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SCP 0322/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55259-2023-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, con relación a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, Richard Sumi Poma, Secretario en suplencia legal del indicado juzgado, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a este último sin responsabilidad. 2° Disponer que el Juez demandado cumpla con su deber de supervisar la ejecución del mandamiento de libertad que hay librado; y que, el Secretario en suplencia legal materialice dicha ejecución. 3º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la Secretaria titular Genoveva Mariela Limachi Copa; y, Lisseth Jhoany Aduviri Laime, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0322/2026-S3 Sucre, 6 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55259-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ángel Mollericona Ali en representación sin mandato de Raúl Mollericona Ali contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez; Richard Sumi Poma, Secretario en suplencia legal; y, Lisseth Jhoany Aduviri Laime, Auxiliar todos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la legalidad, a la garantía del debido proceso y al principio pro actione; toda vez que, pese a haber sido beneficiado con la detención domiciliaria en dicha audiencia, hasta la interposición de la acción de libertad se encontraba privado de su libertad en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), no porque se hubiera dispuesto su detención preventiva, sino porque no habría cumplido el Auto Interlocutorio, referente a las medidas cautelares personales y que si bien sus familiares se aproximaron al juzgado; no pudieron acceder al mismo; debido a que, el acta se encontraba en proceso de transcripción; situación que impedía materializar su libertad, por tal motivo exigió el cumplimiento de una formalidad que resulta imposible de satisfacer en ese momento, al tratarse de día sábado, así como del 1 de mayo.

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; a través de informe escrito, cursante a fs. 37 y vta. refirió que, mediante Auto Interlocutorio 414/2023 de 26 de abril; se dispuso que, por secretaría, se ejecute la detención domiciliaria del imputado; al respecto, la autoridad ahora demandada señaló que el mandamiento de libertad fue librado el 27 de abril de 2023 y entregado al Secretario en suplencia legal; precisando que, las funciones propias de cada cargo no pueden ser atribuidas a otro.

Lisseth Jhoany Aduviri Laime, Auxiliar del Juzgado mencionado -codemandada-, del mencionado Juzgado, a través de informe escrito presentado, cursante a fs. 37 y vta., manifestó que, en conformidad a lo dispuesto por la Resolución 414/2023, la autoridad jurisdiccional libraba el mandamiento de libertad con detención domiciliaria, el cual entrego al Secretario en suplencia legal, junto con el cuaderno de control jurisdiccional; precisando que, en su condición de Auxiliar, no se encontraba facultada para ejercer funciones asignadas al referido Secretario.

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 42 a 44, concedió en parte la tutela solicitada, respecto de Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del referido departamento, en suplencia legal de su similar primero; disponiéndose, se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura; y, denegó en cuanto al Juez y Auxiliar -ahora demandados-, determinación asumida en razón a que la eventual vulneración del derecho a la libertad no deriva del ejercicio de la función jurisdiccional del juez ni de las tareas auxiliares, sino del Secretario; quien, tenía la obligación de viabilizar el cumplimiento inmediato de los requisitos dispuestos.

II. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo Sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco Magistrados de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.

En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas).

III.2. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad

La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, refiriéndose a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del órgano judicial, estableció que:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes del presente fallo constitucional, se tiene que el 26 de abril de 2023, se dispuso la detención domiciliaria del accionante; en ese contexto, el 27 de abril del referido año se libró el mandamiento de libertad, constituyendo una orden expresa de liberación (fs. 11); no obstante, dicha orden no fue ejecutada oportunamente; toda vez que, la Auxiliar del juzgado mencionado remitió el mandamiento y antecedentes al Secretario en suplencia legal, para viabilizar su cumplimiento (fs. 12); asimismo, el solicitante de tutela solicitó la documentación necesaria para efectivizar su libertad; evidenciando que, continuaba indebidamente privado de ella (fs. 4); precisado ello, corresponde analizar la actuación de las autoridades demandadas.

Respecto al Juez

En el caso concreto, la lesión no proviene de la ausencia de decisión judicial pues el mandamiento ya fue emitido; sino, de la demora en su ejecución material desde el momento en que se libró el mandamiento -27 de abril- del mencionado año, surgió la obligación inmediata de realizar los actos necesarios para efectivizar la detención domiciliaria; sin embargo, dicha actuación no se concretó oportunamente, manteniendo al accionante privado de libertad hasta el 28 de abril del mismo año; lo que, activa la tutela de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, cuyo objeto no es cuestionar el contenido de la decisión; sino, corregir la tardanza en su cumplimiento; en ese sentido, la autoridad jurisdiccional demandada en su calidad de director del proceso; tenía la obligación de verificar que, sus órdenes sean cumplidas dentro del plazo de ley; en consecuencia, al evidenciarse que el mandamiento ya se encontraba válidamente emitido; se establece que, toda prolongación de la privación de libertad posterior a ese momento carece de sustento legal y responde exclusivamente a una falta de diligencia en su ejecución; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada respecto de la autoridad judicial demandada.

Respecto al Secretario codemandado

De acuerdo a los antecedentes, esta acción de defensa fue admitida contra la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, habiéndose notificada con dicha acción de tutela a Genoveva Mariela Limachi Copa (fs. 9), quien ejercería la titularía de ese cargo.

Hecha esa precisión, cabe referir que se tiene acreditado que, una vez dispuesta la detención domiciliaria del accionante mediante Auto Interlocutorio 414/2023 y librado el correspondiente mandamiento de libertad el 27 de abril del mencionado año, la ejecución de dicha medida quedó a cargo del Secretario en suplencia legal -Richard Sumi Poma-; conforme se establece expresamente, en el propio mandamiento. Asimismo, se evidencio que la Auxiliar codemandada, procedió a la entrega del mandamiento de libertad y del cuaderno de control jurisdiccional al referido Secretario en suplencia legal; a efectos de que, ésta viabilice la verificación y ejecución de la detención domiciliaria, como parte de sus obligaciones funcionales. De esa relación; se advierte que, en ese trámite, no intervino la Secretaria titular; por lo cual, la demora la materialización de la decisión de la autoridad judicial no es atribuible a dicha funcionaria judicial; ya que, la misma carece de legitimación pasiva.

Conforme se tiene señalado, el responsable de la dilación indebida es en realidad el Secretario en suplencia legal -Richard Sumi Poma-; empero, dicho funcionario no fue demandado ni citado en esta acción de tutela; a pesar de ello, es posible examinar su conducta en el marco del entendimiento establecido en la SCP 2027/2013 de 13 de noviembre que señala que: “…en función a los entendimientos anteriores, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese que la acción no hubiese sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos, únicamente en los supuestos en que los jueces de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional constate la evidente vulneración de los derechos del accionante”; en dicho fallo además se precisa que, en tales casos no corresponde condenar a ningún tipo de responsabilidades emergentes de la vulneración; en razón a que, no tuvo la oportunidad de asumir defensa.

En el marco de dicho entendimiento, y habiéndose establecido; con precisión que, el responsable de la dilación es el Secretario en suplencia legal, quien al no haber cumplido con sus deberes funcionales las misma, adquiere legitimación pasiva en el marco del entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; puesto que, con dicho incumplimiento ha contribuido en la dilación indebida en la ejecución del mandamiento de libertad emitido por la autoridad judicial; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada.

Con relación a la Auxiliar codemandada; se advierte que, su conducta se circunscribió al ámbito de sus funciones de apoyo; puesto que, al haber cumplido con la remisión oportuna del mandamiento de libertad y los antecedentes al Secretario competente en suplencia legal; no se advierte que, haya incurrido en el incumplimiento a sus funciones ni en desobediencia a las órdenes de sus superiores; por ello, dicha funcionaria no adquiere legitimación pasiva respecto a la dilación denunciada, en el marco de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada en contra de la Auxiliar codemandada.

En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 14/2023 de 28 de abril, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, con relación a Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, Richard Sumi Poma, Secretario en suplencia legal del indicado juzgado, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a este último sin responsabilidad. 2° Disponer que el Juez demandado cumpla con su deber de supervisar la ejecución del mandamiento de libertad que hay librado; y que, el Secretario en suplencia legal materialice dicha ejecución. 3º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la Secretaria titular Genoveva Mariela Limachi Copa; y, Lisseth Jhoany Aduviri Laime, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0322_2026-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): aa4c34a55a06bf8b0e5d12570ac7eb956ee55474f5eac049df42611999367dd9

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