Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 11 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud -por padecer insuficiencia renal- y al debido proceso en sus elementos a la fundamentación y congruencia, así como al principio a una justicia gratuita, pronta y oportuna; puesto que, las Juezas Técnicas ahora accionadas hasta la interposición de la acción de libertad no remitieron el legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada el cual planteó contra el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2023. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollaran los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/23 de 14 de marzo, cursante de fs. 24 vta. a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0300/2026-S1 Sucre, 11 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54325-2023-109-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 11/23 de 14 de marzo de 2023, cursante de fs. 24 vta. a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Menacho Heredia en representación sin mandato de Víctor Alfonso Arembay Méndez contra Lilian Zabala Zambrana y Any Milenka Guillen Zabala, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Decimosegundo de la Capital del Departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de marzo de 2023, cursante a fs. 15 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Víctor Alfonso Arembay Méndez -accionante-, por la presunta comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado por el art. 334 del Código penal (CP), en audiencia de cesación de su detención preventiva de 8 de marzo de 2023, las Juezas Técnicas ahora accionadas le negaron su libertad; señalando que, la abundante documentación que presentó -certificaciones e informes- no fueron suficientes. En ese entendido, su persona formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2023, en el plazo oportuno; siendo que, el 10 del mismo mes y año, presentó el referido recurso por buzón judicial y el 13 de igual mes y año, volvió a reiterar el citado recurso; empero, hasta el presente -se entiende de la interposición de esta acción de libertad-, el señalado recurso no fue remitido, dilación de la cual desconoce las causas.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud -por padecer insuficiencia renal- y al debido proceso en sus elementos a la fundamentación y congruencia, así como al principio a una justicia gratuita, pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 15, 18, 22, 23.I, 24, 72, 115, 116, 117, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Ordenar la remisión del legajo del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada, sea en el plazo establecido por ley; y, b) Remitir antecedentes al Tribunal Disciplinario y al Consejo de la Magistratura por dilación y retardación de justicia.
Celebrada la audiencia pública el 15 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 24 y vta., se produjeron los siguientes actuados.
El accionante, no se presentó a la audiencia de consideración de la acción de libertad; pese a su notificación cursante a fs. 20.
Any Milenka Guillen Zabala, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado en audiencia, manifestó que: 1) El cuaderno de control jurisdiccional del accionante fue remitido a ese Tribunal de Sentencia por la interposición de un recurso de acción de libertad presentado por el nombrado contra su persona y la Jueza Técnica hoy accionada, el cual se sustanció en dicho Tribunal de Sentencia el 9 de marzo de 2023; es decir, un día después de llevarse a cabo la audiencia de cesación de su detención preventiva el 8 de ese mes y año; por lo que, el citado Tribunal de Sentencia procedió a remitir mencionado cuaderno original ante el nombrado Tribunal de Sentencia y la referida audiencia se llevó adelante el 10 del mismo mes y año, denegando la tutela solicitada, devolviéndose el señalado cuaderno al indicado Tribunal de Sentencia el 14 de igual mes y año, por tal motivo el citado recurso de apelación formulado por el accionante fue remitido en la indicada fecha, recayendo en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada; y, 2) Esta nueva acción de libertad fue interpuesta bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho. Lilian Zabala Zambrana, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, ni remitió informe alguno; pese a su citación cursante a fs. 18.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 11/23 de 14 de marzo de 2023, cursante de fs. 24 vta. a 25 vta., denegó la tutela solicitada; bajo el siguiente fundamento, de acuerdo con los elementos de prueba adjuntos, se evidencia el cumplimiento de la remisión del recurso de apelación incidental formulado por el accionante; por lo que, esa fecha, se devolvió el cuaderno de control jurisdiccional al Tribunal de Sentencia Decimosegundo de la Capital del citado departamento; esto porque hasta la fecha de interposición del recurso de apelación incidental ese Tribunal de Sentencia no contaba con Auxiliar desde el 9 de dicho mes y año; Asimismo, la Secretaria del citado Tribunal de Sentencia se encontraba asumiendo suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Tercero de la Capital del nombrado departamento, desde el 10 del mismo mes y año.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 07/23 de 8 de marzo de 2023, emitido por Lilian Zabala Zambrana y Any Milenka Guillen Zabala, Juezas Técnicas del Tribunal de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionadas-; por lo cual, denegaron la solicitud de cesación de la detención preventiva de Víctor Alfonso Arembay Méndez -ahora accionante- (fs. 11 vta. a 13 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 10 de marzo de 2023, ante las Juezas Técnicas hoy accionadas, el accionante formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 8 del mismo mes y año, conforme establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), es así que, cursa Certificado de Envío a través del buzón judicial de igual fecha, a las 23:57 horas (fs. 3 y 4). II.3. Consta Oficio 90/2023 de 14 de marzo, emitido por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento del Santa Cruz, dirigido a las Juezas Técnicas ahora accionadas, con referencia, “devolución de cuaderno procesal” en original del proceso seguido contra el accionante, que fue remitido ante el nombrado Juez, al haberse constituido el mismo en Juez de garantías dentro la acción de libertad de 10 de dicho mes de 2023, interpuesta por el accionante contra las mencionadas Juezas Técnicas (fs. 23). II.4. A través de Oficio 170/23 de 14 de marzo de 2023, la Jueza Técnica ahora coaccionada, remitió legajo del recurso de apelación incidental del accionante a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en copia legalizada contra el Auto Interlocutorio de 8 de dicho mes y año, siendo recepcionado el 14 del referido mes y año, a las 13:50 horas; asimismo, se adjunta copia del libro de remisiones donde consta que el proceso del nombrado fue remitido a la citada Sala Penal en la misma fecha, a las 13:50 horas (fs. 22 y 21).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud -por padecer insuficiencia renal- y al debido proceso en sus elementos a la fundamentación y congruencia, así como al principio a una justicia gratuita, pronta y oportuna; puesto que, las Juezas Técnicas ahora accionadas hasta la interposición de la acción de libertad no remitieron el legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada el cual planteó contra el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2023. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollaran los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que, una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto por el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el Tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al Tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto por el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, a la salud -por padecer insuficiencia renal- y al debido proceso en sus elementos a la fundamentación y congruencia, así como al principio a una justicia gratuita, pronta y oportuna; puesto que, las Juezas Técnicas ahora accionadas hasta la interposición de la acción de libertad no remitieron el legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada el cual planteó contra el Auto Interlocutorio de 8 de marzo de 2023.
De antecedentes se tiene que por Auto interlocutorio 07/23, las Juezas Técnicas ahora accionadas denegaron la solicitud de cesación de su detención preventiva del accionante; por lo que, el nombrado formuló recurso de apelación incidental contra esa determinación a través del memorial de 10 de marzo de 2023, de acuerdo al art. 251 del CPP, así se tiene del Certificado de Envío a través del buzón judicial, de esa misma fecha, a las 23:57 horas; por lo que, dicha remisión del legajo del recurso de apelación incidental debió ser remitida ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas conforme establece el art. 251 CPP; sin embargo, al constituirse esa fecha en día viernes, el mencionado memorial tuvo que ser decretado para su remisión el 13 de igual mes y año, conforme dispone el art. 132 del citado Código al haber sido presentado el señalado recurso de apelación de manera escrita; en ese entendido, el plazo de remisión se encontraba vigente hasta el 14 de ese mes y año; ya que, el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP se computa a partir de la fecha de emisión del decreto de remisión dictado por el juez, así se tiene de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional. Es así que, al momento de interponer esta acción de libertad -el 14 de marzo de 2023, a las 13:04 horas- aún el plazo de remisión del recurso de apelación incidental se encontraba vigente; no obstante, las Juezas Técnicas ahora accionadas hicieron efectiva la remisión extrañada a las 13:50 horas, ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por lo que, se tiene del Oficio 170/23, de remisión y de la copia del libro de remisiones adjunto a la presente acción de defensa, situación que se dio a pesar que el cuaderno de control jurisdiccional original del proceso seguido contra el accionante, fue devuelto por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del indicado departamento, constituido en Juez de garantías dentro de otra acción tutelar, esa misma fecha.
De lo anterior se concluye que, las Juezas Técnicas hoy accionadas remitieron el legajo del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada dentro del plazo determinado por el art. 251 del CPP; consiguientemente, no incurrieron en dilaciones indebidas como denuncia el accionante, debiendo denegarse la tutela solicitada al respecto.
Por otro lado, si bien el accionante mencionó que se estuviera vulnerando su derecho a la salud relacionado con el derecho a la vida, porque padecería de insuficiencia renal; sin embargo, dicho extremo no puede ser considerado en esta acción de defensa, al no haber sido demostrado con prueba fehaciente el estado de salud del nombrado, que dé certeza sobre el peligro a su vida, extremo exigido por la jurisprudencia al establecer que “…dado el carácter elemental del derecho a la vida (…) es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar” (SCP 0059/2020-S3 de 16 de marzo, que reiterando el razonamiento establecido SCP 1278/2013 de 2 de agosto); por lo tanto, no puede otorgarse al accionante una protección inmediata por la vulneración del derecho a la vida relacionado con su salud. Con referencia a la presunta vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos a la fundamentación y congruencia, no existe mayor argumentación al respecto, lo que no permite comprender como hubiese sido vulnerado, correspondiendo por ello, denegar la tutela solicitada.
Finalmente, respecto a la solicitud de remisión de antecedentes ante el Tribunal Disciplinario y al Consejo de la Magistratura, el accionante puede acudir directamente a la instancia que considere conveniente. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/23 de 14 de marzo, cursante de fs. 24 vta. a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0300_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): c0a1754867bcf958353f91298dff7f1b3944843170ab47533ae969ed3518c508
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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