Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de abril de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, y al debido proceso en sus elementos defensa, legalidad y segunda instancia; así como al principio de celeridad -este último alegado en audiencia de consideración de esta acción de defensa-; puesto que habiendo planteado recurso de apelación conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP contra la Resolución 27/2021 – P de 15 de abril de 2021, mediante la cual se le rechazó su solicitud de revocatoria de medidas cautelares, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar objeto de autos no fue remitida al Tribunal de alzada, incumpliéndose de esa manera el plazo de veinticuatro horas previsto para esa finalidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2021 de 25 de junio, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al Juez ahora accionado, por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad, sin disponerse el cumplimiento de dicha actuación procesal por cuanto la misma ya habría sido efectivizada. 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a la Secretaria hoy coaccionada, conforme a los fundamentos jurídicos señalados.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0292/2023-S3 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 41290-2021-83-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2021 de 25 de junio, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Florencio Aduviri Mamani contra Mauricio Elias Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani; y, Nancy Favian Callizaya, Secretaria del mismo Juzgado, ambos del departamento de La Paz.
El accionante por memorial presentado el 25 de junio de 2021, cursante de fs. 3 a 4, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia suya, contra Macario Aduviri Mamani y otros, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), el 15 de abril de 2021 se celebró audiencia de revocatoria de medidas cautelares, en dicha audiencia planteó recurso de apelación conforme a lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; sin embargo, hasta la fecha de la presentación de la demanda de acción de libertad, no se remitió el citado recurso.
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y al debido proceso en sus elementos de defensa, legalidad y segunda instancia;
así como al principio de celeridad -este último alegado en audiencia de consideración de esta acción de defensa- citando al efecto los arts. 15, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la remisión en el día del legajo de apelación planteado, se impongan costas y costos, y se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 9 a 10, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Dentro de la acción del libertad rige la presunción de veracidad en tanto y en cuanto la parte accionada no demuestre lo contrario, con pruebas documentales que puedan acreditar tal extremo; b) Conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP, el recurso de apelación incidental planteado el 15 de abril de 2021, debió ser remitido al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas; es decir, hasta el 16 de igual mes y año, pero no lo hicieron, sobrepasando superabundamente el citado plazo; y, c) Su abogado insistió para que se efectúe dicha remisión, debiéndose considerar que radica en el departamento de Santa Cruz y viene a “La Paz” dos a tres veces por mes, oportunidades en las que realiza el seguimiento correspondiente, donde le indicaron que faltaba redactar la resolución, que no cuentan con Oficial de Diligencias y menos con una Secretaria.
Mauricio Elias Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 6, y del informe de fs. 31. Nancy Favian Callizaya, Secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, en audiencia de consideración de esta acción tutelar señaló que, según las fotografías presentadas de su baja médica, se tiene que desde el 5 de abril hasta el 27 de junio de 2021, se encuentra con baja médica por estado de embarazo; por lo que no vulneró ningun derecho del accionante, solicitando se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 05/2021 de 25 de junio, cursante de fs. 11 a 12 vta., concedió la tutela solicitada respecto al Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz hoy accionado, disponiendo en consecuencia que el nombrado y el personal de apoyo judicial de dicho Juzgado, proceda a la remisión del recurso de apelación planteado el 15 de abril de 2021, dentro del primer día hábil a partir de su legal notificación con la presente disposición; y, denegó la tutela en cuanto a la Secretaria del citado Juzgado ahora coaccionada; toda vez que, demostró que cuenta con baja médica por su estado de gestación; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Conforme a los antecedentes relacionados por el accionante, y bajo el principio de presunción de veracidad que rige a la presente acción tutelar, siendo que la autoridad judicial hoy accionada no presentó el informe tampoco los antecedentes correspondientes, considerando que la Secretaria ahora coaccionada se encontraría con baja médica por estar en estado de gestación, se dan por verídicos los argumentos expuestos por el accionante en la modalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 2) En el caso concreto se identificó la vulneración del derecho a la impugnación y a la doble instancia que tiene el accionante, el cual se encuentra establecido por el art. 180 de la CPE; toda vez que, no se demostró de manera objetiva por la parte accionada la remisión del recurso de apelación planteado por el accionante el 15 de abril de 2021 de conformidad con el art. 251 del CPP, y el cumplimiento del plazo establecido en el mencionado Código; por lo que conforme a la SCP 0483/2018-S2 de 27 de agosto, corresponde conceder la tutela en cuanto al Juez hoy accionado.
Mediante decreto constitucional de 2 de agosto de 2022 cursante a fs. 17, se disuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de su notificacion con el decreto constitucional de 4 de abril de 2023 cursante a fs. 72; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 27/2021 – P de 15 de abril, emitido por el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz -ahora accionado- se dispuso el rechazó a la solicitud de revocatoria de medidas cautelares; por lo que el accionante planteó recurso de apelación, concediéndose el mismo a los fines de que se remitan fotocopias legalizadas ante una de las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia (fs. 48 a 60). II.2. Cursan dos copias simples de certificados de incapacidad temporal de Nancy Favian Callizaya, Secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz -hoy coaccionada- por maternidad, la primera desde el 5 de abril de 2021 hasta el 19 de mayo de igual año; y, la segunda de 14 del mismo mes y año hasta el 27 de junio del referido año (fs. 7 y 8). II.3. A través de la Resolución 395/2021 de 5 de julio, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió el recurso de apelación, declarando la improcedencia del citado recurso y confirmando en el fondo la Resolución 27/2021 – P (fs. 62 a 63 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, y al debido proceso en sus elementos defensa, legalidad y segunda instancia; así como al principio de celeridad -este último alegado en audiencia de consideración de esta acción de defensa-; puesto que habiendo planteado recurso de apelación conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP contra la Resolución 27/2021 – P de 15 de abril de 2021, mediante la cual se le rechazó su solicitud de revocatoria de medidas cautelares, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar objeto de autos no fue remitida al Tribunal de alzada, incumpliéndose de esa manera el plazo de veinticuatro horas previsto para esa finalidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 251 del CPP fue modificado por el art. 11 de la Ley 1173 conforme el siguiente texto: “(APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas nos pertenecen). La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, estableció que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares” (las negrillas son nuestras).
Así también la SCP 585/2019-S1 de 22 de julio, reiterando el razonamiento de la SC 1739/2011-R de 7 noviembre, dispuso que: "…de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, la SC 0542/2010-R de 12 de julio, prefija: ‘…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…’” (las negrillas nos pertenecen)
Al respecto, la SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció al respecto que: “De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad, y al debido proceso en sus elementos defensa, legalidad y segunda instancia; así como al principio de celeridad -este último alegado en audiencia de consideración de esta acción de defensa-; puesto que habiendo planteado recurso de apelación conforme a lo previsto por el art. 251 del CPP contra la Resolución 27/2021 – P de 15 de abril de 2021, mediante la cual se le rechazó su solicitud de revocatoria de medidas cautelares, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar objeto de autos no fue remitida al Tribunal de alzada, incumpliéndose de esa manera el plazo de veinticuatro horas previsto para esa finalidad. Mediante Resolución 27/2021 – P emitido por el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz ahora accionado, se dispuso el rechazó a la solicitud de revocatoria de medidas cautelares; por lo que se planteó recurso de apelación, concediéndose el mismo a los fines de que se remitan fotocopias legalizadas ante una de las Salas Penales del Tribunal Departamental de Justicia (Conclusión II.1.). Asi también, cursan dos copias simples de certificados de incapacidad temporal de la Secretaria del citado Juzgado hoy coaccionada, por maternidad, la primera desde el 5 de abril de 2021 hasta el 19 de mayo de igual año y la segunda de 14 del mismo mes y año hasta el 27 de junio del citado año (Conclusión II.2.). Finalmente, consta la Resolución 395/2021 mediante la cual la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, resolvió el recurso de apelación, declarando la improcedencia del indicado recurso confirmando en el fondo la Resolución 27/2021 – P (Conclusión II.3.).
En ese contexto, ingresando a la problemática planteada, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro un plazo razonable, ya que de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, siendo una de esas solicitudes el planteamiento del recurso de apelación incidental contra resoluciones que disponen, modifican o rechazan una medida cautelar, trámite sumario que determina que una vez formulado ese recurso sea de forma oral o escrita, las actuaciones deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia correspondiente en el plazo de veinticuatro horas, existiendo la salvedad de que pueda extenderse ese término a un tiempo prudencial de tres días cuando exista casos que se encuentren debidamente justificados.
Ahora bien, para resolver la problemática planteada mediante esta acción tutelar, corresponde señalar que en el presente caso se tiene de obrados, que pese a que la autoridad judicial ahora accionada fue citada con la demanda de acción de libertad objeto de autos no asistió a la audiencia de consideración de la referida acción para presentar su informe de manera verbal; tampoco remitió informe (fs. 6) teniéndose que a partir del informe del Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz -constituido en Juzgado de garantías- quien efectuó la diligencia mencionada, comunicándose con el Juez hoy accionado vía celular, quien le indicó que no podría ingresar a la indicada audiencia debido a que tenía una “audiencia” con detenido en su Juzgado (fs. 31); consecuentemente, corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante, mismo que es aplicable en los supuestos en los que la autoridad judicial ahora accionada, no obstante de su legal citación, no asiste a la audiencia de consideración de esta acción de defensa; tampoco efectúa su informe desvirtuando o negando los extremos denunciados en la presente acción de libertad, la citada acción debe ser concedida; ya que dicha autoridad tiene la carga de la prueba, tal como se tiene en la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, entre otras.
En ese sentido, considerando que si bien la autoridad judicial hoy accionada dispuso la remisión de los antecedentes correspondientes debido al recurso de apelación planteado en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares de 15 de abril de 2021, tal como se tiene a (fs. 58) de obrados; no obstante, su ejecución no fue efectuada, sino hasta después de la interposición de esta acción tutelar 25 de junio del mismo año a las 15:30 horas (fs. 3 a 4 vta.) mediante la cual se denuncia el retraso superabundante de dicha remisión; es decir, de aproximadamente más de dos meses desde la remisión dispuesta, extremos que el Juez ahora accionado no desvirtuó ni refutó en el informe que tenía la obligación de presentar ante el Juez de garantías, a partir de lo cual se infiere como cierta la denuncia efectuada por el accionante mediante la demanda de acción de libertad.
En ese marco, lo denunciado mediante esta acción tutelar resulta evidente; por lo que el Juez hoy accionado ante la presentación del recurso de apelación -15 de abril de 2021-, no solo incumplió el plazo establecido por el art. 251 del CPP, el cual señala que una vez planteado el citado recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas, sino también sobrepaso el plazo prudente de tres días determinados para los casos excepcionales ante las recargadas labores o suplencias debidamente justificadas, tal como se tiene establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la que es aplicable al presente caso; puesto que considerando la indicada fecha de presentación y los tres días establecidos de manera excepcional para que se proceda a la remisión extrañada ante el Tribunal de segunda instancia, el mismo no fue efectuado hasta la presentación de la presente demanda de acción de libertad que nos ocupa -25 de junio del mismo año-; más aún considerando que el mismo fue resuelto el 5 de julio de igual año, tal como consta a (fs. 62 a 63 vta).
De esa manera, conforme a lo señalado precedentemente, el Juez ahora accionado actuó de manera negligente, vulnerando de esa forma el derecho a la libertad del accionante vinculado a la celeridad; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho -Fundamento Jurídico III.2. de este fallo consitucional, más aún si se considera que toda autoridad judicial tiene el deber de tramitar cualquier asunto vinculado a la libertad de las personas con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos establecidos por la normativa o en un plazo razonable, un actuar contrario implica una dilación injustificada que vulnera directamente la libertad de las personas, razón por la cual, se debe conceder la tutela solicitada. En cuanto a la Secretaria hoy coaccionada, corresponde señalar que la misma carece de legitimación pasiva para ser accionada en acciones tutelares, esencialmente porque no tiene competencia para asumir determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos judiciales, aunque existen ciertas excepciones en las que su acción u omisión que vulnera derechos o garantías, tal como se tiene establecido en la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin embargo, las mismas no pueden ser consideradas en el caso concreto, por cuanto conforme se tiene a partir de los certificados de incapacidad temporal por maternidad emitidos a favor de la nombrada, se tiene que la misma estuvo con baja por maternidad pre y post natal a momento de darse la dilación precedentemente concluida; por lo que respecto a la nombrada corresponde denegar la tutela solicitada. En cuanto al derecho a la vida denunciado como vulnerado por el accionante, se tiene que el nombrado unicamente se limitó a citarlo, sin efectuar una fundamentación al respecto, asi como tampoco esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional evidencia de manera cierta y objetiva que dicho derecho se encuentre en riesgo o con una afectación concreta que la jurisdicción constitucional puede abrir su ámbito de tutela a fin de proteger dicho derecho; por lo que no se emitira pronunciamiento alguno sobre el mismo. Finalmente, respecto al pago de costos y costas, estos no pueden ser considerados en razón a la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, con relación a que se disponga la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura el accionante puede acudir directamente a la instancia que considerere pertinente. En consecuencia el Juez de garantías, al conceder -en parte- la tutela solicitada obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2021 de 25 de junio, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto al Juez ahora accionado, por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento celeridad, sin disponerse el cumplimiento de dicha actuación procesal por cuanto la misma ya habría sido efectivizada. 2° DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a la Secretaria hoy coaccionada, conforme a los fundamentos jurídicos señalados. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0292_2023-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): f56a659d52b157c89f32362c98742e505f05b616bea92ef72879ad1ecdb96df5
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