Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, al debido proceso, de petición, a la vida e integridad física y psicológica, “seguridad jurídica” y justicia; puesto que, el Juez accionado mediante la Auto Interlocutorio 556/2022 rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, realizada al amparo del art. 239.2 del CPP, sin que el Ministerio Público o la parte querellante hubiera solicitado la ampliación del plazo de duración de su detención, determinación que al ser apelada fue resuelta por la Vocal accionada a través del “Auto de Vista 60/2022” -siendo lo correcto Resolución 398/2022-, declarando improcedente el recurso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 25 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0305/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54644-2023-110-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 02/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 25 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abelino Quispe Mamani en representación sin mandato de José Luis García Jordán contra Silvia Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; y, Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del citado departamento.
El accionante a través de su representante, por memorial presentado el 24 de enero de 2023, cursante de fs. 13 a 14 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Abelino Quispe Mamani -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación, el Juez ahora coaccionado dispuso, a través del Auto Interlocutorio 65/2021 de 24 de agosto, su detención preventiva por el tiempo de tres meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, donde se realizó su audiencia de situación jurídica el 24 de noviembre de 2021; empero, a la fecha no había resuelto, encontrándose detenido por más de un año y cuatro meses. En ese entendido, solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por el vencimiento del plazo de su detención preventiva, pedido que fue rechazado mediante la Auto Interlocutorio 556/2022 de 3 de junio, sin que el Ministerio Público y la parte querellante hubiesen solicitado la ampliación del plazo de duración de la detención preventiva. Dicha determinación fue objeto de apelación incidental, siendo resuelta por la Vocal ahora accionada a través del “Auto de Vista 60/2022” de 4 de julio, donde se declaró improcedente el recurso interpuesto y ratificó la resolución apelada en parte.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, al debido proceso, de petición, a la vida e integridad física y psicológica, “seguridad jurídica” y justicia; citando al efecto el art. 15.I, 24, 22, 23, 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de enero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 23 y 24 vta., se produjeron los siguientes actuados.
El accionante, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándola manifestó que: a) Presentó su solicitud de cesación de la detención preventiva el 25 de mayo de 2022; es así que, el Juez ahora accionado señala audiencia para el 1 de junio de 2022; empero, dicho actuado procesal fue suspendido sin ningún fundamento, señalando que se notificó tarde sin que nadie lo hubiera solicitado, cuando el art. 103 del CPP dice que ninguna audiencia podía ser suspendida, reprogramando la audiencia para el 3 de junio de 2023, fecha en la que no existía acusación tampoco el ministerio Público había solicitado ampliación de la duración de la detención preventiva, cuando el art. 239.2 del CPP es claro, es más el art. 233 del citado código señala que el plazo de la detención puede ser ampliada a petición del Fiscal únicamente por la complejidad del caso; b) El Auto de Vista 398/2022 de 4 de julio que declaró improcedente su apelación, señala que ya contaría con una acusación, pero la misma no llegó físicamente; por lo que, no saben si se presentó; c) El auto interlocutorio 556/2022 vulneró el art. 235 ter y los arts. 239 sobre el plazo dispuesto, 233 sobre la ampliación, 279 respecto al control jurisdiccional y 134 referidos a la extinción de la acción en etapa preparatoria , así como la SC “1036/2002’’ por cumplir nueve meses cuando el plazo fue de seis meses; d) La vulneró la SCP 0685/2021 de 12 de octubre siendo que por el art. 125 ter del CPP se debe indicar la fecha exacta de cumplimiento de la detención preventiva; además, de establecer día y hora de audiencia en el entendido que no puede permanecer indefinidamente como detenido preventivo; empero, debe tomarse en cuenta que la detención en etapa investigativa está relacionada con el tiempo que el Ministerio Público requiera razonablemente para realizar las labores de investigación; es así que, vencido el plazo sin que exista una solicitud de ampliación se debe aplicar el art. 239.2 del CPP, disponiendo la libertad del detenido imponiéndole las medidas que considere conveniente; y, e) La Vocal ahora accionada rechaza y declara improcedente su apelación incidental señalando que contaría con un informe conclusivo; empero, nunca llegó el mismo a dicha Sala, nunca fue remitido ni al Juez ahora coaccionado; por lo que, la Vocal debió resolver los agravios que planteo.
Rene Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto, fs. 19 a 20 vta. Silvia Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, mediante memorial de 25 de enero de 2023, cursante de fs. 21 y 22, manifestó que: 1) No señala por cuál de los presupuestos de la acción de liberad plantea esta acción tutelar, es más su pretensión no se encuentra correctamente planteada; es decir, que la (causa petendi) no se encuentra identificado, lo que deviene en una falta de fundamentación; 2) No señala que su vida esté en peligro único argumento por el cual se puede superar la barrera de la subsidiariedad; 3) El accionante se encuentra procesado a través de un proceso penal en el que tiene la calidad de imputado y su privación de libertad se encuentra justificada en la resolución que le impuso dicha medida, respecto a la cual el accionante demostró su aceptación al haber solicitado a la fecha la cesación de su detención preventiva; 4) El accionante refiere que existe lesión al derecho al debido proceso; empero, no señala cuál es la fundamentación que lo demuestra, menos identifica de qué manera se habría vulnerado sus derechos; 5) Se informa que emitió la Resolución 398/2022 de 4 de julio y no la 60/2022 de 4 de julio, como refiere la parte accionante, y, 6) Existe una víctima menor de edad mujer, que presenta doble vulnerabilidad, y que fue víctima de una agresión sexual, sobre el cual el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la línea de protección reforzada, así la SCP 17/2018-S2.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 02/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 25 y vta., denegó la tutela solicitada, bajo el siguiente fundamento, la uniforme jurisprudencia constitucional en relación a las acciones de pronto despacho señaló que toda solicitud donde se encuentre comprometido el derecho a la libertad debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, es así que el Juez ahora coaccionado pronunció la Resolución 556/2022 del 3 de junio, donde decidió rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante y conforme determina el art. 251 del CPP se dispuso remitir antecedentes ante la Vocal ahora accionada, quien emitió el Auto de Vista 398/2022 de 4 de julio, conformando la Resolución observada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Asimismo por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto interlocutorio 65/2021 de 24 de agosto, se dispuso la detención preventiva de Abelino Quispe Mamani -ahora accionante- en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz por el tiempo solicitado por el Ministerio Público de tres meses, señalándose audiencia para considerar la situación jurídica del nombrado para el 24 de agosto de 2021 (fs. 3 a 6). II.2. A través del memorial presentado de 25 de mayo de 2022 ante el Juez de Instrucción y Anticorrupción Penal de la ciudad del Alto, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.2 del CPP (fs. 7). II.3. Mediante Auto Interlocutorio 556/2022 de 3 de junio, el Juez ahora coaccionado rechazó la cesación de la detención preventiva del accionante, decidiendo mantener la medida extrema (fs. 8 y vta.). II.4. Por Auto de Vista 398/2022 de 4 de julio, Silvia Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz ahora accionada declaró la admisibilidad del recurso interpuesto por el accionante y declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas, en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 556/2022 (fs. 10 a 12 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la locomoción, al debido proceso, de petición, a la vida e integridad física y psicológica, “seguridad jurídica” y justicia; puesto que, el Juez accionado mediante la Auto Interlocutorio 556/2022 rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, realizada al amparo del art. 239.2 del CPP, sin que el Ministerio Público o la parte querellante hubiera solicitado la ampliación del plazo de duración de su detención, determinación que al ser apelada fue resuelta por la Vocal accionada a través del “Auto de Vista 60/2022” -siendo lo correcto Resolución 398/2022-, declarando improcedente el recurso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, establece que: ”El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre[5], la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando esta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional”.
del art. 398 del Código de Procedimiento Penal
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: 1) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, 2) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-.
En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que estas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
… la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquel conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no solo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, afirmando que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que solo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se otorgan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria.
En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora (el resaltado nos pertenece).
El accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, a la locomoción, al debido proceso, a la petición, a la vida e integridad física y psicológica, “seguridad jurídica” y justicia; puesto que, el Juez ahora accionado mediante la Resolución 556/2022 rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, realizada al amparo del art. 239.2 del CPP, sin que el Ministerio Público o la parte querellante hubiera solicitado la ampliación del plazo de duración de su detención, determinación que al ser apelada fue resuelta por la Vocal ahora accionada a través del “Auto de Vista 60/2022” -siendo lo correcto Auto de Vista 398/2022-, declarando improcedente el recurso.
De la revisión de antecedentes, se tiene que, por Resolución 65/2021 de 24 de agosto, se dispuso la detención preventiva del accionante en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz por el tiempo solicitado por el Ministerio Público de tres meses, señalándose audiencia para considerar la situación jurídica del nombrado para el 24 de agosto de 2021 (Conclusión II.1.). Posteriormente, a través del memorial presentado de 25 de mayo de 2022, el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva al amparo del art. 239.2 del CPP (Conclusión II.2.), el cual fue resuelto mediante Resolución 556/2022 de 3 de junio, por el Juez ahora coaccionado, quien rechazó la cesación de la detención preventiva del accionante, decidiendo mantener la medida extrema (Conclusión II.3.), determinación que al ser apelada, Silvia Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz ahora accionada resolvió por Auto de Vista 398/2022 de 4 de julio, declarándola admisibilidad del recurso interpuesto por el accionante y la improcedencia de las cuestiones planteadas, en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio 556/2022 (Conclusión II.4.). Previamente a ingresar al análisis de fondo del caso venido en revisión, se debe establecer que el accionante a través del recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 556/2022 reprocho que dicha resolución rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva, reclamo que fue resuelto por la Vocal ahora accionada a través de la Resolución 398/2022; por lo que, será a esta última determinación a la que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional circunscribirá su análisis, siendo que la Vocal ahora accionada es la autoridad de segunda instancia que tuvo la posibilidad de corregir, enmendar o anular las determinaciones asumidas por la Jueza ahora coaccionada. Ahora bien, en el memorial de interposición de esta acción de defensa el accionante no especificó como el Auto de Vista 398/2022 vulneró los derechos del accionante; sin embargo, cuestiona que el Auto Interlocutorio 556/2022 rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin que el Ministerio Público o la parte querellante hubiera solicitado la ampliación del plazo de duración de su detención, de lo que se entiende que es el aspecto que se hubiera reclamado en apelación, más aún cuando la solicitud de cesación realizada por el accionante se sustentó en el art. 239.2 del CPP que establece: “Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención”, de lo que se coligue que, fue ese el aspecto que cuestionó, pero que no fue atendido por la Vocal ahora accionada, derivando en la declaración de improcedencia de las cuestiones planteadas, por tanto la confirmación del Auto Interlocutorio 556/2022. Es así que, entre los agravios expuestos por el accionante en su memorial de interposición de recurso de apelación, consignado en el numeral 1 del Considerando III del Auto de Vista 398/2022, se encuentra el reclamo referido a que, debió disponerse la cesación de su detención preventiva, porque el Ministerio Público no solicitó la ampliación, encontrándose por ello indebidamente detenido. Sin embargo, este aspecto no fue parte de la Auto de Vista 398/2022, siendo que de la lectura de la citada Resolución, se tiene que se declaró inadmisible el recurso de apelación que interpuso el accionante porque, en primer término en el presente caso según se tiene del cuaderno del legajo de apelación cursa resolución de acusación fiscal de 3 de junio de 2022, otra precisión que también amerita ser tomada en cuenta es que en la presente causa evidentemente se hubiera emitido esa resolución, tomando en cuenta la petición planteada por la parte recurrente amparada en el art. 239.2 del CPP a efectos de la cesación de la detención preventiva, respecto a fundamento contenido en la resolución de cesación de la detención preventiva remitida en análisis se puede establecer que la autoridad jurisdiccional realiza consideraciones vinculadas a los antecedentes que informan la causa y a los aspectos que hubieran sido fundamentados en la audiencia de 3 de junio de 2022, la autoridad jurisdiccional realizando la aplicación del método de la perspectiva de género considera la improcedencia de lo peticionado por la parte ahora recurrente, tomando en cuenta evidentemente que dentro de la presente causa existe una víctima menor de edad mujer que presenta doble vulnerabilidad y que la misma hubiera sido víctima de agresión sexual; por lo que, se considera que es menester recordar que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la amplia línea jurisprudencia que emerge a partir de la obligación constitucional que impele a las autoridades jurisdiccionales a brindar una protección reforzada en relación a las víctimas de violencia, sobre todo mujeres y menores de edad, es que se ha impuesto la obligación referida del deber de abordar el problema jurídico integral así la SCP 17/2018-S2 estableció: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado que en un proceso penal por violencia en razón de género, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental también precautelar los derechos de la víctima, por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, considerando que esta tiene una protección reforzada y que el enfoque integral del problema jurídico debe ser abordado desde el principio de verdad material, es decir, en el marco de la verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja parcial o distorsione la percepción de los hechos a la autoridad jurisdiccional o de definir sus derechos y obligaciones dando lugar a una decisión justa e irrazonable que no responda a los principios y valores de la Constitución…” en esa línea de este precedente constitucional, citó la SCP 0012/2021-S3 de 19 de febrero, vinculada a que criterio debe tomarse en cuenta cuando se plantea solicitudes de cesación de la detención preventiva solamente por el transcurso del tiempo, este precedente constitucional establece “…al respecto, es pertinente señalar que en cuanto a las solicitudes de cesación de la detención preventiva donde las víctimas se encuentran dentro de un grupo considerado vulnerable, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha desarrollado entendimientos jurisprudenciales en sentido de que, cuando se analice la imposición de la referida medida cautelar, y por ende su cesación, el juzgador debe efectuar una labor que no solo implique la aplicación de la normativa procesal pertinente, sino que además debe tomar en cuenta ciertos principios a objeto de precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los involucrados en el proceso penal; es decir, tanto de quien se encuentra restringido en el ejercicio de su derecho a la libertad, así como de la víctima y otras partes intervinientes en el proceso; así, la SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, sostuvo que: ‘…la Constitución Política del Estado, en sus arts. 60 y 61.I, establece la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos mereciendo de manera inmediata su protección, y permitirle un acceso a la justicia pronta, oportuna y con asistencia especial, además, de que prohíbe y sanciona cualquier forma de violencia ejercida sobre los mismos, circunstancia similar se advierte en los diversos instrumentos internacionales emitidos sobre este caso como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención Belém Do Pará’, que señala el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en situación de violencia, ya sea en su integridad física, sexual o psicológica, conforme prevé su art. 2, indicando los entornos en los cuales puede generarse, así como las clases que comprende la violencia. De igual manera en su art. 9, expresa ciertas categorías que comprenden la situación de vulnerabilidad de la mujer en casos de violencia mencionando entre ellas la minoridad; normativa que a la vez impele a los Estados Partes, a asumir medidas de protección…”. Por lo que, lo descrito y fundamentado en el precedente constitucional, corresponde ser aplicado en el caso concreto, estableciendo que el Juez ahora accionado realizó una interpretación y valoración de los antecedentes que informan la presente causa y conforme y desde la constitución para brindar de esta manera una protección reforzada a la víctima, criterio con el cual manifiesta su acuerdo siendo que considera que es responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales brindar esta protección reforzada en relación a las víctimas de violencia, como se ha realizado por la autoridad jurisdiccional a quo, al momento de pronunciar la resolución apelada y rechazar la cesación de la detención preventiva del accionante, debiendo tenerse en cuenta y conforme se describió en antecedentes, el caso ya cuenta con una acusación fiscal, en ese entendido, conforme a lo descrito precedentemente, tomando en consideración que el razonamiento contenido en la resolución apelada cuenta con la suficiente logicidad y razonabilidad y lo contrario no fue evidenciado por la parte recurrente en este acto procesal, no se considera que exista ningún agravio que reparar. Asimismo, en la enmienda y complementación solicitada por el accionante, únicamente este manifestó sobre la ampliación de la detención preventiva, que “…la situación jurídica no se ha llevado en sus plazos, dos tres meses tampoco se ha solicitado la ampliación; es decir, cuanto tiempo tiene que estar detenido…” (sic), extremo que no fue mencionado por la Vocal ahora accionada al momento de resolver la enmienda y complementación. De lo que se concluye que, el Auto de Vista 398/2022 emitido por la Vocal hoy accionada, no se pronunció sobre el agravio denunciado por el accionante en su recurso de apelación restringida como tampoco expresaron la razón de porque dicho extremo no fue considerado; es decir, que existe incongruencia externa; así como, falta de fundamentación y motivación en la decisión asumida al respecto; por tanto se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia relacionado con el derecho a la libertad del accionante; sin embargo, debido a que el Auto de Vista 398/2022 fue sustentada en el hecho principal de brindar protección reforzada a las víctimas de violencia, mujeres menores de edad, motivo que fue ampliamente expuesto; además de, sustentado por jurisprudencia constitucional que considera los instrumentos internacionales de protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, así también en el hecho de la existencia de una acusación, que conforme a la SCP 0730/2021-S3 de 12 de octubre, entre otras, ante el cambio de instrumentalidad de la detención preventiva en etapa de juicio oral con relación a la etapa preparatoria, la presentación de una solicitud cesación de la detención preventiva no se enmarca únicamente al vencimiento del plazo de dicha medida -art. 239.2 del CPP- sino a la desvirtualización de los riesgos procesales vigentes, aspectos que no fueron cuestionados en el memorial de la presente acción de libertad interpuesta por el accionante.
En ese entendido, al no haberse cuestionado a través de esta acción de libertad el fundamento principal por el cual se declaró improcedente la apelación planteada por el accionante, lo que implica que el nombrado está de acuerdo con dichos fundamentos; por lo que, no es posible considerar la pretensión perseguida en esta acción tutelar, cuál es que se disponga la inmediata libertad del accionante, debido a que el análisis del aspecto reclamado por el accionante, no logrará que puede cambiarse el fondo de la decisión asumida, por tanto el cambio de la situación jurídica del accionante; por consiguiente, corresponde denegar la tutela solicitada por carecer de reclamado en esta acción de defensa de relevancia constitucional. Finalmente, con referencia a la presunta vulneración del derecho a la vida e integridad física y psicológica y “seguridad jurídica”, no existe mayor argumentación al respecto, lo que no permite comprender como estas hubieran sido lesionados, y en relación a los derechos de petición y a la justicia, no se encuentran dentro el ámbito de protección de la acción de libertad; por todo lo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada sobre los mismos. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 25 de enero, cursante de fs. 25 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0305_2026-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 68de680de2dff0381c95b922add23e34d5799c942a7178f7bf8fdea4e5ca31af
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