Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de julio de 2024
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa, a la igualdad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación; toda vez que: a) Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por Auto Supremo 29/2022 de 23 de marzo, determinaron su extradición sin ordenar su notificación con la copia de la resolución y mandamiento a expedirse ni otorgarle un plazo para que asuma defensa, tampoco se pronunciaron sobre su situación jurídica “…que ha sido plenamente expuest[a] en la Acción del Libertad de pronto despacho…” (sic), formulada con anterioridad, inobservando dichas autoridades la Resolución constitucional dictada por el Tribunal de garantías que concedió en parte la tutela; y, b) El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, por medio de “providencia” de 9 de junio de 2022, determinó se expida mandamiento de excarcelación para traslado y entrega por extradición al gobierno de la República de Argentina sin haber resuelto su situación jurídica, cuando debió hacerlo mediante un auto interlocutorio; lesionando el debido proceso en su componente de fundamentación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 5 de julio de 2022, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Llamar la atención al citado Tribunal de garantías, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0333/2024-S2 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48863-2022-98-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 5 de julio de 2022, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángela Jenny Ortega López contra Esteban Miranda Terán, exmagistrado; Ricardo Torres Echalar, María Cristina Díaz Sosa, José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados todos del Tribunal Supremo de Justicia; y, Raúl Estrada Manrique, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 4 de julio de 2022, cursante de fs. 16 a 24, la accionante señaló que:
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 117/2021 de 21 de septiembre, dispuso su detención preventiva, fijando un plazo de cuarenta y cinco días para que la República de Argentina formalice su pedido de extradición, computable a partir de la fecha de dicha medida impuesta; no obstante, desde el 6 de enero de 2022 “al presente” transcurrieron seis meses desde de su detención sin haberse expedido mandamiento de libertad a su favor, siendo lesionado el debido proceso al haberse incumplido lo establecido en los tratados internacionales como el Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Argentina de 22 de agosto de 2013, ratificado por la Ley 723 de 24 de agosto de 2015.
Dentro de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición realizada por la Embajada de la República de Argentina, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictó el Auto Supremo 29/2022 de 23 de marzo, vulnerando sus derechos al debido proceso y a la defensa; toda vez que, solo dispuso su extradición y no se pronunció sobre su situación jurídica “…que ha sido plenamente expuesto en la Acción de Libertad de pronto despacho…” (sic), pues las autoridades demandadas no ordenaron su notificación con la copia de la resolución y mandamiento a expedirse, impidiéndole que asuma defensa; asimismo, el referido fallo incumplió la previsión contenida en los arts. 149 y 159 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 3 del Código Penal (CP); puesto que, debió indicar si se cumplió con los requisitos indispensables de demostrar que los delitos por los cuales se requiere juzgar en la República de Argentina son análogos, como establece el “…Tratado Ley 723 en su Art. 3) y 4)…” (sic), reconocido en el Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Argentina, y así tomar conocimiento de su existencia; empero, al no hacerlo vulneró su derecho a la defensa. Por otra parte, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, por medio de “providencia” de 9 de junio de 2022, ordenó expedir el mandamiento de excarcelación para traslado y entrega por extradición sin haber resuelto su situación jurídica, lesionando el debido proceso en su componente de fundamentación de las resoluciones, pues debió pronunciar un auto interlocutorio debidamente motivado.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa, a la igualdad y al debido proceso en su vertiente fundamentación, citando al efecto los arts. 23.I y III, 115.II, 117, 119.I, 120.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 29 inc. b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo el cese de la persecución indebida, se ordene la reparación de los agravios denunciados, dejando sin efecto el mandamiento de detención preventiva y de excarcelación con fines de extradición, expedido por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí; y, el Auto Supremo 29/2022, pronunciado por los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sin fundamento alguno sobre su situación jurídica, y que se objetivice un plazo para la impugnación de dicho Auto Supremo.
Celebrada la audiencia pública 5 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 46 a 49, se produjeron los siguientes actuados:
Con carácter previo a la celebración de la audiencia de garantías: a) El abogado “Villanueva” de la accionante, informó que su representada no se encontraba presente en dicho acto procesal, por lo que, no debía procederse con el mismo; b) Al respecto la Secretaria del Tribunal de garantías informó que la “noche anterior” la nombrada fue trasladada a la República de Argentina en virtud al mandamiento de excarcelación de 9 de junio de 2022, que la División de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) efectivizó a través de la Cancillería, pese a que se hizo conocer del señalado verificativo; y, c) La Jueza del Tribunal de garantías indicó que dicha audiencia debía llevarse a cabo, no pudiendo suspenderse, por ende se proseguiría con la sustanciación. El abogado “Villanueva” pidió explicación sobre la autorización de ejecución del mandamiento de excarcelación, señalando que pidió medida cautelar para que la peticionante de tutela esté presente en la audiencia de garantías, a lo que la Jueza indicó que no se ha solicitado “…una medida cautelar de suspensión de la ejecución del mandamiento de excarcelación dispuesta por el juez de instrucción sexto en lo penal de Potosí…” (sic). Finalmente, los abogados de la impetrante de tutela manifestaron no contar con poder suficiente para intervenir en la audiencia de garantías ante la ausencia de la nombrada, procediendo a retirarse de la misma, dando lugar a que el Tribunal de garantías emita pronunciamiento.
Esteban Miranda Terán, exmagistrado; José Antonio Revilla Martínez, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, Ricardo Torres Echalar, María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados todos del Tribunal Supremo de Justicia -los últimos tres no firmaron el memorial-, por informe escrito de 5 de julio de 2022, cursante de fs. 29 a 32, sostuvieron que: 1) La accionante pretende se declare la caducidad de la extradición planteada por el país requirente y en consecuencia se deje sin efecto los mandamientos de detención preventiva y excarcelación; asimismo, se otorgue un plazo para impugnar el Auto Supremo 29/2022 que dictaron; 2) La acción tutelar carece de toda fundamentación, el contenido se encuentra en completo desorden, no identificó cuál fue la vulneración de derechos y garantías, limitándose a citar doctrina y jurisprudencia; 3) A través del referido Auto Supremo declararon procedente la solicitud de extradición de la solicitante de tutela, quien fue imputada por la presunta comisión del delito de sustracción de menores previsto y sancionado por el art. 146 del CP argentino; puesto que, la peticionante de tutela sustrajo a los menores AA y BB de diez y once años, sin la autorización de su padre, cruzando la frontera de la República de Argentina sin pasar por los puestos migratorios habilitados; y, 4) La Embajada del mencionado país, por Nota REB 225 de 28 de junio de 2022 adjuntó al Oficio GGM-DGAJ-UAJI-Cs-1807/2022 de 29 del referido mes, del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó el itinerario de traslado de la extraditable con custodio personal; dicha Nota la recepcionaron el 4 de julio de igual año, disponiendo de forma inmediata se ponga a conocimiento de las autoridades competentes que coadyuvarían con su entrega; por lo que, no hubo dilación y tampoco vulneración de los derechos invocados por la impetrante de tutela; por ende solicitaron se deniegue la tutela. Raúl Estrada Manrique, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, no remitió informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 27.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 5 de julio de 2022, cursante de fs. 49 a 52, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad fue interpuesta con la finalidad de hacer cumplir parámetros establecidos en una anterior acción tutelar planteada, en la que se hizo referencia y se fundamentó respecto a que se hubiera realizado la conminatoria a los Magistrados ahora demandados, a fin de que se pronuncien sobre la situación jurídica de la impetrante de tutela, principalmente dar respuesta al memorial de 16 de marzo de igual año; aspecto que a decir de la peticionante de tutela, “hasta la fecha” no se acató ni con la notificación de las resoluciones emitidas por esa instancia; lo que, hace a la improcedencia de activar la justicia constitucional para solicitar el cumplimiento de una anterior acción de defensa; ii) La SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, estipuló dos subreglas de improcedencia; la primera, cuando a través de una acción tutelar se pretende el cumplimiento de otra acción constitucional, incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, la segunda, se refiere a que por medio de una acción de defensa se pretenda cuestionar de forma total o parcial las resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento parcial, distorsionado o tardío de los fallos constitucionales, incluyendo la determinación de los jueces o tribunales de garantías y las del Tribunal Constitucional Plurinacional, en ambos supuestos la parte accionante o demandada aún si existiese fallo constitucional dictado por dicho Tribunal, deben acudir al juez o tribunal de garantías, que emitió la resolución constitucional inicial, para el cumplimiento de sus resoluciones; iii) En el presente caso la accionante hizo alusión a hechos relacionados al cumplimiento de una resolución de una anterior acción de libertad resuelta el 19 de mayo de 2022; motivo por el cual, no puede darse curso nuevamente a través del presente mecanismo constitucional; iv) La solicitante de tutela no precisó cuál derecho lesionado guarda estrictamente relación con su libertad, asimismo, en cuanto a la conculcación del debido proceso, este debe encontrarse directamente vinculado con el derecho a la libertad, caso contrario, deberá activar los medios intraprocesales y una vez agotados estos, si persiste la lesión podrán acudir a la acción de amparo constitucional; y, v) En lo concerniente al Juez demandado acusado de haber dispuesto la emisión de un mandamiento de excarcelamiento, sin fundamento y mediante una providencia; de la prueba remitida por dicha autoridad, se tiene el Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2022, en el cual señaló, “aceptada la extradición” y se determinó que la accionante que se encontraba recluida en el Centro de Rehabilitación Corazón de Jesús de Tupiza del departamento de Potosí, sea entregada de manera inmediata al gobierno de la República de Argentina, no siendo evidente lo expuesto por la impetrante de tutela; al margen de ello, no es posible activar una acción de defensa para reclamar cuestiones procesales dentro de un determinado proceso, pues a tal efecto pueden acudir a la vía ordinaria.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de garantías y Resolución de 19 de mayo de 2021
-dentro de la acción de libertad interpuesta por Angélica Jenny Ortega López contra los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia-, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante la cual, resolvió conceder la tutela en parte con relación a la dilación indebida y se dispuso que el Tribunal Supremo de Justicia, de manera inmediata se pronuncie sobre la solicitud de libertad efectuada por la accionante dentro del proceso de extradición; y, denegó respecto al pedido de revisión de fondo del Auto Supremo 117/2021 de 21 de septiembre y dejar sin efecto el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición (fs. 5 a 9 vta.). II.2. A través del Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2022, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, en virtud a la extradición aceptada, dispuso que la peticionante de tutela, quien se encontraba recluida en el Centro de Rehabilitación Corazón de Jesús de Tupiza del departamento señalado, sea trasladada y entregada al gobierno de la República de Argentina; a tal efecto, ordenó se emita el mandamiento de excarcelación de la nombrada; asimismo, una vez ejecutada su entrega indicó se informe de manera inmediata al Tribunal Supremo de Justicia o a su autoridad (fs. 40 a 41). II.3. Se tiene orden de salida de 4 de julio de 2022, emitida por Mirian Flores Baltazar, Jueza del Tribunal de garantías, recibido por el mencionado Centro de Rehabilitación a horas 17:10 de la señalada fecha (fs. 28).
II.4. Consta acta de entrega de persona privada de libertad de 5 de julio de 2022 a horas 19:50, correspondiente a la accionante, entregada por David Chaira Isnado, Encargado de Traslado del Centro de Rehabilitación Corazón de Jesús de Tupiza del departamento de Potosí, a personal designado para el recojo de la INTERPOL; asimismo, se tiene Informe 036/2022 de 5 de julio, elaborado por el Director del mencionado Centro de Rehabilitación (fs. 43 y 45). II.5. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene la SCP 0157/2024-S2 de 13 de mayo, que resolvió “…CONFIRMAR la Resolución de 19 de mayo de 2022, cursante de fs. 88 a 91 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por el citado Tribunal…” (las negrillas pertenecen al texto original).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa, a la igualdad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación; toda vez que: a) Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por Auto Supremo 29/2022 de 23 de marzo, determinaron su extradición sin ordenar su notificación con la copia de la resolución y mandamiento a expedirse ni otorgarle un plazo para que asuma defensa, tampoco se pronunciaron sobre su situación jurídica “…que ha sido plenamente expuest[a] en la Acción del Libertad de pronto despacho…” (sic), formulada con anterioridad, inobservando dichas autoridades la Resolución constitucional dictada por el Tribunal de garantías que concedió en parte la tutela; y, b) El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, por medio de “providencia” de 9 de junio de 2022, determinó se expida mandamiento de excarcelación para traslado y entrega por extradición al gobierno de la República de Argentina sin haber resuelto su situación jurídica, cuando debió hacerlo mediante un auto interlocutorio; lesionando el debido proceso en su componente de fundamentación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0062/2024-S2 de 12 de marzo, haciendo alusión a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0157/2015-S3 de 20 de febrero y 0047/2019-S2 de 1 de abril, señaló lo siguiente: «“…si bien fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, efectuando una sistematización jurisprudencial con relación a la posibilidad de activar una acción de defensa para lograr el cumplimiento de una Sentencia Constitucional emergente de una primera acción tutelar; su razonamiento jurídico también es aplicable a otras acciones de defensa, entre ellas, la acción de libertad, estableciendo dos subreglas de improcedencia, referidas a: i) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y, ii) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40.II del CPCo, que señala: 'La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente'; y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que cita: ‘I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…”’» (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).
En el caso objeto de estudio, la accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa, a la igualdad y al debido proceso en su vertiente fundamentación; toda vez que: 1) Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a través del Auto Supremo 29/2022 de 23 de marzo, determinaron su extradición sin ordenar su notificación con la copia de la resolución y mandamiento a expedirse ni otorgarle un plazo para que asuma defensa, tampoco se pronunciaron sobre su situación jurídica “…que ha sido plenamente expuest[a] en la Acción del Libertad de pronto despacho…” (sic), formulada con anterioridad, inobservando dichas autoridades la Resolución constitucional dictada por el Tribunal de garantías que concedió en parte la tutela; y, 2) El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí, por medio de “providencia” de 9 de junio de 2022, determinó se expida mandamiento de excarcelación para traslado y entrega por extradición sin haber resuelto su situación jurídica, cuando debió hacerlo a través de un auto interlocutorio, lesionando el debido proceso en su componente de fundamentación. Conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se estableció la improcedencia en lo que respecta a la interposición de una acción tutelar para cuestionar total o parcialmente determinaciones o resoluciones de autoridades o personas particulares, que emergieron del cumplimiento de otro fallo constitucional, incluyendo la decisión de los jueces y tribunales de garantías, así como, de las salas constitucionales, y la del Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo acudir ante el mismo juez, tribunal de garantías o sala constitucional que pronunció la resolución constitucional inicial, conforme prevé el art. 40.II del Código Procesal Constitucional (CPCo). Respecto a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Bajo ese contexto, en el caso venido en revisión, se tiene que la accionante planteó la presente acción de defensa pretendiendo el cumplimiento integral de la Resolución de 19 de mayo de 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí -Tribunal de garantías- que conoció la primera acción de libertad y concedió en parte la tutela solicitada, con relación a la dilación indebida y dispuso que el Tribunal Supremo de Justicia, de manera inmediata se pronuncie sobre la solicitud de libertad efectuada por la nombrada dentro del proceso de extradición; y, denegó respecto a la petición de revisión de fondo del Auto Supremo 117/2021 de 21 de septiembre y de dejar sin efecto el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición; Resolución confirmada por este Tribunal a través de la SCP 0157/2024-S2 de 13 de mayo; sin embargo, la peticionante de tutela en este segundo mecanismo constitucional interpuesto, cuestiona que el Auto Supremo 29/2022, dictado por los Magistrados demandados como consecuencia de la Resolución de 19 de mayo de 2021, incumplió lo dispuesto en ese fallo constitucional; ya que, no consideró su situación jurídica, y no fue notificada con dicha Resolución ni otorgó un plazo para la impugnación del referido Auto Supremo. Los citados aspectos se traducen en una solicitud de cumplimiento de la Resolución emitida por el Tribunal de garantías que conoció la primera acción de defensa; ante esa situación la solicitante de tutela se encontraba habilitada para acudir ante el mencionado Tribunal de garantías a efectos de denunciar ese extremo; puesto que, como se indicó fue ese Tribunal quien conoció la primera acción tutelar; por ende, es la autoridad competente para resolver su reclamo dentro del procedimiento de la acción de libertad de donde proviene la actuación hoy cuestionada; lo contrario, implicaría generar un sin fin de acciones tutelares, en las que se denuncien diferentes situaciones con base en un mismo hecho, lo cual daría lugar al uso innecesario de los medios de defensa previstos a tal efecto; asimismo, desnaturalizaría su eficacia y finalidad dentro de una eventual concesión de la tutela. En atención a lo precedentemente expuesto, es evidente que el objeto del presente mecanismo constitucional se adecúa a la primera de las subreglas establecidas en la SCP 0157/2015-S3, citada por la SCP 0062/2024-S2, que sostuvo: “i) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento…” (énfasis añadido); en ese sentido, al enmarcarse la acción de defensa en la primera subregla de improcedencia, incumbe denegar la tutela solicitada. En cuanto al Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Potosí En lo que concierne a la nombrada autoridad, la accionante pidió el cese de la persecución indebida y se dejen sin efecto el mandamiento de detención preventiva y excarcelación, mismo que alega hubiera sido dispuesto a través de una providencia, sin resolver su situación jurídica vulnerando el debido proceso en su vertiente fundamentación; al respecto, de obrados se tiene el Auto Interlocutorio de 9 de junio de 2022, dictado por el referido Juez, en observancia al Auto Supremo 29/2022, en el que señala: en virtud al proveído de 7 del referido mes y año, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia; y, al decreto de 8 de igual mes y año, dictado por el Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; el 9 del citado mes y año, pronunció el Auto Interlocutorio indicado, mismo que como se puede advertir emerge como cumplimiento del citado Auto Supremo, fallo que a su vez resulta de la Resolución de 19 de mayo de 2021; por consiguiente, todos esos aspectos, debieron ser cuestionados al Tribunal de garantías que conoció y resolvió la primera acción de libertad, deviniendo la presente acción de defensa en improcedente, por las razones expuestas en el apartado precedente. En ese sentido, la justicia constitucional no puede inmiscuirse en aspectos que devienen de una solicitud de cumplimiento de un fallo constitucional que emerge de una anterior acción de defensa, pues se estaría dando lugar a que los accionantes activen un sin fin de acciones tutelares, cuando lo que correspondía en el presente caso era acudir ante el Tribunal de garantías en queja por incumplimiento, sobrecumplimiento o cumplimiento distorsionado (art. 16.II del CPCo), de la SCP 0157/2024-S2; en ese contexto, incumbe denegar la tutela impetrada, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
Finalmente, cabe hacer referencia al “OTROSÍ SEGUNDO” del memorial de la acción tutelar, en el que la accionante “…SOLICITA medida cautelar para asegurar la presencia en audiencia de consideración de la presente acción y se libre la orden de conducción a la sal[a] de audiencia…” (sic), al respecto el Tribunal de garantías que conoció esta acción de libertad, sostuvo que no se hubiera impetrado “…una medida cautelar de suspensión de la ejecución del mandamiento de excarcelación dispuesta por el juez de instrucción se[x]to en lo penal de Potosí…” (sic); sin embargo, de la lectura del referido Otrosí, es evidente que la peticionante de tutela pidió la medida cautelar para estar presente en la audiencia de garantías, la cual no fue considerada; por tal aspecto, corresponde llamar la atención al Tribunal de garantías, a fin de que en lo posterior no vuelva ocurrir esa inobservancia; cabe señalar que esa circunstancia no incide en la forma de la resolución. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 5 de julio de 2022, cursante de fs. 49 a 52, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Tupiza del departamento de Potosí; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2° Llamar la atención al citado Tribunal de garantías, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0333_2024-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 57714d56a6e3dc6a7029abcdeb3c9a3805bcc97d8e3568dc4fe334018cd5b433
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