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SCP 0311/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51654-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso por indebido procesamiento en su contra, debido a que la autoridad demandada, al negar la resolución de su solicitud de aplicación de procedimiento abreviado, exigió que se cumplan actos investigativos que únicamente corresponden al Ministerio Público.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2022 de 26 de octubre, cursante a fs. 15 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia debida a género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  2. III.2. La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348 i) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación y el consiguiente deber del Estado y de la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0311/2025-S3 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51654-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2022 de 26 de octubre, cursante a fs. 15 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Orlando Aruquipa Ledezma en representación sin mandato de Henry Orlando Osco Vallejos contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de octubre de 2022, cursante de fs. 7 a 9, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por el delito de violencia familiar o doméstica que hubiese perpetrado contra su concubina Reina Kantuta Flores Huanca –caso Código Único de Denuncias (CUD) 20150202223856- radicado en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de El Alto del departamento de La Paz, el 6 de octubre de 2022, se presentó requerimiento para la aplicación de procedimiento abreviado. Sin embargo, el Juez a quo se negó a señalar día y hora de audiencia, cuando a través del proveído de 10 de octubre de 2022, señaló que con carácter previo, la autoridad fiscal debía informar y acreditar con documento idóneo la realización de los actos investigativos conforme a la Resolución de imputación formal 122/2022 y a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 512/2022 de 2 de septiembre, de consideración de medidas cautelares, en la que se autorizó la inspección técnica ocular seguida de reconstrucción y la valoración psicológica de la víctima así como la valoración social; actos que debieron ser realizados al momento de solicitar la aplicación del procedimiento especial en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 373.I del Código de Procedimiento Penal (CPP). Interpuesto recurso de reposición, por decreto de 18 de octubre de 2022, la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de El Alto Miriam Laura Tarqui Flores, en suplencia legal de su similar Primero, negó la reconsideración de la medida dispuesta, señalando que lo determinado tuvo origen en el Auto Interlocutorio 512/2022 de 2 de septiembre, que al no haber sido impugnada por ninguno de los sujetos procesales, tiene calidad de cosa juzgada formal y es de cumplimiento obligatorio. En ese contexto, acusó la vulneración del art. 225.I de la Constitución Política del Estado (CPE), debido a que es de entera responsabilidad del Ministerio Público realizar los actos investigativos, correspondiendo al juez únicamente cumplir actos jurisdiccionales; de igual forma, el art. 325.IV del CPP, señala que las solicitudes de conciliación y otras salidas alternativas, deberán atenderse con prioridad y sin dilación, bajo responsabilidad de la Jueza o el Juez y la autoridad fiscal, considerándose igualmente que el debido proceso se encuentra garantizado por el art. 115.II de la CPE. A través de los decretos citados, se evidencia que fue denegado el señalamiento y hora para la consideración de la salida alternativa del procedimiento abreviado, exigiendo que previamente se susciten actos investigativos, disposiciones sucesivas que imponen el actuar investigativo a la Fiscalía, situación ajena a la actividad jurisdiccional que se encuentra impedida de efectuar los mismos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso por existir indebido procesamiento en su contra, citando al efecto el art. 115.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita que se conceda la tutela y, en consecuencia se ordene al Juez demandado, señalar día y hora de audiencia de consideración de procedimiento abreviado en los términos descritos en el pliego de requerimiento conclusivo presentado por el Ministerio Público.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada audiencia virtual el 26 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 14, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe la parte demandada

Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, señaló lo siguiente: a) El accionante planteó la presente acción de libertad basándose en el procedimiento penal como si se tratara de una acción ordinaria, sin considerar que la víctima también tiene derechos; en este caso, una mujer víctima de violencia que sufrió una agresión física de su pareja y fue amenazada de muerte, violencia que se extendió a sus familiares cuando trataron de auxiliarla, razones que motivaron que emitiera el Auto Interlocutorio 512/2022 de 2 de septiembre, disponiendo la detención preventiva del imputado por un plazo de tres meses, señalándose día y hora para la consideración de la situación jurídica procesal del imputado para el 5 de diciembre de similar año, demostrándose que el Ministerio Público se encuentra en plazo para cumplir con los actos investigativos; b) En la audiencia realizada el 2 de septiembre de 2022, se consideró que restaban por recibir las declaraciones de los familiares y una pericia psicológica a la víctima, actos investigativos que el Ministerio Público tiene el deber de cumplir conforme a lo previsto por el art. 86.11, 12 y 13 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348-, puesto que la carga de la prueba le corresponde; c) El 6 de septiembre de 2022, el imputado solicitó día y hora para la consideración de la aplicación de procedimiento abreviado; motivo por el que, se emitió la providencia de 8 del mismo mes y año, extrañando el cumplimiento de los referidos actos investigativos bajo responsabilidad funcional de la autoridad fiscal en aplicación de lo señalado por el art. 373.I del CPP; en consecuencia, se requiere la conclusión de los actos investigativos antes de formular la solicitud; d) Finalmente, el art. 374 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, establece en su última parte que, el Juez o Tribunal no podrá fundar la condena en la admisión de los hechos por el imputado como pretende el abogado, de manera que la autoridad jurisdiccional no puede sentenciar a una persona en violación del debido proceso ;por cuanto, tiene derecho a la presunción de inocencia conforme los arts. 5 del CPP y 116 de la CPE, de manera que la sola admisión del hecho no hace viable dicho procedimiento abreviado; y, e) Lamentablemente incumpliendo sus funciones, el Ministerio Público, presentó el 6 de octubre de 2022, un requerimiento de consideración de procedimiento abreviado, de cuya revisión se establece que no realizó ningún acto investigativo de aquellos considerados en la audiencia de medidas cautelares, demostrando negligencia.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 29/2022 de 26 de octubre, cursante a fs. 15 y vta., denegó la tutela solicitada, señalando que la uniforme y reiterada jurisprudencia constitucional emitida con relación a las acciones de libertad de pronto despacho, reparativa y restringida en las que se encuentra involucrado el derecho a la libertad de las personas, deben ser tramitadas con la mayor celeridad posible; en el caso, la parte accionante no ha demostrado de manera objetiva y fehaciente la vulneración de alguna de las tres vertientes para considerar que existe un procesamiento indebido o que su vida corra peligro.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión de violencia familiar o doméstica, la autoridad fiscal, a través de memorial presentado el 6 de octubre de 2022, requirió a solicitud del mismo, la aplicación de procedimiento abreviado, solicitando día y hora de audiencia; expresando al efecto, que en el proceso penal el accionante, habría adecuado su conducta al delito de violencia familiar o doméstica, incurso en el art. 272 bis del Código Penal (CP); y que además, reconoció que incurrió en el delito referido porque agredió a la víctima en el interior del domicilio ubicado en la zona Alto de la Alianza, calle Florida 11 de la ciudad de El Alto (fs. 2 a 3 vta.). II.2. Mediante proveído de 10 de octubre de 2022, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en suplencia legal, señaló que con carácter previo, la autoridad fiscal debía informar sobre la realización de los actos investigativos fundamentados por el Ministerio Público en la Resolución de imputación formal 122/2022, y considerados en la Resolución 512/2022 de 2 de septiembre, con relación a la inspección técnica ocular seguida de reconstrucción y la valoración psicológica de la víctima, así como la valoración social, actos que deberían ser realizados al momento de emitir la salida alternativa correspondiente en cumplimiento de lo establecido por el art. 373.I del CPP (fs. 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso por indebido procesamiento en su contra, debido a que la autoridad demandada, al negar la resolución de su solicitud de aplicación de procedimiento abreviado, exigió que se cumplan actos investigativos que únicamente corresponden al Ministerio Público.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia debida a género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

En los casos de violencia en razón de género, el análisis que realice la autoridad jurisdiccional ordinaria como la constitucional, debe expresar: a) Un equilibrio entre los derechos de la víctima, con los de la parte que está siendo imputada; b) El derecho de las mujeres que tienen a vivir libres de violencia y discriminación; y, c) Un enfoque integral del problema jurídico, como así se desarrolló y manifestó en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que es una sistematizadora de línea y a continuación se pasa hacer la mención correspondiente.

La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género. EL presente análisis fue extraído de la SCP 1598/2025-S3 de 25 de noviembre.

III.2. La obligación de sancionar la violencia en razón de género y la Ley 348 i) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación y el consiguiente deber del Estado y de la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género

La magnitud de la violencia hacia las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a las víctimas, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de esos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal, es decir, que la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; sin embargo, en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que su situación no es asimilable a otros sectores poblacionales, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Sobre el particular, Patricia Fajardo Cabana refiere que la situación de la mujer en el ámbito de la pareja, no puede ser equiparada con la de las personas dependientes; en todo caso, de la patología de la relación, que a través del maltrato y el ejercicio de la violencia, la hace vulnerable frente a su agresor. Ahora bien, la violencia de género se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fue trascendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho, comprende la violencia que sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la efectuada en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violencia a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender; en tal sentido, el abordaje de una problemática vinculada a un tema de violencia de género, no puede perder de vista este componente básico, que subyace y es su razón última, que son las relaciones de dominación y subordinación.

Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, menciona que:

…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…). …la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Asimismo, el art. 1 de la referida Declaración, entiende por violencia contra la mujer:

…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En igual sentido, en el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), ratificado por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, señala en el Preámbulo que la violencia contra la mujer es: “…una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” y que su eliminación es una: “…condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida…”. La Convención de Belém do Pará, en su art. 2, también otorga una definición de violencia señalando que: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 3 Disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenciaAgainstWomen.aspx compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual: b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual y a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones afirmativas, también denominadas medidas o prestaciones positivas – medidas legislativas y administrativas, entre otras – que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. En ese sentido, corresponde mencionar al art. 2 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Bolivia mediante Ley 1100 de 15 de septiembre de 1989; instrumento jurídico del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de derechos de las mujeres, que contempla el compromiso de los Estados a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación hacia la mujer, comprometiéndose, entre otras medidas, a:

b) Adoptar medidas adecuadas legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer. c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; (…) e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; (...) (las negrillas son añadidas).

Ahora bien, una de las pautas de que guían al juez constitucional es el principio de interpretación conforme a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos; es decir, que su función interpretativa no solo se circunscribe a las disposiciones del texto constitucional, sino, que su campo de acción se extiende a la normativa consignada en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE; y, a la aplicación preferente de los mismos, en caso que el reconocimiento o interpretación que derive de estos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. Entre los estándares jurídicos internacionales vinculados a la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación General 19 sobre la Violencia contra la Mujer de 29 de enero de 1992, pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) al ser una de las más relevantes en estos temas; afirmando que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ella goce de derechos y libertades en igualdad con el varón. La referida Recomendación General 19, también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino, por particulares, cuando el Estado no implemente los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres de este tipo de violencia; cuando no adopta medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. En la misma Recomendación, el CEDAW señala que con la finalidad de combatir la violencia en la familia, los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresiones contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad; proporcionando resguardo y apoyo a las víctimas ; y, capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer El CEDAW, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia de 3 de agosto de 2015, examina las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que las mujeres tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que impiden materializarlo en pie de igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, así como las prácticas y los requisitos en materia probatoria; dificultades que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En la citada Recomendación General 33, se hace referencia a la Justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de las mujeres a la justicia, y para ello, recomienda mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de hecho y derecho; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisen las normas sobre carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que las privadas de la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados y efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica y psicológica y/u otros servicios sociales-. Asimismo, el señalado CEDAW, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados Partes ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparación por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea perpetrados por agentes estatales o no estatales; garanticen que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas; tomen medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo que aliente a las mujeres a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos contra ellas y participar activamente en los procesos; revisar las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejoren la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

En el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunció en algunas oportunidades sobre la violencia de género. Al respecto, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, en la Sentencia de 25 de noviembre de 2006 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, la referida Corte IDH identificó tres ángulos para abordar la problemática, desde una perspectiva de género; en el primero, reconoció que las mujeres se habían visto afectadas por los actos de violencia de manera diferente a los hombres; en el segundo, que algunos actos de violencia se habían encontrado dirigidos específicamente a ellas; y en el tercero, que otros actos les habían afectado en mayor proporción que a los hombres. De este modo, se asevera el reconocimiento por parte de la Corte IDH al universo femenino dentro de su conceptualización de dignidad humana, por la seriedad que revisten los actos de violencia contra la mujer .

Siguiendo en el ámbito regional, la Convención de Belém do Pará, en su art. 7, establece las obligaciones de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. Resulta importante destacar en esta parte, el hecho de que el Estado boliviano asume la norma de la debida diligencia, que conlleva una responsabilidad internacional, encaminada a eliminar las limitaciones jurídicas, institucionales, culturales discriminatorias por razones de género y económicas, para prever las necesidades de las mujeres y las de sus familiares -y de otro índole-, que les aseguren su derecho a la igualdad con el hombre ya protegerlas eficazmente frente a hechos de violencia y malos tratos en la familia. Lo que significa, que la violencia no solo es un asunto de Estado, que identifica una clara responsabilidad en llevar adelante diferentes acciones -legislativas, administrativas y judiciales- para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar la violencia en el seno de las familias, sino de la propia familia y la sociedad. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual se sostenía que, por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia lesión de su derecho al debido proceso por indebido procesamiento en su contra debido a que la autoridad demandada -al negar la resolución de su solicitud de aplicación de procedimiento abreviado- exigió que se cumplan actos investigativos que únicamente corresponden al Ministerio Público. De la revisión de obrados que motivan la presente acción constitucional, se tiene que a denuncia presentada por Reina Kantuta Flores Huanca, el Ministerio Público inició proceso penal contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica que tuvo origen cuando el 4 de mayo de 2022, en horas de la noche, Henry Orlando Osco Vallejos -accionante- ingresó en estado de ebriedad al dormitorio de la víctima con la que convivía y cuando esta trató de impedir que el agresor retirara dinero para continuar bebiendo, fue empujada contra la pared, motivando que tanto el padre como el hermano de la víctima, ingresaran al dormitorio para defenderla pero fueron agredidos; no obstante, lograron que el impetrante de tutela, se quedara a descansar en el dormitorio del padre de la víctima. Sin embargo, a las 8 de la mañana, cuando despertó, ingresó nuevamente a su dormitorio valiéndose de una herramienta para forzar la puerta, reclamando a la víctima el por qué lo había encerrado y golpeándola con la pata de cabra utilizada para forzar su ingreso a la habitación; a los gritos de auxilio de Reina Kantuta Flores Huanca, su hermano trató de alejarlo, momento en el que ella salió al patio, donde una vez más, la agredió arrastrándola sujetándola del cabello; finalmente, el agresor, ingresó a la habitación, puso ropa en una maleta y salió llevándose dinero; la víctima refirió que no era la primera agresión física y psicológica que sufría puesto que en otras oportunidades ocurrieron hechos similares que no fueron denunciados por temor. Sobre la base de los hechos relatados, el Ministerio Público inició el proceso penal, constando que mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2022, dirigido al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, la autoridad fiscal -a petición del imputado-requirió la aplicación de procedimiento abreviado, solicitando señalamiento de día y hora de audiencia, petición que fue observada por providencia de 10 de octubre de 2022, suscrita por la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Miriam Laura Tarqui Flores en suplencia legal, quien señaló que con carácter previo, la autoridad fiscal debía acreditar la realización de los actos investigativos especificados tanto en la imputación formal como en la audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que se pronunció el Auto Interlocutorio 512/2022 de 2 de septiembre. Afirma el solicitante de tutela que, contra dicha providencia, planteó recurso de reposición que fue denegado por el Juez demandado en la presente acción de defensa como consta en el decreto de 18 de octubre de 2022; no obstante, no adjuntó ninguna prueba al respecto. De acuerdo al informe presentado por el Juez demandado en la audiencia de medidas cautelares realizada el 2 de septiembre de 2022, se tomó en cuenta que restaban por recibir las declaraciones de los familiares de Reina Kantuta Flores Huanca, así como una inspección técnica ocular seguida de reconstrucción y la valoración psicológica de la víctima, señalándose el 5 de diciembre de similar año para la realización de la audiencia de consideración de la situación jurídica del imputado; actos investigativos que, el Ministerio Público debe cumplir conforme a lo previsto por el art. 86.11, 12 y 13 de la Ley 348, puesto que la carga de la prueba no corresponde a la víctima sino al Ministerio Público. Establecidos los antecedentes, se ingresa al análisis de la problemática planteada en la presente acción de libertad, en la que se denuncia vulneración al debido proceso, ya que existiría procesamiento indebido del impetrante de tutela originado en la negativa de consideración de aplicación de procedimiento abreviado a su favor. Conforme a la relación de los precedentes, existen dos aspectos que son esenciales para pronunciar el presente fallo constitucional, siendo el primero, que el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, fue abierto por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica; es decir, por un delito de violencia de género regulado por la Ley 348, como norma especial que fue promulgada para garantizar el derecho de las personas -en particular a las mujeres- a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad y se funda en el mandato constitucional como también en los tratados y convenios del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que exigen al Estado acciones afirmativas, también denominadas medidas o prestaciones positivas, medidas legislativas y administrativas, para que se ejerza la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparación por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea perpetrados por agentes estatales o no estatales. En ese orden, el deber de investigar y sancionar los delitos de género es una obligación estatal reforzada que exige al Estado y sus órganos, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y especialmente, que la investigación sea exhaustiva, imparcial y con enfoque integral que permita que el Ministerio Público comprenda la discriminación subyacente en un cuadro de violencia contra la mujer, que le obliga a ejercer la debida diligencia y efectuar una investigación con celeridad y de manera íntegra, porque la finalidad es el acceso a la justicia de las víctimas que deben ser protegidas y en su caso, resarcidas; asimismo, bajo la perspectiva de género, la consideración de la aplicación del procedimiento abreviado no se agota con el cumplimiento de los presupuestos procesales expresados por el art. 373 del CPP, sino que, debe considerarse primordialmente la protección de la víctima. De esa manera, no se encuentra error en el criterio del Juez demandado, cuando en clara comprensión del enfoque integral, exigió al Ministerio Público completar los actos de investigación pendientes; puesto que, el término de la investigación señalado para el 5 de diciembre de 2022, se encontraba vigente; consecuentemente, no resulta evidente la vulneración al debido proceso como afirma el accionante, porque no existe procesamiento indebido, considerándose igualmente que planteó la solicitud de aplicación de procedimiento abreviado, sin cumplir los presupuestos señalados por el art. 373.I del CPP; toda vez que, la etapa investigativa no concluyó, formalidad que por sí sola denota que lo dispuesto en la providencia de 10 de octubre de 2022, fue correcto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2022 de 26 de octubre, cursante a fs. 15 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décimo Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 FARALDO CABANA, Patricia, Razones para la Introducción de la Perspectiva de Género en Derecho Penal a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Revista Penal 17, ISSN 1138-9168, 2006, pág. 82.

2 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993.

4 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

5 Ibídem.

6 Disponible en: http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw 19.pdf

7 Ibídem

8 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf

9 Ibídem

10 Recomendación General 22, pag. 10. Disponible en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf

11 Recomendación General 22, págs. 21 y 22

12 FERIA TINTA, Mónica, Primer caso internacional sobre violencia de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso del penal Miguel Castro; un hito histórico para Latinoamérica. Revista CEJIL. Debates sobre Derechos Humanos y Sistema Interamericano

13 Ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0311_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): c342b1c75aa9336e91b6138386d13f4743d97b2f3870baa0f4bb98416e6a8340

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