Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de junio de 2024
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia que la Jueza demandada por medio del Auto Interlocutorio de 23 de abril de 2024, determinó su detención preventiva por el lapso cuarenta y cinco días en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes con Responsabilidad Penal Villa Rojas de Pando; ante esa decisión por escrito presentado el 29 de igual mes y año, interpuso recurso de apelación incidental, siendo ilógico que a veinte días de la referida medida impuesta no se hubiese enviado la indicada apelación al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2024 de 10 de mayo, cursante de fs. 20 a 24 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0285/2024-S2 Sucre, 25 de junio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 64205-2024-129-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 03/2024 de 10 de mayo, cursante de fs. 20 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jesús Mamani Ventura en representación sin mandato del menor AA contra Ruth Karina Suzaño Cortez, Jueza; y, “Secretario” ambos del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de Cobija del departamento de Pando.
Por memorial presentado el 9 de mayo de 2024, cursante a fs. 1 y 4, el accionante a través de su representante, señaló que:
Por Auto Interlocutorio de 23 de abril de 2024, la Jueza demandada dispuso su detención preventiva por cuarenta y cinco días en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes con Responsabilidad Penal Villa Rojas de Pando; ante esa decisión por escrito -no señaló fecha- interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, no se remitieron antecedentes al superior en grado, denunciando que “…cumple 19 DÍAS (…) que est[á] en el lugar donde guard[a] detención preventiva…” (sic).
No señaló ningún derecho lesionado ni citó norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela, ordenando a los demandados la remisión “en el día” del legajo de apelación al Tribunal de alzada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de mayo de 2024, según consta en acta cursante de fs. 15 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido de la demanda tutelar y ampliándolo manifestó que: a) Mediante Auto Interlocutorio de 23 de abril de 2024, se dispuso su detención preventiva por el lapso de cuarenta y cinco días; decisión apelada a efecto de que sea resuelta por el Tribunal de alzada; por ello, interpuso este mecanismo de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con la finalidad de acelerar la remisión de antecedentes y sea examinada a la brevedad posible; sin embargo, “a la fecha” el mencionado recurso no se remitió; b) Se apersonó al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de Cobija del departamento de Pando, donde le señalaron que el Secretario -codemandado-renunció, aspecto que perjudicó el envío del legajo de apelación, inobservando que su persona forma parte de un grupo vulnerable por ser menor de edad; por esa razón, se debió actuar con celeridad; y, c) Mediante memorial -no indicó la data- solicitó la cesación de la referida medida impuesta, que no fue considerada por la Jueza demandada, quien argumentó que primero deba ser resuelto el citado recurso formulado.
Ruth Karina Suzaño Cortez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de Cobija del departamento de Pando, en audiencia de garantías pidió se deniegue la tutela solicitada, señalando que: 1) El Ministerio Público presentó imputación formal contra el impetrante de tutela y otro, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante; en esa circunstancia, previamente en la audiencia de medidas cautelares de 23 de abril de 2024, se resolvió el incidente de aprehensión deducido por el prenombrado, el cual fue rechazado; posteriormente, se determinó su detención preventiva ante la concurrencia de la probabilidad de autoría y riesgos procesales descritos en los arts. 289 y 290 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); fallo notificado a la víctima, al Fiscal de Materia de la causa, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, al peticionante de tutela; y, 2) El 29 de igual mes y año, el accionante interpuso recurso de apelación incidental; es así que, el 2 de mayo de ese año, la Auxiliar del citado Juzgado que también cumpliría funciones de Oficial de Diligencias en dicho despacho judicial, notificó a los sujetos procesales; por ello “…hemos habilitado ahora en la actualidad de nombre David (…) realiza el informe en fecha 09 de mayo, es decir, el día de ayer en horas de la mañana, se remite La apelación…”
(sic); además, el art. 314.II del citado Código establece que con la respuesta al traslado o vencido el plazo, el recurso será enviado al Tribunal de alzada o la Sala Penal de turno; por lo que, a pesar de las “ampliaciones de competencias” y el escaso personal de apoyo judicial, el indicado recurso se envió de manera oportuna a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Pando. El “Secretario” del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de Cobija del departamento de Pando, no compareció a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 10.
BB a través de su representante, en audiencia de garantías indicó que: i) Actualmente es imputado en el proceso penal de origen, por lo que, su abogado fue en seis ocasiones al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de Cobija del departamento de Pando, a objeto de verificar si su recurso de apelación fue remitido al Tribunal de alzada; empero, no obtuvo respuesta alguna, solo le señalaron que el Secretario codemandado renunció; por ello, sería viable la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho; y, ii) Existió retardación; ya que, “a la fecha” el citado recurso no fue enviado a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento.
Rolando Sánchez Michel, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías manifestó que: a) El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), sostiene que la acción de libertad será interpuesta cuando se considere que la vida esté en peligro, que se encuentre ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad; situaciones que se no se demostraron, tampoco se identificaron qué derechos fueron vulnerados; b) El impetrante de tutela y el tercero interviniente se hallan con detención preventiva dispuesta por la autoridad judicial competente; y, c) Al no existir asidero legal en la interposición de este mecanismo de defensa, deberá sancionarse al abogado del accionante.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 03/2024 de 10 de mayo, cursante de fs. 20 a 24 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La presente acción de libertad no argumentó fáctica ni jurídicamente sus pretensiones, tampoco existió fundamento legal que asevere la demora en la remisión del cuestionado recurso de apelación al Tribunal de alzada, incumpliendo con lo dispuesto en el art. 33.4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 2) Del análisis minucioso y exhaustivo del cuaderno procesal, se tiene que a través del Auto Interlocutorio de 23 de abril de 2024, se dictaminó la detención preventiva del peticionante de tutela; fallo que mereció el mencionado recurso mediante escrito presentado el 29 del citado mes y año; actuado procesal notificado a los sujetos procesales el 2 de mayo de 2024; asimismo, el plazo para responder a la indicada apelación venció el 7 del señalado mes y año; y, 3) El 9 del referido mes y año, la Jueza demandada dispuso la remisión del legajo proceso al Tribunal de alzada, cumpliendo de esa manera lo previsto en el art. 314 del CNNA; por ello, no existió la vulneración de derecho o garantía alguna. En la vía de aclaración, el impetrante de tutela a través de su representante, sostuvo que no cuestionó la “formalidad” del recurso de apelación, sino que interpuso este mecanismo de defensa en razón a que “…desde la fecha de su detención es ilógico que a 20 días no se remita a la sala…” (sic); a su turno, el representante fiscal solicitó se sancione al accionante con una multa, por no contar con sustento legal la presente acción de defensa. En sustanciación y resolución, el Tribunal de garantías aclaró y explicó que pasaron nueve días sin que se resuelva el recurso de apelación; sin embargo, no existe dilación, siendo que el computo de plazo son días hábiles, además, existe feriados que deben ser descontados, denotando así que no hubo vulneración a ningún derecho ni garantía; y con respecto a la solicitud del Fiscal de Materia determinó no ha lugar.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 27 a 32), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 29 de abril de 2024, ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia Segundo de Cobija del departamento de Pando -dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra AA -accionante- por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente-, el representante del nombrado interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 23 de ese mes y año (fs. 2 a 3). II.2. Por informe escrito presentado el 10 de mayo de 2024, ante el Tribunal de garantías, Gilka Xiomara Palenque Romero, Auxiliar del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Cobija del departamento de Pando -en suplencia legal- indicó que, a la renuncia del “…Secretario del Juzgado de la Niñez y Adolescencia…” (sic), fue habilitada para la audiencia de medidas cautelares de 23 de igual mes y año, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Eilen Saavedra contra el solicitante de tutela y otro, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante; asimismo, sostuvo que la Jueza demandada dictó el Auto Interlocutorio de esa misma data, que mereció recurso de apelación, procediendo el Oficial de Diligencias a notificar a los sujetos procesales, para luego “…de acuerdo al art. 314 de la 548 el (…) secretario en suplencia legal del Juzgado informa AL VENCIMIENTO DE PLAZOS DE LOS TRES DIAS QUE SE VENCIO EN FECHA 07 DE MAYO DE 2024, E INGRESO [A] DESPACHO EL INFORME EN FECHA 9 DE MAYO DE 2024
A lo que la Sra. Juez decreto en el día la remisión de la apelación en fecha 09 de mayo de 2024 y por secretaria en el día se envió ante la sala Civil administrativa la referida apelación incidental…” (sic [fs. 14 y vta.]).
El accionante a través de su representante, denuncia que la Jueza demandada por medio del Auto Interlocutorio de 23 de abril de 2024, determinó su detención preventiva por el lapso cuarenta y cinco días en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes con Responsabilidad Penal Villa Rojas de Pando; ante esa decisión por escrito presentado el 29 de igual mes y año, interpuso recurso de apelación incidental, siendo ilógico que a veinte días de la referida medida impuesta no se hubiese enviado la indicada apelación al Tribunal de alzada. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el tópico, la SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al Juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ʽ…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas son nuestras).
Al respecto, la SCP 0256/2020-S3 de 14 de julio, estableció que: “Por disposición del art. 58 de la CPE: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’; marco dentro del cual, el art. 59.I y III de la Norma Suprema, dispone: ‘I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. (…) III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley’. Asimismo, a efectos de garantizar la materialización de estos derechos, el art. 60 de la CPE, impone deberes al Estado y a la familia, disponiendo que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, prohibiendo y sancionando toda forma de violencia contra ellos, a través del art. 61.I de la Norma Suprema. En el contexto normativo internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990 -entre otros aspectos- establece en su art. 3, que: ‘1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’; es decir, que otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, imponiendo con ello a los Estados parte, el deber de atención primordial del interés superior del niño, debiendo garantizarse su protección y cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. Los lineamientos de esos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sobre los derechos del niño establece que: ‘Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado’. Conforme a la normativa señalada, así como la del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SUDH y SIDH), se consolida la vigencia y el respeto del principio del interés superior del niño, el cual constituye el principio rector y básico de preeminencia del resguardo a las niñas, niños o adolescentes, que tiene un alcance esencialmente interpretativo de las medidas que puedan afectarles directa o indirectamente; permitiéndose conforme a ese postulado a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional y de la normativa especial familiar, reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad, que dentro del mandato constitucional conlleva actuaciones imperativas tendientes al respeto de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -art. 60 de la CPE-, y/o en su caso garantizando el ejercicio y materialización de sus derechos. Por su parte, el art. 1 del CNNA prevé y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a toda niña, niño y adolescente; esto con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia; determinando además en su art. 12 inc. b) del mismo cuerpo legal, como prioridad social, que es deber de la familia, de la sociedad y el Estado asegurar al niña, niño y adolescente, con absoluta prioridad el ejercicio y el respeto pleno de sus derechos, estableciendo el inciso b) del citado artículo, que toda niña, niño y adolecente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades, judiciales y administrativas” (énfasis añadido).
Con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática, corresponde referir a la denuncia interpuesta contra el “Secretario” del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de Cobija del departamento de Pando; en tal circunstancia, de obrados se advierte el Auto de admisión de 9 de mayo de 2024 (fs. 5), el cual lo consigna como demandado; sin embargo, en la presente acción de libertad no se lo identifica plenamente, además, el solicitante de tutela a través de su representante sostiene desconocer el nombre; demanda en la que se expresa: “Secretario de Juzgado JUEZ TÉCNICO, P[Ú]BLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2, (dejo establecido que desconozco el nombre del Secretario abogado), CON DOMICILIO EN el Palacio de Justicia, domicilio laboral” (sic). En ese marco, corresponde recordar que la jurisprudencia constitucional entiende que la legitimación pasiva es la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración a los derechos y aquella contra quien se dirige el mecanismo de defensa (SCP 1114/2023-S3 de 6 de diciembre); como se puede percibir, el impetrante de tutela por medio de su representante no fue claro en la identificación del o la secretaria, siendo evidente la imprecisión en esta acción de libertad; además, no se advierte participación alguna de esa calidad de funcionario en la emisión del Auto Interlocutorio 23 de abril de 2024, tampoco en la alegada demora en el envío del legajo de apelación; por ello, se analizará la causa en virtud de la autoridad judicial respecto a quien pide la tutela. Retomando la problemática en revisión, el accionante a través de su representante, denuncia que la Jueza demandada por medio del Auto Interlocutorio de 23 de abril de 2024, determinó su detención preventiva por el lapso cuarenta y cinco días en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes con Responsabilidad Penal Villa Rojas de Pando; ante esa decisión por escrito presentado el 29 de igual mes y año, interpuso recurso de apelación incidental, alegando que a veinte días de la medida impuesta no se envió la indicada apelación al Tribunal de alzada. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es necesario tener en cuenta los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la cual procede cuando existen dilaciones indebidas que afectan la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, aquello en relación al principio de celeridad. Asimismo, en mérito al entendimiento jurisprudencial asumido por el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde precisar que en mérito a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado; es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente; por tal aspecto, a efectos de materializar dicho precepto, será preciso realizar una interpretación sistemática del texto constitucional con el objeto de reforzar el deber de garantizar la prioridad del interés superior de los menores de edad; situación que conlleva al establecimiento de medidas tendientes al respeto de los derechos de los prenombrados, garantizando en este sentido un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad, justicia, y el ejercicio pleno de sus derechos y garantías, donde emerge la potestad imperativa de establecer que toda niña, niño y adolecente, tiene derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades judiciales y administrativas. De los antecedentes descritos, se tiene que la Jueza demandada a través del Auto Interlocutorio de 23 de abril de 2024, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela por el lapso de cuarenta y cinco días en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes con Responsabilidad Penal Villa Rojas de Pando; ante esa situación, por escrito presentado el 29 de igual mes y año, el nombrado interpuso recurso de apelación incidental (Conclusión II.1); de ello, alega que a veinte días de la referida medida impuesta no se envió el indicado recurso al Tribunal de alzada; al respecto, en la celebración de la audiencia de garantías de 10 de mayo de 2024, la mencionada Jueza indicó que: “…en [la] audiencia de fecha 23/04/2024 (…) se resuelve la medida cautelar en función a que existe la concurrencia de la probabilidad de autoría Y los mismos procesales (…) en esa fecha quedan notificados por su realidad, los señores, abogados, tanto del adolescente como la víctima, defensoría de la niñez (…) quedan legalmente notificados conforme dice el art. 314 parte segund[a] de l[a] ley 548 del artículo 314 nos indica que tres días para presentar de forma escrita su apelación, incidental. A lo cual dentro de plazo el Hoy accionantes presentaron el día en fecha 29 de abril la apelación incidental (…) la última notificación, son varios sujetos procesales, se realiza en fecha 2 de mayo, a partir de ahí [s]e empieza el cómputo de plazo para (…) respond[er] (…) El párrafo tercero del artículo 314 nos indica (…) que co[n] o sin respuesta Se tiene que enviar vencido este plazo a lo cual el señor secretario que hemos habilitado ahora en la actualidad (…) él hace el realiza el informe en fecha 09 de mayo, es decir, el día de ayer en horas de la mañana, se remite La apelación…” (sic [énfasis añadido]); afirmaciones que no fueron cuestionadas mucho menos controvertidas por el solicitante de tutela a través de su representante. A su vez, de los datos que cursan en el expediente constitucional, se tiene el informe de la Auxiliar del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Cobija del departamento de Pando -en suplencia legal-, presentado el 10 de mayo de 2024, quien indicó que realizada las diligencias de notificación -del 29 de abril del indicado año, culminando la última diligencia practica el 2 de mayo del referido año- a los sujetos procesales con el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 23 de abril de ese año, se envió el legajo procesal el 9 de mayo de 2024 a la “Sala Civil administrativa” del citado Tribunal (Conclusión II.2), es decir, dentro del plazo oportuno y antes que la Jueza demandada sea notificada con la demanda tutelar (fs. 11); por ello, no existe objeto procesal para esta acción de libertad al haberse cumplido la remisión extrañada. De lo referido precedentemente, se puede advertir que la prenombrada, asumió una determinación judicial conforme a los principios de celeridad, acceso a la justicia y sobre todo al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente; toda vez que, frente a la interposición del recurso de apelación incidental, en la que se encuentre involucrado una persona adolescente con responsabilidad penal, emerge la obligación inexcusable de atender tal petición con mayor prontitud; situación que resulta conforme a lo previsto en los arts. 178 y 180.I de la CPE, generando así, una actuación oportuna en el caso de autos, aún antes de la formulación de esta acción tutelar, por lo que, no se advierte demora al momento de efectuar los trámites inherentes al proceso de remisión de actuados al Tribunal de alzada; debido a ello, en virtud a los fundamentos esgrimidos corresponde denegar la tutela requerida. Finalmente, respecto a lo mencionado en audiencia por el impetrante de tutela, en sentido de que, presentó una solicitud de cesación y que la misma habría sido respondida por la Jueza demandada señalando que primero debía resolverse la apelación; se tiene por una parte, que esa ampliación en audiencia es por un hecho distinto al objeto de la demanda y por otro lado, además, de su invocación referencial no se tiene mayores elementos; por lo que, sobre el particular no corresponde mayor pronunciamiento. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2024 de 10 de mayo, cursante de fs. 20 a 24 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Cobija del departamento de Pando; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0285_2024-S2.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): c821b11caec2b8b8b7c9abf679ec50ba9ec956b95b62e52811b2f22ac0b26c22
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →