Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de abril de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración del derecho a la libertad; así mismo, de la lectura del memorial de esta acción de libertad se colige la vulneración de los derechos a la vida con relación a la salud y de petición, puesto que: 1) La Jueza hoy accionada negó las salidas judiciales que solicitó y tampoco las decreto en el plazo de veinticuatro horas, a pesar que en su último memorial acreditó el mal que le aqueja; y, 2) El Secretario ahora coaccionado no cumplió con los decretos de la citada Jueza y no cargo su último memorial de solicitud de salida judicial al libro diario, el cual tampoco se encontraba en el cuaderno procesal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos .
demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la denuncia de falta de respuesta oportuna a la solicitud de salida judicial por cuestiones de salud realizada por el accionante el 29 de noviembre de 2021, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. a) Disponiendo que la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, efectivice inmediatamente la salida judicial por cuestiones de salud del accionante, si es que no se hubiese realizado aun. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia a las solicitudes de salidas judiciales realizadas por el accionante a través de los memoriales presentados el 20 de octubre; y, 5, 15 y 22 de noviembre de 2021; y con relación al Secretario ahora coaccionado, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0304/2023-S3 Sucre, 24 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 44804-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Norka Taboada Zapata en representación sin mandato de Javier Eduardo Quisbert Sea contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza; y, Elias Quispe, Secretario, ambos del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 11 a 14 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), se encuentra desde el 16 de diciembre de 2019 con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y al haberse presentado acusación formal contra su persona su causa se encuentra bajo el control jurisdiccional de la Jueza ahora accionada, quien desde el “20 de octubre” hasta el presente -fecha de interposición de esta acción tutelar- le negó las salidas judiciales que solicitó, debido a que el Secretario ahora coaccionado no dio cumplimiento a los decretos emitidos por la referida Jueza en varias oportunidades, por lo que no existe varias notificaciones ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, es más el último memorial de solicitud de salida judicial, para el “día viernes”, no fue “cargado” al libro diario y al solicitar el .
cuaderno procesal se sorprendió al no encontrarse el mencionado memorial, y al preguntar al mencionado Secretario, éste le indicó que no podía atenderlo, que estaba en audiencia y que no sabía dónde se encontraba el citado memorial. En ese entendido, el día que interpuso la presente acción tutelar -6 de diciembre de 2021-, aproximadamente a las 10:00 horas, fue a verificar si el decreto emitido en respuesta a su último memorial fue “cargado” por la Jueza hoy accionada, pero el mismo no salió de despacho, por lo que no se consideró que su vida se encontraba en peligro, siendo que se adjuntó Certificado médico del área de medicina del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, acreditando el mal que le aqueja. Los memoriales que presentó el 20 de octubre, 4, 15, 19 y 29 de noviembre de 2021, solicitando salida judicial debieron ser decretados en el plazo no mayor a las veinticuatro horas, conforme establece el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), pero no fue cumplido así por la Jueza ahora accionada, incurriendo en dilación indebida y retardación de justicia.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración del derecho a la libertad; así mismo, de la lectura del memorial de esta acción de libertad se colige la vulneración de los derechos a la vida con relación a la salud y de petición; citando al efecto los arts. 18, 24 y 115 de la CPE; y, 7 de la “Convención de Derechos Humanos”.
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga que: a) Aparezca el memorial que no fue arrimado al cuaderno procesal; b) Se conceda la salida judicial para ser atendido en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; c) Se genere y envíe las notificaciones correspondientes a la Oficina Gestora de Procesos “6” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y, d) Se sancione a los ahora accionados por daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 20 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) EL 29 de noviembre de 2021 realizó su última solicitud de salida judicial a la cual adjuntó “certificado médico” del área de medicina del .
Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, donde le recomiendan que sea atendido por el servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, al ser diagnosticado con gastritis aguda, siendo dicho pedido para el “día hoy martes” a las 8:00 horas, dicha solicitud no fue gestionada; 2) Por quinta vez el Secretario hoy coaccionado le indica respecto a sus solicitudes de salida judicial que estaría solo y que no podía hacer nada, retirándose para remitir cuadernos; 3) La Jueza ahora accionada no decreto su memorial en el plazo de veinticuatro horas, siendo que desde el 29 de noviembre hasta el “día de ayer”, continuaba en el despacho de la citada Jueza, por lo que tuvo que sacar una fotografía al “cuaderno”; y, 4) El área de medicina del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz no cuenta con especialidad para ser atendido.
Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 17. Elías Quispe, Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 17.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 21/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 21 a 22, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que: i) La Jueza ahora accionada en el plazo de veinticuatro horas decrete la solicitud de salida judicial presentado por el accionante; y, ii) El Secretario ahora coaccionado no cuenta con legitimación pasiva respecto a lo pedido, siendo que se constituye en una decisión de carácter jurisdiccional y no administrativo; bajo los siguientes fundamentos: a) La última solicitud que el accionante efectuó fue el 29 de noviembre de 2021, pidiendo su salida judicial para el 7 de diciembre del mismo año a las 8:00 horas, para ser atendido en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el servicio de gastroenterología; b) Bajo los principios de celeridad y una justicia pronta y oportuna se rige la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia; asimismo, el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece plazos razonables para la emisión de disposiciones judiciales, entre las que están los decretos, los cuales deben ser emitidos en veinticuatro horas de conocida la petición; y, c) Se advierte que encontrándose privado de libertad el accionante realizó una petición ante la autoridad judicial hoy .
accionada, quien hasta el cese de las actividades en el Órgano Judicial no dispuso respecto a su petición de forma positiva o negativa, por lo que no se cumplió con el pronto despacho que amerita cualquier tipo de petición formulada por las partes procesales, extremo que también va contra el principio de celeridad y justicia pronta y oportuna que establece la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, pues es obligación de la autoridad judicial brindar respuesta dentro de los márgenes establecidos por Ley para que el justiciable tenga certeza de su petición.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memoriales presentados el 20 de octubre; y, 5, 15 y 22 de noviembre de 2021 ante Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionada-, Javier Eduardo Quisbert Sea -hoy accionante- solicitó salida judicial para dirigirse al Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) para el cobro de la devolución de sus aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), a la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) para presentar documentación de su propiedad y para ir al edificio “Jheny” a notificarse con otra demanda civil (fs. 2, 3, 4 y 5). II.2. Mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2021 dirigida a la Jueza ahora accionada, el accionante solicitó salida judicial por motivos emergentes de salud para lo cual necesita recursos económicos, solicitando por ello también apersonarse al Banco Fassil Sociedad Anónima (S.A.), para luego dirigirse al Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Adjuntando la Solicitud de salida médica judicial Paciente el S.P.I del área médica del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, (fs. 6 a 7).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración del derecho a la libertad; así mismo, de la lectura del memorial de esta acción de libertad se colige la vulneración de los derechos a la vida con relación a la salud y de petición, puesto que: 1) La Jueza hoy accionada negó las salidas judiciales que solicitó y tampoco las decreto en el plazo de veinticuatro horas, a pesar que en su último memorial acreditó el mal que le aqueja; y, 2) El Secretario ahora coaccionado no cumplió con los decretos de la citada Jueza y no cargo su último memorial de solicitud de salida judicial al libro diario, el cual tampoco se encontraba en el cuaderno procesal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos .
demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, entre otras, ratificando los entendimientos jurisprudenciales asumidos por la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó que: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
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En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “De la[s] citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración del derecho a la libertad; así mismo, de la lectura del memorial de esta acción de libertad se colige la vulneración de los derechos a la vida con relación a la salud y de petición, puesto que: i) La Jueza ahora accionada negó las salidas judiciales que solicitó y tampoco las decretó en el plazo de veinticuatro horas, a pesar que en su último memorial acreditó el mal que le aqueja; y, ii) El Secretario ahora coaccionado no cumplió con los decretos de la Jueza citada y no cargo su último memorial de solicitud de salida judicial al libro diario, el cual tampoco se encontraba en el cuaderno procesal. De los antecedentes, se tiene que por los memoriales presentados el 20 de octubre; y, 5, 15 y 22 de noviembre de 2021 ante la Jueza ahora .
accionada el accionante solicitó salida judicial para dirigirse al Banco Unión S.A. para el cobro de la devolución de sus aportes a la AFP, a la Oficina de DD.RR. para presentar documentación de su propiedad y para ir al edificio “Jheny” a notificarse con otra demanda civil (Conclusión II.1.); y posteriormente, mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2021 dirigida a la Jueza ahora accionada, el accionante solicitó salida judicial por motivos emergentes de salud para lo cual necesita recursos económicos, solicitando por ello también apersonarse al Banco Fassil S.A., para luego dirigirse al Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (Conclusión II.2.). Respecto a lo denunciado en la problemática del inc. i) La denuncia realizada por el accionante converge de forma general en el hecho que la Jueza hoy accionada hubiera negado sus solicitudes de salida judicial, pero se debe distinguir que las solicitudes de salida judicial que realizó a través de los memoriales presentados el 20 de octubre; y, 5, 15 y 22 de noviembre de 2021 fueron efectuadas para que el accionante pueda dirigirse al Banco Unión S.A. para el cobro de la devolución de sus aportes a la AFP, a la Oficina de DD.RR. para presentar documentación de su propiedad y para ir al edificio “Jheny” a notificarse con otra demanda civil y que únicamente su solicitud de salida judicial de 29 de noviembre de 2021 tenía motivos de salud; en ese entendido, corresponde realizar análisis diferentes al respecto. Con relación a las solicitudes de salida judicial realizada a través de los memoriales presentados el 20 de octubre; y, 5, 15 y 22 de noviembre de 2021, corresponde precisar que las denuncias sobre vulneraciones contra el debido proceso vía acción de libertad, únicamente proceden cuando concurren los presupuestos citados en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; es decir, cuando: a) El acto vulnerado, entendido como actos ilegales, omisiones indebidas o amenazas denunciadas, se encuentren vinculadas con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Exista absoluto estado de indefensión. En ese sentido, corresponde verificar si los mencionados presupuestos concurren o no, con relación al primer presupuesto el accionante pretende que mediante esta acción de libertad se resuelva una presunta vulneración del derecho al debido proceso, relacionada al hecho de que la Jueza ahora accionada negó sus solicitudes de salidas judiciales para dirigirse al Banco Unión S.A. para el cobro de la devolución de sus aportes a la AFP, a la Oficina de DD.RR. para presentar documentación de su propiedad y para ir al edificio “Jheny” a notificarse con otra demanda civil, extremos que no se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad, puesto que la corrección de lo denunciado no implica que el accionante recobre inmediatamente dicho derecho y .
tampoco se constituye en una amenaza para el ejercicio del mismo o una posible causa para su restricción, más aún cuando el propio accionante en su memorial de acción de libertad manifestó que se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por lo tanto, el primer presupuesto establecido por la jurisprudencia constitucional para que el derecho al debido proceso sea tutelado vía acción de libertad, no concurre en este caso. Con referencia al segundo presupuesto, se tiene que el accionante conoce plenamente el proceso penal seguido contra su persona y se encuentra participando activamente dentro del mismo, extremo que se evidencia de los memoriales presentados el 20 de octubre; y, 5, 15, 22 y 29 de noviembre de 2021, por lo que tampoco concurre el segundo presupuesto establecido para la procedencia de la acción de libertad por presuntas irregularidades que afectan el debido proceso. En ese sentido, el accionante tiene para reclamar esta y todas las supuestas vulneraciones del derecho al debido proceso no vinculadas a la libertad, los medios y recursos previstos en la normativa procesal penal en la vía ordinaria, y una vez agotados estos, si considera que esas vulneraciones persisten, puede acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la acción de amparo constitucional; correspondiendo por ello, denegar la tutela solicitada respecto a los memoriales de salida judicial presentados el 20 de octubre; y, 5, 15 y 22 de noviembre de 2021. Ahora bien, con relación al memorial de salida médica de 29 de noviembre de 2021, que tenía como objeto que el accionante acuda el 7 de diciembre de 2021 al servicio de gastroenterología del Hospital de Clínicas de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en atención a la recomendación del Médico del Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento, que le diagnosticó gastritis aguda y úlceras gástricas a descartar (fs. 7); cuya respuesta por parte de la Jueza ahora accionada no fue emitida hasta la interposición de esta acción de defensa; es decir, que dicho pedido no fue atendido dentro de las veinticuatro horas. Cuando existen situaciones que implican a privados de libertad, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que las autoridades judiciales deben actuar con celeridad, más aun cuando se trata de cuestiones que implican la salud, aquello para no generar situaciones que pongan en riesgo el derecho a la vida; ya que, si bien el accionante se encuentra cumpliendo una medida que restringe su libertad; no obstante, sus demás derechos se encuentran intactos, por lo que deben ser resguardados (art. 74.I de la CPE). Sin embargo, la Jueza hoy accionada al no haber atendido la solicitud .
de salida médica del accionante en el plazo de veinticuatro horas conforme dispone el art. 132.1 del CPP, incluso hasta la interposición de esta acción de defensa -6 de diciembre de 2021-, tal como se tiene de las copias de los libros de registro (fs. 8, 9, y 10) y hasta que la misma sea resuelta -7 de diciembre de 2021-, que era la fecha que pidió salida judicial por cuestiones de salud, no actuó con la celeridad requerida; consiguientemente, existió una indebida e injustificada dilación; por lo que corresponde, conceder la tutela solicitada al respecto, en el marco de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Con relación a lo denunciado en la problemática del inc. ii)
Al respecto, es necesario considerar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que los funcionarios de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva; sin embargo, adquieren dicha legitimación cuando inciden en tres supuestos, que hubiera inobservado o alterado una orden expresa del Juez de la causa, si bien al respecto el accionante señala que el Secretario ahora coaccionado no dio cumplimiento en varias oportunidades a los decretos de la Jueza ahora accionada, así mismo no existiría varias notificaciones ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dicha denuncia fue realizada de forma general, sin señalar específicamente cuando sucedió aquello y a qué decretos se refería; asimismo, no se le atribuye a través de esta acción de defensa, el incumplimiento especifico de alguna de sus funciones, al respecto si bien se indicó que el último memorial de solicitud de salida judicial no fue cargado al libro diario y al solicitar el cuaderno procesal se sorprendió al no encontrar el mencionado memorial; sin embargo, al haber adjuntado el accionante a la presente acción tutelar copia de los libros de registro (fs. 8, 9, y 10), se tiene que dicho memorial se encuentra registrado en el mismo con fecha “LUNES 29 DE NOVIEMBRE”, desvirtuando aquello que el memorial extrañado no se encontraba registrado, ni en el cuaderno procesal, por lo que la excepción a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional no es aplicable en este caso; consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada con relación al mismo. Finalmente, respecto a la presunta vulneración al derecho de petición prevista por el art. 24 de la CPE, para denunciar dilación en el accionar de la Jueza ahora accionada, por no decretar los memoriales del accionante en el plazo de veinticuatro horas, no corresponde debido que confundió su aplicación con la previsión normativa hubiese en el art. 132 inc. i) del CPP.
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En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque en parte con otros fundamentos obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 21 a 22, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la denuncia de falta de respuesta oportuna a la solicitud de salida judicial por cuestiones de salud realizada por el accionante el 29 de noviembre de 2021, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. a) Disponiendo que la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, efectivice inmediatamente la salida judicial por cuestiones de salud del accionante, si es que no se hubiese realizado aun. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia a las solicitudes de salidas judiciales realizadas por el accionante a través de los memoriales presentados el 20 de octubre; y, 5, 15 y 22 de noviembre de 2021; y con relación al Secretario ahora coaccionado, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0304_2023-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): a1c377632b5d5924aeba044379da0a74d253cabcaf1a991aeae3e707ce278ef3
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