Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Tercera · 8 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante invocando la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; alegando que en la audiencia de consideración de ampliación de detención preventiva de 13 de noviembre de 2022, formuló su apelación incidental, empero: i) La Secretaria codemandada hasta la presentación de esta acción de defensa, no elaboró la acta de audiencia, para la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada, incumpliendo lo establecido en el art. 251 del CPP; ii) El Juez demandado no remitió la apelación al Tribunal de alzada; y, iii) El Juez demandado le solicitó que franquee fotocopias para la elaboración del legajo procesal de remisión al Tribunal de alzada, cuando debió remitir originales en virtud al principio de gratuidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 20 a 25 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en su modalidad de traslativa o de pronto despacho conforme con los Fundamentos Jurídicos expuestos de este fallo constitucional:
a) Disponiendo, la remisión del legajo del recurso de apelación incidental en el plazo máximo de veinticuatro horas de notificada esta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la salvedad de que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del impetrante de tutela ya hubiese sido modificada. 2 o Exhortar al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, para que en lo sucesivo obren de acuerdo al mandato de las normas y se abstengan de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0338/2025-S3 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de Libertad Expediente: 51859-2022-104-AL Departamento Potosí En revisión la Resolución 11/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 20 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Manfred Flores Canaza contra Omar Homero Cardozo Alba, Juez; y, Patricia Alejandra Aguirre Mejía, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, el 11 de mayo de 2022, se ordenó su detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario Cantumarca de Potosí, al cumplirse ese plazo, concretamente, el 13 de noviembre del citado año, a horas 15:00, se celebró la audiencia de consideración del control del plazo de duración de la detención preventiva en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí. En dicha audiencia se dispuso la ampliación de esa medida por un lapso de seis meses más. Al no estar conforme con esa determinación, en ese mismo acto, formuló recurso de apelación incidental, que debió remitirse dentro del plazo de veinticuatro horas al Tribunal de alzada; sin embargo, hasta el momento de presentación de esta acción tutelar han transcurrido alrededor de noventa y seis horas, y no se ha elaborado el acta por la Secretaria, ni mucho menos ha sido firmada por el Juez encargado del control de despacho judicial. Situación que afecta directamente el principio de celeridad que debe observarse cuando se trata de la privación de libertad de una persona presumiblemente inocente. En la mencionada audiencia, el referido Juez le otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas para el cumplimiento de los requisitos legales, especialmente los referidos a las copias para armar el legajo del expediente judicial. Sin embargo, exigir el pago de estas vulnera sus derechos, toda vez que, la justicia se rige por el principio de gratuidad. Además, correspondería que el expediente y las piezas procesales originales sean remitidas ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, más la Acta de audiencia que transcribió la parte considerativa y resolutiva, debiendo además acompañar una copia del audio para ese fin.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad personal, el debido proceso, principio de gratuidad, citando el art. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, disponiendo: a) La remisión de obrados al inmediato al superior, incluido el acta de audiencia de 13 de noviembre de 2022 y las grabaciones en formato Disco Compacto (CD); y, b) La programación de audiencia por el Tribunal de alzada en el plazo que establece el art. 251 de Código de Procedimiento Penal (CPP).
Celebrada la audiencia pública de 18 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 19 a 20, se realizaron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.
Omar Homero Cardozo Alba, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, mediante informe escrito presentado el 18 de diciembre de 2022, cursante a fojas 13, señaló que tomó conocimiento de la orden de envío del cuaderno de control jurisdiccional relativo a la causa seguida de oficio por el Ministerio Público contra Milton Fuentes Apaza, Manfred Flores Canaza -accionante-, Juan Ariel Quispe Guzmán y Mauricio Nicolás Quintanilla Rojas, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, lesión seguida de muerte, y tenencia, porte o portación ilícita, posteriormente ampliada contra Jhonatan Pinto Fuerte y Josué Mamani Huanca por la presunta comisión del delito de Tráfico ilícito de armas, sin embargo, este cuaderno se encuentra actualmente en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Potosí, debido a una apelación interpuesta contra la Resolución de 13 de noviembre de 2022. Patricia Alejandra Aguirre Mejía, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, no presentó informe alguno ni se hizo presente en la audiencia, pese a su legal notificación cursante a fs. 10.
La Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 11/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 20 a 25 vta., denegó la acción de libertad, señalando que: 1) El accionante solo fundamentó su solicitud de forma escrita y oral, sin aportar prueba alguna que evidencie la supuesta falta en la remisión de la apelación incidental alegada, pues no presentó ninguna prueba idónea que avale su afirmación; 2) La autoridad judicial demandada y la Secretaría codemandada, no han vulnerado el derecho a la libertad ni el principio de celeridad invocados por el accionante, porque no se ha demostrado prueba alguna que demuestre el incumplimiento o retardo en la remisión; y, 3) La acción de libertad no puede ser un recurso sustitutivo de otros mecanismos ordinarios pendientes, por lo que, cuando existen medios intraprocesales aptos y oportunos previstos por ley, estos deben agotarse previamente y sólo en su defecto, y en supuesto de dilación indebida intolerable, sería procedente recurrir a la acción de libertad como mecanismo extraordinario
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. No consta documentación pertinente adjunta a la acción de libertad;
por lo que, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento considerando lo alegado por la parte accionante en su memorial de acción de libertad (fs. 3 a 4 vta.), lo manifestado en la respectiva audiencia de consideración (fs. 19 a 20) y la Resolución 11/2022 de 18 de noviembre, emitida por Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí (fs. 20 a 25 vta.).
El accionante invocando la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; alegando que en la audiencia de consideración de ampliación de detención preventiva de 13 de noviembre de 2022, formuló su apelación incidental, empero: i) La Secretaria codemandada hasta la presentación de esta acción de defensa, no elaboró la acta de audiencia, para la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada, incumpliendo lo establecido en el art. 251 del CPP; ii) El Juez demandado no remitió la apelación al Tribunal de alzada; y, iii) El Juez demandado le solicitó que franquee fotocopias para la elaboración del legajo procesal de remisión al Tribunal de alzada, cuando debió remitir originales en virtud al principio de gratuidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0645/2024-S4 de 24 de septiembre, sostuvo que: «… la SCP 0071/2012 de 12 de abril, ha señalado que: “El art. 178.I de CPE, establece que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico…’. En concordancia con la mencionada norma constitucional, el art. 115.II de la citada Ley Fundamental que determina: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, de lo que se establece que la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad. La jurisprudencia constitucional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: '…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente'. Así, las SSCC 0758/2000-R-, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras (las negrillas son nuestras). En el orden normativo, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad 'comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia'” ».
Al respecto, la SCP 0571/2012-S2 de 20 de julio, estableció que: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’” (las negrillas son nuestras). La SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero de 2016, de igual manera refirió: "...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad".
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0536/2020-S1 de 21 de septiembre, 0755/2020-S1 de 19 de noviembre y 0101/2021 de 27 de mayo, entre otras, mismas que describen, lo siguiente: La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, sobre la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, sistematizando la jurisprudencia referida señaló que: “De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva.”. Precedente ampliado por la SCP 0129/2025-S1 de 20 de marzo que señalo: “…asimismo, respecto a la acción de libertad, dicha legitimación se activa en el caso de que la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas a dichos servidores de apoyo jurisdiccional, con la aclaración que el acto ilegal no necesariamente tiene que ser jurisdiccional, si no que incluye también las omisiones de diligencias administrativas, entre éstas, el incumplimiento de plazos procesales para la remisión del legajo de apelación, o la falta o inoportuna elaboración del mismo.” (las negrillas fueron añadidas).
Sobre el particular, la SCP 0550/2021-S2 de 20 de septiembre sostuvo que: «El art. 232 de la CPE, establece que: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”; por otra parte, el art. 235.1 de la misma Norma Suprema, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. En ese marco, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, señaló que: “…conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados (SSCC 1164/2003-R, 0630/2004-R), el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido”. Por otra parte, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto, ha señalado que: 'Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación ...”. Asimismo, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, desarrolló el siguiente entendimiento: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía constitucional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ‘Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso' y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: '…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso'; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R’” (las negrillas corresponden al texto original).
El accionante invocando la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, el debido proceso, principio de gratuidad; alegando que la audiencia de consideración de ampliación de detención preventiva de 13 de noviembre de 2022, donde formuló su apelación incidental, empero: a) La Secretaria codemandada hasta la presentación de esta acción de defensa, no elaboró la acta de audiencia, para la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada, incumpliendo lo establecido en el art. 251 del CPP; b) El Juez demandado no remitió la apelación al tribunal de alzada; y, c) La autoridad demandada le solicitó que franquee fotocopias para la elaboración del legajo procesal de remisión al Tribunal de alzada. Inicialmente, cabe aclarar que, si bien no cursa en antecedentes elementos probatorios que hubiesen acreditado el reclamo impetrado dentro de la presente acción de libertad, empero, este fallo constitucional se basará en los argumentos expuestos por la parte accionante, y el informe del Juez demandado, considerando además, que la codemandada no presentó informe ni se apersonó en la audiencia de acción de libertad, por lo que, en virtud a lo referido en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tendrán por probado los extremos denunciados por el impetrante de tutela; con relación a esta servidora pública al tratarse de una funcionaria judicial y tomando en cuenta los principios que rigen la función judicial, así como la naturaleza de los derechos tutelados por esta acción de defensa, ya que, ésta tenía la obligación de presentar informe escrito o en su defecto, concurrir a la audiencia de garantías a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos, presumiéndose la veracidad de los mismos en caso de no hacerlo; entendimiento que es aplicable al presente caso. En el marco de lo señalado, cabe indicar que de la revisión del memorial de esta acción tutelar, de lo señalado en la audiencia de esta acción tutelar así como de lo señalado en el informe de la autoridad demandada, se tiene que al ahora accionante, junto con otros procesados -Milton Fuentes Apaza, Manfred Flores Canaza -accionante-, Juan Ariel Quispe Guzmán y Mauricio Nicolás Quintanilla Rojas-, se le sigue un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesión seguida de muerte y tenencia o porte ilícito de armas, ampliado contra Jhonatan Pinto Fuerte y Josué Mamani Huanca por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de armas, por lo cual, el 11 de mayo de 2022, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva por seis meses a cumplirse en el Centro Penitenciario Cantumarca de Potosí. Cumplido el plazo legal impuesto, se convocó a una audiencia para considerar el control del plazo de duración de la detención preventiva, celebrado el 13 de noviembre de igual año, empero, lejos de cesar la medida, se amplió su aplicación por otros seis meses más, por lo que, en esa misma audiencia, el accionante formuló un recurso de apelación incidental contra el auto interlocutorio que amplió la medida impuesta, sin embargo, hasta la formulación de esta acción tutelar: 1) El Juez demandado no remitió la apelación al Tribunal de alzada; 2) La Secretaria codemandada no elaboró la acta de audiencia para la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada, incumpliendo lo establecido en el art. 251 del CPP; y, 3) La autoridad demandada en la audiencia de 13 de noviembre de similar año, le solicitó que entregue fotocopias para la elaboración del legajo procesal de remisión al Tribunal de alzada. Adicionalmente, el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí -demandado-, en su informe señaló que tomó conocimiento de la orden de envío del cuaderno de control jurisdiccional relativo a esta causa seguida de oficio por el Ministerio Público contra los mencionados procesados, sin embargo, añadió que dicho cuaderno no podía ser remitido ante la Jueza de garantías, dado que, ya fue remitido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí debido a la apelación incidental presentada, empero, no presentó prueba alguna que demuestre lo que señala y tampoco emitió ningún informe sobre este caso. En ese contexto, es preciso hacer referencia a lo inscrito en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que indica que debe considerarse la acción de libertad traslativa o de pronto despacho como el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados a la libertad; es decir, cuando exista dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona, como ocurre en este caso, que se denuncia dilación en la remisión de la apelación formulada por el accionante, dado que, no se ha elaborado de forma oportuna el acta de la audiencia, denuncia que hace viable que se haga uso de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Identificado el acto lesivo, debe analizarse la actuación de las dos autoridades por separado, a tal efecto se analizará primero si hubo vulneración de derechos por parte del Juez demandado para luego analizar el proceder de la Secretaria de juzgado. Con relación al Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí En el marco de lo señalado por el accionante en su memorial de formulación de esta acción tutelar, resulta evidente la demora en la remisión del expediente ante el Tribunal de alzada; dado que, a pesar de que ésta fue solicitada el 13 de noviembre de 2022 en la audiencia de consideración de medidas cautelares, hasta la formulación de esta acción tutelar, inclusive hasta la celebración de la audiencia de 18 del citado mes y año, el mismo no fue remitido, pues en la audiencia el accionante a través de su abogado se ratificó in extenso en su solicitud, transcurriendo más de noventa y seis horas. En este punto es importante, señalar que el Juez tiene el control jurisdiccional del despacho y en este caso en concreto tenía conocimiento de proceso, por lo cual, si bien no tuvo responsabilidad en la dilación en la elaboración del acta y la remisión del legajo procesal, no es menos cierto que esta autoridad conocía de la apelación formulada, y de la situación de privación de libertad del impetrante de tutela, por lo que, debió ordenar su remisión no pudiendo demorar por más de veinticuatro horas, conforme señala el art. 251 del CPP, más aún si se considera que tiene la dirección funcional de su despacho y la consecuente responsabilidad de todo el personal subalterno, adicional al deber que tiene toda autoridad judicial que este en conocimiento de un caso en el que esté involucrado un privado de libertad de tramitar la solicitud con la mayor celeridad posible, con la finalidad de evitar una lesión al referido derecho, por lo cual, se evidencia la vulneración del derecho a la libertad del accionante vinculada a la celeridad. Ahora bien, conforme señala el Juez demandado en su informe de 18 de noviembre de 2022, ya habría remitido el legajo procesal ante el superior en grado, empero, no es menos evidente que al momento de celebrarse la acción de libertad, el accionante no tenía conocimiento de que la apelación ya fue remitida y esta autoridad judicial tampoco ha presentado prueba alguna de su remisión cuando bien podía adjuntar una fotocopia de la nota de remisión o de recepción del Tribunal de alzada, pero al no obrar de esa forma es posible concluir que al momento de formular la acción tutelar, aun no existía la remisión extrañada. Lo señalado permite evidenciar que existió una dilación de más de noventa seis horas en la remisión de la apelación, de aproximadamente cinco días hábiles, proceder que no se adecua al procedimiento regulado, pues conforme al art. 251 del CPP, el legajo de apelación debió ser remitido en el plazo de veinticuatro horas, por lo que, al evidenciar una dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental formulado por el accionante es posible activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y conceder la tutela con relación a esta autoridad. Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí Previamente al análisis de las actuaciones de la Secretaria hoy codemandada, es necesario efectuar una aclaración en cuanto a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, a tal efecto, es necesario remitirse a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.3., de este fallo constitucional que señala que dichos funcionarios adquieren tal legitimación cuando: “a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado” (SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo); asimismo, aclara que para las acciones de libertad dicha legitimación se activa en el caso de que la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones encomendadas a dichos servidores de apoyo jurisdiccional, entre éstas, el incumplimiento de plazos procesales para la remisión del legajo de apelación, o la falta o inoportuna elaboración del mismo.
Con esa aclaración cabe señalar que de acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; si bien la Secretaria codemandada, no presentó informe ni se apersonó a la audiencia de acción de libertad y como se señaló previamente en virtud al principio de veracidad de los hechos corresponde tener por cierto lo señalado por el accionante, ahora bien, es importante señalar que los secretarios de despacho tiene obligaciones preestablecidas en los arts. 56 del CPP, modificado por la Ley 1173; y, art. 94.I.4, 5 y 15 de la Ley Orgánica Judicial (LOJ), donde de forma clara se encuentra regulado que esta servidora pública tiene la obligación de labrar las actas de las audiencias, franquear los testimonio y cumplir con las comisiones que le encomiende el Juez de la causa, en ese marco, esta funcionaria tenía la obligación de elaborar la Acta de la Audiencia de 13 de noviembre de 2022, así como de remitir el legajo procesal de la apelación al tribunal de alzada. En el marco del entendimiento mencionado, se tiene que mediante Auto Interlocutorio de 13 de noviembre de 2022, se concedió la apelación al accionante, por lo que, la Secretaria codemandada debía elaborar el acta de la audiencia y remitir los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante ante el Tribunal de alzada, conforme lo previsto por el art. 251 del CPP; sin embargo, la Secretaria ahora coaccionada hasta la interposición de esta acción tutelar no remitió lo ordenado, por lo que adquirió legitimación pasiva en esta acción de defensa, al incumplir con la elaboración del Acta de audiencia de 13 de noviembre de 2022 y omitir la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, siendo ésta una función y obligación del cargo que ejerce, obviando atender con la mayor celeridad los trámites en los que se encuentra vinculado el derecho de libertad, como en el presente caso, por lo que corresponde conceder la tutela también contra esta servidora judicial. En conclusión, el Juez y la Secretaria ahora accionados ocasionaron una dilatación indebida al omitir la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante en el plazo previsto por el art. 251 del CPP, ocasionando un retraso en la resolución de su situación jurídica, por aproximadamente cinco días, vulnerando de esa manera su derecho a la libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el entendido de que la naturaleza de la misma es únicamente acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando se advierten dilaciones indebidas o incumplimiento de plazos procesales, como ocurrió en ese caso; aclarando que la determinación de la situación jurídica de los nombrados dependerá de las autoridades judiciales que resuelvan el recurso de apelación incidental planteado.
Otras consideraciones con relación a la gratuidad en la remisión del legajo procesal Respecto a la denuncia de que en la audiencia de 13 de noviembre de 2022, le habrían solicitado que franquee copias para armar el legajo procesal, cabe señalar que las autoridades judiciales no pueden alegar la falta de provisión de los recaudos de ley para justificar la no remisión de los legajos procesales a los tribunales del Tribunal de alzada, pues esto no es un óbice para la remisión de dichos antecedentes; ya que, los mismos pueden ser enviados en original, y en su caso, elaborarse dicho legajo con cargo a reposición, no pudiendo ser ello motivo de la demora o no remisión a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, ello en aplicación de los principios de gratuidad, pro actione y en resguardo de los derechos de impugnación y acceso a la justicia, en igual sentido ya se pronunció este Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0655/2023-S2 de 17 de julio. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11/2022 de 18 de noviembre, cursante de fs. 20 a 25 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en su modalidad de traslativa o de pronto despacho conforme con los Fundamentos Jurídicos expuestos de este fallo constitucional:
a) Disponiendo, la remisión del legajo del recurso de apelación incidental en el plazo máximo de veinticuatro horas de notificada esta Sentencia Constitucional Plurinacional, con la salvedad de que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del impetrante de tutela ya hubiese sido modificada. 2 o Exhortar al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, para que en lo sucesivo obren de acuerdo al mandato de las normas y se abstengan de incurrir en dilación indebida en la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0338_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1e822df8b200c6d1892993e2dd98f7d593876d25ef1a722b667f4a0386142c59
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