Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2024
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad y al debido proceso en su vertiente de defensa; puesto que en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 18 de junio de 2022, fue beneficiada con detención domiciliaria, habiéndose librado el correspondiente mandamiento de detención preventiva; sin embargo, hasta el momento de la interposición de esta acción de libertad el 22 de igual mes y año, no se efectivizó el mismo. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 23 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0306/2024-S3 Sucre, 10 de junio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48596-2022-98-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 01/2022 de 23 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mirian Margarita Ramírez contra Julio Alberto Castillo Justiniano, Comandante de Frontera Policial de Bermejo del departamento de Tarija de la Policía Boliviana.
Por memorial presentado el 22 de junio de 2022, cursantes de fs. 2 a 7 vta., la accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de “robo”, el 18 de dicho mes y año, a horas 19:00, se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares donde el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, dispuso su detención domiciliaria y emitió el correspondiente mandamiento; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa continúa en “…carceletas del comando de frontera policial de la ciudad de BERMEJO…” (sic), encontrándose indebidamente detenida de forma ilegal.
Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, a la dignidad y al debido proceso en su vertiente de defensa, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 7, 8, 9 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1, 8.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia pública el 23 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 47, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia manifestó que interpuso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho para que sea resuelta, y que está siendo procesada ilegalmente; además, en la audiencia de medidas cautelares no se demostró la comisión del delito de robo agravado, ni su participación en este hecho; pese a ello, el Juez a quo determinó otorgar la medida sustitutiva de detención domiciliaria “ante” el Hotel Bermejo el 18 de junio de 2022 y a la fecha -se entiende hasta el 23 del mes y año señalados-continúa en celdas policiales en calidad de aprehendida, vulnerando sus derechos a la dignidad, a la libertad y al debido proceso en su vertiente a la defensa. La accionante haciendo uso de la palabra en audiencia indicó que se encuentra detenida por “algo” que no cometió, como prueba hace mención a sus pasajes y a un audio; refirió ser inocente y se encuentra desde el “viernes”, pidiendo su libertad, pues tiene una menor de edad, a quien la lleva a la escuela; sin embargo, dicha menor no está asistiendo a clases porque “está mal”.
Julio Alberto Castillo Justiniano, Comandante de Frontera Policial de Bermejo del departamento de Tarija de la Policía Boliviana, por informe escrito presentado el 23 de junio del 2022, cursante de fs. 41 a 42 vta., manifestó que: a) Ante la temeraria y apresurada acción de libertad interpuesta por Mirian Margarita Ramírez con Documento Nacional de Identidad (DNI) 24’175.203, fue notificado el 22 de igual mes y año, a horas 16:20; se tiene registro del proveído de recepción del mandamiento de detención domiciliaria s/n de 18 de ese mes y año, emitido por Miguel Angel Calizaya López, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo de ese departamento, el cual ingresó a su despacho el 20 de dicho mes y año, a horas 8:00, luego se procedió a instruir al Director de Seguridad Penitenciaria que se efectúe el trato administrativo correspondiente; b) La accionante se encontraba en dependencias del Comando de Frontera Policial de Bermejo del citado departamento, a la espera de la ejecución del mandamiento de detención domiciliaria emitido por el Juez cautelar, que dispuso sea cautelada, guarde detención domiciliaria con escolta policial en el Hotel Bermejo, sin mayores referencias, y sin que se realice la verificación de la existencia y condiciones, aquél proceder de la autoridad judicial se consideró un error; c) A efectos de tomar medidas de seguridad según las facultades de la Policía Boliviana establecidas en el art. 7 inc. p) y w) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), el 22 del referido mes y año, Heriberto Colmena Quispe, funcionario policial, informó que no cuenta con personal femenino; en cuanto al domicilio señalado como “Residencia”, alojamiento público Hotel Bermejo, conforme la inspección en la misma fecha, a horas 11:00 aproximadamente, señaló que representa serio riesgo de fuga, además la habitación señalada por la accionante, se encontraba ocupada por el empleado del propietario; d) El 20 de junio de 2022, se observó que el mandamiento de detención domiciliaria no contaba con la numeración correspondiente, misma que fue subsanada el 22 de igual mes y año; y, e) Concluyó solicitando se deniegue la tutela solicitada, puesto que nadie se constituyó al Comando de Frontera Policial de Bermejo a fin de coordinar con el Director de Seguridad Penitenciaria para dar cumplimiento al mandamiento de detención domiciliaria; sin embargo, después de la entrevista con el Administrador del referido Hotel se le indicó que el cuarto señalado como residencia de la accionante está ocupado, motivo que imposibilitó la ejecución.
El Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 23 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del legajo probatorio y de la fundamentación efectuada por la parte accionante se evidencia que la “vinculación” de la acción de libertad está referida a una causa que se encuentra abierta en la vía ordinaria en el Juzgado Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo de ese departamento, que ya cuenta con imputación formal; 2) Consta la emisión de mandamiento de detención domiciliaria de 18 de junio de 2022, el mismo que hasta la fecha no se ha materializado, porque no se acudió al juez controlador de garantías jurisdiccionales, quien ya conoció la causa, haciendo el reclamo efectivo del incumplimiento; 3) Concurren problemas que se suscitaron en el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo, como la toma del edificio judicial; motivo por el cual, la accionante no pudo hacer efectivo su reclamo, siendo que las partes tienen conocimiento de sus domicilios tanto electrónicos como personales para realizar sus reclamos de forma inmediata; además, las reglas de subsidiariedad en la acción de libertad son claras, conforme establecen las “sentencias constitucionales”, en sentido que no es posible acudir directamente a esta acción de defensa cuando existe la vía jurisdiccional; y, 4) Habiéndose constatado el incumplimiento de las reglas de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad de pronto despacho o traslativo, que viene a tutelar una garantía esencial como es la libertad personal, la libertad física o de locomoción, así como la celeridad en cuanto a trámites referidos a la libertad, se evidencia que no se acudió al juez de la causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa mandamiento de detención domiciliaria con custodio policial de 18 de junio de 2022, expedido por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, a través del cual dicha autoridad judicial ordenó a Julio Alberto Castillo Justiniano, Comandante de Frontera Policial de Bermejo -ahora accionado- que por intermedio del personal a cargo, conduzca a Mirian Margarita Ramírez -hoy accionante- con Documento Nacional de Identidad 24.175.203 ARG., para que cumpla con la detención domiciliaria dispuesta en el Hotel Bermejo, ubicado en la calle Tarija entre Av. René Barrientos y calle La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de robo agravado a denuncia de Giovanna Zambrana Callapa. Mandamiento recepcionado el 20 de junio de 2022 (fs. 19). II.2. Por Informe 021/2022 de 22 de junio, dirigido al Comandante de Frontera Policial de Bermejo del departamento de Tarija, Heriberto Colmena Quispe, Director del Centro de Custodia Bermejo, indicó que no cuenta con personal policial para cubrir el servicio de custodio a los privados de libertad con detención domiciliaria; en cuanto a la verificación realizada del ambiente en el Hotel Bermejo, ofrecido por la solicitante de tutela, ubicado en la calle Tarija entre la Av. René Barrientos Ortuño y calle La Paz de la referida ciudad, se encuentra ocupado por una persona de sexo masculino, además no cuenta con las condiciones de seguridad y habitabilidad, para que se pueda brindar el servicio de vigilancia policial, encontrándose a solo 2 km del paso fronterizo legal y los varios otros pasos ilegales a la República de Argentina, adjuntando al efecto fotografías (fs. 20 a 25). II.3. Consta Informe 026/2022 de 22 de junio, suscrito por Mary Criz Villca Paucara, Secretaria del Departamento de Personal del Comando de Frontera Policial de Bermejo del departamento de Tarija, dirigido al Comandante ahora accionado, en el que manifestó que solo cuentan con siete funcionarios policiales, mismos que no son suficientes, señalando que en algunas oportunidades tienen que cumplir dos funciones (fs. 26).
II.4. Mediante Informe de 22 de junio de 2022, dirigido al Comandante hoy accionado, Dania Fabiola Flores Huampo, Custodia Policial, señaló que tomó contacto con el Administrador del Hotel Bermejo, quien manifestó que la habitación 16, se encontraba ocupada y que dicho Hotel está lleno de huéspedes, ante esta situación y por normas de seguridad retornaron con la detenida, ahora accionante al Centro de Custodio de Bermejo (fs. 36).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad y al debido proceso en su vertiente de defensa; puesto que en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 18 de junio de 2022, fue beneficiada con detención domiciliaria, habiéndose librado el correspondiente mandamiento de detención preventiva; sin embargo, hasta el momento de la interposición de esta acción de libertad el 22 de igual mes y año, no se efectivizó el mismo. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I) (las negrillas son nuestras); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”.
Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0201/2018-S4 de 21 de mayo, citando a la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)‛ . Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. A la luz de esta jurisprudencia, este medio de defensa constitucional se activa para reparar las lesiones del derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de libertad, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho, se encuentra en la búsqueda de la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” .
Identificada la problemática planteada a través de esta acción de libertad, de la revisión de antecedentes y conforme a las conclusiones del caso, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Mirian Margarita Ramírez, ahora accionante, por la presunta comisión del delito de robo agravado, mediante Resolución de 18 de junio de 2022, el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, dispuso como medida sustitutiva su detención domiciliaria bajo custodia policial, consecuentemente, se libró mandamiento de detención domiciliaria; sin embargo, Julio Alberto Castillo Justiniano, Comandante de Frontera Policial de Bermejo del referido departamento -hoy accionado- presentó informes a la autoridad jurisdiccional, señalando que no contaba con los suficientes efectivos policiales para cumplir con la disposición judicial; por consiguiente, por situaciones concernientes a temas administrativos y de personal de la entidad policial se hubiera provocado su indebida privación de libertad.
De lo expuesto, se advierte que el Comandante ahora accionado generó una dilación indebida al incumplir la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva dispuesta por Resolución de 18 de junio de 2022, transcurriendo cuatro días hasta la interposición de la presente acción tutelar -22 de igual mes y año- sin efectivizar la misma, la cual se hallaba vinculada al derecho a la libertad de la accionante, justificando su omisión bajo el argumento de no contar con suficientes efectivos policiales para realizar la custodia del detenido; accionar contrario a la línea jurisprudencial desarrollada por este Tribunal.
Al respecto la SCP 0662/2020-S2 de 12 de noviembre, señaló que: “En ese sentido, cabe mencionar que la SCP 0702/2012 de 13 de agosto estableció que el cumplimiento de la aplicación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria por parte de una autoridad policial, no debe justificarse por falta de personal; entendiendo que el ejercicio de los derechos no puede supeditarse a la disponibilidad de recursos económicos ni materiales del Estado… Asimismo, el ejercicio de los derechos puede requerir de ciertas condiciones materiales, pero estas no pueden constituir un obstáculo, ello porque el Estado boliviano tiene el deber de adoptar las medidas que sean necesarias para efectivizar los derechos, así el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), determina que: ‘Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades’, deber que alcanza entonces a medidas administrativas, presupuestarias, de asignación de recursos humanos, entre otras. (…) Dicho entendimiento fue reiterado por la SCP 0154/2016-S1 de 1 de febrero, indicando que la carencia de efectivos policiales, no se encuentra determinada como causal para la no ejecución de un mandamiento de libertad o para la demora en su efectivización; más aún, cuando el solicitante de tutela fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva” . Por consiguiente, conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la dilación injustificada en un proceso penal, en el que de por medio se encuentren personas privadas de libertad, conlleva a la vulneración de derechos fundamentales; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional señaló de manera reiterada, que los servidores públicos deben cumplir sus tareas con agilidad y mayor prontitud, más aún cuando hay una orden judicial expresa para la efectivización de un mandamiento de detención domiciliaria con custodio, dado que está íntimamente ligado con el derecho a la libertad. En este sentido, la conducta asumida por Julio Alberto Castillo Justiniano, Comandante de Frontera Policial de Bermejo del departamento de Tarija hoy accionado, resulta contraria al principio de celeridad previsto en la Norma Suprema y en los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad; por lo expuesto, corresponde otorgar la tutela solicitada con relación a la autoridad accionada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad de las personas. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 23 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Bermejo del departamento de Tarija; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0306_2024-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 155377a2eb5e3b85d0f94b8db61a478898fb1265219d8c76a68868b70871f43c
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →