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SCP 0307/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
48597-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa en su vertiente de ser oída, al debido proceso y a la libertad, debido a que la parte accionada: a) Se retrasó casi un mes en remitir el recurso de apelación al Tribunal de alzada, que formuló dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP, demorando que se resuelva el referido recurso, lo que generó se apliquen medidas desproporcionadas contra su libertad; y, b) Radicado el referido recurso en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue objeto de observaciones que devinieron de la mera negligencia de la autoridad y funcionario judicial accionados, al remitir dicha apelación veintún días después de planteada la misma, además le indicaron que llevará cuarenta y ocho horas en ser remitida nuevamente a la indicada Sala, porque tendrían que subsanar lo observado y “en las tardes” no remiten procesos, encontrándose privada de libertad por veintiún días debido a la negligencia de los ahora accionados.

En revisión, corresponde determinar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 36/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la misma en cuanto a Rocio Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, de acuerdo a lo expuesto en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la apelación incidental prevista en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0307/2024-S3 Sucre, 10 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48597-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 36/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Daza Vicker en representación sin mandato de Gabriela Tolava Calle contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez; y, Rocio Helen Balboa Llusco, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de junio de 2022, cursante de fs. 6 a 11 vta.; la accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, signado con el caso CUD 201102012201613, el Juez ahora accionado: a) Se retrasó casi un mes en remitir el recurso de apelación que planteó dentro del plazo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), demorando se resuelva dicho recurso, lo cual generó se apliquen medidas desproporcionadas contra su libertad; y, b) Radicada la apelación en la Sala -Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz- se hicieron observaciones que devinieron de la mera negligencia del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital de ese departamento; es decir, además de tardar veintiún días en remitir el señalado recurso de apelación, la misma fue mal remitida, por lo que nuevamente su causa retornó a ese Juzgado, indicándole que llevará cuarenta y ocho horas en ser devuelta al Tribunal de alzada, porque tendrían que subsanar lo observado y “en las tardes” no remiten procesos; aclarando que se encuentra privada de libertad por veintiún días por negligencia de ese despacho judicial.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la defensa en su vertiente de ser oída, al debido proceso y a la libertad, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos DUDH; XVIII Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH); 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.1, 8.2 inc. h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar el cese de todas las medidas impuestas en su contra disponiendo su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 24 de junio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 23 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que continúa a la espera de casi un mes que el recurso de apelación de medida cautelar, sea resuelto, como consecuencia de la negligencia de los funcionarios del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, extremo que vulneró su derecho a la libertad en su vertiente de principio de celeridad.

I.2.2. Informe de los accionados

Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 24 de junio del 2022, cursante de fs. 20 a 21, señaló que la parte accionante manifestó que habría tardado un mes en remitir el recurso de apelación que interpuso, ante la Sala Penal competente, en la cual se hicieron observaciones por la mala remisión de antecedentes, y desde el 20 de ese mes y año, se encontraría nuevamente en poder del suscrito Juez para ser subsanado en cuarenta y ocho horas. Al respecto refirió que dicho recurso ya fue remitido al Tribunal de alzada, siendo de conocimiento de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y al merecer observaciones, éstas fueron subsanadas y remitidas nuevamente a esa Sala el 24 de igual mes y año, a efectos que se emita una resolución que en derecho corresponda. Al respecto se establecen elementos de orden de admisibilidad de la acción tutelar: 1) La actividad reclamada por la accionante tiene que ver con actos administrativos que conciernen al personal subalterno del despacho judicial, consecuentemente, existe falta de legitimación pasiva; y, 2) Se remitió el legajo a la Sala Penal Primera, resultando extemporánea la acción de libertad. En consecuencia, al no existir materia constitucional de protección en el presente caso y no existiendo derecho alguno que tutelar, corresponde rechazar la tutela. Rocio Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 24 de junio de 2022, cursante a fs. 22, indicó que de la revisión del cuaderno jurisdiccional, el oficio de remisión de apelación fue recepcionada el 20 de igual mes y año en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. De igual forma, la parte accionante dejó los recaudos de ley destinados al sacado de fotocopias, para el armado del legado de apelación varios días después de interpuesto el recurso de apelación.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 36/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 24 a 26, denegó la tutela respecto al Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital de ese departamento; así como con relación a la remisión de antecedentes al Ministerio Público por no encontrar responsabilidad penal en ninguno de los accionados; y, concedió la tutela en cuanto a Rocio Helen Balboa Llusco, Secretaria del citado Juzgado, disponiendo que cumpla funciones conforme procedimiento y efectuar la remisión dentro de los plazos que señala la ley. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Se tiene la Resolución 434/2022 de 27 de mayo, que es un Auto Interlocutorio de consideración a la cesación de la detención preventiva de la accionante, rechazando dicha cesación, por lo cual se interpuso recurso de apelación el 30 de mayo 2022, que fue admitida, indicando que se remita a las salas correspondientes de turno; ii) Posteriormente, del cuaderno de control jurisdiccional se evidencia que existe un oficio de remisión de 20 de junio de igual año, firmado por la Secretaria accionada, mismo que fue recepcionado en la Sala Penal Primera en la fecha referida a horas 12:29; también cursa otro oficio de remisión de 24 de ese mes y año, del legajo de apelación en mérito a la Resolución 434/2022; iii) Existe “…una incongruencia que vulnera el derecho de petición…” (sic), respecto de la acción de libertad traslativa de pronto despacho, siendo su esencia el dar celeridad a los trámites dentro de los procesos administrativos o judiciales; iv) La accionante esperó aproximadamente veinte días corridos y hasta el 24 de junio de 2022, recién se pudo remitir el legajo de apelación; y, v) La Secretaria del Juzgado no podía esperar que se interponga esta acción de libertad para cumplir con sus deberes y obligaciones, quien admite en su informe que la parte apelante dejó los recaudos de ley para el sacado de copias y armado del legajo, es decir, la Secretaria accionada tenía la obligación de remitir lo extrañado, conforme el art. 405 del CPP, ya que es la encargada de esas actuaciones.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de apelación de medidas cautelares, presentado el 30 de mayo de 2022, por Kevin Daza Vicker en representación sin mandato de Gabriela Tolava Calle -hoy accionante- ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, presentado dentro del término otorgado por ley (fs. 2 a 5). II.2. Por informe de 24 de junio de 2022, Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, indicó que se llevó a cabo la audiencia de solicitud de cesación de la detención preventiva, emitiéndose la Resolución 434/2022 de 27 de mayo, que en su parte resolutiva determinó el rechazo de lo pedido. Después se remitió por Secretaría del Juzgado a su cargo, a conocimiento de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 20 de junio de 2022, a efectos que se emita el auto de vista correspondiente, y una vez subsanadas las observaciones efectuadas se devolvió el mismo el 24 de igual mes y año, a la referida Sala (fs. 20 a 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa en su vertiente de ser oída, al debido proceso y a la libertad, debido a que la parte accionada: a) Se retrasó casi un mes en remitir el recurso de apelación al Tribunal de alzada, que formuló dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP, demorando que se resuelva el referido recurso, lo que generó se apliquen medidas desproporcionadas contra su libertad; y, b) Radicado el referido recurso en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue objeto de observaciones que devinieron de la mera negligencia de la autoridad y funcionario judicial accionados, al remitir dicha apelación veintún días después de planteada la misma, además le indicaron que llevará cuarenta y ocho horas en ser remitida nuevamente a la indicada Sala, porque tendrían que subsanar lo observado y “en las tardes” no remiten procesos, encontrándose privada de libertad por veintiún días debido a la negligencia de los ahora accionados.

En revisión, corresponde determinar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la apelación incidental prevista en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada

Al respecto, la 0435/2015-S3 de 17 de abril, estableció que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas…” .

III.2. Análisis del caso concreto

De la problemática venida en revisión, se advierte que la accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su derechos a la defensa en su vertiente de ser oída, al debido proceso y a la libertad, por parte de Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez, y Rocio Helen Balboa Llusco, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, ya que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, mediante Resolución 169/2022 de 10 de marzo, se dispuso su detención preventiva; por lo que, apeló dicha determinación; no obstante, no fue remitida dentro del plazo legal, estando más de un mes sin que su solicitud sea resuelta. Por lo previamente descrito, conforme el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, y acorde a lo dispuesto en el art. 251 de CPP, las autoridades a cargo del proceso deben actuar con celeridad en las causas puestas a su conocimiento, más aun tratándose de la situación jurídica que priva a la persona imputada de su libertad, verificando en todo momento que sus derechos sean respetados dentro la causa que se investiga; en los hechos, la accionante presentó su recurso de apelación contra la medida que dispuso su detención preventiva el 30 de mayo de 2022; no obstante, del mismo informe emitido por Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, ahora accionado, se tiene que dicha autoridad remitió el recurso extrañado el 20 de junio de igual año, que debido a las observaciones del Tribunal de alzada fue subsanada y devuelta el 24 de ese mes y año; advirtiéndose con certeza que existió una dilación desmedida para el pronunciamiento de una resolución que estaba tendente a definir la situación jurídica del imputado con la mayor celeridad, pues la libertad de éste se encontraba sujeta a la decisión en la instancia superior; por lo cual, conforme la normativa y jurisprudencia citadas, existió la lesión a los derechos denunciados en esta acción de defensa, correspondiendo que la tutela sea concedida. Con relación a Rocio Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, corresponde señalar que la misma al actuar bajo la dirección funcional del Juez a cargo del señalado despacho judicial, en el que se tramita la causa penal, debe proceder con diligencia en las funciones que asume; no obstante, el Juez es quien ejerce control sobre el personal de apoyo velando porque las órdenes emanadas por éste sean cumplidas con la mayor diligencia y responsabilidad, correspondiendo respecto a esta funcionaria de apoyo jurisdiccional denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, utilizó correcta terminología, pero en cuanto a los fundamentos jurídicos desarrollados respecto a los accionados, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 36/2022 de 24 de junio, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° DENEGAR la misma en cuanto a Rocio Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, de acuerdo a lo expuesto en este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0307_2024-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8f19fc307a38db316d2256b62a6444bc055de940d23d11d5f516952caa68666e

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