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SCP 0338/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
6 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51587-2022-104-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, y al principio de celeridad, todo ello vinculados a su libertad; toda vez que, la Jueza accionada, pese a sus reiteradas solicitudes de señalamiento de audiencia para la consideración y resolución de la cesación de la detención preventiva, no diligenció ninguna de sus peticiones dentro del plazo legal y con la debida anticipación, dilación indebida que afecta en la resolución de su situación jurídica.

Al respecto, la parte accionada no remitió informe alguno, ni se hizo presente a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 33/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 26 vta., a 29, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, ante la evidenciada infracción de los principios de celeridad, eficacia, eficiencia como componentes del debido proceso, vinculados con el derecho a la libertad del procesado, disponiendo que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, fije de manera inmediata fecha y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva y celebre materialmente la misma a fin de considerar la situación jurídica del peticionante de tutela; a menos que, por el transcurso del tiempo ya hubiese sido llevada a cabo; 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho a la defensa; y,

3° Llamar la atención a Gabriela Cuellar Velasco, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Alcance del principio de celeridad en solicitudes vinculadas a la libertad, en el marco de la acción traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0338/2025-S2 Sucre, 6 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51587-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 33/22 de 16 de agosto de 2022, cursante de fs. 26 vta., a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Koddy Paco Matías contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de agosto de 2022, cursante a fs. 1; y, 3 a 8, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -cuya titular es ahora accionada-, se encuentra detenido preventivamente desde el “11” de abril de 2022; en mérito a lo cual, el 5 de julio del mismo año, requirió audiencia de cesación de la detención preventiva; sin embargo, pese a que presentó más de “diez” solicitudes, hasta la data de interposición de esta acción de libertad, dicha audiencia no fue efectivizada, debido a una serie de irregularidades y omisiones atribuibles a la mencionada autoridad, demoras injustificadas y actuaciones contrarias al principio de celeridad procesal y al derecho al debido proceso, impidiendo su derecho a solicitar la cesación de dicha medida extrema, la cual no puede ser interpretada como una forma de pena anticipada.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, y al principio de celeridad, todo ello vinculado a su libertad; citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la Jueza accionada, señale y efectivice la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en el plazo máximo de tres días o se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 25 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela a través su abogado, en audiencia ratificó in extenso los argumentos del memorial de esta acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no remitió informe alguno, tampoco asistió a la audiencia de consideración de este mecanismo de defensa; pese a su citación cursante a fs. 13 vía WhatsApp, así como con el acta de suspensión de audiencia de 15 de agosto de 2022, en “Secretaria” por cédula en presencia de testigo y adjunta croquis de ubicación (fs. 22 a 23). No obstante, en conocimiento del Oficio 567/2022 de 12 de agosto, emitido por la Jueza de garantías, de solicitud de remisión del cuaderno procesal en original instaurado por el Ministerio Público contra el ahora accionante, para su consideración en la acción de libertad presentada (fs. 10), remitió tales antecedentes, conforme se advierte del contenido del acta de audiencia de la presente acción tutelar.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 33/22 de 16 de agosto de 2022, cursante de fs. 26 vta., a 29, concedió la tutela impetrada; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) Según los antecedentes enviados por la autoridad accionada, y conforme a lo verificado por Secretaría de este despacho, el último actuado procesal consistió en una nota de 8 de agosto de 2022, en el cual se tendría señalada para esa fecha la audiencia de cesación a la detención preventiva; empero, no se puede establecer que efectivamente se hubiera fijado una audiencia con ese fin; b) De acuerdo a lo establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determina que las medidas cautelares personales cesarán si se cumple alguna de las causales enumeradas, en el segundo párrafo indica que, planteada la solicitud bajo los numerales 1, 2, 5 y 6, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, plazo que también rige para los numerales 3 y 4 del citado artículo; y, c) En ese sentido, al haberse corroborado que no existe señalamiento de audiencia, se concluye que se vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica establecidos en el Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo previsto por la Constitución Política del Estado respecto al principio de celeridad, a los efectos a que, de manera inmediata, se señale audiencia en el plazo establecido por el art. 239.II del adjetivo penal.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. No cursa documentación alguna referida a las actuaciones que motivaron la presente acción de libertad; no obstante, conforme se tiene extractado en el punto I.2.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la Jueza de garantías, tuvo acceso a los antecedentes del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante, habiendo emitido su fallo en consideración de los mismos, ya que de manera expresa dicha autoridad manifestó que: “…de los antecedentes precedentemente señalados y asimismo conforme los antecedentes remitidos por la autoridad accionada se ha podido evidenciar por medio de Secretaria de este despacho que el ultimo actuado procesal sería una nota del 08/08/2022 en el cual se tendría señalado para dicha fecha la cesación a la detención preventiva mas no se puede establecer que exista un señalamiento de audiencia a los efectos de considerarse dicha cesación a la detención preventiva…” (sic); por lo que, en función a ello y lo expresado en esta acción de defensa, se resolverá la problemática jurídica planteada.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, y al principio de celeridad, todo ello vinculados a su libertad; toda vez que, la Jueza accionada, pese a sus reiteradas solicitudes de señalamiento de audiencia para la consideración y resolución de la cesación de la detención preventiva, no diligenció ninguna de sus peticiones dentro del plazo legal y con la debida anticipación, dilación indebida que afecta en la resolución de su situación jurídica.

Al respecto, la parte accionada no remitió informe alguno, ni se hizo presente a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Alcance del principio de celeridad en solicitudes vinculadas a la libertad, en el marco de la acción traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0547/2020-S3 de 15 de septiembre, precisando el alcance del debido proceso y la celeridad, en el marco de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, precisó que: “La Norma Suprema ha instituido al debido proceso en su triple dimensión, como derecho, garantía y principio, a partir de lo cual los jueces y tribunales tienen la obligación de proteger oportuna y efectivamente a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y la de garantizar a las partes procesales el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (art. 115 de la CPE); a cuyo efecto, la propia Norma Fundamental, reconoce que la potestad de impartir justicia y el cimiento de la jurisdicción ordinaria, se basa, entre otros, en los principios procesales de celeridad, eficiencia, eficacia, como componentes esenciales a su vez del debido proceso (arts. 178.I y 180.I de la CPE). Es en ese sentido, que la jurisprudencia constitucional ha ido construyendo una sólida jurisprudencia en cuanto a la celeridad dentro de los procesos judiciales, que conlleva el cumplimiento de los plazos procesales cuando estos estén fijados por la norma, y en su defecto de no existir los mismos, el cumplimiento de actuaciones procesales en el plazo razonable y más breve posible, máxime si se trata del ámbito penal y de por medio se encuentran solicitudes vinculadas a la libertad del procesado” (las negrillas nos corresponden). En ese sentido, este tipo de acción de defensa se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, por medio de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

III.2. Análisis del caso concreto

Precisado el objeto procesal de esta acción tutelar, es importante hacer notar que, de la revisión del expediente constitucional, se advierte que la Jueza de garantías, omitió remitir a este Tribunal documentación alguna del proceso penal instaurado contra el accionante, a pesar de haber tenido acceso al cuaderno de investigaciones (Conclusión II.1), que le permitió resolver la acción de libertad conforme a los antecedentes cursantes en el mismo. Efectuada esa aclaración, inicialmente resulta necesario precisar una breve contextualización del escenario fáctico y procesal que motivó la interposición de esta acción de defensa. Así, de los argumentos expresados en esta acción de defensa y la compulsa de antecedentes realizada por la Jueza de garantías, se advierte que, el ahora impetrante de tutela, cuestiona que desde el 5 de julio de 2022, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la autoridad judicial accionada hasta la interposición de la presente acción tutelar -13 de agosto de 2022-, no efectivizó la audiencia para resolver su situación jurídica dentro del plazo legal, pese a sus “diez” solicitudes de nuevo señalamiento. A partir de la problemática expuesta por el accionante respecto a la alegada omisión y/o dilación por parte de la Jueza ahora accionada en el señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva y consiguiente resolución de su situación jurídica, corresponde considerar que conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos. Contexto a partir del cual, las autoridades judiciales más allá de estar obligadas al cumplimiento obligatorio de la ley, están compelidas a atender y resolver los requerimientos de las personas privadas de libertad en los plazos señalados por la ley procesal y/o razonables previamente justificados; de manera que, a objeto de impedir o reparar dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de estos sujetos corresponde activar la acción de libertad de pronto despacho. En ese entendido, si bien en el expediente constitucional no cursan los reiterados memoriales de solicitud de cesación de la detención preventiva presentados por el peticionante de tutela; sin embargo, de acuerdo a lo corroborado por la Jueza de garantías, quien tuvo acceso al cuaderno de control jurisdiccional, manifestó que, “…de los antecedentes precedentemente señalados y asimismo conforme los antecedentes remitidos por la autoridad accionada se ha podido evidenciar por medio de Secretaria de este despacho que el ultimo actuado procesal sería una nota del 08/08/2022 en el cual se tendría señalado para dicha fecha la cesación a la detención preventiva mas no se puede establecer que exista un señalamiento de audiencia a los efectos de considerarse dicha cesación a la detención preventiva…” (sic [las negrillas fueron añadidas]); en consideración de lo descrito, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora accionada- tenía la obligación de dictar en el plazo de veinticuatro horas providencia de señalamiento de audiencia para resolver dicha solicitud dentro el término de cuarenta ocho horas, de acuerdo al art. 239 del CPP, que establece: “Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”; precepto legal que evidentemente no fue cumplido por la mencionada autoridad, ocasionando una dilación indebida en la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante.

Por consiguiente, esta instancia constitucional, advierte una conducta dilatoria en las actuaciones desarrolladas por la Jueza accionada, en la tramitación y resolución de la solicitud de consideración de cesación de la detención preventiva del peticionante de tutela, dentro del plazo previsto en el art. 239 del CPP; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada, por infracción de los principios de celeridad, eficacia, eficiencia como componente del debido proceso reconocidos por el art. 180.I de la CPE, vinculados con el derecho a la libertad del procesado -hoy accionante-; que en conjunto buscan que los justiciables accedan idónea y oportunamente sin demoras innecesarias al ejercicio material y reconocimiento de sus derechos y garantías. Finalmente, conforme a los razonamientos plasmados previamente, no se advierte que con la dilación determinada se hubiese vulnerado el derecho a la defensa del accionante; en consecuencia, amerita su denegatoria.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta así la problemática jurídica planteada, este Tribunal dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, considera de importancia efectuar algunas consideraciones de orden procedimental. Así, se advierte del acta de la audiencia pública de la presente acción de libertad, que el proceso de referencia, le fueron remitidos a la Jueza de garantías, quien tuvo acceso a los antecedentes del proceso que generó la presente acción de defensa, habiendo en su Resolución procedido a su descripción y resuelto la causa inclusive en base a dicha documentación; pese a ello, no remitió los antecedentes procesales pertinentes para su revisión, incumpliendo lo previsto en el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), aclarándose que si bien dicha omisión no repercute en la resolución del presente caso, pues por la connotación del reclamo, por economía y celeridad procesal, es que en la situación fáctica concreta se resuelve de acuerdo a la verificación de antecedentes efectuada por la mencionada Jueza de garantías -acta de audiencia y resolución de esta acción de libertad- y lo referido por el propio peticionante de tutela en su memorial de demanda constitucional; sin embargo, esta situación, no salva esta falta de cuidado e imprevisión, siendo evidente e innegable que incurrió en una omisión inherente al procedimiento y trámite procesal constitucional. Asimismo, se evidencia que habiendo sido resuelta esta acción tutelar el 16 de agosto de 2022, los antecedentes recién fueron recibidos en esta instancia el 9 de noviembre de igual año, conforme se tiene del voucher del servicio del Courier y mensajería (fs. 33); es decir, con posterioridad al plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 126.IV de la CPE y 38 del CPCo; consecuentemente, corresponde llamar la atención a la Jueza de garantías por no actuar con diligencia y en observancia del trámite y procedimiento que rige en este tipo de acciones tutelares. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 33/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 26 vta., a 29, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, ante la evidenciada infracción de los principios de celeridad, eficacia, eficiencia como componentes del debido proceso, vinculados con el derecho a la libertad del procesado, disponiendo que la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, fije de manera inmediata fecha y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva y celebre materialmente la misma a fin de considerar la situación jurídica del peticionante de tutela; a menos que, por el transcurso del tiempo ya hubiese sido llevada a cabo; 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al derecho a la defensa; y,

3° Llamar la atención a Gabriela Cuellar Velasco, Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por las razones explicadas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0338_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 838e57b8eaa35d7e8d033ac897760b70e58c9f105f1aa4d348ad3a62744c5798

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