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SCP 0296/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 15 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
15 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
45004-2022-91-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que, la Fiscal de Materia –hoy demandada– no dio respuesta a su solicitud de requerimientos con los que pretendía obtener valoración médica y social, para tramitar una eventual modificación de su situación procesal o traslado; sin considerar que es un portador de VIH, que precisa de atención médica permanente; así como, de suministro de medicamentos; y que no podía acudir ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional, al encontrarse éste en otro departamento. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los términos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Atribución de emitir requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva. Modulación de la SCP
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0296/2023-S4 Sucre, 15 de mayo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45004-2022-91-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 15/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniel Monje Chuqui, contra Jhenny Zulema Benítez, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, a instancias del Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.), por la presunta comisión del delito de apropiación indebida de fondos financieros, manipulación informática, asociación delictuosa y uso de instrumento falsificado; una vez dispuesta su detención preventiva, el 29 de octubre de 2021, por la Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz; hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, no recibió valoración médica ni asistencia social, pese a ser portador de virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), sometido a tratamiento médico, conforme consta en la historia clínica de la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas (CSC y RA); situación que pone en riesgo su vida. Si bien, en audiencia virtual se le concedió autorización de salidas judiciales con fines de tratamientos médicos, exámenes de laboratorio y suministro de medicamentos, para los días 17, 19 y 22 de noviembre de 2021; desde la fecha de su aprehensión, se le suspendió la posibilidad de recibir atención médica especializada; no obstante que el Ministerio Público tiene conocimiento de que su vida está en riesgo, y su estado de salud se va agravando al ser víctima de agresiones y tratos crueles, como actos discriminatorios infligidos por otros internos, y que merecían la intervención del médico forense; la Fiscal de Materia demandada no atendió las solicitudes de valoraciones, presentadas vía plataforma, el 15 de noviembre de 2021; así como, la del 30 de octubre del mismo año, sin considerar que dichos informes le servirían para impetrar la modificación de su situación procesal o traslado y que le resultaba imposible enviar su solicitud a la autoridad jurisdiccional, pues se encontraba en otro departamento y no recibía memoriales vía telemática.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; citando al efecto los arts. 13, 15, 18, 35.I, 41.I, 73.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la Fiscal de Materia ahora demandada, expida requerimiento para informe médico, psicológico y social, y que sean presentados al Juez que ejerce el control jurisdiccional.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de Garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 65 a 66, presentes el accionante asistido de su abogado, y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó los fundamentos de su demanda y ampliándolos; manifestó que, conforme al certificado médico forense, se podía establecer que contaba con cinco días de incapacidad; por lo que, se debía aplicar la SCP 0822/2017-S1 de 27 de julio y no observar el principio de subsidiariedad a fin de definir su situación, aplicando en su lugar el principio de verdad material; toda vez que, le resulta imposible acudir ante el Juez de control jurisdiccional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Jhenny Zulema Benítez Gonzales, Fiscal de Materia, mediante informe escrito presentado el 16 de noviembre de 2021, cursante a fs. 41 y vta., y posteriormente en audiencia de acción de libertad; señaló que: a) Esta acción de defensa tiene por legitimación activa a toda persona que considere que su vida o integridad física está en peligro, que está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, presa o privada de libertad, por sí o por cualquiera a su nombre, sin necesidad de poder; b) En el caso concreto, la acción de libertad traslativa interpuesta no cumple con los presupuestos en cuanto al objeto ni a la legitimación activa, debido principalmente a que no se hace referencia de forma clara, por qué considera que su vida o libertad física está en peligro; por lo que, no existiría dilaciones indebidas en relación a la situación jurídica, pues ya cuenta con detención preventiva; c) El accionante afirma que se habría vulnerado su derecho a la salud y a la vida, al no haber dado una respuesta a la solicitud del requerimiento para valoración médico forense y memorial de 30 de octubre de 2021; sin embargo, no señaló que ambas solicitudes, dentro del plazo prudencial de veinticuatro horas, estuvieron decretadas, registradas e interoperadas en el Sistema Judicial Libre 1 (JL1), así como de forma física en el cuaderno de investigaciones; evidenciándose que no existen dilaciones indebidas dentro de la causa; y, d) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; y en la acción de libertad planteada por el solicitante de tutela, existen contradicciones en su fundamento de hecho y derecho al referir que su solicitud no cuenta con respuesta alguna; posteriormente afirma que no puede recurrir ante el juez contralor de garantías, porque no se reciben memoriales por vía telemática, cuando es de conocimiento general de todos los litigantes que existen medios como el buzón judicial, que permite hacer llegar las solicitudes mediante memoriales; y que esos aspectos fueron utilizados por el impetrante de tutela para el señalamiento de audiencia de 15 de noviembre de 2021, a las 11:30 a.m., en la que participó de forma activa y en la que interpuso un errado incidente de actividad procesal defectuosa, en confusión con una sencilla solicitud de salida médica y en cuya audiencia no reclamó ni observó sobre alguna vulneración de su derecho a la salud o la vida; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada.

I.2.3. Terceros intervinientes

José Antonio Cartagena Calla, Médico Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con el uso de la palabra, en audiencia, señaló que el 16 de noviembre de 2021, a las 19:34, procedió al reconocimiento médico forense en penitenciaría, llegando a las siguientes consideraciones; las lesiones al momento en el que se procede a realizar el reconocimiento y con los medios que se dispone en este examen, son compatibles con contusión traumática directa o tangencialmente por objeto contundente, presente múltiples equimosis en tórax anterior; por lo que, le otorga cinco días de incapacidad legal. Héctor Ticona Renjifo, Director de la Carceleta Pública de Ribertalta, mediante escrito presentado el 17 de noviembre de 2021, cursante a fs. 59, y reiterando en audiencia, informó que la dirección a su cargo no recibió ningún requerimiento fiscal para realizar informe médico social del accionante; y que sí fue notificado con la determinación judicial del Juzgado de Instrucción Penal Tercero del departamento de La Paz, que otorgó autorización de traslado del interno Daniel Monje Chuqui, a la Caja Nacional de Caminos, durante los días 17, 19 y 22 de noviembre de 2021, para recibir atención médica y solicitar medicamentos.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 15/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 62 a 64, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Un primer elemento a precisar está reatado a la subsidiariedad, y de acuerdo a la prueba presentada por la parte demandada; así como, de la lectura de la acción de libertad, se advierte que el reclamo va dirigido a los memoriales que el solicitante de tutela habría presentado ante el Ministerio Público, y no recibieron respuesta, y que no era posible acudir ante el juez de control jurisdiccional en La Paz, por los problemas sociales que vive el país; razón por la cual, esta jurisdicción constitucional sería la única vía para reparar el derecho a la salud y la vida; 2) El 15 de noviembre de 2021, se llevó a cabo una audiencia virtual, solicitada por el impetrante de tutela; vale decir que, no es evidente que no pueda acceder a un control jurisdiccional ante la Jueza de Instrucción Penal Tercera de La Paz; quien es la autoridad llamada por ley para efectos de realizar el control de las actuaciones del Ministerio Público, conforme el art. 279 del CPP; no siendo posible ingresar al fondo de la presente acción de defensa; precisamente por no haberse cumplido con la subsidiariedad excepcional; ya que, se denota una actitud desleal por el accionante al pretender que sea esta la jurisdicción la que deba repara el derecho presuntamente conculcado; cuando de por medio existe una autoridad para conocer este tipo de dilaciones que creyere advertir en la labor del Ministerio Público.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: II.1. Mediante Requerimiento Fiscal de 29 de octubre de 2021, Jhenny Zulema Benitez Gonzales –ahora demandada–, requirió al Director del Hospital de la Caja Nacional de Caminos de Riberalta, remitir el historial clínico; así como, el informe médico correspondiente a Daniel Monje Chuqui –hoy accionante–, en el plazo de cuarenta y ocho horas (fs. 57). II.2. Por memorial presentado de 30 de octubre de 2021, el impetrante de tutela, solicitó a la Fiscal de Materia asignada a su proceso penal, requerimiento fiscal para informe de verificación domiciliaria y social por el área social de la CSC y RA, con recomendación de provisión de medicamentos (fs.16 a 17). II.3. A través de Proveído Fiscal de 1 de noviembre de 2021, Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia en suplencia legal; señaló que, los requerimientos ya habían sido diligenciados (fs. 18).

II.4. Por memorial de 15 de noviembre del mismo año, el impetrante de tutela, solicitó al Ministerio Público, examen médico legal lesionológico por el médico forense del IDIF (fs. 15). II.5. Mediante Requerimiento Fiscal de 16 de noviembre de 2021, emitido por la Fiscal de Materia ahora demandada, se dispuso la asignación de un médico forense de la ciudad de Riberalta y que éste realice examen médico forense fisiológico del imputado (fs. 54).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que, la Fiscal de Materia –hoy demandada– no dio respuesta a su solicitud de requerimientos con los que pretendía obtener valoración médica y social, para tramitar una eventual modificación de su situación procesal o traslado; sin considerar que es un portador de VIH, que precisa de atención médica permanente; así como, de suministro de medicamentos; y que no podía acudir ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional, al encontrarse éste en otro departamento. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Atribución de emitir requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva. Modulación de la SCP

0415/2015-S3 de 23 de abril, a través de la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril

La SCP 0775/2018-S4 de 14 de noviembre, citando a su vez la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, señaló que: “En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, durante la etapa preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-S3 señaló; ‘Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que:

1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal -después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el artículo 323 inc. 1) del CPP- se constituye en parte contraria del mismo, en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado; (…)´.

De lo expuesto ut supra, se advierte que el razonamiento realizado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe mutar, considerando que en toda modulación corresponde efectivizar el acceso efectivo a la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales.

En este sentido, se tiene que la Constitución Política del Estado en su art. 225 establece que: I. ‘El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.

II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía’.

La Ley Orgánica del Ministerio Público en su art. 5, relativo a sus principios, entre los atinentes al caso, señala: ‘El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los siguientes principios: 1. Legalidad, por el cual perseguirá conductas delictivas y se someterá a lo establecido en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes. Los actos del Ministerio Público se someten a la Constitución Política del Estado, tratados y convenios internacionales y las leyes; (...) 3. Objetividad, por el que tomará en cuenta las circunstancias que permitan demostrar la responsabilidad penal de la imputada o el imputado, también las que sirvan para reducirla o eximirla, cuando deba aplicar las salidas alternativas al juicio oral; (...) y 7. Celeridad, el Ministerio Público deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones’.

La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal en sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia.

A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal -donde no se discute si el imputado es culpable o no- en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares -como se dijo- es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad.

Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario"; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”. Por su parte, la doctrina estableció que de este derecho constitucionalmente reconocido acontecen dos consecuencias: la de "...no ser castigado por solicitar algo al Estado...’ y ‘...la de obtener una respuesta de la autoridad a la que se dirige (...). Tal derecho a respuesta -independientemente del contenido de ella-, en un término razonable, resulta obligado en un régimen republicano donde las autoridades son responsables ante la comunidad, y ésta es fuente del poder de aquellos. Además, el derecho a respuesta da sentido y solidez al derecho de peticionar’ (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2, editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1999).

Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral” (las negrillas son del texto original).

De lo precedentemente expresado se comprende que, aun existiendo requerimiento conclusivo de acusación contra un imputado y el proceso se encuentre en etapa de juicio oral, los Fiscales de Materia, en estricto respeto del derecho a la petición y estricto cumplimiento de los principios rectores estatuidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, deben otorgar los requerimientos que correspondan, más aún, si dicha documentación tiene la finalidad de solicitar la cesación a la detención preventiva, dado la importancia que amerita la protección del derecho a la libertad, ya que la obtención de los citados requerimientos, puede definir la situación jurídica del privado de libertad.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denunció la vulneración de sus derechos a la vida y a la salud; toda vez que, la Fiscal de Materia –ahora demandada– no dio respuesta a sus solicitudes de requerimientos con los que pretendía obtener valoración médica y social, para tramitar una eventual modificación de su situación procesal o traslado; sin considerar que es un portador de VIH, que precisa de atención médica permanente; así como, de suministro de medicamentos; y que no podía acudir ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional, al encontrarse éste en otro departamento.

Ahora bien, este Tribunal advierte que el acto lesivo que se denuncia a través de la presente acción tutelar, recae en la falta de respuesta pronta y oportuna de la autoridad demandada ante la petición de requerimientos fiscales realizada por el impetrante de tutela, quien pretende obtener informes médicos y sociales para la tramitación y sustentación de una futura solicitud de cesación a la detención preventiva o traslado de recinto penitenciario; por ello, al encontrarse su petición relacionada al régimen de las medidas cautelares, se constata una vinculación con su derecho a la libertad; por lo que, corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada.

Según informan los datos del expediente, se evidencia en el presente caso que mediante memoriales de 30 de octubre de 2021 y 15 de noviembre del referido año, el solicitante de tutela pidió al Ministerio Público, la emisión de requerimientos fiscales, para acceder a un informe de la CSC y RA; así como, de un examen médico forense por galeno del IDIF, ello dentro del proceso penal que el Banco Unión S.A. sigue en su contra, por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida de fondos financieros y otros.

De los mismos antecedentes, aparejados a la acción tutelar, se advierte que al primer memorial de 30 de octubre de 2021, Carmelo Laura Yujra, Fiscal de Materia en suplencia legal, dio respuesta mediante Proveído Fiscal de 1 de noviembre del mismo año; señalando que, la parte impetrante de tutela debía realizar sus solicitudes previa revisión de antecedentes, tomando en cuenta que los requerimientos solicitados ya habían sido diligenciados; extremo, corroborado con el Requerimiento Fiscal de 29 de octubre de 2021, dirigido a la Dirección de la CSC y RA de Riberalta (Conclusiones II.1, II.2 y II.3).

Con relación al segundo memorial identificado por el accionante, que data de 15 de noviembre de 2021, si bien en actuados no figura el respectivo Proveído Fiscal; sin embargo, sí cursa Requerimiento Fiscal dirigido al Médico Forense del IDIF de Riberalta, con fecha de 16 de noviembre de 2021; así como, el respectivo certificado médico legal realizado al accionante, el mismo 16 de noviembre del año señalado (Conclusiones II.4 y II.5); consecuentemente, existe evidencia de que la solicitud presentada por el impetrante de tutela, también mereció atención y respuesta pronta y oportuna.

En mérito a lo precedentemente expuesto y, en virtud a lo desarrollado por la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, que moduló la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, mencionadas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que cuando el imputado solicite al Fiscal de Materia la emisión de requerimientos fiscales para obtener prueba y presentarla en un incidente que pretenda modificar su situación procesal, la autoridad fiscal, bajo los principios de objetividad y celeridad, tiene la obligación de emitir dichos requerimientos, caso contrario estaría transgrediendo derechos fundamentales y garantías constitucionales, situación que fue cumplida por la autoridad fiscal demandada; por lo que, en el caso de autos, corresponde denegar la tutela solicitada; toda vez que, la autoridad demandada, atendió las solicitudes del imputado – hoy accionante–, independientemente de que el accionante, puede hacerlo directa y particularmente ante las instituciones públicas respectivas, recordando que lo dispuesto es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, conforme lo previsto por el art. 203 de la CPE.

Finalmente, en lo que respecta al principio de subsidiariedad, aplicado por el Juez de garantías para denegar la tutela impetrada, corresponde aclarar que las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 62 a 64, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, en los términos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0296_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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