B.IA.LEGAL

SCP 0337/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de abril de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
25 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
51590-2022-104-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la salud, a la vida y la “legítima defensa”, toda vez que, la Jueza demandada: i) En audiencia de aplicación de medidas cautelares de 5 de julio de 2022, declaró su rebeldía y expidió una orden de aprehensión en su contra, sin considerar que antes de la audiencia solicitó por escrito la suspensión de la misma adjuntando un certificado médico suscrito por Oscar Eduardo Sardon Aguilar -Médico General-, quien le recomienda cinco días de reposo absoluto por su delicado estado de salud, así también en la audiencia su abogado presentó otro certificado médico de un especialista y una certificación del médico forense, en el sentido que se efectuó su valoración médico legal como ordenó la autoridad jurisdiccional, pero que por problemas técnicos con su sistema informático no se pudo realizar la impresión y entrega del certificado médico correspondiente; y, ii) No emitió la conminatoria para que el Ministerio Público presente resolución conclusiva, pese a que la etapa preparatoria ya está vencida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Vulneración del derecho a la libertad por persecución indebida: Acción de libertad preventiva y acción de libertad restringida; b) La tutela del derecho a la vida derechos conexos a través de la acción de libertad; c) La valoración del certificado médico particular como justificativo de inasi…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la 29/22 de 7 de julio de 2022, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la sub problemática desarrollada en el punto III.7.1 y en consecuencia se dispone dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía y mandamiento de aprehensión de 5 de julio de 2022, expedido en contra del accionante, salvo que de forma posterior a la resolución de la Jueza de garantías, ya se haya dejado sin efecto la misma. 2° DENEGAR la tutela solicitada, en relación a la sub problemática analizada en el punto III.7.2., todo conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Vulneración del derecho a la libertad por persecución indebida:
  2. III.2. La tutela del derecho a la vida y derechos conexos a través de la acción de libertad
  3. III.3. La valoración del certificado médico particular como justificativo de inasistencia a una audiencia
  4. III.4. De la declaratoria de rebeldía y sus consecuencias
  5. III.5. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  6. III.6. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0337/2025-S1 Sucre, 25 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 51590-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 29/22 de 7 de julio de 2022, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Guisela Alpire Vargas en representación sin mandato de Freddy Alpire Salazar contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 6 de julio de 2022, cursante de fs. 7 a 8 vta., el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Freddy Alpire Salazar -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de falsedad material y otros, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 70163631, se tenía programada una audiencia de consideración de medidas cautelares; sin embargo, no pudo asistir a la audiencia señalada, por su delicado estado de salud ya que fue sometido a dos cirugías de bypass y es portador de un stent coronario; así, el último certificado médico expedido por Oscar Sardon Aguilar, médico general, establece que presenta un cuadro agudo de ansiedad con elevación de valores de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardiaca con “EPISODIOS DE HIPOTÉRMICOS”, recomendándole reposo absoluto de cinco días bajo medicación; en ese sentido, presentó una solicitud para que se suspenda la audiencia referida.

A pesar de haber adjuntado a su solicitud el respectivo certificado médico, la audiencia de 5 de julio de 2022, se presentó otro certificado médico del especialista, además de la certificación del médico forense que establece que por problemas técnicos no pudo imprimir la valoración médico forense; la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- declaró su rebeldía expidiendo mandamiento de aprehensión en su contra, sin considerar la documentación que presentó.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la salud, a la vida y la “legítima defensa”; citando al efecto, el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto la resolución de 5 de julio de 2022, y el mandamiento de aprehensión librado en su contra, así también pide la conminatoria a la Jueza demandada, toda vez que se encuentra vencida la etapa preparatoria.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual, el 7 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificó el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos señaló lo siguiente: a) Ante la presentación del certificado médico, la Jueza ahora demanda en primera instancia suspendió la audiencia de manera preliminar y ordenó se realice la valoración médico forense, misma que se cumplió, empero el sistema informático del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se colgó y no se les proporcionó el informe, sino simplemente una certificación que acreditó la imposibilidad de entrega del de la documentación por lo que en la audiencia adjuntaron la certificación; b) En el fondo, se trataría de un proceso sin sentido porque data del 2018 y los supuestos hechos son de veinte años atrás; c) En otras oportunidades se suspendió la audiencia pero no por causa atribuible al ahora accionante, sino por las recargadas funciones de la Jueza o por inasistencia del Ministerio Público, audiencias en las que estuvo presente el demandante de tutela; y, d) También se está solicitando se conmine al Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo, porque ya serían cuatro años desde el inicio del proceso.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, ni se presentó a la audiencia de acción de libertad pese a su legal notificación en secretaría de su Juzgado, conforme la diligencia cursante a fs. 10.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 29/22 de 7 de julio de 2022, cursante de fs. 13 a 15 vta., denegó la tutela; decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) Que verificados los antecedentes se advierte que en la audiencia de 5 de julio de 2022, por secretaría se informó de la ausencia de la parte imputada y la defensa técnica, hizo conocer los aspectos que ahora reitera adjuntando los certificados médicos particulares y una certificación del médico forense y la autoridad jurisdiccional corrió en traslado; y, 2) Posterior a escuchar a las partes, la autoridad pasó a una valoración de los mencionados certificados y a efectuar una ponderación a esa situación, aplicando la SCP 0302/2017-S2 de 3 de abril, y resolvió declarar la rebeldía del peticionante de tutela, razón por la que no procede la acción de libertad traslativa o de pronto despacho presentada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa certificado médico de 4 de julio de 2022 expedido por Oscar Eduardo Sardon Aguilar -Médico General-, que establece que Freddy Alpire Salazar -accionante- tiene antecedente médico de dos bypass coronario y portador de un stent coronario, medicado con antihipertensivos e hipolipemiantes, y a la fecha del certificado se le diagnóstica crisis de ansiedad, crisis de hipertensión y arritmia cardiaca, por lo que le recetaron medicación y le recomendó reposo absoluto por cinco días, estudios complementarios y seguimiento por cardiología (fs. 5). II.2. Consta certificado médico de 4 de julio de 2022 suscrito por Neni Celso Cuellar Rossell -médico cirujano y médico legal-, quien ratifica los antecedentes médicos de Freddy Alpire Salazar -ahora demandante de tutela-, el diagnóstico arribado por el médico general y le recomienda un reposo de setenta y dos horas (fs. 4). II.3. Mediante memorial presentado el 5 de julio de 2022, el impretrante de tutela solicita a la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-, la suspensión de audiencia de medidas cautelares, señalando que se encuentra delicado de salud y que con sus casi sesenta años es una persona vulnerable por lo que pide la suspensión y al final del memorial también solicita pueda ser la audiencia de forma virtual con el objeto de precautelar la vida y su integridad física, señala que adjunta certificado médico original (fs. 3 y vta.). II.4. Corre nota de 5 de julio de 2022, suscrita por Luis Fernando Moreno Guzmán -Médico forense-, por el cual hace conocer a la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, que cumpliendo la orden judicial de 30 de junio de 2022, procedió a la valoración médico forense del ahora accionante el 5 de julio del mismo año a horas 10:29 en dependencias del IDIF, pero que por problemas técnicos en el sistema informático “METISS” no pudo realizar la impresión y entrega del certificado médico correspondiente (fs. 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la salud, a la vida y la “legítima defensa”, toda vez que, la Jueza demandada: i) En audiencia de aplicación de medidas cautelares de 5 de julio de 2022, declaró su rebeldía y expidió una orden de aprehensión en su contra, sin considerar que antes de la audiencia solicitó por escrito la suspensión de la misma adjuntando un certificado médico suscrito por Oscar Eduardo Sardon Aguilar -Médico General-, quien le recomienda cinco días de reposo absoluto por su delicado estado de salud, así también en la audiencia su abogado presentó otro certificado médico de un especialista y una certificación del médico forense, en el sentido que se efectuó su valoración médico legal como ordenó la autoridad jurisdiccional, pero que por problemas técnicos con su sistema informático no se pudo realizar la impresión y entrega del certificado médico correspondiente; y, ii) No emitió la conminatoria para que el Ministerio Público presente resolución conclusiva, pese a que la etapa preparatoria ya está vencida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Vulneración del derecho a la libertad por persecución indebida: Acción de libertad preventiva y acción de libertad restringida; b) La tutela del derecho a la vida derechos conexos a través de la acción de libertad; c) La valoración del certificado médico particular como justificativo de inasistencia a una audiencia; d) De la declaratoria de rebeldía y sus consecuencias; e) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; f) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad; y, g) Análisis del caso concreto.

III.1. Vulneración del derecho a la libertad por persecución indebida:

Acción de libertad preventiva y acción de libertad restringida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0793/2019-S2 de 11 septiembre, asumió el siguiente razonamiento.

La jurisprudencia constitucional ha definido a la persecución indebida y los presupuestos que deben cumplirse para que una conducta se acomode a ella; así, la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, señaló que persecución ilegal o indebida es toda …acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella…

En el mismo sentido, la SC 0036/2007-R de 31 de enero, reiterando el entendimiento asumido en la SC 419/2000-R de 2 de mayo, determina que existe persecución ilegal o indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: “1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley”.

Posteriormente, ya en vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, a tiempo de referirse a la clasificación doctrinal de la acción de libertad, señaló que la persecución ilegal comprendería dos supuestos: i) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley; y, ii) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente; aclarando que en el primer caso estamos ante el habeas corpus preventivo, ahora acción de libertad; y en el segundo ante el habeas corpus restringido, ahora acción de libertad restringida, la cual -de acuerdo a la doctrina- procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones, sin necesidad de que exista un mandamiento de aprehensión.

Entendimiento reiterado en las SSCC 0641/2011-R de 3 de mayo, 1864/2011-R de 7 de noviembre; y, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0103/2012 de 23 de abril y 0124/2012 de 2 de mayo, entre muchas otras.

La jurisprudencia constitucional ha definido a la persecución indebida y los presupuestos que deben cumplirse para que una conducta se acomode a ella; así, la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, señaló que persecución ilegal o indebida es toda …acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella… En el mismo sentido, la SC 0036/2007-R de 31 de enero, reiterando el entendimiento asumido en la SC 419/2000-R de 2 de mayo, determina que existe persecución ilegal o indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: “1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley”.

Posteriormente, ya en vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, la SC 0044/2010-R de 20 de abril , a tiempo de referirse a la clasificación doctrinal de la acción de libertad, señaló que la persecución ilegal comprendería dos supuestos: a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley; y, b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente; aclarando que en el primer caso estamos ante el habeas corpus preventivo, ahora acción de libertad; y en el segundo ante el habeas corpus restringido, ahora acción de libertad restringida, la cual -de acuerdo a la doctrina- procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones, sin necesidad de que exista un mandamiento de aprehensión. Entendimiento reiterado en las SSCC 0641/2011-R de 3 de mayo, 1864/2011-R de 7 de noviembre; y, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0103/2012 de 23 de abril y 0124/2012 de 2 de mayo, entre muchas otras.

III.2. La tutela del derecho a la vida y derechos conexos a través de la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0177/2019-S2 de 24 de abril, 1087/2019-S2 de 5 de diciembre, 0502/2021-S1 de 7 de octubre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento. El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: i) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; ii) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; iii) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas ; incluso iv) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios , entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente.

El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: a) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; b) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, c) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R.

Los señalados precedentes constitucionales son vinculantes conforme lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y dan concreción al principio de informalismo que rige la acción de libertad, con contenidos favorables y progresivos que protegen de mejor forma el derecho de acceso a la justicia constitucional.

9Tribunal Constitucional Plurinacional. SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 033/2013. 10La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción.

11El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).

12La SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en el FJ III.3 sostiene: “Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación” (la negrillas son nuestras). Luego, la SCP 0087/2014-S3 de 27 de octubre, siguiendo tal entendimiento, enfatizó que la: “…forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la

III.3. La valoración del certificado médico particular como justificativo de inasistencia a una audiencia

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0793/2019-S2 de 11 septiembre, asumió el siguiente razonamiento. La SCP 0122/2015-S3 de 10 de febrero, con el fin de garantizar la naturaleza y esencia del modelo procesal penal vigente recondujo el entendimiento jurisprudencial inicialmente asumido por el Tribunal respecto a que el certificado médico expedido o avalado por un médico forense, era el único documento destinado a acreditar un impedimento físico como justificación de inasistencia a una audiencia, puesto que ello implicaba retomar la tarifa probatoria o prueba tasada dentro del proceso penal, en franca contradicción del principio de libertad probatoria que rige el modelo procesal penal de tipo acusatorio, a dicho efecto refirió lo siguiente:

…respecto a la acreditación de un impedimento físico como justificación de inasistencia a determinado acto procesal, para considerarse legítimo no es preciso que necesariamente sea avalado o certificado por el médico forense, pues ello implica admitir la existencia de una prueba tasada que contradice el principio de libertad probatoria como uno de los pilares en que se asienta el modelo procesal acusatorio vigente en nuestro ordenamiento jurídico, y en consecuencia, no permite que la autoridad jurisdiccional en apego a su sano criterio y experiencia, asuma convicción de dicho impedimento, ya sea alejándose del criterio médico forense y admitiendo la opinión de un médico particular o viceversa, o en base a la ponderación de ambos se pronuncie admitiendo o rechazando la legitimidad del impedimento alegado.

En todo caso -como se dijo-, ello dependerá del sano criterio de la autoridad jurisdiccional que en virtud del principio de libertad probatoria determina en cada caso, si el aval del médico forense resulta necesario o no para asumir convicción, o de ser presentados los criterios de un médico particular y uno forense, en base a su prudente arbitrio se incline de forma motivada y fundamentada por dar credibilidad a cualquiera de ellos o finalmente a ambos, pero de ninguna manera puede negar la valoración del certificado médico particular solo porque este no está avalado por el médico forense (las negrillas agregadas nos pertenecen). Entendimiento reiterado por la SCP 1205/2015-S1 de 16 de noviembre. En ese contexto, se concluye que toda autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a realizar la valoración de un certificado médico particular a pesar de no contar con el aval de un médico forense, ya que el mismo, puede constituirse en un medio para justificar su incomparecencia; por lo que, para su valoración le corresponde al Juez de la causa, plasmar un criterio razonable en base a la sana crítica, analizando la realidad procesal, situaciones y circunstancias que le permitan justificar la suficiencia o no del certificado médico presentado y así acredite su determinación en base al principio de libertad probatoria; pues, dichos certificados tienen la finalidad de proporcionar certeza que el procesado no podía asistir a la audiencia convocada por autoridad judicial, por motivos de salud.

III.4. De la declaratoria de rebeldía y sus consecuencias

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0793/2019-S2 de 11 septiembre, asumió el siguiente razonamiento.

A los efectos del caso presente corresponde referirse a las causales para la declaratoria de rebeldía y los efectos que produce la misma en el proceso penal; al efecto, el art. 87 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determina que el imputado será declarado rebelde cuando: “1) No comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto en este Código; 2) Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido; 3) No cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y, 4) Se ausente sin licencia del juez o tribunal del lugar asignado para residir”. Para los casos en los cuales resulte imposible al procesado comparecer, la misma norma procesal penal establece en el art. 88, que el imputado o cualquiera a su nombre, podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento; caso en el que se concederá al impedido un plazo prudencial para que comparezca. El art. 89 del mismo Código, determina que:

El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido.

Declarada la rebeldía el juez o tribunal dispondrá:

1) El arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión.

2) Las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado; 3) La ejecución de la fianza que haya sido prestada; 4) La conservación de las actuaciones y de los instrumentos o piezas de convicción; y, 5) La designación de un defensor para el rebelde que lo represente y asista con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos a todo imputado (las negrillas son agregadas). Por su parte, el art. 91 del citado Código establece que:

Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza. Conforme a dichas normas, la declaratoria de rebeldía y la expedición del mandamiento de aprehensión, cuando se basa en el art. 87 inc. 1) del CPP, tienen un objetivo instrumental, cual es el de lograr, de manera inmediata, la comparecencia del imputado a fin de que la investigación o el proceso penal continúe con su tramitación, preceptos legales de orden procesal que buscan la materialización de una justicia pronta, rápida y oportuna, cumpliendo así con el mandato constitucional que deviene de lo establecido en el art. 178.I de CPE, que a la letra establece que en el principio de celeridad -entre otros- se sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo boliviano, garantizando en todo momento que el imputado declarado rebelde, pueda ejercitar sus derechos y en su caso, previa justificación de su incomparecencia, dejar sin efecto las disposiciones judiciales emitidas a consecuencia de la declaratoria de rebeldía.

III.5. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo, asumió el siguiente entendimiento. La SC 0650/2004-R de 4 de mayo, cuyo entendimiento fue confirmado por las SSCC 0245/2007-R de 10 de abril y 0478/2011-R de 18 de abril; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0872/2016-S1 de 20 de septiembre y 0989/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, establece que:“…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus [ahora acción de libertad] y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, reiterada por la SC 0038/2011-R de 7 de febrero; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 1054/2017-S1 de 11 de septiembre, entre otras, señala que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley” (las negrillas nos corresponden).

En consecuencia, las autoridades demandadas en una acción de libertad, tienen la carga de la prueba y se hallan constreñidas a desvirtuar la lesión o amenaza de lesión del derecho, que se les atribuye, siempre que la denuncia haya sido puesta a su conocimiento y de acuerdo a las formalidades previstas por Ley, en su defecto se tendrían por probados los hechos consignados en la denuncia.

III.6. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad

Al respecto el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0381/2018-S2 de 24 de julio, que sistematizó la jurisprudencia en relación a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, asumió el siguiente razonamiento. El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones.

acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 15El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.

16El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:

1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas y el subrayado son nuestros). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, 2) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; ii) Cuando existiendo dicha vinculación: ii.a) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de P rocedimiento Penal, o cuando: ii.b) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.

III.7. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la salud, a la vida y la “legítima defensa”, debido a que, la Jueza demandada: 1) En audiencia de aplicación de medidas cautelares de 5 de julio de 2022, declaró su rebeldía y expidió una orden de aprehensión en su contra, sin considerar que antes de la audiencia él solicitó por escrito la suspensión de la misma adjuntando un certificado médico suscrito por un médico general, que le recomienda cinco días de reposo absoluto por su delicado estado de salud; así también en la audiencia su abogado presentó otro certificado médico más de un especialista y una certificación del médico forense, en el sentido que se efectuó su valoración médico legal como ordenó la autoridad jurisdiccional, pero que por problemas técnicos con su sistema informático no se pudo realizar la impresión y entrega del certificado médico correspondiente; y, 2) No emitió la conminatoria para que el Ministerio Público presente resolución conclusiva. Establecida la problemática planteada, se puede advertir que las dos denuncias que realiza el peticionante de tutela son muy distintas y no tienen vinculación entre sí, razón por la cual se efectúa el análisis de forma separada.

III.7.1. Respecto a la declaratoria de rebeldía y expedición del mandamiento de aprehensión, sin considerar su solicitud de suspensión de audiencia y los certificados médicos presentados, ni la nota del médico forense de

que no se pudo imprimir el certificado médico forense.

Conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, y acorde a lo señalado en la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, el derecho a la vida se extiende no sólo a representar la interdicción de la muerte, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra en lo conducente a la acción de libertad, y a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como el derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; en el caso objeto de análisis, si bien el accionante no se encuentra con detención preventiva, pero no es menos cierto, que una de las finalidades de la acción de libertad es también el de prevenir la vulneración de los derechos de las personas, más aun encontrándose en un estado de salud delicado, de llegar a ejecutarse el mandamiento de aprehensión en su contra, esta situación podría agravar la situación de salud del demandante de tutela, correspondiendo en consecuencia ingresar al análisis de la problemática de fondo.

Ahora bien, para el análisis del caso en particular, es necesario remitirnos al Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que cuando la autoridad demandada, pese a su legal notificación con la demanda tutelar, no presenta informe escrito ni oral, ni aporta elementos que desvirtúen los hechos denunciados en su contra, corresponde aplicar el principio de veracidad; principio aplicable en el caso en concreto, ya que la Jueza demandada fue legalmente notificada conforme la diligencia cursante a fs. 10; y, no se hizo presente a la audiencia de acción de libertad, no presentó informe y no aportó ninguna documental para desvirtuar los hechos denunciados, por lo que corresponde efectuar el análisis según los argumentos presentados por el impetrante de tutela y los antecedentes arrimados por el peticionante de tutela.

En ese marco, revisados los antecedentes que cursan en el expediente constitucional, se advierte que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Freddy Alpire Salazar -ahora impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de Falsedad material y otros, el ahora impetrante de tutela, mediante memorial presentado el 5 de julio de 2022 a horas 11:57, solicitó a la Jueza de Instrucción Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, se suspenda la audiencia de consideración de medidas cautelares de esa fecha, adjuntando al efecto conforme señala el certificado médico expedido por Oscar Eduardo Sardon Aguilar -médico general- (Conclusión II.3), verificado dicho certificado de 4 de similar mes y año, resulta que éste establece que el demandante de tutela accionante tiene antecedente de dos bypass coronario y portador de un stent coronario, medicado con antihipertensivos e hipolipemiantes, con diagnóstico de crisis de ansiedad, crisis de hipertensión y arritmia cardiaca, recetando medicación y recomendando reposo absoluto por cinco días, estudios complementarios y seguimiento por cardiología (Conclusión II.1). Conforme refiere el solicitante de tutela en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, señalada asistió a la audiencia su abogado, y presentaron otro certificado médico de un especialista -médico cirujano y médico legal- de 4 de julio de 2022, que en general ratifica el antecedente y diagnóstico del primer certificado y le recomienda un reposo total de setenta y dos horas (Conclusión II.2) y si bien no habría presentado el certificado médico forense, se presentó una certificación del médico forense del IDIF que refiere que ese día -5 de julio de 2022 a horas 10:29- el accionante se sometió a valoración médico forense, pero que no se pudo imprimir el certificado médico forense por fallas en el sistema (Conclusión II.4). En el marco de lo referido, considerando lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la acreditación de un impedimento físico como justificación de la inasistencia a la audiencia de consideración de medidas cautelares por intermedio de un certificado médico particular, para considerarse legítimo no es preciso que necesariamente sea avalado o certificado por el médico forense, pues ello implicaría admitir la existencia de una prueba, que contradijera el principio de libertad probatoria como uno de los pilares en que se asienta el modelo procesal acusatorio vigente en nuestro ordenamiento jurídico, dependiendo en todo caso del sano criterio de la autoridad jurisdiccional, en ese contexto siendo que en la acción de libertad se denuncia la falta de consideración de los certificados médicos particulares presentados por el demandante de tutela y considerando el principio de veracidad ante la falta de informe o documental que evidencie lo contrario, se tiene como cierta dicha denuncia, máxime cuando el médico forense estableció que el impetrante de tutela fue valorado por el médico forense de esa institución en horas de la mañana del mismo 5 de julio de 2022, pero que no se imprimió el certificado médico forense por fallas en el sistema, es decir que no se tiene una documental que desvirtué lo establecido en los certificados médicos particulares en el sentido de que en ambos certificados se remendó reposo absoluto al accionante, con la diferencia que el médico general remendó cinco días de reposo y el médico cirujano y legal recomienda setenta y dos horas de reposo total, al ser ambos certificados de 4 de similar mes y año, se tiene que el día de la audiencia evidentemente el solicitante de tutela debía encontrarse guardando reposo absoluto con la medicación recetada. Consecuentemente, la Jueza demandada al declarar la rebeldía del ahora accionante sin considerar lo descrito ut supra, evidentemente puso en riesgo el derecho a la libertad, la salud vinculado a la vida del accionante, más aún si consideramos lo señalado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, respecto a la posibilidad de que el imputado o cualquiera a su nombre pueda justificar su impedimento, en cuyo caso se concederá al impedido un plazo prudencial para que comparezca, en ese marco si la autoridad demandada consideraba imprescindible la presentación del certificado médico forense, al haberse efectuado ya la valoración correspondiente pudo haber otorgado un plazo razonable para la presentación del mismo, caso contrario podía dar curso a lo solicitado en la parte final de la solicitud de suspensión de audiencia en la que impetra la modalidad virtual de la audiencia, o por último pudo haber acudido incluso al lugar donde el accionante guardaba el reposo, al no haber actuado de dicha forma corresponde conceder la tutela impetrada. Terminando el análisis de esta sub problemática, es menester hacer mención a que la Jueza de garantías, en la Resolución 29/22 de 7 de julio de 2022, señala que la jueza demandada valoró los certificados aplicando la SCP 0302/2017-S2 de 3 de abril y que por ello no podía conceder la tutela de la acción de libertad en la modalidad traslativa, al respecto si bien es cierto que al inicio de la demanda tutelar se alega que la acción de libertad fuera en la modalidad traslativa o de pronto despacho, pero el en fondo no se adecua a dicha modalidad; y no es menos cierto que no se tiene en antecedentes ninguna constancia de la valoración de los certificados ni documentación que desvirtué el contenido de los certificados médicos particulares presentados.

III.7.2. Respecto a la denuncia de que la Jueza demandada no emitió la conminatoria para que el Ministerio

Público presente resolución conclusiva, pese a que la etapa preparatoria esta vencida.

Al respecto se alega que el proceso penal seguido en contra del demandante de tutela, habría iniciado el 2018 y a la fecha de la presentación de la demanda estaría vencida la etapa preparatoria por ello solicita que la Jueza conmine al Ministerio Público; en ese marco corresponde remitirnos al principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, ya que conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.6. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías ante el juez de instrucción penal que ejerce el control jurisdicional, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.

Consecuentemente, en relación a esta segunda sub problemática, el impetrante de tutela primero debió acudir ante la autoridad jurisdiccional demandada, al no haber actuado de esa forma y no agotar los medios ordinarios previstos en la norma, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la 29/22 de 7 de julio de 2022, cursante de fs. 13 a 15 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la sub problemática desarrollada en el punto III.7.1 y en consecuencia se dispone dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía y mandamiento de aprehensión de 5 de julio de 2022, expedido en contra del accionante, salvo que de forma posterior a la resolución de la Jueza de garantías, ya se haya dejado sin efecto la misma. 2° DENEGAR la tutela solicitada, en relación a la sub problemática analizada en el punto III.7.2., todo conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.5, refiere: “Ahora bien, la persecución ilegal, ha sido entendida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como “…la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella” (Así, SSCC 419/2000-R, 261/2001-R y 535/2001-R, entre otras). Conforme a dicho entendimiento, la persecución ilegal comprendería dos supuestos: a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley y; b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente. En el primero supuesto, nos encontramos, propiamente, ante al hábeas corpus preventivo, explicado precedentemente; en tanto que el segundo, hábeas corpus restringido, que de acuerdo a la doctrina procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que sin ningún fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto una amenaza inminente de privación de libertad; sin embargo, existe limitación en su ejercicio (Citaciones ilegales policiales, vigilancia domiciliaria, etc.). Este tipo de hábeas corpus, entonces, también estaría cobijado dentro de la persecución ilegal prevista en el art. 125 de la CPE y 89 de la LTC”.

2 El FJ III.5, refiere: “Ahora bien, la persecución ilegal, ha sido entendida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como “…la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella” (Así, SSCC 419/2000-R, 261/2001-R y 535/2001-R, entre otras) Conforme a dicho entendimiento, la persecución ilegal comprendería dos supuestos: a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley y; b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente. En el primero supuesto, nos encontramos, propiamente, ante al hábeas corpus preventivo, explicado precedentemente; en tanto que el segundo, hábeas corpus restringido, que de acuerdo a la doctrina procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que sin ningún fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto una amenaza inminente de privación de libertad; sin embargo, existe limitación en su ejercicio (Citaciones ilegales policiales, vigilancia domiciliaria, etc.). Este tipo de hábeas corpus, entonces, también estaría cobijado dentro de la persecución ilegal prevista en el art. 125 de la CPE y 89 de la LTC”.

3 La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el FJ III.1, dentro de una acción de amparo constitucional, refiere: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone” 4Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 1977/2013 de 4 de noviembre. 5La SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su FJ III.4, manifiesta que a través de la acción de libertad, es posible tutelar el derecho a la salud e integridad personal de privados de libertad, cuando se encuentra en directa conexión con el derecho a la vida. 6La SC 0023/2010-R de 13 de abril, prevé la protección de los derechos a la salud y a la vida en vinculación con el derecho a la libertad de locomoción, en problemas jurídicos vinculados a arraigos. 7Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 0033/2013, FJ III.2. 8Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 2007/2013 de 13 de noviembre.

invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.

13 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 14El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido,

17 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (…) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.

18 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0337_2025-S1.pdf · páginas 1 a 21.

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