Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como del principio de seguridad jurídica, alegando que solicitó al Fiscal de Materia demandado la emisión de requerimientos fiscales con la finalidad de promover un incidente de cesación de su detención preventiva; sin embargo, dicha autoridad se habría rehusado a entregar los referidos requerimientos a su progenitora bajo el argumento de que esta no se encontraba autorizada para recogerlos; refiere que dicha omisión generó una dilación indebida que le impidió solicitar la cesación de la medida cautelar de carácter personal que viene cumpliendo; en virtud de ello, solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada entregue de forma inmediata los requerimientos fiscales solicitados a su progenitora. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 31 a 32, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto de los derechos al debido proceso y a la libertad, en su dimensión vinculada a la atención pronta y oportuna de los requerimientos fiscales solicitados por el accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que el Fiscal de Materia demandado emita respuesta al memorial presentado por el accionante el 29 de marzo de 2023, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas computables a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional, siempre que dicha solicitud no hubiera sido atendida con anterioridad. 3° Denegar la tutela solicitada respecto al principio de seguridad jurídica, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0324/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55328-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 28/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 31 a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Abdón Villarroel Miranda en representación sin mandato de Fernando Luis Villarroel Molina contra Jaime Mollo Tapia, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 12 de abril de 2023, cursante a fs. 1; y, 11 a 13, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del municipio de Guanay, en su contra, por la presunta comisión del delito de estupro, mediante Auto Interlocutorio 479/2022 de 29 de noviembre, la autoridad jurisdiccional a cargo de la causa dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Calahuma de Viacha, del departamento de La Paz. En ese contexto, mediante memoriales de 21 y 29 de marzo de 2023, presentados ante Jaime Mollo Tapia, Fiscal de Materia -ahora demandado-, solicitó la emisión de requerimientos fiscales; sin embargo, estos no fueron entregados a Rosa Molina Velasco -su progenitora- bajo el argumento de que únicamente podían ser recogidos por su abogado o asistente; refiere que dicha dilación le impide solicitar la cesación de su detención preventiva..
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como del principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada entregue de forma inmediata los requerimientos fiscales solicitados a su progenitora.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 29 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó los argumentos de su acción de defensa; y, ampliándolos en audiencia, señaló que: a) El Ministerio Público consignó de manera errónea el Código Único de Denuncias (CUD) en el memorial de inicio de investigación, situación que generó la observación al primer memorial presentado ante la autoridad fiscal demandada; b) La solicitud de requerimientos fiscales presentada los días 21 y 29 de marzo de 2023 ante el Fiscal de Materia demandado tuvo por objeto “…presentar la cesación a la detención preventiva (…) más cuando la mamá de[l] ciudadano va a tramitar los requerimientos fiscales…” (sic); pese a ello, anteriormente solicitaron otros requerimientos que no merecieron observación alguna y fueron entregados a su progenitora; y, c) La SCP 0907/2012 de 22 de agosto estableció que la acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos cuya dilación repercute en la situación jurídica de una persona privada de libertad. Por ello, considera que se lesionaron sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la petición y al principio de legalidad.
Jaime Mollo Tapia, Fiscal de Materia, mediante informe escrito cursante a fs. 24 y vta., informó que: 1) El 2 y 9 de septiembre de 2022 comunicó el inicio de la investigación a la autoridad de control jurisdiccional, radicándose el proceso penal en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz; 2) El impetrante de tutela, al contar con una autoridad jurisdiccional que ejerce control sobre la investigación, debió acudir previamente ante ella con la finalidad de corregir la presunta lesión que denuncia en la presente acción tutelar; 3) La primera solicitud ingresó con un código equivocado y, en el segundo memorial, no se utilizó el término “reitera”; además, ambos escritos se encuentran registrados en el portafolio digital del Ministerio Público; y, 4) Al tratarse de una víctima menor de edad, corresponde aplicar el régimen de protección reforzada previsto en los arts. 193 inc. d) y 196 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), habiéndose informado a los sujetos procesales que se encontraba “…impedido de realizar cualesquier actividad procesal…” (sic); por lo que considera que no vulneró derecho ni garantía alguna.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 28/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 31 a 32, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) La SCP 1888/2013 de 29 de octubre sostuvo que la acción de libertad constituye una garantía eficaz para la tutela inmediata de derechos dentro de su ámbito de protección; es decir, cuando el derecho a la vida se encuentre en peligro, exista persecución o procesamiento ilegal, o una indebida privación de libertad. En ese sentido, cuando existan medios o mecanismos idóneos capaces de restituir tales derechos, estos deben ser previamente activados ante la jurisdicción ordinaria antes de acudir a la justicia constitucional; ii) El accionante solicitó requerimientos fiscales al Fiscal de Materia demandado con la finalidad de promover una solicitud de cesación de su detención preventiva. No obstante, el primer memorial fue observado y posteriormente subsanado; sin embargo, los requerimientos solicitados no fueron entregados a su progenitora; y, iii) El proceso penal seguido contra el accionante se encuentra radicado en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz; por consiguiente, previamente debió acudir ante la autoridad de control jurisdiccional que conoce la causa para denunciar la presunta vulneración de derechos alegada en la presente acción tutelar; al no haber procedido de esa manera, incurrió en una causal de improcedencia por incumplimiento del principio de subsidiariedad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de Imputación Formal 00069/2022 de 29 de noviembre, el Ministerio Público imputó formalmente a Fernando Luis Villarroel Molina -hoy impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de estupro con agravante y solicitó la imposición de la medida cautelar de detención preventiva por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 19 a 23 vta.). II.2. Por memorial presentado el 29 de marzo de 2023, el accionante aclaró ante Jaime Mollo Tapia, Fiscal de Materia -hoy demandado-, la observación efectuada respecto al Código Único de Denuncias (CUD) y solicitó, por segunda ocasión, la expedición de los requerimientos fiscales que detalla, haciendo constar que se encontraba cumpliendo detención preventiva (fs. 6 a 7).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como del principio de seguridad jurídica, alegando que solicitó al Fiscal de Materia demandado la emisión de requerimientos fiscales con la finalidad de promover un incidente de cesación de su detención preventiva; sin embargo, dicha autoridad se habría rehusado a entregar los referidos requerimientos a su progenitora bajo el argumento de que esta no se encontraba autorizada para recogerlos; refiere que dicha omisión generó una dilación indebida que le impidió solicitar la cesación de la medida cautelar de carácter personal que viene cumpliendo; en virtud de ello, solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada entregue de forma inmediata los requerimientos fiscales solicitados a su progenitora. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Moduladora La SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, a partir del análisis vertido en la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, moduló la jurisprudencia constitucional en los siguientes términos:
«En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, durante la etapa preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-S3 señaló: ‘Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que: En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal -después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el art. 323 inc. del CPP- se constituye en parte contraria del mismo; en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado; (…)'. De lo expuesto ut supra, se advierte que el razonamiento realizado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe mutar, considerando que en toda modulación corresponde efectivizar el acceso efectivo a la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales. En este sentido, se tiene que la Constitución Política del Estado en su art.
225 establece que: I. ‘El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía’. La Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 5, relativo a sus principios, entre los atinentes al caso, señala: ‘El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los siguientes principios: 1. Legalidad, por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales y las leyes; (…) 3. Objetividad, por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral; (…) y 7. Celeridad, el Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones’. La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia. A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus 8 representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad. Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución…’. Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral” (las negrillas nos corresponden)».
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se advierte que, mediante Resolución de Imputación Formal 00069/2022 de 29 de noviembre, el Ministerio Público imputó formalmente al ahora accionante por la presunta comisión del delito de estupro con agravante, solicitando además la imposición de la medida cautelar de detención preventiva por el lapso de seis meses (Conclusión II.1).
Asimismo, cursa memorial presentado por el accionante el 29 de marzo de 2023 ante el Fiscal de Materia ahora demandado, mediante el cual solicitó, por segunda ocasión, la emisión de requerimientos fiscales dirigidos tanto al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, como al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de dicho municipio, con la finalidad de recabar información relacionada con las medidas de protección dispuestas a favor de la víctima, así como antecedentes vinculados al desistimiento de la denuncia y otras actuaciones que consideraba relevantes para sustentar, según manifestó, una futura solicitud de cesación de su detención preventiva (Conclusión II.2).
En ese contexto, corresponde señalar que la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, específicamente la SCP 0134/2018-S4, modulando el entendimiento contenido en la SCP 0415/2015-S3, estableció que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional y legal de emitir requerimientos fiscales destinados a obtener documentación necesaria para sustentar solicitudes de cesación de la detención preventiva.
En efecto, el citado precedente constitucional estableció que el Ministerio Público, en observancia de los principios de legalidad, objetividad y celeridad previstos por el art. 225 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tiene el deber de actuar resguardando no solo los intereses de la sociedad y de la víctima, sino también los derechos y garantías constitucionales de las personas sometidas a investigación o procesamiento penal, particularmente cuando se encuentren comprometidos derechos vinculados con la libertad personal. Asimismo, la referida jurisprudencia precisó que:
“…el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal…” Bajo ese entendimiento, se advierte que la autoridad fiscal demandada no podía omitir ni dilatar injustificadamente la atención de la solicitud formulada por el accionante, máxime cuando la documentación requerida estaba orientada a sustentar un incidente directamente vinculado con el ejercicio del derecho a la libertad; en ese sentido, el argumento referido a que los requerimientos fiscales no podían ser entregados a la madre del accionante por no encontrarse autorizada para ello no constituye una justificación válida, toda vez que, conforme fue alegado en audiencia por el impetrante de tutela, con anterioridad se habrían entregado requerimientos fiscales a su progenitora, extremo que no fue controvertido ni desvirtuado por la autoridad demandada; además, correspondía que el Fiscal de Materia demandado considere que el accionante se encontraba privado de libertad, circunstancia que le impedía materialmente realizar personalmente las gestiones necesarias para la obtención de la documentación requerida. Del mismo modo, debía ponderar que su abogado defensor tenía constituido domicilio procesal en una ciudad distinta a aquella donde se tramitaba la investigación penal, situación fáctica que exigía una actuación acorde con los principios de razonabilidad y efectividad en la tutela de derechos fundamentales.
En ese marco, se advierte que el formalismo exigido por la autoridad fiscal demandada resultó desproporcionado, puesto que, al encontrarse el solicitante de tutela privado de libertad y radicar su defensa técnica en una ciudad distinta a la sede fiscal donde se sustanciaba la causa, la entrega de los documentos a un familiar directo, como su progenitora, constituía un mecanismo razonable e idóneo para efectivizar la entrega de los requerimientos fiscales una vez emitidos. Asimismo, la práctica administrativa previa referida por el accionante, consistente en la entrega de actuaciones a su madre sin observación alguna, generó una situación que la autoridad fiscal no podía desconocer intempestivamente sin una justificación objetiva y razonable; en consecuencia, la conducta omisiva atribuida al Fiscal de Materia demandado incidió negativamente en la posibilidad material y efectiva del accionante de obtener la documentación necesaria para activar un mecanismo procesal destinado a revisar su situación jurídica cautelar, afectando de esa manera su derecho al debido proceso en conexión con el derecho a la libertad.
Por otra parte, si bien la autoridad demandada sostuvo que el accionante podía acudir ante la autoridad jurisdiccional encargada del control jurisdiccional de la investigación, dicho argumento no desvirtúa la obligación funcional que recae sobre el Ministerio Público; ello debido a que la jurisprudencia constitucional antes citada es clara al establecer que la posibilidad de acudir directamente ante otras instituciones o autoridades no excluye el deber del Fiscal de Materia de emitir los requerimientos solicitados cuando estos se encuentran destinados al ejercicio del derecho a la defensa y a la promoción de una solicitud de cesación de la detención preventiva.
Por consiguiente, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y a la jurisprudencia constitucional aplicable al caso concreto, corresponde conceder parcialmente la tutela solicitada, respecto de los derechos al debido proceso y a la libertad, en su dimensión vinculada a la emisión pronta y oportuna de los requerimientos fiscales solicitados.
Con relación al principio de seguridad jurídica, se advierte que el accionante se limitó a invocarlo de manera genérica, sin desarrollar una carga argumentativa mínima que permita identificar de qué manera concreta habría sido lesionado por la autoridad demandada. Asimismo, no se evidencia objetivamente una amenaza real e inminente respecto a dicho principio; por lo que este Tribunal se encuentra impedido de efectuar un análisis de fondo sobre tal alegación, correspondiendo, en consecuencia, denegar la tutela respecto de este aspecto en particular.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 28/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 31 a 32, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto de los derechos al debido proceso y a la libertad, en su dimensión vinculada a la atención pronta y oportuna de los requerimientos fiscales solicitados por el accionante, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer que el Fiscal de Materia demandado emita respuesta al memorial presentado por el accionante el 29 de marzo de 2023, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas computables a partir de su legal notificación con el presente fallo constitucional, siempre que dicha solicitud no hubiera sido atendida con anterioridad. 3° Denegar la tutela solicitada respecto al principio de seguridad jurídica, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0324_2026-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): b1771c5f967b210525580d19b608fb9f44e7bbb643244cc78bfe23ee35defbd1
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