Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de julio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Jueza de la causa dispuso su detención preventiva ante la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización; es así que, por Auto Interlocutorio 250/2020 de 20 de junio -de consideración de cesación de la detención preventiva-, se le otorgó medidas sustitutivas a esa medida impuesta y a efecto de extenderse mandamiento de libertad, se dispuso adjunte certificado domiciliario actualizado; por tal motivo, mediante memoriales presentados el 24 y 29 de junio de 2022, solicitó al Fiscal de Materia demandado extienda los respectivos requerimientos fiscales; pretensión que fue rechazada bajo el argumento que el “único” domicilio sería el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, ante esa decisión, acudió a dicha Jueza, quien mediante providencia de 29 de igual mes y año, dictaminó que para hacer efectiva la libertad presente la indicada verificación domiciliaria, determinación notificada al representante fiscal, quien no dio curso a esa pretensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 27 a 31 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0331/2024-S2 Sucre, 9 de julio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48820-2022-98-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 35/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 27 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erick Marvin Monzón Jancko contra Ali Jhunior Martínez Flores, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 4 de julio de 2022, cursante de fs. 5 a 8 vta., el accionante refirió que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, la autoridad judicial a través del Auto Interlocutorio de 31 de diciembre de 2021, dispuso su detención preventiva ante la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, que fue desvirtuando en las diferentes audiencias de cesación. Es así que, por Auto Interlocutorio 250/2022 de 20 de junio -de consideración de cesación de la detención preventiva-, se le otorgó medidas sustitutivas a dicha medida impuesta, librándose orden de arraigo y a efecto de extender el respectivo mandamiento de libertad previamente se le pidió acompañe una certificación actualizada de verificación domiciliaria; decisión judicial que fue impugnada por Ali Jhunior Martínez Flores, Fiscal de Materia -demandado-; sin embargo, dicho fallo fue confirmado, debido a que, el prenombrado no se hizo presente en la audiencia de apelación.
A objeto de viabilizar su libertad, a través de memoriales presentados el 24 y 29 de junio de 2022, pidió al demandado la verificación domiciliaria, solicitud que fue rechazada bajo el argumento que el “único” domicilio que se conoce sería el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija y que mientras no se acredite a futuro un domicilio es inviable disponer dicha verificación. Ante la dilación por parte del Fiscal de Materia demandado, acudió a la autoridad judicial, quien por decreto de 29 de junio de 2022, determinó que a efecto de emitirse el respectivo mandamiento de libertad, deberá presentarse la certificación domiciliaria actualizada conforme se resolvió en el Auto Interlocutorio 250/2022; Auto que fue notificado al indicado representante fiscal, quien sostuvo que “…él no estará a lo que la autoridad jurisdiccional diga sino que las cosas deben hacerse según su criterio…” (sic); fallo que denotaría ausencia de objetividad.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) “EN EL DÍA” se emita requerimiento fiscal a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a efecto de realizar la verificación domiciliaria de su persona y se efectivice su libertad; y, b) La reparación de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 24 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados.
El accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido íntegro de la acción de libertad, y ampliándolo señaló que: 1) El 31 de diciembre de 2021, se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, verificativo en el que no existió debate respecto a la ausencia de domicilio; asimismo, el Fiscal de Materia demandado no cuestionó ese aspecto, es más, el prenombrado conocía el domicilio donde habita; ya que, el Investigador asignado al caso realizó informe de allanamiento adjuntando muestrario fotográfico del mismo; 2) Por Auto Interlocutorio 250/2022, se otorgó detención domiciliaria con escolta permanente, disponiendo que previamente a emitirse el mandamiento de libertad, presente certificado domiciliario actualizado; por ello, solicitó al demandado expida requerimiento fiscal para cumplir lo determinado por la autoridad judicial; puesto que, el Ministerio Público tiene el deber de viabilizar el mismo con la finalidad de tramitar los certificados domiciliarios; 3) Se alegó que no se agotaron todas las instancias -principio de subsidiariedad-; pues, ante la vulneración de derechos y garantías constitucionales, puso en conocimiento de la autoridad de control jurisdiccional conforme al art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que el representante fiscal demandado no dio curso a la verificación domiciliaria, por ello, mediante providencia de 29 de junio de igual año, se dispuso que a fin de efectivizar su libertad previamente se presente certificado domiciliario, determinación que no podría desconocerse; y, 4) El Tribunal Constitucional Plurinacional en casos similares a conminado al Ministerio Público a cumplir con las observaciones y órdenes emanadas por el Juez de la causa; asimismo, la SCP 0891/2021-S4 de 25 de noviembre, estableció que ante la concesión de la cesación de la detención preventiva como la detención domiciliaria bajo vigilancia del investigador asignado previa verificación domiciliaria, el Fiscal de Materia debió cumplir con lo dispuesto por la autoridad judicial, vulnerándose el principio de celeridad en la administración de justicia.
Ali Jhunior Martínez Flores, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 5 de julio de 2022, cursante de fs. 15 a 16 vta., sostuvo que: i) En la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad judicial no dispuso la libertad del accionante, al contrario, otorgó detención domiciliaria con escolta permanente; asimismo, determinó la remisión del certificado domiciliario, documento que no fue presentado; por ello, no acreditó residencia u otro ambiente donde cumplirá la medida sustitutiva; ii) Respecto a los memoriales presentados el 24 y 29 de junio del referido año, el Ministerio Público conoce como domicilio del accionante el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, no siendo útil ni pertinente la solicitud de verificación domiciliaria; toda vez que, el prenombrado debió pedir de forma adecuada su pretensión, es decir, indicar donde desarrollará y cumplirá la detención domiciliaria; iii) Ante el rechazo respecto a la citada verificación, el impetrante de tutela debió acudir ante la autoridad de control jurisdiccional; por otro lado, no puede desconocer el contenido de la providencia de 29 de junio de 2022; empero, esa decisión no ordena a su persona a disponer algún requerimiento fiscal sobre la mencionada certificación domiciliaria; iv) Se trataría de desnaturalizar la acción de libertad; en vista de que, se la interpuso de manera directa, sin antes agotar las vías legales; ya que, los decretos que hubieran sido respondidos a los indicados memoriales no fueron impugnados conforme establece el art. 306 del CPP, denotando de esa manera su convalidación y preclusión; v) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar trámites judiciales o administrativos; es decir, cuando existan dilaciones indebidas; sin embargo, en el presente caso no se tiene ninguna demora ni falta de celeridad; por otro lado, la verificación domiciliaria no puede ser atendida por la justicia constitucional, debido a que, no se dispuso la libertad del accionante como erradamente se sostiene en su acción tutelar; y, vi) La Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, protege a las personas víctimas, por tal razón, la persona implicada en ese tipo de delitos no puede ser beneficiada con otra medida que no sea la detención domiciliaria.
Mauricio Armando Gutiérrez Moya, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías indicó que: a) No se cumplió con el principio de subsidiariedad, además, en el presente verificativo no se fundamentó los elementos para la procedencia de este mecanismo de defensa como acción extraordinaria en su interpretación evolutiva; b) El art. 125 de la CPE, sostiene que la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, tiene la finalidad de tutelar la celeridad vinculada a la libertad física y de locomoción, situación que no se demostró; ya que, el solicitante de tutela no acreditó domicilio donde pretendía hacer su verificación; y, c) Dentro de una causa penal cuando una solicitud es rechazada, los sujetos procesales tienen la posibilidad de impugnar ante el Fiscal Departamental conforme al art. 306 del CPP, situación que debió observar el accionante a fin de hacer valer sus derechos.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 35/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 27 a 31 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La autoridad fiscal demandada en su informe sostuvo que no era necesario realizar la verificación domiciliaria del accionante, debido a que, su domicilio sería el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija; 2) Los decretos a los memoriales presentados el 24 y 29 de junio de 2022, darían cuenta sobre el rechazo a la solicitud de verificación domiciliaria; pues, la acción de libertad como mecanismo de defensa idóneo y expeditó no puede ser sustituida por otro recurso para atender los reclamos respecto a la certificación domiciliaria; toda vez que, la decisión judicial deberá ser impugnada ante la jurisdicción ordinaria, para luego acudir directamente a la justicia constitucional; 3) Del análisis de los antecedentes, el solicitante de tutela no explicó ni puntualizó y tampoco acreditó, cuál sería la residencia donde cumpliría la detención domiciliaria, a efecto de que el Fiscal de Materia demandado ordene su verificación a la FELCC; 4) La SCP 0891/2021-S4 referida por el peticionante de tutela, no es concordante con la problemática planteada ni sería una situación análoga a su caso; ya que, la línea constitucional identificada es sobre un inmueble que estaba precintado por un hecho ilícito; por ello, no tiene vinculación a la presente acción tutelar, además, el domicilio del accionante no está identificado de manera cierta y efectiva; por otro lado, en la audiencia de medidas cautelares -31 de diciembre de 2021-, solo se hizo mención sobre la acreditación del domicilio; empero, “en este momento” transcurrieron casi siete meses, por ese tiempo su residencia podría haber cambiado, aspecto que no puede darse por sobreentendido; 5) El demandado precisó que la previsión establecida en el art. 306 del CPP, faculta a quien considere que no ha cumplido diligencias acuda al Fiscal Departamental; sin embargo, al estar bajo control jurisdiccional y al existir una decisión judicial -providencia de 29 de junio de 2022-, lo correcto era que el accionante recurra a la autoridad jurisdiccional requiriendo su verificación domiciliaria, indicando “…ʽeste es el domicilio que queremos que verifique mediante la FELCCʼ…” (sic); en caso de no ser atendida, interponer esta acción de libertad, incumpliendo de esa manera con el principio de subsidiariedad; y, 6) La SCP 0365/2022-S3 de 28 de abril, precisó que ante la denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones cometidas por fiscales o policías en la etapa preparatoria, que impliquen lesión a derechos fundamentales, deben concurrir al “juez cautelar” como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación. En la vía de complementación el accionante a través de su abogado solicitó se aclare que norma es la que establece que el domicilio no sería extensivo; además, se sostuvo que no acudió a la autoridad jurisdiccional, alegación que no condice con los datos del proceso; ya que, ante el rechazo a la verificación domiciliaria por la autoridad fiscal demandada, recurrió ante la Jueza de control jurisdiccional conforme al art. 279 del CPP; de ello, dicha autoridad mediante providencia de 29 de junio de 2022, conminó al Fiscal de Materia demandado a seguir con la secuencia procesal. En sustanciación y resolución, la citada Sala Constitucional aclaró que se refirió al término “actualización” de domicilio o residencia; ya que, ante la detención preventiva del impetrante de tutela se tiene como su domicilio el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija; por otro lado, del memorial de 28 de junio de 2022, solo existe pronunciamiento a través de la providencia de 29 de igual mes y año; es decir, posterior a esa pretensión, no hubo reclamó ante la autoridad de control jurisdiccional; por ello, no sería posible acudir directamente a la vía constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 24 de junio de 2022, ante el representante fiscal, Erick Marvin Monzón Jancko -accionante- y otros, solicitaron requerimiento dirigido al: Director de la FELCC (extienda certificado de registro domiciliario); Investigador asignado al caso (realice verificación del domicilio del peticionante de tutela); y, Director del Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija (elabore informe socioeconómico del nombrado); solicitud que mereció el proveído de igual fecha, señalando la autoridad demandada que: “Al punto 1 y 2.- Habiéndose dispuesto la detención domiciliaria con escolta permanente no es pertinente ni necesario requerir lo solicitado toda vez que no existirá susceptibilidad alguna ya que el encargado de hacer cumplir sus resoluciones es el Órgano judicial” (sic [fs. 1 a 2]).
II.2. Por escrito interpuesto el 29 de junio de 2022, ante el Fiscal de Materia demandado, el impetrante de tutela reiteró su solicitud de notificación al Director de la FELCC Tarija a fin de que se proceda a la verificación de su domicilio; solicitud providenciada la mencionada fecha, señalando la indicada autoridad: “Al punto único.- Considerando lo mencionado se extraña la existencia de algún requerimiento arbitrario; sin embargo, hasta la fecha el único domicilio que conoce la autoridad fiscal es el que se encuentra en el Penal de Morros Blancos y mientras no se acredite el domicilio futuro no se puede disponer la verificación de un domicilio que se desconoce” (sic [fs. 3 y vta. ]). II.3. Por escrito presentado el 29 de igual mes y año, ante la Jueza de la causa, el accionante pidió en previsión del art. 279 del CPP -en vía de control jurisdiccional-, conminar al Fiscal de Materia demandado requiera “…la verificación domiciliara de [su] persona EN EL DÍA…” (sic [fs. 17 y vta.]). II.4. A través de providencia de 29 de junio de 2022, la autoridad judicial en respuesta al memorial “8327115” señaló que: “…no es menos evidente que el fundamento del fiscal se encuentra acorde a derecho una vez opere la medida cautelar, empero, para que este se haga efectivo conforme se dispuso por Auto Interlocutorio de Consideración de la Cesación de la Detención Preventiva Nº 250/2022 previamente de remitir la certificación actualizada a fin de emitir el Mandamiento correspondiente” (sic [fs. 23]).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de feminicidio, la Jueza de la causa dispuso su detención preventiva ante la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización; es así que, por Auto Interlocutorio 250/2020 de 20 de junio -de consideración de cesación de la detención preventiva-, se le otorgó medidas sustitutivas a esa medida impuesta y a efecto de extenderse mandamiento de libertad, se dispuso adjunte certificado domiciliario actualizado; por tal motivo, mediante memoriales presentados el 24 y 29 de junio de 2022, solicitó al Fiscal de Materia demandado extienda los respectivos requerimientos fiscales; pretensión que fue rechazada bajo el argumento que el “único” domicilio sería el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija, ante esa decisión, acudió a dicha Jueza, quien mediante providencia de 29 de igual mes y año, dictaminó que para hacer efectiva la libertad presente la indicada verificación domiciliaria, determinación notificada al representante fiscal, quien no dio curso a esa pretensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, SCP 0050/2022-S2 de 6 de abril, asumiendo la línea jurisprudencial de la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que: «…“todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor (…) Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdiccional ordinaria aludidos”. Con relación a la activación paralela, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, señaló: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional”» (énfasis añadido).
Los hechos denunciados por el accionante, radican en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de feminicidio, siendo que la Jueza de la causa dispuso su detención preventiva ante la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, posteriormente, por Auto Interlocutorio 250/2020 de 20 de junio -de consideración de cesación de la detención preventiva-, se le otorgó medidas sustitutivas a esa medida impuesta y a efecto de extenderse el mandamiento de libertad se dispuso adjunte certificado domiciliario actualizado; por tal motivo, mediante memorial presentado el 24 de junio de 2022, ante el representante fiscal, Erick Marvin Monzón Jancko -accionante- y otros, solicitaron requerimiento dirigido al: Director de la FELCC (extienda certificado de registro domiciliario); Investigador asignado al caso (realice verificación del domicilio del peticionante de tutela); y, Director del Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija (elabore informe socioeconómico del nombrado); solicitud que mereció el proveído de igual fecha, señalando la autoridad demandada que: “Al punto 1 y 2.- Habiéndose dispuesto la detención domiciliaria con escolta permanente no es pertinente ni necesario requerir lo solicitado toda vez que no existirá susceptibilidad alguna ya que el encargado de hacer cumplir sus resoluciones es el Órgano judicial” (sic [Conclusión II.1]); pretensión reiterada el 29 de igual mes y año, ante el Fiscal de Materia demandado, por el impetrante de tutela respecto a la notificación al Director de la FELCC Tarija a fin de que se proceda a la verificación de su domicilio; solicitud providenciada la mencionada fecha, por la indicada autoridad señalando: “Al punto único.- Considerando lo mencionado se extraña la existencia de algún requerimiento arbitrario; sin embargo, hasta la fecha el único domicilio que conoce la autoridad fiscal es el que se encuentra en el Penal de Morros Blancos y mientras no se acredite el domicilio futuro no se puede disponer la verificación de un domicilio que se desconoce” (sic [Conclusión II.2]); ante el rechazo a sus pedidos, a través de memorial presentado en igual fecha, a la Jueza de la causa, el impetrante de tutela pidió en previsión del art. 279 del CPP -en vía de control jurisdiccional-, conminar al Fiscal de Materia demandado requiera “…la verificación domiciliaria de [su] persona EN EL DÍA…” (sic [Conclusión II.3]). Asimismo, del verificativo de la audiencia de garantías celebrada el 5 de julio de 2022, el accionante sostuvo que: “…en la audiencia de aplicación de medidas cautelares desarrollada en fecha 31 de diciembre de 2021, conforme su autoridad podrá evidenciar en el legajo procesal que se ha remitido, en ningún momento se ha hecho referencia a la ausencia del domicilio…” (sic); aspecto que el demandado no cuestionó, es más, conocía el domicilio donde habita; ya que, el Investigador asignado al caso realizó informe de allanamiento adjuntando muestrario fotográfico.
En esa situación, en el presente mecanismo de defensa venido en revisión, el impetrante de tutela identifica y propone a esta justicia constitucional como los actos que presuntamente lesionan sus derechos a la libertad y al debido proceso, el rechazo a su solicitud sobre verificación domiciliaria; pues en su entender, los proveídos de 24 y 29 de junio de 2022, denotan falta de objetividad; ya que, el demandado debió haber revisado los antecedentes de la causa penal para tener conocimiento que en la audiencia de aplicación de medidas cautelares de 31 de diciembre de 2021, no se determinó su detención en razón al domicilio; por ello, no era necesario acreditar el mismo a futuro. Ahora bien, lo alegado en la presente acción de defensa, también fue puesto a conocimiento de la Jueza de la causa a través de memorial presentado el 29 de junio de 2022, donde el prenombrado pidió control jurisdiccional de conformidad al art. 279 del CPP, a efecto que se conmine al demandado dar curso a su solicitud de verificación domiciliaria, aspecto que conforme se tiene de antecedentes fue atendido por dicha Jueza mediante providencia de la mencionada fecha, disponiendo que: “…no es menos evidente que el fundamento del fiscal se encuentra acorde a derecho una vez opere la medida cautelar, empero, para que este se haga efectivo conforme se dispuso por Auto Interlocutorio de Consideración de la Cesación de la Detención Preventiva Nº 250/2022 previamente se remitir la certificación actualizada a fin de emitir el Mandamiento correspondiente” (Conclusión II.4); pese a ello, a criterio del accionante, el representante fiscal demandado insiste en rechazar la señalada solicitud, evitando con ello se le otorgue su libertad. De lo precedentemente expuesto, este Tribunal advierte que, el planteamiento jurídico-constitucional que el impetrante de tutela pone a conocimiento de esta justicia constitucional -rechazo a su solicitud de verificación domiciliaria-, en la vía de control jurisdiccional conforme a los arts. 54.I y 279 del CPP, con anterioridad (29 de junio de 2022) fue también denunciado ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, quien conoce la causa y es la encargada del control jurisdiccional, desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria; en ese entendido, en el caso que nos ocupa, de forma equivocada y desconociendo la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el accionante activó de manera paralela dos jurisdicciones denunciando la misma problemática respecto al indicado asunto -rechazo de verificación domiciliaria-. Consiguientemente, debe tenerse en cuenta que, esta jurisdicción solo se activa cuando los agravios son oportunamente denunciados y agotados en sus instancias en la jurisdicción ordinaria; bajo ese contexto, este mecanismo constitucional no procede, muchos menos puede activarse de manera simultánea a la vía ordinaria, sobre un mismo asunto, pues ello puede generar que ambas jurisdicciones ingresen en criterios contrapuestos, dicho de otro modo, generarían disfunción procesal en torno al proceso penal del cual deviene la presente acción tutelar; razones por las cuales, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática traída en revisión. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2022 de 5 de julio, cursante de fs. 27 a 31 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0331_2024-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 07bd20ae09085c0dd354d25ec39991b13549a1f6d143d62fb99cc27b68df5221
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