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SCP 0315/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51730-2022-104-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso y al principio de celeridad; toda vez que: 1) El Vocal demandado fijó la fecha de consideración de la apelación de medida cautelar con una demora de más de treinta días posteriores a la recepción del cuaderno de control jurisdiccional; y, 2) La prenombrada autoridad dispuso la cesación de su detención preventiva otorgándole medidas sustitutivas; sin embargo, dicha determinación no ha sido cumplida, porque no se remitió el cuaderno procesal al Juzgado de origen, provocándose una dilación indebida; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga que la autoridad demandada devuelva en el día el expediente al referido Juzgado.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada:

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23 de 9 de noviembre de 2022, cursante de fs. 10 vta., a 11, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y a lo dispuesto por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  2. III.2 La acción de libertad traslativa o de pronto despacho respecto a los casos de recursos de apelación incidental en medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0315/2025-S3 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51730-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 23 de 9 de noviembre de 2022, cursante de fs. 10 vta., a 11, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alexander Vargas Vásquez en representación sin mandato de Elmer Lupinta Carrasco contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de su representante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 21 de septiembre de 2022, se llevó adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva en el Juzgado Cautelar de turno del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, en la cual se rechazó su solicitud. Dicha determinación fue apelada en el mismo acto, remitiéndose el 27 del mismo mes y año, el cuaderno procesal a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, instancia que señaló audiencia después de haber transcurrido más de treinta días desde la remisión de los actuados. Posteriormente, en audiencia de consideración de la apelación efectuada el 28 de octubre del citado año, el Vocal demandado, dispuso la cesación a la detención preventiva ordenando la devolución de los actuados al Juzgado de origen;

empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, transcurrieron más de diez días sin efectivizarse lo señalado, afectando su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, y al principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que el Vocal demandado devuelva en el día el cuaderno procesal al Juzgado Cautelar de origen.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola señaló que en la audiencia de consideración de la apelación efectuada el 29 de octubre de 2022, se dispuso la cesación a su detención preventiva otorgándole medidas sustitutivas consistente en arraigo y la presentación de garantes, aspecto que no ha podido ser cumplido considerando que el Vocal demandado no remitió al Juzgado de Origen el cuaderno procesal.

I.2.2. Informe del demandado

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 6.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 23 de 9 de noviembre de 2022, cursante de fs. 10 vta., a 11, concedió la tutela impetrada disponiendo que el Vocal demandado remita el cuaderno original al Juzgado de origen en el plazo de veinticuatro horas computables desde su notificación; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites relativos a la situación jurídica de las personas que se encuentren privadas de libertad física al estar ligado íntimamente con el principio de celeridad; y, b) Ante la inexistencia de pruebas que demuestre que la Sala Penal hubiera cumplido los plazos, se tiene por evidente los extremos planteados por el peticionante de tutela en la presente acción de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante -no consigna delito- el 21 de septiembre de 2022, se desarrolló la audiencia de consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva, pronunciándose la resolución de rechazo, determinación que fue recurrida a través de una apelación incidental, según lo señalado por el accionante y no desvirtuado por la autoridad demandada (fs. 2 a 3). II.2. La audiencia de consideración de la apelación incidental se programó para el 28 de octubre de 2022, después de treinta días de haber sido recepcionado el cuaderno de control jurisdiccional, según lo aseverado en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, hecho no desvirtuado por la autoridad demandada (fs. 10 y 11). II.3. En la audiencia de consideración de la apelación incidental presentada por el accionante, el Vocal demandado determinó la cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela ordenándose la devolución del expediente al juzgado de origen en el plazo de veinticuatro horas; empero, hasta el momento de haber interpuesto la presente acción tutelar no se remitió el cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de origen, aspecto no confrontado por la autoridad demandada (fs. 10 y 11). II.4. Conforme el acta de audiencia de acción de libertad de 9 de noviembre de 2022, el Tribunal de garantías constató la inexistencia de informe y la inasistencia del Vocal demandado, pese a su legal notificación (fs. 10 y 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso y al principio de celeridad; toda vez que: 1) El Vocal demandado fijó la fecha de consideración de la apelación de medida cautelar con una demora de más de treinta días posteriores a la recepción del cuaderno de control jurisdiccional; y, 2) La prenombrada autoridad dispuso la cesación de su detención preventiva otorgándole medidas sustitutivas; sin embargo, dicha determinación no ha sido cumplida, porque no se remitió el cuaderno procesal al Juzgado de origen, provocándose una dilación indebida; por lo que solicita se conceda la tutela y se disponga que la autoridad demandada devuelva en el día el expediente al referido Juzgado.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada:

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.

Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas son incorporadas).

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante;

1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo (el resaltado es agregado). En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0259/2018-S2 de 18 de junio, 0500/2018-S2 de 14 de septiembre y 0173/2025-S3 de 31 de marzo, entre otras.

III.2 La acción de libertad traslativa o de pronto despacho respecto a los casos de recursos de apelación incidental en medidas cautelares

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-, procede: “…ante violaciones a la libertad individual y/o locomoción puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por las SSCC 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó, dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir cuándo: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

2 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento:

i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2; y, 00105/2018-S2, entre otras, en las que se resolvieron situaciones similares a la ahora planteada.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y al principio de celeridad vinculada directamente a la libertad de locomoción, por cuanto el Vocal demandado señaló audiencia de consideración de la apelación incidental aproximadamente treinta días posteriores a la recepción del cuaderno de control jurisdiccional; asimismo, cuestiona que la autoridad demandada dispuso la cesación a su detención preventiva, otorgándole medidas sustitutivas, determinación que no puede cumplirlas por no haberse devuelto el expediente al Juzgado de origen, habiendo transcurrido aproximadamente más de diez días desde la celebración de la audiencia señalada.

En ese contexto, con carácter previo corresponde referirse a la ausencia del informe de la autoridad demandada, su inasistencia a la audiencia de consideración de esta acción de tutela, así como a la no remisión de la antecedentes del caso, que debieron ser enviados para que el tribunal de garantías y este Tribunal Constitucional Plurinacional tengan los elementos de convicción necesarios para resolver la causa. Ante esta omisión, la jurisprudencia constitucional invocada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional ha establecido la aplicación del principio de veracidad, cuando las autoridades demandadas no presentan informes para desvirtuar las afirmaciones de la demanda tutelar ni acuden a la audiencia de consideración de la acción de libertad, se tienen por ciertas las afirmaciones realizadas por el solicitante de tutela; lo cual acontece en el caso de autos. En el marco de lo señalado, se ingresa al análisis de fondo de lo denunciado por el accionante, teniendo como ocurridos los hechos denunciados por el accionante, toda vez que el Vocal demandado no obstante a su legal notificación no asistió a la audiencia, tampoco presentó el informe correspondiente, ni remitió ningún antecedente sobre lo denunciado por el accionante. Con relación al primer acto lesivo, referido a que el Vocal demandado señaló audiencia de apelación incidental de cesación a la detención preventiva, después de treinta días de haberse recepcionado el cuaderno de control jurisdiccional; corresponde aplicar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho procede cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; en ese contexto, uno de los supuestos que ha establecido la jurisprudencia constitucional es la fijación de audiencia más allá de lo razonable o prudencial. En dicho orden, los tribunales de alzada deben resolver los recursos de apelación incidental en el plazo de cinco días conforme establece el art. 406 del CPP, aspecto que no ocurrió, incurriendo la autoridad demandada en demora injustificada al haber señalado audiencia de apelación incidental más allá de los treinta días de haber recepcionado el cuaderno de control jurisdiccional, es decir, incumplió lo previsto en el art. 406 del CPP, vulnerando con ello el derecho a la libertad del accionante por dilación injustificada, aspecto que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa de pronto despacho al haberse fijado la audiencia más allá de un plazo razonable. En cuanto al segundo acto lesivo, relativo a la falta de devolución del expediente al Juzgado de origen, se tiene que conforme los datos del proceso la autoridad demandada llevó a cabo la audiencia de consideración de apelación incidental el 28 de octubre de 2022, conforme lo señalado por la parte accionante, no controvertido por la autoridad accionada; empero, no se devolvió el expediente al Juzgado de origen, incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, realizada el 8 de noviembre de 2022; los actuados correspondientes no fueron devueltos, es decir, constatándose el trancurso de once días de dilación injustificada. Al no haber observado el plazo establecido en la normativa en vigencia, la autoridad demandada lesionó el derecho a la libertad del accionante, toda vez que conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada. En el caso que se analiza, la afectación a la libertad del accionante resulta evidente, toda vez que la celeridad en la devolución de los actuados era indispensable para que el impetrante cumpla con las condiciones impuestas y consecuentemente se beneficie con las medidas sustitutivas que le fueron impuestas; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada por el accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23 de 9 de noviembre de 2022, cursante de fs. 10 vta., a 11, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y a lo dispuesto por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

3 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

4 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0315_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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