mayo de 2023, a las “8:00” horas; sin embargo, debido a la incomparecencia de su defensa técnica, la Jueza ahora accionada dispuso la suspensión de manera simple y llana. Ese hecho, según el accionante, vulneró su derecho a la defensa; ya que, pidió a la Jueza hoy accionada esperar cinco minutos; empero, la misma no fue atendida; b) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional conforme se tiene del decreto de 4 de mayo de 2023, cursante a “(fojas 52) de obrados”, se verificó que la audiencia de cesación de la detención preventiva fue efectivamente señalada para el 10 de mayo de 2023, a las 8:30 horas, oportunidad en la que “…concede el uso de la palabra al Señor Milan con respecto a su defensa técnica, Milán Choque, quien refiere en este momento mi abogado, creo que tiene retraso en audiencia, entonces será que puede esperar 5 minutos, por favor, a esto la Autoridad Jurisdiccional, indica ‘Se tiene presente…”’ (sic); c) Asimismo, se constató que el Fiscal de Materia y la defensa técnica fueron debidamente notificados; empero, no comparecieron a la citada audiencia, motivo por el cual la Jueza hoy accionada procedió a suspenderla simple y llanamente. Por lo mencionado, refiere que no alegó los arts. 401 y 402 del CPP, referidos al recurso de reposición, y que ya hubiese planteado “…el recurso de reposición en fecha lunes 8 de mayo de 2023, donde de acuerdo a aquel Auto Interlocutorio, se tiene en cuanto al rechazo del recurso de reposición planteada por parte del Sr. Milan Choque Cala…” (sic); d) El accionante alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa con el actuar de la Jueza ahora accionada; sin embargo, del análisis del cuaderno de control jurisdiccional no se evidencia la configuración de tales vulneraciones; puesto que, la suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, se debió a la incomparecencia de la defensa técnica del nombrado, circunstancia que no puede ser atribuida a la Jueza hoy accionada, y en apoyo a esa decisión, se citaron al respecto los arts. 113.I y II del citado Código, que establecen que las audiencias deben realizarse con la presencia de las partes procesales, salvo las excepciones previstas por ley. Asimismo, hizo referencia a los arts. 239 y ss. del referido Código, indicando que la “tolerancia de plazo” reclamada por el accionante no se encuentra regulada en dicha norma; e) El art. 47 del CPCo, dispone que la acción de libertad procede cuando cualquier persona considere que su vida se encuentra en peligro, sea ilegalmente perseguida o indebidamente privada de libertad. En el presente caso, el accionante no demostró que se configuraron algunas de esas causales, limitándose a alegar una supuesta afectación a su derecho a la defensa, sin acreditar restricción alguna a su libertad personal; y, f) La defensa técnica del accionante no acudió al llamado de la Jueza hoy accionada, ni cumplió adecuadamente sus funciones, al no asistir a la audiencia de cesación de su detención preventiva, ni garantizar un patrocinio efectivo en un trámite de especial relevancia como es la cesación de la detención preventiva, en la cual las partes procesales fueron notificadas con la debida antelación y ante cualquier eventualidad pueda ser representada para que dicha Jueza considere dichos parámetros.
En vía de aclaración, complementación y enmienda el accionante a través de su representante sin mandato, solicitó al Juez de garantías aclare respecto al tema del principio de subsidiariedad referente a que si es obligatorio en ese tipo de audiencias, considerando la naturaleza y rapidez de la cesación de su detención preventiva. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías señaló que, tratándose de una acción de libertad, no resulta exigible agotar el principio de subsidiariedad, debido a la característica de inmediatez que la distingue. No obstante, advirtió que dicha interpretación deberá ser revisada y verificada por la jurisdicción constitucional, conforme a sus competencias, estando el análisis de fondo de la problemática planteada en el ámbito de su conocimiento.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por decreto de 4 de mayo de 2023, emitido por Mary Cloty Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro -hoy accionada-, quien señaló audiencia de cesación de la detención preventiva de Milán Choque Cala -ahora accionante- para el 10 de igual mes y año, a las 8:30 horas (fs. 2).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de residencia permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, a la dignidad y a la libertad “…de las personas por ser inviolables, y el deber del Estado respetarlas y protegerlas…” (sic), al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente; a la igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso y el derecho inviolable a la defensa; y, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; puesto que, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; en virtud de ello, presentó un memorial solicitando audiencia de cesación de su detención preventiva, la cual fue fijada para el 10 de mayo de 2023, a las 8:30 horas; sin embargo, en esa fecha la Jueza hoy accionada suspendió dicha audiencia de manera directa, a pesar de solicitar cinco minutos de tolerancia ante el retraso de su defensa técnica, siendo arbitrario el accionar de la referida Jueza; ya que, sin escuchar lo manifestado por su persona suspendió la misma de manera simple y llana. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La solicitud de cesación de la detención preventiva, el señalamiento y suspensión de audiencia; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0843/2025-S1, que cita a su vez a la SCP 0702/2021-S1 de 24 de noviembre, señala que: “Conforme al Código de Procedimiento Penal, entre las causales para solicitar la cesación de la detención preventiva, se encuentran los numerales 1, 2, 3 y 4 del art. 239 del CPP; norma modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que en el art. 11, detalla las modificaciones e incorporaciones efectuadas, entre los que se encuentra el art. 239 del CPP, el cual fue complementado por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019- a través de su art. 2.III, que establece:
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina. Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
Conforme establece la norma legal precitada, el trámite de la solicitud de cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal invocada; por una parte, respecto a las causales consignadas en los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, su resolución debe efectuarse en audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas; en cambio, los pedidos fundados en las causales 3 y 4 del citado artículo; son resueltas sin audiencia, ya que dentro de las veinticuatro horas de la presentación de la solicitud, la misma se correrá en traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas; y, con o sin contestación, debe resolverse dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.
Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Con relación a suspensión de audiencia de consideración de medidas cautelares, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0843/2025-S1, citando a su vez a la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, establece que: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: ‘La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- pues, el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.
En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:
…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.
Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto.
Por consiguiente, debe entenderse que si bien la detención preventiva es dispuesta por una autoridad judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el Juez o Tribunal no responden dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R”.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de residencia permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, a la dignidad y a la libertad “…de las personas por ser inviolables, y el deber del Estado respetarlas y protegerlas…” (sic), al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y transparente; a la igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso y el derecho inviolable a la defensa; y, a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; puesto que, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro; en virtud de ello, presentó un memorial solicitando audiencia de cesación de su detención preventiva, la cual fue fijada para el 10 de mayo de 2023, a las 8:30 horas; sin embargo, en esa fecha la Jueza hoy accionada suspendió dicha audiencia de manera directa, a pesar de solicitar cinco minutos de tolerancia ante el retraso de su defensa técnica, siendo arbitrario el accionar de la referida Jueza; ya que, sin escuchar lo manifestado por su persona suspendió la misma de manera simple y llana. De la revisión de antecedentes, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el nombrado se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de Oruro y habiendo solicitado a la Jueza hoy accionada audiencia de cesación de su detención preventiva, en virtud a ello, mediante decreto de 4 de mayo de 2023, la referida Jueza señaló audiencia para el 10 de igual mes y año, a las 8:30 horas (Conclusión II.1.). En ese contexto, de lo mencionado en la audiencia de consideración de esta acción de libertad, el Informe presentado por la Jueza ahora accionada, y de la Resolución 28/2023 emitida por el Juez de garantías, establecen que la audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante, fue efectivamente instalada en la fecha y hora señalada. En esa oportunidad se concedió el uso de la palabra al nombrado, quien solicitó una tolerancia de cinco minutos ante el retraso de su defensa técnica; en ese sentido, la Jueza hoy accionada tomó conocimiento de esa solicitud; empero, transcurridos cuatro minutos sin la presencia de su abogado defensor, procedió a suspender dicha audiencia de manera directa, tal como lo señaló en su Informe presentado el 11 de mayo de 2023, sin que fuera refutado por el accionante. Efectuada esa aclaración, el accionante sostiene que la suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva habría sido arbitraria, vulnerando sus derechos; sin embargo, del análisis integral de los antecedentes, no se advierte la configuración de tales transgresiones; puesto que, dicha suspensión obedeció a la incomparecencia de su defensa técnica, circunstancia que no resulta atribuible a la Jueza ahora accionada. Por el contrario, dicha determinación se encuentra respaldada en lo dispuesto por el art. 113.I y II del CPP, que establece la necesidad de la presencia de las partes procesales para la válida instalación de las audiencias, salvo las excepciones expresamente previstas por ley; puesto que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional; se tiene que, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido; no obstante, corresponde precisar que la alegada “tolerancia de plazo” respecto al contenido del art. 239 del CPP, invocada por el accionante carece de sustento normativo; además, se evidencia que la defensa técnica del nombrado no acudió al llamado de la autoridad judicial ni desplegó una actuación diligente, al no asistir a la audiencia de cesación de la detención preventiva ni garantizar un patrocinio efectivo en un trámite de particular relevancia de la situación jurídica del accionante. Esa omisión no puede ser atribuida a la Jueza hoy accionada, más aun cuando las partes procesales fueron notificadas con la debida antelación, contando con la posibilidad de hacer conocer cualquier impedimento oportunamente, a efectos de que la autoridad judicial valore dichas circunstancias conforme a derecho.
En ese sentido, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, se tiene que, “…la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida…” (SCP 0843/2025-S1). En consecuencia, se advierte que la Jueza hoy accionada actuó en estricto apego a la normativa procesal vigente; ya que, efectuó el señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva dentro de los plazos legalmente establecidos, procediendo a su instalación en el día y hora fijado; así como, a otorgar un margen de espera razonable ante la incomparecencia de la defensa técnica del accionante. Tal proceder evidencia una conducta diligente y respetuosa de las garantías procesales, sin que se configure actuación arbitraria, caprichosa o contraria a los principios que informan el debido proceso.
En ese entendido, no se verifica lesión alguna a los derechos alegados por el accionante que justifique la activación de la jurisdicción constitucional a través de la presente acción de libertad; por consiguiente, al no haberse acreditado la concurrencia de los presupuestos materiales y procesales que habiliten un pronunciamiento de fondo sobre la problemática planteada, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 28/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0341_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): adc43c0466c36408a617dfa4574a14e9b188a8f9379ccfb65e23e23c416f7973
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