B.IA.LEGAL

SCP 0307/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
51588-2022-104-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad y al principio de seguridad jurídica; puesto que, al haberse acogido a un procedimiento abreviado, por el delito de violencia intrafamiliar o doméstica, desde el 10 de junio de 2022 en que solicitó audiencia de salida alternativa, la Jueza demandada no fijó el señalamiento de audiencia para su consideración; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada y consiguientemente se emita decreto de día y hora de audiencia de salida alternativa. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 28 de junio de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad innovativa, por constatarse que el acto lesivo dilatorio, fue la demora en el señalamiento de la audiencia solicitada; 2º Exhortar a la autoridad demandada María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 3º Exhortar a Lilian Moreno Cuéllar, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a observar los fundamentos de esta sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2025-S3 Sucre, 30 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51588-2022-104-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 28 de junio de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva en representación sin mandato de Pablo Coimbra Arauz contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de junio de 2022, cursante a fs. 3, 9 y 10, el accionante a través de su representante, señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la autoridad jurisdiccional, en audiencia de procedimiento abreviado de 4 de abril de 2022, emitió mandamiento de condena, con pena privativa de libertad de tres años, a ser cumplidos en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; asimismo, mediante memorial presentado el 10 de junio de del citado año, solicitó señalamiento de “audiencia de salida alternativa a la detención preventiva”, a lo que la autoridad demandada por proveído de 13 de junio de 2022, dispuso “estese a los antecedentes del proceso”; por lo que, al no cursar el señalamiento de audiencia no se puede resolver su situación jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, en su componente de celeridad, citando al efecto los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga el señalamiento de día y hora de audiencia, para considerar la solicitud de salida alternativa.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 28 de junio de 2022, según consta en acta cursante a fs. 19 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar, y ampliándola señaló que la autoridad demandada a su vez lesionó el principio de seguridad jurídica, toda vez que la dilación de la audiencia de salida alternativa, sobrepasó el plazo establecido en el art. 130.II del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.2.2. Informe de la parte demandada

María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante a fs. 17 y vta., expresó lo siguiente: a) Si bien existe un proveído de 13 de junio de 2022, el cual refiere “estese conforme a procedimiento”; empero el 14 de junio del mismo año, se corrigió el error involuntario, en aplicación del art. 168 del CPP, señalando audiencia para el día “miércoles 29 de junio de 2022, a horas 14:00” siendo lo correcto -miércoles 1 de julio de 2022, a horas 12:00-; b) La tutela solicitada debe denegarse en mérito a que el accionante no fundamentó su petición; correspondiendo la remisión de antecedentes al Colegio de Abogados y al Consejo de la Magistratura, para que se le imponga las sanciones correspondientes.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del Departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías; por Resolución de 28 de junio de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21, denegó la tutela solicitada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La doctrina constitucional desarrolló mecanismos constitucionales, tales como la acción de libertad como instrumento de protección inmediata, cuyo objeto es garantizar los derechos a la vida, integridad física y libertad de circulación de las personas; 2) La SCP 1887/2014 de 25 de septiembre, concordante con la SCP 103/2012 de 23 de abril, instituyó la acción de libertad innovativa, con la finalidad evitar la reiteración de las conductas contrarias al orden público; 3) Respecto a la privación de libertad del accionante, la autoridad demandada debió priorizar el señalamiento de su audiencia en el plazo correspondiente, puesto que al tratarse de una persona condenada a tres años, era previsible el beneficio de una salida alternativa; y, 4) Al tratarse de una acción de libertar innovativa, cuyo derecho vulnerado ya fue restituido, no corresponde otorgar la tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la comisión del delito de violencia intrafamiliar o doméstica, fue condenado en procedimiento abreviado a la pena de 3 años; por lo que, el 10 de junio de 2022 solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, audiencia de salida alternativa, solicitud que mereció la providencia de 13 de junio del citado año, de “estese a los antecedentes del proceso” (fs. 6 y 7). II.2. Posteriormente mediante providencia de 14 de junio de 2022, en aplicación del art. 168 del CPP, la autoridad demandada dejó sin efecto el proveído de 13 de junio del mismo año y señaló audiencia para considerar la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado, para el miércoles 1 de julio a horas 12:00 (fs. 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad y al principio de seguridad jurídica; puesto que, al haberse acogido a un procedimiento abreviado, por el delito de violencia intrafamiliar o doméstica, desde el 10 de junio de 2022 en que solicitó audiencia de salida alternativa, la Jueza demandada no fijó el señalamiento de audiencia para su consideración; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada y consiguientemente se emita decreto de día y hora de audiencia de salida alternativa. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.

Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)

III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril , se hizo alusión al hábeas corpus 1El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal.

Entendimiento extraído de la 0032/2019-S2 de 25 de marzo. Consiguientemente, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio , sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Lo precedentemente expuesto, también fue desarrollado por la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados y el informe de la autoridad jurisdiccional demandada, se tiene que existe un proceso penal por violencia intrafamiliar o doméstica, contra Pablo Coimbra Arauz, ahora accionante, a quien se le impuso pena privativa de libertad de tres años; por lo que, habiéndose acogido a un proceso abreviado; el 10 de junio de 2022, solicitó en el marco del art. 328.2 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; audiencia para considerar su salida alternativa, empero la autoridad demandada, mediante proveído de 13 de junio del mismo año, dispuso -estese a los antecedentes del proceso-, por lo que, advertida de su error el 14 de junio (un día después), subsanó el mismo y señaló audiencia virtual de procedimiento abreviado, para el miércoles 1 de julio de 2022, a horas 12:00. Conforme el memorial de la presente acción de libertad, se tiene que el solicitante de tutela, identificó como acto lesivo la demora en el señalamiento de audiencia para la consideración de su solicitud de salida alternativa; al respecto, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, encontrándose entre los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa los actos dilatorios relacionados al señalamiento de audiencia en fechas alejadas más allá de lo razonable; como ocurre en el caso de autos, dado que la autoridad judicial demandada, luego de corregir procedimiento mediante providencia de 14 de junio de 2022, fijó fecha de celebración de audiencia para el 1 de julio de 2022, vale decir después de más de veinte días, de presentada la solicitud por el accionante.

En mérito a lo señalado, corresponde referirse al criterio expuesto por la Jueza de garantías, quien fundó la denegatoria de esta acción de libertad porque evidenció que la autoridad demandada, mediante providencia de 14 de junio de 2022, fijó señalamiento de audiencia para considerar la solicitud de salida alternativa peticionada por el accionante, motivo por el cual consideró que el derecho del accionante ya fue restituido.

Con relación a dicho razonamiento, es menester considerar que de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad innovativa se activa aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa, se trate de la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. El propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción.

Consiguientemente, la Jueza de garantías no obstante hacer referencia a la acción de libertad innovativa, de manera contradictoria a su naturaleza y alcance, emitió una resolución incongruente, cuando debió ingresar al análisis de fondo y condenar el acto para que éste no vuelva a repetirse conforme el sentido y alcance de la modalidad de este mecanismo de defensa.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 28 de junio de 2022, cursante de fs. 19 vta. a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada bajo la modalidad innovativa, por constatarse que el acto lesivo dilatorio, fue la demora en el señalamiento de la audiencia solicitada; 2º Exhortar a la autoridad demandada María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional; y, 3º Exhortar a Lilian Moreno Cuéllar, Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a observar los fundamentos de esta sentencia con relación a los efectos de la acción de libertad innovativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

4 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0307_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): cde9a4931a03cd81a1604b87186dfe2ca6b31289f1b392475ed1bcae4123ae1b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →