Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 11 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, la Jueza ahora accionada, hasta la presentación de la presente acción de defensa no resolvió su solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada el 26 de enero de 2023, conforme a la previsión del art. 239.4 del CPP; por lo que, se habría vencido el plazo establecido para ese fin, ocasionando una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; y, b) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 7 de febrero, cursante de fs. 54 a 57 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con los mismos efectos y alcances dispuestos por el Juez de garantías; con la aclaración que esta concesión no implica disponer la libertad de Juan José Alcocer Alavi. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la solicitud de que se emita resolución de cesación a la detención preventiva, en el plazo de veinticuatro horas aplicando la normativa del art. 231 bis del CPP, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0295/2026-S1 Sucre, 11 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 53633-2023-108-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/2023 de 7 de febrero, cursante de fs. 54 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alber Choque Colque en representación sin mandato de Juan José Alcocer Alavi contra Consuelo Margot Carrillo Claros, Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 6 de febrero de 2023, cursante de fs. 21 a 23 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan José Alcocer Alavi -accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP), el 26 de enero de 2023, solicitó cesación de su detención preventiva conforme a la previsión del art. 239.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), habiéndose emitido decreto el 30 del referido mes y año, con el cual fueron notificadas las partes procesales y el Ministerio Público, llevándose a cabo la audiencia correspondiente de cesación de la detención preventiva el 1 de febrero de igual año, a las 10:00 horas sin que, se hubiese emitido la resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas, tal como prevé la mencionada norma, habiendo trascurrido once días desde la presentación de la solicitud sin que se tenga una respuesta motivo; por el cual, interpuso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho por su vinculación directa con la libertad.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; citando al efecto los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que la Jueza ahora accionada emita resolución de cesación de su detención preventiva en el plazo de veinticuatro horas aplicando el art. 231 bis del CPP.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 53, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El 1 de febrero de 2023, a las 10:00 horas, se llevó a cabo la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, motivo; por el que, no se emitió la resolución de la cesación solicitada conforme a la previsión del art. 239.4 del CPP, en el plazo de cuarenta y ocho horas por la Jueza hoy accionada, habiendo transcurrido once días desde el 26 de enero del referido año, desde la solicitud de cesación, sin que tenga respuesta; y, b) En ese sentido, solicitó se emita resolución en el plazo de veinticuatro horas aplicando el art. 231 bis del citado Código y que se exhorte a la Jueza ahora accionada adecuar sus actos en el principio de celeridad sea de forma negativa o positiva, siendo que ese acto genera responsabilidad administrativa y penal.
Consuelo Margot Carrillo Claros, Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 7 de febrero de 2023, cursante de fs. 49 a 50., manifestó que: 1) De la revisión de antecedentes del acusado -accionante- por memorial de 26 de enero de 2023, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, citando el art. 239.4 del CPP, habiéndose remitido dicho memorial mediante la Oficina Gestora de procesos a ese Juzgado, el 27 de igual mes y año, despachando la Secretaria del referido Juzgado el lunes 30 del mismo mes y año, señalándose audiencia de consideración y resolución de la cesación solicitada para el 1 de febrero del señalado año, a las 11:30 horas, generándose las cartillas de notificación para las partes ese mismo día; 2) La misma fecha a las 10:00 horas, se tenía programada con bastante anticipación audiencia de juicio oral, público y contradictorio, en el caso del accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, concluyendo la misma a las 12:09 horas, emitiéndose sentencia condenatoria en su contra, por el art. 312 agravado del CP, haciéndose pasible a una pena de diez años de presidio, entre otras condenaciones legales; con la que, fueron notificadas las partes procesales; 3) A la conclusión de la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, se consultó con el abogado de la defensa si deseaba que se realice su audiencia de cesación, quien manifestó que reiteraría su solicitud, tal como se evidencia del informe elaborado por la Secretaria del citado Juzgado, “…Aclarando que en la fecha ingreso a este Juzgado un escrito solicitando Juan José Alcocer Alavi audiencia de cesación a la detención preventiva…” (sic); 4) El art. 239.4 del CPP si bien faculta a la Oficina Gestora de Procesos; a que, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital correr en traslado a las partes procesales dentro de las veinticuatro horas siguientes y al Juez a dictar la resolución sin necesidad de audiencia dentro el plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes sea declarando la procedencia o no, de antecedentes se tiene que el memorial de solicitud remitido por la Oficina Gestora de Procesos no acompañó ninguna cartilla de notificaciones, habiendo sido pasado el mismo como cualquier otro escrito para su atención pertinente; por lo que, ante su ingreso a ese Juzgado se le imprimió el trámite pertinente con un señalamiento de audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas y notificaciones debidas a todas las partes en resguardo a los derechos de igualdad y contradicción de las partes en litigio, considerando conjuntamente la situación de detención del accionante; 5) Si no se realizó la audiencia de cesación de la detención preventiva fue porque el abogado del accionante “…manifestó que haría nueva solicitud, la que ingresó en la fecha…” (sic); y, 6) Por lo expuesto mal podría acusársele de una dilación indebida; ya que, el señalamiento de audiencia fue realizado dentro de las cuarenta y ocho horas; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada.
El representante del Ministerio Público, en audiencia manifestó que: i) La presente acción traslativa o de pronto despacho refiere una indebida dilación en la consideración y resolución de cesación de la detención preventiva efectuada por el accionante en su condición de privado de libertad; debiéndose considerar que se decretó el señalamiento de la audiencia para el 1 de febrero de 2023; y, ii) También se tiene una Sentencia condenatoria contra el accionante; por lo que, no se advierte la vulneración de derechos; ya que, la audiencia de juicio, público y contradictorio fue señalada con antelación y con relación a la cesación no se advierte esa circunstancia, es así que a la conclusión de dicha audiencia, estando su persona en calidad de Fiscal de Materia, la Jueza ahora accionada preguntó de manera expresa en relación a la audiencia de cesación de la detención preventiva; a lo que, dijo que solicitara una nueva audiencia, sin haber reclamado nada en esa audiencia; por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada.
La representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en audiencia se allanó a lo solicitado por el Ministerio Público.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 7 de febrero, cursante de fs. 54 a 57 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza hoy accionada “imprima” el trámite correspondiente conforme al art. 239.4 del CPP con la celeridad que amerita, al tratarse de una persona privada de libertad, y denegó la tutela con relación a que la Jueza ahora accionada emita resolución aplicando el art. 231 bis del CPP; ya que, la norma procesal penal no establece que al cumplimiento de un plazo de manera directa procedería una medida menos gravosa que la personal; exhortar a la Jueza hoy accionada y la Secretaria a cumplir con los plazos procesales conforme al Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, en el proceso, sin demora alguna al tratarse de una persona privada de libertad y que tiene derecho a que su situación jurídica se defina reiterando dentro los plazos que establece el procedimiento; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad inherente al principio de celeridad, señalando que presentó memorial de cesación de la detención preventiva en aplicación del art. 239.4 del CPP, el 26 de enero de 2023; y que, a la presente fecha -se entiende de la interposición de la acción de libertad- no se emitió la resolución, habiendo transcurrido once días; b) En efecto se tiene el memorial; por el que, se solicitó cesación conforme a la previsión del art. 239. 4 del CPP, el cual se emite a la Oficina Gestora de Procesos el 7 de ese mes y año, siendo despachado a Secretaria el 30 de igual mes y año, señalándose audiencia para su consideración y resolución para el 1 de febrero del referido año, a las 11:30 horas, generándose las cartillas de notificación, siendo que el día y hora de audiencia a las 12:09 horas, se consultó al abogado si deseaba se realice la audiencia de cesación quien manifestó que reiteraría su solicitud, tal cual se tiene del informe de Secretaria; c) Del informe de la Juez ahora accionada se tiene que el memorial remitido por la Oficina Gestora de Procesos de 26 de enero, no acompañaba ninguna notificación, siendo como cualquier escrito, imprimiendo el señalamiento de audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas; por lo que, mal se podría acusarle de una dilación indebida; d) De la revisión de la prueba presentada, así como del cuaderno procesal se tiene el memorial de 26 de enero de 2023, mediante el cual se solicitó cesación conforme a la previsión del art. 239.4 del CPP; e) En dicho memorial se tiene la nota mediante la cual se remitió al Juzgado de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el 27 de ese mes y año; f) Por decreto se señaló para el 1 de febrero de igual año, audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante; g) Se tiene Informe de la misma fecha, que refiere que se llevó a cabo audiencia de juicio oral, público y contradictorio contra el accionante, y que al culminar la misma a las 12:09 horas, la Jueza hoy accionada consultó a efectos de que se lleve la audiencia de cesación, señalando el abogado defensor que reiteraría su solicitud; h) De la documentación descrita no se tiene ninguna resolución emitida por la mencionada Jueza en mérito de una solicitud de cesación de la detención preventiva existiendo otro memorial de solicitud de cesación citando el art. 239.1 en base a otro numeral; i) El informe de la Secretaria del Juzgado de Sentencia ya referido se establece únicamente que el abogado del accionante reiteraría la solicitud, es por ello que el informe no indica que en la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, bajo esa inmediación y contradicción el accionante reitera o desiste de su pretensión de cesación de la detención preventiva del art. 239.4 del CPP; y, j) De la remisión del memorial de cesación efectuado conforme al art. 239.4 del CPP el 27 de enero a las 08:45 horas, a la presente fecha -7 de febrero-, no cursa resolución correspondiente conforme a la norma procesal, no pudiéndose alegar que la Oficina Gestora de Procesos no efectuó las notificaciones de traslado para que se emita la Resolución correspondiente, cuando el Juzgado de Sentencia emite un decreto de señalamiento de audiencia la Jueza hoy accionada, tiene el control de las causas de su jurisdicción; por lo que esa, solicitud debe ser resuelta, debiéndose imprimir el trámite correspondiente al art. 239.4 del CPP, con la debida celeridad que amerita el caso. En vía de aclaración, complementación y enmienda, La Jueza ahora accionada requirió aclaración, complementación y enmienda, señalando en el sentido de que no le quedó claro que tenga que pronunciar un fallo conforme a lo solicitado cuando la Oficina Gestora de Procesos no cumplió con su función de notificar. En merito a dicha solicitud, el Juez de garantías manifestó que se concedió la tutela en parte disponiendo que se imprima el trámite correspondiente en el art. 239.4 del CPP, al tratarse de una persona privada de libertad. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante solicitó se complemente en relación al plazo para que se emita resolución conforme a la previsión del art. 231 bis del CPP. En merito a dicha solicitud, el Juez de garantías, señaló que no hay nada que complementar, que la Resolución es clara, al no haberse dispuesto que se emita resolución de manera directa y mucho menos en función de ello que se otorgue una medida menos gravosa que la detención, debiéndose declara si corresponde su procedencia o no.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 26 de enero de 2023, ante Consuelo Margot Carrillo Claros, Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, -ahora accionada- Juan José Alcocer Alavi, -hoy accionante-, solicitó cesación de su detención preventiva conforme prevé el art. 239.4 del CPP (fs. 2 a 7). II.2. Cursa decreto de 30 de enero de 2023, mediante el cual se señaló audiencia de cesación de la detención preventiva del accionante para el 1 de febrero del referido año, a horas 11:30 (fs. 8). II.3. Mediante informe de 1 de febrero de 2023, la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, refirió que ese día a las 11:30 horas, debió celebrarse audiencia de consideración y resolución de la cesación de la detención preventiva dentro del proceso penal seguido contra el accionante; empero, el mismo día a las 10:00 horas, y siguientes se llevó a cabo audiencia de juicio oral, público y contradictorio, del mismo proceso, en el cual al culminar la misma a las 12:09 horas, la Jueza hoy accionada hizo la consulta necesaria a efectos de llevarse a cabo la cesación fuera de hora debido a que la audiencia de juicio oral, público y contradictorio se extendió; empero, el abogado señaló al finalizar que reiteraría su solicitud (fs. 42). II.4. Consta Sentencia de 1 de febrero de 2023, emitida por la Jueza hoy accionada, a través de la cual se falló en primera instancia declarando al accionante autor del delito de abuso sexual agravado, previsto en el art. 312 del CP, por existir plena prueba en su contra, condenándole a una pena de diez años de presidio a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pablo Sección Varones de Quillacollo del departamento de Cochabamba, con costas además de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia (fs. 43 a 44). II.5. Por memorial presentado el 7 de febrero de 2023, ante el Juzgado de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el accionante, solicito audiencia de cesación de su detención preventiva conforme al art. 239.1 del CPP (fs. 47 a 48).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, la Jueza ahora accionada, hasta la presentación de la presente acción de defensa no resolvió su solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada el 26 de enero de 2023, conforme a la previsión del art. 239.4 del CPP; por lo que, se habría vencido el plazo establecido para ese fin, ocasionando una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de consideración de medidas cautelares; y, b) Análisis del caso concreto.
La SCP 0269/2018-S2 de 25 de junio, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama quilla -no seas flojo-, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva.
La SCP 0112/2012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácteres normativo y vinculante; y, su aplicación necesaria en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida” (las negrillas son nuestras).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, la Jueza ahora accionada, hasta la presentación de la presente acción de defensa no resolvió su solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada el 26 de enero de 2023, conforme a la previsión del art. 239.4 del CPP; por lo que, se habría vencido el plazo establecido para ese fin, ocasionando una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica.
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, cursa en actuados memoriales presentados el 26 de enero de 2023, ante la Jueza hoy accionada, solicitando cesación de la detención preventiva conforme prevé el art. 239 núm. 4 del CPP (Conclusión II.1.); mereciendo en respuesta decreto de 30 de igual mes y año, mediante el cual se señaló audiencia de cesación de la detención preventiva para el 1 de febrero de a las 11:30 horas (Conclusión II.2.).
Así también, se tiene el Informe de 1 de febrero de 2023, a través del cual la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, refirió que ese día a las 11:30 horas, debía celebrarse audiencia de consideración y resolución de la cesación de la detención preventiva dentro del proceso penal seguido contra el accionante; sin embargo, el mismo día a las 10:00 horas y siguientes se llevó a cabo audiencia de juicio oral, público y contradictorio del mismo proceso, en el cual al culminar la misma a las 12:09 horas, la Jueza ahora accionada, hizo la consulta necesaria a efectos de llevarse a cabo la cesación fuera de hora debido a que la audiencia de juicio oral, público y contradictorio se extendió; empero, el abogado señaló al finalizar que reiteraría su solicitud (Conclusión II.3.).
En ese sentido, consta Sentencia de 1 de febrero de 2023, a las 12:09 horas, emitida por la Jueza hoy accionada a través de la cual se falló en primera instancia declarando al accionante autor del delito de abuso sexual agravado, previsto por el art. 312 del CP, por existir plena prueba en su contra, condenándole a una pena de diez años de presidio a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pablo Sección Varones de Quillacollo del departamento de Cochabamba, con costas además de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia (Conclusión II.4.). Finalmente, mediante memorial presentado el 7 de febrero de 2023, ante el Juzgado de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, el accionante, solicito audiencia de cesación de la detención preventiva conforme al art. 239 núm. 1 del CPP (Conclusión II.5.).
En ese marco, resulta necesario acudir a la normativa establecida con relación al trámite procesal para la audiencia de consideración de cesación de las medidas cautelares de carácter personal, teniéndose a partir del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173, que en la parte pertinente señala que cuando la solicitud se efectué conforme al numeral 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho horas; con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos; ello con el objetivo de garantizar el régimen legal de la detención preventiva y evitar dilaciones indebidas que afecten la tramitación del proceso.
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes precedentemente señalados, se tiene que el accionante mediante memorial presentado el 26 de enero de 2023, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por el delito de abuso sexual, solicitó cesación de su detención preventiva conforme a la previsión del art. 239.4 del CPP modificado por la Ley 1173; ante lo cual, la Jueza ahora accionada a través de decreto de 30 de igual mes y año, señaló audiencia para revolver dicha petición para el 1 de febrero de igual año a las 11:30 horas; misma que, no se llevó a cabo debido a que en esa fecha a las 10:00 horas, se instaló la audiencia de juicio oral, público y contradictorio, fijada con anterioridad, oportunidad en la que se declaró autor al nombrado de la comisión del mencionado delito; extremo señalado por la Jueza hoy accionada, en el Informe presentado ante el Juez de garantías, y que también se evidenció del informe de la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mismo que no fue refutado por el accionante.
En ese sentido y de lo precedentemente señalado, se tiene que en efecto la cesación de la detención preventiva solicitada por el accionante el 26 de enero de 2023, conforme a la previsión del art. 239.4 del CPP, hasta la presentación de la acción tutelar que nos ocupa -efectivamente realizada el 6 de febrero de 2023- no fue resuelta por la Jueza ahora accionada, es más, respecto a la misma dicha autoridad no imprimió el trámite correspondiente previsto en la mencionada normativa; al contrario, señaló audiencia para considerar y resolver la cesación cuando no correspondía, pues debió dictar resolución dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes ha corrido el traslado a las partes con dicha solicitud por la Oficina Gestora de Procesos; consecuentemente, la Jueza hoy accionada se apartó de lo determinado por ley.
Al respecto es necesario hacer mención, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho. Por cuanto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, al referirse a las dilaciones indebidas relacionadas con la libertad, entre otras, estableció que constituyen las mismas: disponer trámites o procedimientos no previstos por ley; y, suspender la audiencia programada por motivos injustificables que no son causales de nulidad.
En ese contexto, debe considerarse que la Jueza hoy accionada, no resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva efectuada por el accionante conforme a la previsión del art. 239.4 del CPP modificado por la Ley 1173, sin que lo haya hecho hasta la interposición de la acción tutelar; por lo que, no cumplió con su deber, menos consideró que se trataba de una persona privada de libertad de la cual correspondía ser resuelta su situación jurídica de manera oportuna, ocasionando una en dilación indebida, provocando una demora innecesaria; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, con la aclaración que la misma no implica disponer la libertad del accionante ni un análisis del fondo de la solicitud de cesación de la detención preventiva.
En ese marco, es necesario recordar a la Jueza ahora accionada que como toda autoridad jurisdiccional debe ejercer su rol de control jurisdiccional, velando por el cumplimiento del procedimiento establecido en la normativa aplicable en la materia, garantizando el cumplimiento de los plazos y mandatos judiciales en resguardo del principio de celeridad procesal, y con ello evitar vulneraciones de derechos, especialmente en los aquellos casos relacionados con delitos que tengan que ver con violencia de género, como en el presente caso que deviene de un proceso penal por el delito de abuso sexual.
Finalmente, con relación a la solicitud del accionante de una nueva cesación de la detención preventiva, se tiene que la misma fue de acuerdo a la previsión del art. 239.1 del CPP modificado por la Ley 1173; por lo que, el mismo nada tiene que ver con el tema de fondo que motivó la presente acción tutelar; puesto que, no merece ningún pronunciamiento al respecto, debiendo el mismo ser tramitado y resuelto por la Jueza hoy accionada conforme a la normativa mencionada, en el caso de no haberlo hecho. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 7 de febrero, cursante de fs. 54 a 57 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con los mismos efectos y alcances dispuestos por el Juez de garantías; con la aclaración que esta concesión no implica disponer la libertad de Juan José Alcocer Alavi. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la solicitud de que se emita resolución de cesación a la detención preventiva, en el plazo de veinticuatro horas aplicando la normativa del art. 231 bis del CPP, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0295_2026-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5ba3d400282647800d6262ae2c3d2499a730cf7f590eefd771220ce0686b0ff4
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