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SCP 0299/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
15 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
45040-2022-91-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denunció como vulnerados su derecho al debido proceso vinculado a su libertad y a una tutela judicial efectiva; señalando que, el 10 de diciembre de 2021, solicitó ante el Juzgado de turno ahora demandado cesación a su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha la misma no ha sido atendida –29 del citado mes y año–, alegando dicha autoridad que el cuaderno procesal no habría sido remitido a su despacho, encontrándose todo el Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Beni, en vacaciones colectivas. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, disponiendo se notifique a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni y al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín, en función a las consideraciones señaladas precedentemente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0299/2023-S4 Sucre, 15 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45040-2022-91-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 001/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Pedraza Atiare contra René Gamboa Calderón, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia Primero de Guayaramerín del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de diciembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 4 a 5 el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de estupro, se encuentra detenido preventivamente en la Carceleta Las Palmas de Guayaramerín del citado departamento; por lo que, mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2021, solicitó cesación a su detención preventiva; misma que, a la fecha no obtuvo respuesta alguna por parte de la autoridad ahora demandada, inobservando el contenido del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que dispone, la inmediatez con la que debe ser atendida su petición; sin embargo, fue notificado con un informe argumentando que su expediente no se encontraría en dicho despacho; situación que, no le es atribuible a su persona; toda vez que, se encuentra guardando detención preventiva por más de dos años, cinco meses y cinco días, sin que se le pueda dar la oportunidad de recobrar su libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, alegó como lesionados sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad y a una tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 1, 13, 22, 23, 115, 178 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se señale de inmediato día y hora de audiencia para considerar la solicitud de cesación a su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 20 y vta., presentes el accionante asistido por su abogado, el representante del Ministerio Público; y, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó su demanda de acción de libertad, y ampliándola manifestó que: a) Ante una solicitud de cesación a la detención preventiva en mérito al contenido del art. 239 del CPP, debería remitirse y fijarse audiencia en cuarenta y ocho horas; por lo que, pidió en “un otrosí”, que se remita la Certificación emitida por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; así como, toda las pruebas y documentación adjunta a la solicitud de cesación a la detención preventiva; en dicha Certificación se establece que, no existe ningún cuaderno procesal de José Pedraza Atiare –ahora accionante–, por el delito de estupro en esa Sala; indicándosele que. corresponde remitir o solicitar la cesación a la detención preventiva, al lugar de origen que sería el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del mencionado departamento, cuando evidentemente del informe que emite la Secretaria del dicho Juzgado, quien adjunta la recepción del Courier; ya que, remitió el expediente a la citada Sala; por lo que, de la certificación se puede advertir de que el expediente no ha llegado a destino; situación que, no es atribuible a su persona, menos a su defensa técnica; sino, más bien al sistema judicial que debería verificar que efectivamente hubiera sido recepcionado en la Sala de destino para que analice y sea atendido el recurso de apelación incidental, esa prueba lo tendría el Juzgado que, recepcionó la solicitud de cesación de la detención preventiva; b) Asimismo, en la presente audiencia se expuso certificado médico; indicando que, su persona padece de una enfermedad terminal similar a la diabetes, propenso a que se contagie con el COVID-19; además de adjuntar un Certificado de buena conducta y permanencia donde se advierte que lleva dos años, cinco meses y veinticuatro días de detención preventiva sin que a la fecha se hubiera solucionado su “recurso de apelación”; es más, al emitir la Sala Penal la citada Certificación de que no existe ese cuaderno, vulnera su derecho, no obstante a ser atendido por Servicio Nacional Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP); por lo que, solicitó se reestablezca su libertad; puesto que, en todo este tiempo no hizo conocer tal extremo; además, de no habérsele fijado audiencia de cesación a la detención preventiva, pese a que tenía la certificación de la Sala Penal; y, c) Finalmente, la autoridad ahora demandada, en suplencia legal tiene igual capacidad para ejercer funciones que el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del citado departamento; es el responsable, en este caso de tratar a los detenidos preventivos, correspondiendo que se conceda su acción de libertad en la modalidad de pronto despacho.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

René Gamboa Calderón, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, a través del informe presentado el 30 de diciembre de 2021, cursante a fs. 10, refirió que: 1) Conforme al informe de 28 de citado mes y año, emitido por la Secretaria de su despacho; en el que establece, el expediente del mencionado proceso penal contra el ahora accionante, no fue remitido por el Juzgado de origen; razón por la que, no se debe ni puede realizar ninguna diligencia, sin el expediente donde se encuentran todos los antecedentes del proceso; situación que no es atribuible a su despacho, como pretende hacer ver el impetrante de tutela; y, 2) Finalmente; aclaró que, no se le ha vulnerado ningún derecho procesal al acusado; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada por el solicitante de tutela.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Christian Aracena Suárez, Fiscal de Materia, en la presenta audiencia refirió que, de la lectura realizada por el Secretario, se pude advertir la existencia de dos informes: i) Respecto al Informe de Lucía Yrigoyen Arteaga, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia Primero de Guayaramerín del departamento de Beni; quien señala que, el cuaderno procesal no ha sido remitido a despacho de turno del Juez ahora demandado; ii) El otro informe de la “Sala Penal”, que haría alusión a que dicho cuaderno no hubiera llegado a la Sala para resolver la apelación incidental según lo manifestado por la parte impetrante de tutela; y, iii) En todo caso, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo); establece que, las acciones de libertad tienen por objeto garantizar y proteger el derecho a la vida cuando estuvieran siendo perseguidos de forma ilegal e indebidamente procesados; sin embargo, en este caso, el acusado ha sido sentenciado, cuya condena se habría dado en el mes de agosto cuando aún se encontraba el “Juez Claros y llevado al juzgado de sentencia penal” (sic), procesándosele debidamente y conforme a procedimiento; por lo que, solicitó se rechace la presente acción tutelar.

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 001/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23, denegó la tutela impetrada, sin ingresar al fondo al no existir la legitimación pasiva; ello con base en los siguientes fundamentos: a) Respecto a la acción de libertad traslativa de pronto despacho, en el presente caso es necesario tomar en cuenta cuestiones extraordinarias; puesto que, el Tribunal Departamental de Justicia de Beni se encuentra en vacaciones colectivas y se dispuso la remisión de los cuadernos procesales con detenidos preventivos; b) Por otro lado, si bien existe una apelación restringida, el cuaderno procesal no se encuentra en la Sala Penal de dicho Tribunal, en el Juzgado de origen y tampoco en el Juzgado de turno, a cargo de la autoridad hoy demandada, extremo acreditado por la documentación adjunta al legajo constitucional y lo referido por la abogada de Defensa Pública; c) Según lo vertido por la parte impetrante de tutela, se le puso a conocimiento del Juez demandado la certificación emitida por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; en la que, se evidencia que el citado cuaderno procesal caratulado Ministerio Público contra José Pedraza Atiare, por la presunta comisión del delito de estupro, “NO SE ENCUENTRA EN ESA SALA” (sic); d) Por último, como emergencia por la presente acción tutelar, la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni; hizo conocer que, el cuaderno procesal de ese proceso, tampoco se encuentra en el Juzgado de origen; lo que sin duda, no es de conocimiento del impetrante de tutela; e) En ese sentido, es cierto y evidente que el Juzgado de origen es quien debe resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva, aún el proceso esté en grado de apelación restringida, en este caso; para que, asuma competencia el Juzgado de turno en vez del Juzgado de origen, el titular del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del precitado departamento, tenía que haber enviado el cuaderno procesal antes de salir de vacaciones, más aún si se le hizo conocer al Juez de turno la certificación de la Sala Penal que acredita que ese cuaderno procesal no se encuentra radicado en esa instancia; y, f) La omisión de remisión del cuaderno procesal para atender dicha solicitud de cesación; si bien, no se le puede atribuir al imputado, tampoco podría cargar al Juez de turno, pues debe ser únicamente al Juzgado de origen; toda vez que, no existe legitimación pasiva; dado que, el Juez de turno no ha ejecutado ningún acto que vulnere algún derecho fundamental del solicitante de tutela ya que, no se le ha remitido el cuaderno para asumir competencia en este caso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Juana Díaz de Soleto contra José Pedraza Atiare –ahora accionante–, se encuentra detenido preventivamente en la Carceleta Las Palmas de Guayaramerín del departamento de Beni, por la presunta comisión del delito de estupro, contando con Sentencia condenatoria de ocho años de presidio; la cual, fue objeto de apelación; posteriormente, mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela solicita cesación de las medidas cautelares personales conforme el art. 239 de CPP, haciendo mención de que, dicha apelación no se encontraría en la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, conforme a “la certificación adjunta” (sic) (fs. 2 y vta.). II.2. Mediante Informe de 28 de diciembre de 2021, elevado ante René Gamboa Calderón, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia Primero de Guayaramerín del departamento de Beni –Juez ahora demandado–, Lucia Yrigoyen Arteaga, Secretaria del mismo Juzgado; señala que, en cuanto a la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el solicitante de tutela, se procedió a buscar el respectivo expediente de los remitidos del Juzgado de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del citado departamento –Juzgado de origen–, en cumplimiento a la Circular de vacación de Sala Plena 21/2021; mismo que, no fue encontrado entre ellos; pasando a conocimiento del impetrante de tutela en el día (fs. 8 y 9). II.3. Cursa Informe de 29 de diciembre de 2021, presentado ante el Juez de garantías, por Cady Jhanira Peredo Cartagena, Secretaria del Jugado de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín del mencionado departamento, quien informa respecto a la notificación que, le realizaron para que remita el cuaderno procesal del accionante; con relación a ello, refiere que esta causa se encuentra en apelación conforme al Oficio de 23 de noviembre de 2020, guía del Courier 0534830 de 15 de diciembre de ese año y el libro de Altas y Bajas de 2020; asimismo, se adjuntó oficio de remisión del cuaderno original en grado de apelación adjuntándose todas las pruebas de cargo y de descargo, que se remitió a la Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni (fs. 12 a 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denunció como vulnerados su derecho al debido proceso vinculado a su libertad y a una tutela judicial efectiva; señalando que, el 10 de diciembre de 2021, solicitó ante el Juzgado de turno ahora demandado cesación a su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha la misma no ha sido atendida –29 del citado mes y año–, alegando dicha autoridad que el cuaderno procesal no habría sido remitido a su despacho, encontrándose todo el Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Beni, en vacaciones colectivas. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0135/2021-S4 de 17 de mayo de 2021, citando la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, entendió que: “‘La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las Sentencias Constitucionales 0817/2001-R de 3 de agosto, 0139/2002-R de 20 de febrero, 1279/2002-R de 22 de octubre y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las Sentencias Constitucionales 0233/2003-R de 24 de febrero, 0396/2004-R de 23 de marzo y 0807/2004-R de 24 de mayo’ (SC 1651/2004-R de 11 de octubre). En la misma línea argumentativa, la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, señaló que, ‘Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma. Situación que neutraliza este mecanismo de defensa de rango constitucional e imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a quién se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre, pues bastaría la indicación del cargo, lo cual se corrobora con la narración de los hechos que motivan la petición de tutela y la prueba aparejada, como también ante situaciones de notoria arbitrariedad; empero, en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante’” (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

En la presente acción de defensa, el impetrante de tutela, denunció como vulnerados su derecho al debido proceso, vinculado a su libertad y a una tutela judicial efectiva; señalando que, el 10 de diciembre de 2021 solicitó ante el Juzgado de turno ahora demandado cesación a su detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha la misma no ha sido atendida –29 del citado mes y año–, alegando dicha autoridad que el cuaderno procesal no habría sido remitido a su despacho, encontrándose todo el Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Beni en vacaciones colectivas.

De los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Juana Díaz de Soleto contra el ahora accionante, se encuentra detenido preventivamente en la Carceleta Las Palmas de Guayaramerín del citado departamento, por la presunta comisión del delito de estupro, contando con Sentencia Condenatoria de ocho años de presidio, siendo objeto de apelación; posteriormente, mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2021, el solicitante de tutela solicitó cesación de las medidas cautelares personales conforme el art. 239 de CPP; haciendo mención que, dicha apelación no se encontraría en la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, conforme a “la certificación adjunta” (Conclusión II.1). Al respecto, la autoridad ahora demanda alegó que conforme al informe de 28 de diciembre de 2021, elevado por la Secretaria de su despacho, quien procedió a buscar el respectivo expediente de los remitidos del Juzgado de Sentencia Penal Primero de igual departamento de Guayaramerín –Juzgado de origen– en cumplimiento a la Circular de vacación de Sala Plena 21/2021; mismo que, no fue encontrado entre ellos (Conclusión II.2); estableciéndose que el expediente del mencionado proceso penal, no fue remitido por el Juzgado de la causa; razón por la que, no puede ni debe realizar ninguna diligencia; sin que, cuente con dichos antecedentes. Asimismo, se tiene el Informe de 29 de diciembre de 2021, presentado ante el Juez de garantías, por Cady Jhanira Peredo Cartagena, Secretaria del Jugado de origen, quien en atención a la notificación realizada dentro de esta acción tutelar, con el objeto de que remita el cuaderno procesal que atañe al impetrante de tutela; refiere que, esta causa se encuentra en apelación conforme al Oficio de 23 de noviembre de 2020, guía del Courier 0534830 de 15 de diciembre de ese año y el libro de Altas y Bajas de 2020; adjuntando el oficio de remisión del cuaderno original en grado de apelación y todas las pruebas de cargo y de descargo que se remitió a la Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni (Conclusión II.3). En ese entendido, de conformidad a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para la procedencia de la acción de liberta; es ineludible que, la misma sea dirigida contra la persona, autoridad o funcionario que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que, impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; omisión que, imposibilita ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados; pues en el caso concreto, esta demanda de acción de defensa debió ser dirigida contra la autoridad que presuntamente omitió la remisión del expediente original ante el Juzgado de turno a fin de cuente con el respectivo control jurisdiccional que, resuelva sus solicitudes emergentes de su proceso; sin embargo de ello, corresponde también tener en cuenta que del informe y documentación adjuntada por la Secretaria del Juzgado de origen; se establece que, dicho expediente original, el 15 de diciembre de 2020, fue remitido en grado de apelación a la Sala Penal señalada, lo que evidenciaría que el cuaderno procesal no está en el Juzgado de turno, tampoco en el Juzgado de origen. Finalmente, al encontrarse el Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en vacaciones colectivas, la autoridad demandada no contaba con los medios para requerir el expediente en cuestión; situación que, no es atribuible a su despacho como pretende el impetrante de tutela, quien se limitó a señalar que dichos antecedentes no estarían en la Sala, correspondiendo en este caso que el accionante identifique a la autoridad que supuestamente vulneró sus derechos fundamentales, al no efectuarse la misma, este Tribunal se ve impedido de ingresar al fondo de la problemática planteada; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada al carecer de legitimación pasiva de la autoridad demandada.

III.3. Otras consideraciones

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, este Tribunal tiene presente que el accionante en audiencia de consideración de la acción tutelar, mencionó la existencia de una Certificación emitida por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; en la que, se le harían conocer de que no consta ningún cuaderno procesal de José Pedraza Atiare –ahora impetrante de tutela–, por el delito de estupro en dicha Sala; pues, estaría generando una dilación ilegal en la tramitación de la causa; situación que, este Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede dejar inadvertido; por lo que, corresponde, tanto a las autoridades de esta Sala, como a la de origen – Juzgado de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín– procedan a la ubicación y o en su caso reposición del expediente procesal de la causa, a fin de no dejarlo en indefensión. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, actúo de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2021 de 30 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de Guayaramerín del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, disponiendo se notifique a la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni y al Juzgado de Sentencia Penal Primero de Guayaramerín, en función a las consideraciones señaladas precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0299_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.

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