Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de abril de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, una vez que los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia de consideración del recurso de apelación de medidas cautelares efectuada el 10 de octubre de 2022, resolvió el recurso de apelación incidental presentado por el Ministerio Público, a la fecha de interposición de la acción tutelar no se devolvieron los antecedentes al Juzgado de origen, retardación que le causa agravio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; c) Sobre el plazo en que el Tribunal de apelación debe de devolver los antecedentes ante el Juez de origen; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 26/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Secretario y al Auxiliar de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad.
a) Disponer se remita de manera inmediata todos los antecedentes del recurso de apelación incidental al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, siempre y cuando si por el transcurso del tiempo este actuado ya se hubiese realizado. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y al Consejo de la Magistratura, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0281/2025-S1 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 51338-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Quevedo Torrez en representación sin mandato de Abdias Roberto Ulo Sullca contra el “Secretario” y el “Auxiliar” de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 13 de octubre de 2022, cursante de fs. 8 a 9, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controlada -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-. Se dispuso su detención preventiva por el lapso de treinta días en el Centro Penitenciario de Qalahuma del departamento de La Paz, lo que fue objeto de recurso de apelación incidental por el Fiscal de Materia y resuelto por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en audiencia de consideración del recurso de apelación de medidas cautelares de 10 de octubre de 2022 a las 8:45 horas, confirmando la resolución del Juez de primera instancia; sin embargo, su causa “a la fecha” no fue remitido -se entiende al juez de primera instancia- por esa Sala Penal a pesar del abundante tiempo que ya pasó.
Además, solicitó salida judicial para el 14 de octubre de 2022, con la finalidad de acudir a una cita médica; puesto que, se encuentra con sinusitis aguda y le salieron ronchas en el cuerpo; por lo que, se debe precautelar el derecho a la salud resguardado por normas internacionales y en la Norma Suprema. Asimismo, el 13 de ese mes y año, su madre conjuntamente con su abogado se apersonaron ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde les manifestaron que se encontraban en plazo y que el “LUNES” iban a remitir -se entiende el cuaderno jurisdiccional-, retardación que le causa total agravio, ya que aún se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), cuando el cuaderno original debió ser remitido ante el juzgado de origen en el debido momento y tiempo oportuno.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y al debido proceso en su elemento de celeridad; citando al efecto los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se efectúe la remisión del expediente caratulado “MP/ ROBERTO ULO SULLCA”, signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 201502022208845 ante el juzgado de origen y sea en el día.
Celebrada la audiencia virtual el 14 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Solicitó salida judicial al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, quien le concedió para “hoy” a las 9:00 horas, para dirigirse a un centro de salud; b) Ante la retardación se presentó la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, siendo responsabilidad del Secretario y del Auxiliar hoy accionados, quienes vienen causando agravio; y, c) Se remitan antecedentes ante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y al Consejo de la Magistratura de los hoy accionados.
El “auxiliar” de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia, señaló que: 1) En cuanto a las remisiones, debe poner de sus propios recursos económicos, no le pagan por el transporte y demás situaciones; 2) La parte interesada -accionante- debió apersonarse “aquí” pero “no se le vio”; 3) Su persona hace una remisión a la semana; y, 4) El Secretario hoy accionado se encuentra con baja médica, en su oportunidad se pondrá en conocimiento con previa acreditación como corresponde. El “Secretario” de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe alguno pese a su citación cursante a fs. 11.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, por Resolución 26/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 15 a 17, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) El expediente original no se encontraría en el Juzgado de origen, estando “al presente” con detención preventiva en celdas de la “FELCC” -FELCN-, aspecto que hace el no cumplimiento del mandamiento de detención preventiva y es al Juez de primera instancia que se debe reclamar su incumplimiento; ii) No puede la FELCN tenerlo en celdas sin orden expresa, existiendo en vigencia un mandamiento de detención preventiva en el Centro Penitenciario de Qalahuma del departamento de La Paz; iii) El Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto de ese departamento de verse impedido en el cumplimiento de la determinación se debe acudir ante “dicho Juez” y no estar pendiente de apelaciones; iv) El hecho de no devolver antecedentes por no contar con recursos económicos tampoco puede ser carga procesal por las partes, de suceder aquello se debe comunicar ante el inmediato superior o a la parte administrativa del Consejo de la Magistratura para ver el trámite; empero, no puede paralizarse la remisión de antecedentes; y, v) No es requisito que las parte provean recaudos para que las causas vuelvan a su lugar de origen, el funcionario de apoyo jurisdiccional es el responsable que debe cumplir con dicha determinación; además no se tiene una petición referida a pronto despacho, o una solicitud por el que alguna autoridad no esté cumpliendo con dicha pretensión de respuesta; por lo que no esta en los alcances del art. 125 de la CPE. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado solicitó al Juez de garantías que ante un lapso “muy fuera de lo normal” que se encuentra el “expediente” en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, también se pretende plantear la cesación de la detención preventiva, y esa retardación les obstaculiza.
En mérito a esa solicitud el Juez de garantías exhortó al Secretario -se entiende de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz- remita en el día los antecedentes por cuanto la necesidad de efectuar otras peticiones, el recurso de apelación al no ser por el accionante puede presentar sus peticiones de modificaciones, cesaciones ante el Juez de Instrucción que no pierde competencia, otro aspecto, sería que el nombrado haya efectuado su recurso de apelación en el que podía esperar su tramitación en dicha Sala Penal, aclarando y complementando la Resolución 26/2022.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Detención Preventiva librado el 5 de octubre de 2022, por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz contra Abdias Roberto Ulo Sullca -hoy accionante-, remitiéndose el presente mandamiento al Director o Encargado de Celdas Policiales de la FELCN para que conduzca al imputado -accionante- al Centro Penitenciario de Qalahuma del departamento de La Paz (fs. 12). II.2. Consta decreto de 7 de octubre de 2022, -ilegible el sello y firma de quien la emitió-; por el cual se señaló audiencia de consideración del recurso de apelación incidental para el 10 de octubre de 2022 a las 8:45 horas, mediante el sistema de audiencias virtuales CISCOWEBEX (fs. 2).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, una vez que los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia de consideración del recurso de apelación de medidas cautelares efectuada el 10 de octubre de 2022, resolvió el recurso de apelación incidental presentado por el Ministerio Público, a la fecha de interposición de la acción tutelar no se devolvieron los antecedentes al Juzgado de origen, retardación que le causa agravio. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; b) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; c) Sobre el plazo en que el Tribunal de apelación debe de devolver los antecedentes ante el Juez de origen; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, señala que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad”.
La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, expresa que: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001 definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” .
La SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, establece que: “…el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas”.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la salud y al debido proceso en su elemento de celeridad; puesto que, una vez que los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en audiencia de consideración del recurso de apelación de medidas cautelares efectuada el 10 de octubre de 2022, resolvió el recurso de apelación incidental presentado por el Ministerio Público, a la fecha de interposición de la acción tutelar no se devolvieron los antecedentes al Juzgado de origen, retardación que le causa agravio.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el Mandamiento de Detención Preventiva librado el 5 de octubre de 2022, por el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz contra el accionante, remitiéndose el presente mandamiento al Director o Encargado de Celdas Policiales de la FELCN para que conduzca al accionante al Centro Penitenciario de Qalahuma del departamento de La Paz (Conclusión II.1.). Asimismo, cursa decreto de 7 de igual mes y año, por el cual se fijó audiencia de consideración del recurso de apelación incidental para el 10 de octubre de 2022 a las 8:45 horas (Conclusión II.2.).
Bajo ese marco, de los antecedentes se advierte que el 10 de octubre de 2022, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvieron el recurso de apelación incidental presentado por el Ministerio Público; empero, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no se devolvieron los antecedentes al Juzgado de origen -Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto de ese departamento-. Aspecto que no fue desvirtuado por el Auxiliar ahora coaccionado de lo manifestado en audiencia de consideración de la acción de libertad, quien se limitó a señalar que la remisión de antecedentes la efectúa una vez a la semana por la carga laboral y porque salen de su “bolsillo” los recaudos correspondientes, siendo la parte interesada quien debería apersonarse a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
En ese contexto, corresponde analizar las actuaciones tanto del Secretario como del Auxiliar ahora accionados.
En cuanto a la actuación del Secretario ahora accionado
Con relación a la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, establece que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales precedentemente referidos, o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho funcionario público adquiere la legitimación pasiva, precisando que, ante las omisiones de carácter administrativo, por las que corresponde establecer su responsabilidad, entre las que se encuentra el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, entre otras.
En ese sentido, en el presente caso correspondía que una vez resuelto el recurso de apelación -10 de octubre de 2022-, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz remita los antecedentes, el acta y la resolución correspondiente al Juzgado de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, conforme establece el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y no sobrepasar ese plazo. Demora procesal que es objeto de análisis y tutela por parte de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho al incurrir en una evidente dilación indebida que vulnera el principio de celeridad vinculado al debido proceso en la tramitación de los recursos de apelación de medidas cautelares, que comprende el derecho a la libertad del accionante al encontrarse este privado de libertad; por lo que se exige al Secretario hoy accionado que intervino en la tramitación del proceso penal, debió observar los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, sin incurrir en dilaciones indebidas cuando debe primar la mayor celeridad posible como determina el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, más aun cuando el art. 94 inc. 15) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) señala que son obligaciones comunes de los secretarios “Cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende dentro del marco de sus funciones”; en mérito a esa normativa, de lo señalado por el accionante y el Auxiliar ahora coaccionado, se evidencia que hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad el Secretario ahora accionado no devolvió los antecedentes del proceso penal del accionante al Juzgado de origen, circunstancia que provocó la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad por inobservancia de sus obligaciones y respecto del cual corresponde conceder la tutela.
Respecto al Auxiliar hoy coaccionado
Dentro de las obligaciones establecidas por el art. 101 de la LOJ, los auxiliares deben coadyuvar con las secretarias y los secretarios en el cumplimiento de sus labores, del informe verbal presentado por el Auxiliar hoy accionado en la audiencia de consideración de la acción tutelar, se advierte que el nombrado coadyuvó con las remisiones de antecedentes en su Sala, señalando que las efectúa “una vez por semana”, en ese sentido y teniendo conocimiento del proceso del accionante, de quien señaló que no se le observó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pues debió apersonarse, aseveraciones que no causan impedimento para que también el auxiliar observe o apoye al Secretario en sus funciones, con el objetivo de no generar dilaciones indebidas; por lo que tampoco actuó de manera diligente contribuyendo en la vulneración de los derechos del accionante, alcanzándole también responsabilidad de acuerdo con el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, correspondiendo conceder la tutela con relación al mencionado funcionario de apoyo jurisdiccional. Finalmente, con relación a la denuncia de la vulneración del derecho a la salud, se debe aclarar que fue mencionado como una consecuencia que podría sufrir el accionante por la no remisión de antecedentes al Juzgado de origen y no como un derecho vulnerado a través de esta acción de libertad.
Asimismo, respecto a la solicitud de que remitan antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y al Consejo de la Magistratura, el accionante puede acudir directamente a las instancias que considere pertinentes; debiendo en consecuencia denegarse la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 26/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Secretario y al Auxiliar de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad.
a) Disponer se remita de manera inmediata todos los antecedentes del recurso de apelación incidental al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, siempre y cuando si por el transcurso del tiempo este actuado ya se hubiese realizado. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación a la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y al Consejo de la Magistratura, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0281_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 83dfb8ef264d40f8b9f146cba0b5e93404795adf9055a82de9a14f9352e15543
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