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SCP 0340/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
48861-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

Los impetrantes de tutela a través de sus representantes sin mandato, denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, así como a la defensa y a la seguridad jurídica; toda vez que, la Jueza demandada el 23 de junio de 2022, dispuso su detención preventiva, a pesar de que la normativa penal refiere que para el delito por el que fueron imputados no es factible la aplicación de la medida extrema; por otro lado, ante la formulación del recurso de apelación incidental en la misma audiencia, la autoridad demandada incurrió en dilación, por cuanto hasta la interposición de la presente acción de defensa –1 de julio del mismo año– no hubiese remitido el recurso ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, a través de la acción de libertad innovativa, sin disponer actuación alguna, al haberse cumplido aunque de manera tardía con la remisión del recurso de apelación, exhortando a la autoridad judicial hoy demandada, que en casos futuros con situaciones similares, actúe conforme a la norma adjetiva penal y a la jurisprudencia constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto a las posibles lesiones incurridas por el Juez a quo a momento de determinar la detención preventiva de la parte accionante; toda vez que, incurrieron en activación paralela de jurisdicciones.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad innovativa
  3. III.3. La activación paralela de jurisdicciones en el trámite de apelación incidental de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0340/2024-S4 Sucre, 17 de julio de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 48861-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rene Sauciri Choque, Luis Rene Alejandro Sauciri Urrelo y Mónica Gabriela Hinojosa Sardán en representación sin mandato de Benjamín Porco Arias y José Luis Mamani Rocha contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de julio de 2022, cursante de fs. 27 a 28; los accionantes a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito falsificación de sellos, papel sellado y timbres, previsto y sancionado por el art. 190 del Código Penal (CP), signado con el Código Único (CU) 701102012108448, FIS SCZ 1149/2021 se inició el 13 de octubre 2021 y, el control jurisdiccional estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción Penal Décimo Tercero –se comprende de la Capital del departamento de Santa Cruz–; posteriormente, el 1 de febrero 2022 se presentó imputación formal por el ilícito precitado; luego, el 17 de mayo del mismo año, se instaló la audiencia de consideración de medidas cautelares, motivo por el cual intervino Fiscal de Materia, Feliz Gerardo Balderas Arteaga, que al igual que su similar antecesor, Julio Cesar Porras Velarde, de conformidad a los arts. 233.1 y 232.6 –se colige del Código de Procedimiento Pena (CPP)– requirió la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, dicha audiencia fue interrumpida por fuerza mayor y reinstalada el 23 de junio de similar año; consecuentemente, correspondía únicamente que la defensa técnica y defensa material haga uso de la palabra; empero, de forma arbitraria, nuevamente la representación del Ministerio Público, en este caso Nancy Carrasco Daza Fiscal de Materia, intervino y solicitó la aplicación de la detención preventiva, modificando lo expuesto por Julio Cesar Porras Velarde, Fiscal de Materia que estuvo a cargo de la etapa investigativa y ratificado por Feliz Gerardo Balderas Arteaga; en tal sentido, la autoridad jurisdiccional –hoy demandada– determinó la imposición de la detención preventiva, transgrediendo lo previsto en los arts. 22 y 23.1 de la Constitución Política del Estado (CPE) habida cuenta que fue producto de un acto procesal irregular, ya que no se anuló la intervención fiscal y los actos procesales de la audiencia de 17 de mayo; además que la Resolución emitida –el 23 de junio de 2022– por Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz, careció de estructura, coherencia, motivación y fundamentación jurídica; y, en la misma data concedió la apelación incidental formulada contra dicha resolución que fue ratificada a través del memorial de 27 del mes y año citados precedentemente; sin embargo, habiendo transcurrido más de siete días, se incumplió el plazo establecido en el art. 251 de la Ley 1173 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 3 de mayo de 2019–, motivo por el cual, interponen la presente acción de libertad traslativa o de pronto despacho, además en su modalidad correctiva y reparadora, por cuanto se debe corregir la actuación ilegal de los Fiscales de Materia en la audiencia de medidas cautelares que expusieron criterios diferentes a pesar que representan a la misma unidad funcional del Ministerio Público, además que la autoridad jurisdiccional debió apercibir, enderezar, corregir procedimiento, dando seguridad jurídica y administrando el debido proceso legal en su vertiente a la igualdad efectiva de las partes, la inviolabilidad de la defensa, la tutela judicial efectiva, la garantía de la presunción de inocencia y el derecho a la libertad de locomoción.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela, denunciaron la lesión de sus derechos, a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, así como a la defensa y a la seguridad jurídica, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se anule las actas de audiencia de medidas cautelares de fecha 17 de mayo y 23 de junio ambos de 2022, debiendo reinstalarse inmediatamente dicho acto procesal por contravenir el art. 169.3 del CPP y los arts. 115.I y II, 180.I y II concordante con los arts. 13, 22, 23, 113, 108, 109, 110, 256 y 410 de la CPE; y, b) Se ordene su inmediata libertad, en razón a que la actuación de la autoridad demandada no se enmarca en la ley, resultando un acto arbitrario e ilegal atentatorio a su derecho de libertad de locomoción.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 2 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 43 vta., presente la parte solicitante de tutela acompañado de su abogado, así como la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela, ratificó in extenso el contenido de su memorial de demanda de acción de libertad; y ampliando la misma, señaló lo siguiente: 1) En el presente caso se cometieron una serie de irregularidades que afectan al proceso, al derecho de “conmoción” y, a su libertad, por cuanto se encuentran detenidos de forma arbitraria e ilegal, con una medida cautelar que no corresponde el presente caso; 2) No fue demostrada la adecuación de su conducta al tipo penal; además, que a criterio de la juzgadora hoy demandada, ese tipo penal no ameritaba la medida extrema por estar dentro de las causales de improcedencia de la detención preventiva; 3) La retardación es otro punto de la presente demanda, ya que el oficio de remisión del cuaderno procesal ante el Tribunal de alzada pudo realizarse con fecha retrasada ya que no consta que se haya remitido la apelación; es más, el 30 de junio –se comprende de 2022– a última hora el expediente continuaba en el Juzgado; y, “ayer era primero” no se remitió a la Sala Penal Segunda, es posible que haya sido sorteado, pero existe mucha negligencia; 4) La Jueza demandada además de retrasar la audiencia de medidas cautelares, no tuvo el cuidado de aplicar el debido proceso en la intervención de las partes procesales; ya que instalada la audiencia de consideración de medidas cautelares el 17 de mayo de 2022 a las 11:30 “que consta de fs. 2 y siguiente en el cuaderno constitucional a fs. 3 y siguiente” (sic) Gerardo Banderas Fiscal de Materia, indicó que en el caso no procedía la medida de detención preventiva conforme lo dispuesto por el art. 232.6 de la nueva Ley 1876; por tanto, impetró medidas sustitutivas como la presentación periódica, arresto domiciliario y fianza; luego, dicha audiencia por extraña razón fue suspendida y se reinstaló el 23 de junio de la misma gestión, en cuya oportunidad correspondía únicamente la intervención directamente de la defensa, por cuanto el Ministerio Público ya había intervenido pero la Jueza a las 10:30 reinstaló la audiencia y le cedió el uso de la palabra nuevamente, Nancy Carrasco Daza Fiscal de Materia, quien solicitó la imposición de la detención preventiva cuando ésta no procedía; empero, la autoridad demandada dispuso la aplicación de la medida extrema; y, habiéndose formulado apelación incidental, en la misma data fue concedida por la Jueza; 5) Habiendo formulado apelación incidental el 23 de junio de 2022, hasta la interposición de la presente acción de defensa 1 de julio del mismo año, los antecedentes no fueron remitidos ante el Tribunal de alzada; a pesar de que el plazo previsto en la norma prevé veinticuatro (24) horas; 6) Hubo una flagrante lesión a lo dispuesto en los arts. 22 y 23.I de la CPE, porque no ameritaba la detención preventiva, entonces dicha privación de libertad fue ilegal, arbitraria e inconstitucional, por lo que corresponde la acción de libertad en su modalidad instructiva, para que cuando no proceda la detención preventiva, las autoridades jurisdiccionales no apliquen arbitrariamente la medida extrema; y, 7) Se debe poner en conocimiento del Fiscal de Materia de anticorrupción para que investigue cuáles fueron las razones por las que se incurrió en los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz, mediante oficios de 24 de junio y 1 de julio de 2022, cursante de fs. 39 a 40, hizo conocer al Juez de garantías que, el –30 de junio de igual año–, remitió a la Sala Penal Segunda –se comprende del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz– la apelación formulada; y en audiencia, refirió: i) Ratificarse en el informe presentado, respecto a que la apelación fue remitida dos días atrás –30 de junio de 2022–, motivo por el cual presentó el cargo respectivo; ii) Debe considerarse el principio de subsidiariedad, ya que el Juez de garantías no puede suplir los aspectos que tendrían que ser recurridos ante un Tribunal de alzada; y, iii) Está pendiente el pronunciamiento del Tribunal de alzada, por cuanto el recurso de apelación incidental fue remitió para su resolución.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, constituido Juez de garantías, mediante Resolución 12/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 44 a 47, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes argumentos: a) Se debe tomar en cuenta la remisión de apelación de medida cautelar; b) Véase que el Tribunal Constitucional Plurinacional se refirió sobre la sustracción de la materia y el objeto procesal; motivo por el cual, se tiene la imposibilidad de que el Tribunal de garantías analice la problemática plateada; toda vez que, el hecho reclamado fue corregido y cumplido, por lo que resultaría ilógico se conceda tutela impetrada, situación plasmada en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0689/2020-S3 es de 14 de octubre; c) La presente demanda constitucional fue puesta en su conocimiento el 1 de julio a las 10:00 a.m. y, en el presente caso también se formuló la apelación incidental; en tal sentido, la autoridad –hoy demandada– remitió la apelación de la medida cautelar el 30 de junio de 2022; es decir, antes de la interposición de la presente acción, por lo que concluyó como ilógico el objeto procesal de la vía constitucional; y, d) Respecto al segundo punto, que la presente acción de defensa vendría a ser reparadora o correctiva; invocó nuevamente el principio de subsidiariedad, ya que la improcedencia de detención preventiva, fue planteado como un fundamento –se comprende de la apelación– del abogado defensor y de la autoridad demandada; inclusive se le solicitó la complementación y enmienda sobre la improcedencia de la detención preventiva y la autoridad demandada reiteró ese aspecto; en tal sentido, al haberse remitido la apelación de medidas cautelares en el 30 de junio de 2022, existe el elemento de la subsidiariedad, ya que no es posible activar dos jurisdicciones simultáneamente o de manera paralela.

En el marco de la aclaración, la parte accionante impetraron al Juez de garantías pronunciarse respecto a la dilación innegable en el envío de la apelación incidental al Tribunal de alzada. Al respecto, el Juez de garantías, reiteró el fundamento de improcedencia de la acción de libertad por sustracción de materia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: II.1. Del oficio de 24 de junio de 2022, suscrito por Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz – ahora demandada–, se conoce que la apelación incidental formulada el –23 de junio– siendo lo correcto 27 de junio de 2022 (fs. 26 y vta.) dentro del caso de autos, fue remitida a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; así mismo, se advierte que en la parte inferior derecha del documento precitado, consta el cargo de recepción, habiendo sido recibido el 30 de junio de 2022 por el Secretario de Cámara de la prenombrada Sala Penal (fs. 40). II.2. Cursa la carátula de recepción del Sistema Integrado de Registro Judicial, por la que se evidencia que la presente acción de libertad fue presentada en plataforma de atención del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 1 de julio de 2022 a las 09:07 (fs. 28).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela a través de sus representantes sin mandato, denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, así como a la defensa y a la seguridad jurídica; toda vez que, la Jueza demandada el 23 de junio de 2022, dispuso su detención preventiva, a pesar de que la normativa penal refiere que para el delito por el que fueron imputados no es factible la aplicación de la medida extrema; por otro lado, ante la formulación del recurso de apelación incidental en la misma audiencia, la autoridad demandada incurrió en dilación, por cuanto hasta la interposición de la presente acción de defensa –1 de julio del mismo año– no hubiese remitido el recurso ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, determinó que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad innovativa

La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, refiriéndose a la acción de libertad innovativa, señaló que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas nos corresponden).

III.3. La activación paralela de jurisdicciones en el trámite de apelación incidental de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0044/2018-S4 de 13 de marzo, al respecto sostuvo que: “En situaciones en las cuales la parte accionante acudió a la vía constitucional impugnando la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional, estando pendiente la resolución del recurso de apelación incidental que hubiera interpuesto en su defensa, este Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que: ‘Las vulneraciones denunciadas por el ahora accionante, deben ser consideradas, valoradas y resueltas necesariamente por el Tribunal de apelación, siendo que la justicia constitucional no puede emitir resoluciones paralelas ni contrapuestas a la justicia ordinaria, por lo que no es posible ingresar al análisis de fondo de la causa’ (SCP 0400/2012 de 22 de junio). Bajo ese entendimiento, la SCP 1429/2012 de 24 de septiembre, en un caso en el que el accionante interpuso, por una parte, recurso de apelación incidental y, por otra, la acción de libertad, activando tanto la vía ordinaria como la constitucional, denegó la tutela sin ingresar al análisis de fondo de dicha problemática, estableciendo que: «…se pretendió activar de forma paralela las vías de defensa previstas en el ordenamiento jurídico, lo cual no puede ser permitido. Además de revisar los mecanismos legales efectivos y activados por el representante del accionante, se puede colegir que la apelación incidental planteada aún se encuentra pendiente de Resolución y antes de que se resuelva su situación jurídica a través de la vía ordinaria, este no puede acudir de manera simultánea a la vía constitucional» señalando además que: ‘…la acción de libertad puede ser interpuesta una vez agotados los mecanismos intraprocesales existentes en la vía ordinaria sin que exista recurso pendiente de resolución y cuando no se ha corregido los derechos denunciados como vulnerados…’” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante a través de sus representantes sin mandato, denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación, así como a la defensa y a la seguridad jurídica; toda vez que, la Jueza demandada el 23 de junio de 2022, dispuso su detención preventiva, a pesar de que la normativa penal refiere que para el delito por el que fueron imputados no es factible la aplicación de la medida extrema; por otro lado, ante la formulación del recurso de apelación incidental en la misma audiencia, la autoridad demandada incurrió en dilación, por cuanto hasta la interposición de la presente acción de defensa –1 de julio del mismo año– no hubiese remitido el recurso ante el Tribunal de alzada. En virtud a los antecedentes que ilustran el expediente remitido en revisión, se conoce que Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz –ahora demandada–, , mediante oficio de 24 de junio de 2022, envió a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, el recurso de apelación incidental incoado el 23 de junio del mismo año; por otro lado, es menester aclarar que en la parte inferior derecha del oficio citado supra, figura el cargo de recepción, de donde se conoce que, fue recibido por el Secretario de Cámara de la prenombrada Sala Penal el 30 de junio de 2022 (Conclusión II.1). Así mismo, como parte de los antecedentes del expediente remitido en revisión, se tiene la carátula de recepción del Sistema Integrado de Registro Judicial, que cursa en la Conclusión II.2, por el que se constata que la presente acción tutelar fue presentada en plataforma de atención del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 1 de julio de 2022 a las 09:07; y, según se advierte en la misma carátula consta el cargo de recepción del Juzgado de Sentencia Penal Segundo del mismo departamento, que actuando como Juzgado de garantías, recibió la presente causa en la misma data; aspecto que vislumbra que el Juez de garantías conoció la presente acción de defensa un día después del envió del recurso de apelación ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; es decir, que en el presente en efecto existió una dilación evidente, puesto que, el recurso de apelación recién fue remitido después de siete días de haber sido presentado, lo que implica un franco incumplimiento al trámite estatuido en el art. 251 del CPP, que dispone que la remisión del recurso de apelación debe ser efectuada dentro del plazo de veinticuatro horas. Consiguientemente, al haberse advertido que en el caso de autos la autoridad demandada, incurrió en una demora injustificada en la remisión del recurso de apelación de los impetrantes de tutela, actuado procesal que analizará la situación jurídica del imputado, es evidente la inobservancia del principio de celeridad en el contexto del derecho al debido proceso; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada a través de la acción de libertad innovativa y que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se constituye en el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, aun cuando estos hubieren cesado, esto con el fin de evitar lesiones sucesivas causadas por acciones u omisiones similares; ya sea, de parte de agentes públicos como de personas particulares; ello, con el propósito de procurar que en el futuro estos actos dilatorios no vuelvan a repetirse. Por otra parte, los impetrante de tutela refirieron que la autoridad hoy demandada dispuso su detención preventiva, a pesar que la ley adjetiva penal, prevé que para el delito por el que fueron imputados no admiten la aplicación de la medida extrema. Al respecto, es menester señalar que, si bien lo manifestado por los ahora solicitante de tutela resulta ser un tópico de relevancia, no es menos cierto que en el caso de autos, los propios accionantes formularon apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 23 de junio de 2022 que dispuso su detención preventiva y que dicho recurso fue remitido ante el Tribunal de alzada, que a la fecha de interposición de la presente acción de libertad aún no fue resuelto; consiguientemente, se activa lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, habida cuenta que los impetrante activaron la acción de libertad, encontrándose pendiente de resolución su recurso de apelación incidental que hubiera interpuesto en su defensa de manera paralela; motivo por el cual, no es posible ingresar al análisis de las alegaciones formuladas por los solicitantes de tutela mediante esta acción de defensa, pues se debe considerar que la apelación incidental planteada primero debe resolverse para que de ese modo, no se emitan resolución paralelas ni contrapuestas, con lo cual, no es posible activar de manera paralela la jurisdicción ordinaria y constitucional buscando la misma finalidad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, a través de la acción de libertad innovativa, sin disponer actuación alguna, al haberse cumplido aunque de manera tardía con la remisión del recurso de apelación, exhortando a la autoridad judicial hoy demandada, que en casos futuros con situaciones similares, actúe conforme a la norma adjetiva penal y a la jurisprudencia constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto a las posibles lesiones incurridas por el Juez a quo a momento de determinar la detención preventiva de la parte accionante; toda vez que, incurrieron en activación paralela de jurisdicciones. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0340_2024-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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