B.IA.LEGAL

SCP 0280/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de abril de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51490-2022-103-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, vinculados con su derecho a la libertad; en razón a que, la Vocal accionada al emitir el Auto de Vista 274/2022, que confirmó el rechazo de su solicitud de cesación a la detención preventiva: i) Omitió referirse a las razones por las que no aplicó los principios de favorabilidad, última ratio y excepcionalidad de la detención preventiva, máxime si persiste únicamente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, pudiendo ser evitada la medida cautelar extrema, aplicando medidas cautelares personales distintas; asimismo, no efectuó el análisis y valoración de la prueba, aplicando los arts. 7, 221, 222, 231 bis, 233, 235 ter y 250 del CPP, tampoco valoró de manera integral la prueba adjunta a su solicitud de cesación de la misma, bajo el argumento de que esta ya había sido valorada; y, ii) No consideró el Auto Interlocutorio de 30 de diciembre de 2021, que le estableció el referido riesgo procesal, sino el Auto de Vista de 17 de noviembre de igual año, que se refirió a las circunstancias de otro coacusado, confundiendo además este último con el Auto de Vista de 17 de diciembre del mismo año. En respuesta a dicho reclamo, la autoridad judicial accionada señaló que: a) El impetrante de tutela incurrió en falta de técnica recursiva al limitarse a reiterar los argumentos señalados ante el Juez a quo, lo cual no satisface la carga argumentativa debida según el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución de 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 27 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los razonamientos expuestos precedentemente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la obligación de los tribunales de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar restrictiva del derecho a la libertad.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0280/2025-S2 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51490-2022-103-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 27 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Julio Montero Jiménez en representación sin mandato de Félix Martínez Gutiérrez contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 a 11, el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 30 de diciembre de 2021, se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP); en tal sentido, el 2 de septiembre de 2022, se desarrolló la audiencia de cesación de dicha medida cautelar personal, con base en lo resuelto en el Auto de Vista de 19 de julio del mismo año, que declaró procedente su apelación incidental, sustrayendo los riesgos procesales, el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), considerando el catálogo de normas contenido en los arts. 7, 221, 222, 231 bis, 233, 235 ter y 250 del adjetivo penal; no obstante, su solicitud fue rechazada por el Juez a quo. En este contexto, cumpliendo lo resuelto en una anterior acción de libertad de pronto despacho, el Tribunal de alzada señaló audiencia para el 26 de septiembre de 2022, con el fin de considerar el recurso de apelación incidental formulado contra el rechazo a la solicitud de cesación de medidas cautelares personales, en la que la Vocal hoy accionada: a) No hizo referencia a las razones para no aplicar los principios de favorabilidad, última ratio y excepcionalidad de la detención preventiva; asimismo, no hizo el control de oficio de la excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de mantener la detención preventiva, máxime si solo persiste el riesgo de influencia negativa en testigos, partícipes o peritos, razón por la cual puede ser evitada aplicando medidas cautelares personales -distintas a la medida extrema-; b) La motivación arbitraria, incongruente e insuficiente emerge de la valoración arbitraria e irrazonable de la prueba, porque no consideró el Auto Interlocutorio de 30 de diciembre de 2021, que estableció el peligro de obstaculización del art. 235.2 del CPP, sino el Auto de Vista 17 de noviembre del citado año, que se refirió a las circunstancias de otro acusado, confundiendo este último con el Auto de Vista de 17 de diciembre del mismo año; asimismo, el peligro de obstaculización fue impuesto sin observar el parágrafo final del citado art. 235 del CPP, pues ya no es funcionario del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Independencia del departamento de Cochabamba, motivo por el cual no tiene relación o dependencia con el Alcalde o funcionarios municipales, siendo entonces el riesgo procesal “evitable” a través de la aplicación de medidas menos gravosas, según el catálogo de normas de los arts. 7, 221, 222, 231 bis, 233, 235 ter y 250 del señalado Código, que hacen al espíritu de las medidas cautelares; y, c) Al momento de presentar la solicitud de cesación de su detención preventiva, presentó prueba, no con la finalidad de enervar tal peligro procesal, sino de establecer la conveniencia de que la medida impuesta sea sustituida, al existir un solo riesgo procesal y establecer cuál la intensidad del mismo, motivo por el cual presentó el memorial de 10 de junio de 2022 “...de Pedro Quiroz Coria Alcalde del GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, Adjuntando el Informe de Adolfo Condori Arias Secretario General y adjuntando Contrato Administrativo...” (sic), especificando que su persona tenía contrato desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2021, la acusación fiscal de 6 de junio de 2022, el “Informe Conclusivo” de 31 de mayo de ese año, y el legajo de medidas cautelares correspondientes a Antonio Loayza Reluz, coacusado; no obstante, esta prueba no fue considerada de manera integral, no pudiendo alegarse que ya fue valorada, pues estaba dirigida a establecer que ya no era funcionario, que no podía influenciar negativamente en otros funcionarios, que la sola identificación de los testigos en la acusación formal establecía la prohibición de comunicarse con ellos, que según el informe conclusivo ninguno de los testigos hizo referencia a actos de obstaculización y que las medidas cautelares impuestas al referido coacusado fueron menos gravosas que la detención preventiva, aplicables con mayor razón en su caso ante la existencia de un solo riesgo procesal.

I.1.2. Garantía, derecho y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos debida fundamentación, motivación, congruencia y valoración integral de la prueba, vinculado con su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga nulidad del Auto de Vista 274/2022 de 26 de septiembre; y, que en aplicación de los arts. 7, 221, 222, 231 bis, 233, 235 ter y 250 del CPP la Vocal accionada dicte uno nuevo, al “…haberse apartado de la construcción…” (sic), del referido peligro de obstaculización y por la incongruencia en la que ingresó al momento de resolver la apelación incidental.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 26, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia indicó que: 1) La autoridad judicial accionada no resolvió los agravios denunciados, conforme prevé el art. 398 del CPP; y, 2) Respecto al agravio de valoración defectuosa de la prueba, existen excepciones para ingresar a verificar si se valoró correctamente o no la misma, pues no se trata de una apelación restringida, sino una valoración de la prueba en apelación de medidas cautelares -personales- en base a la aplicación del art. 12 del CPP, toda vez que de los procesados él es el único privado de libertad.

I.2.2. Informe de la parte accionada

María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante a fs. 22 y vta., sostuvo que: i) El Auto de Vista 274/2022, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental de medida cautelar interpuesta por el “acusado”, en lo relativo a la “...disposición jurisprudencial enunciada por la autoridad A quo...” (sic); empero, dada la intrascendencia del defecto, confirmó el Auto Interlocutorio de 2 del mismo mes y año; ii) El impetrante de tutela tergiversó los antecedentes, toda vez que, en su recurso se limitó a reiterar los argumentos señalados ante el Juez a quo, lo cual no satisface la carga argumentativa exigida en el art. 396.3 del CPP, incurriendo así en falta de técnica recursiva, que no puede ser subsanada por el Tribunal de alzada, dada la imparcialidad que rige su actividad; y, iii) El accionante solo expresó su disconformidad con lo resuelto, no siendo suficiente para que se conceda la tutela solicitada, máxime si se considera que la jurisdicción constitucional no asume un rol casacional, impugnaticio o supletorio, pudiendo valorar la prueba, únicamente cuando la jurisdicción ordinaria se apartó de los marcos de la legalidad o razonabilidad, o, se haya omitido arbitrariamente y su consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, subordinada a la carga argumentativa efectuada por el peticionante de tutela, que en el caso concreto no se encuentra satisfecha, además que el Auto de Vista 274/2022, no se apartó de los marcos de la legalidad o razonabilidad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 27 a 34, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: a) En el marco del art. 398 del CPP, respecto a la inobservancia de los arts. 7, 221, 222 y 231 bis del CPP, el razonamiento contenido en el Auto de Vista 274/2022 cuestionado, refleja que se respetó el debido proceso al expresar con claridad los hechos atribuidos a “las partes procesales”, los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, así como todos y cada uno de los medios probatorios de forma motivada, determinando el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes; b) El accionante pretende que se realice una nueva interpretación del art. 235.2 del CPP, valore los nuevos elementos de prueba y se apliquen preferentemente los principios de favorabilidad y proporcionalidad en el análisis de los Autos de 17 de noviembre de 2021 y “30 de diciembre”, valorando integralmente toda la documentación y actuados, lo cual no es competencia de la jurisdicción constitucional, pues si bien le es permitido analizar si las resoluciones contienen actos ilegales u omisiones indebidas que amenacen o restrinjan derechos o garantías constitucionales, se encuentra impedida de ingresar al fondo de lo que ella resuelva, pues no se constituye en un tribunal de apelación o de revisión de resoluciones judiciales, salvo que exista lesión a derecho y garantías constitucionales; c) El peticionante de tutela debió explicar qué parte del Auto de Vista 274/2022, carece de fundamentación, cuáles fueron las infracciones a las reglas de interpretación y la incongruencia, situación que no aconteció impidiendo un análisis de fondo de la problemática denunciada, es más, no analizó en su integridad la “Resolución” cuestionada, pues no identificó en que parte se realizó una mala valoración, interpretación, aplicación y absurdo jurídico, limitándose a referirse a cada uno de los agravios, evidenciando así falta de carga argumentativa, cuando más bien existió respuesta a cada uno de estos; siendo así, el pronunciamiento de alzada no resulta insuficientemente motivado, arbitrario, incongruente, absurdo, “lógico” o con error evidente, al encontrarse debidamente fundamentado, cumpliendo la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional, valorando todos los elementos de prueba con el fin de ratificar la detención preventiva; d) No existe persecución ilegal, tampoco se demostró un riesgo a la vida del impetrante de tutela; y, e) En audiencia no fundamentó por qué ya no concurre el peligro de obstaculización, no siendo posible el restablecimiento de formalidades legales o su derecho a la libertad, en todo caso tiene las vías judiciales para modificar su situación jurídica actual.

La parte accionante, solicitó enmienda y complementación de la resolución dictada, respecto a: 1) Las razones por las que no se puede aplicar la “…Sentencia Constitucional 703/2020…” (sic), que estableció la no exigencia de carga argumentativa cuando se cuestione interpretación de la legalidad ordinaria; 2) Se concluye que, es posible revisar la interpretación de la legalidad ordinaria cuando se vulneren derechos y garantías constitucionales, cuando el presente caso se trata de una persona detenida por un delito de contenido patrimonial, siendo el único privado de libertad, mientras que el resto de los procesados gozan de libertad en desmedro del art. 12 -se entiende del CPP-; y, 3) La incongruencia es verificable a simple vista por la confusión del Auto de 17 de noviembre con el Auto de 17 de diciembre, ambos de 2021. Ante lo cual, el Juez de garantías, alegando la inexistencia de algo que enmendar o aclarar, por ser claros los fundamentos expuestos respecto a la aplicación de la jurisprudencia constitucional vinculada a la carga argumentativa, así como de la fundamentación y congruencia de la resolución, rechazó la enmienda y aclaración solicitadas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de consideración de cesación de medida cautelar personal de 2 de septiembre de 2022, celebrada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del GAM de Independencia del departamento de Cochabamba contra Félix Martínez Gutiérrez -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332.2 del CP, causa “01/2022”, en la que Rolando Jorge Magne Calle, Juez Público, Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Segundo de Vinto del departamento de Cochabamba, dictó Auto Interlocutorio de la misma fecha, rechazando la mencionada solicitud, decisión que al amparo del art. 251 del CPP fue apelada en la misma audiencia por la defensa técnica del prenombrado (fs. 197 a 203 del Anexo). II.2. Consta acta de audiencia virtual de apelación incidental de medida cautelar personal celebrada el 26 de septiembre de 2022 (fs. 227 vta. anexo), en la cual, María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy accionada- dictó el Auto de Vista 274/2022, declarando procedente en parte la impugnación planteada con relación a la “…incorrecta aplicación de la disposición jurisprudencial que fuera enunciada por la autoridad de instancia, no obstante al advertirse aquellas no resultan trascendentes para motivar una modificación en el decisorio, se confirma la resolución de 02 de septiembre de 2022” (sic [fs. 228 y 231 vta. del Anexo]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, vinculados con su derecho a la libertad; en razón a que, la Vocal accionada al emitir el Auto de Vista 274/2022, que confirmó el rechazo de su solicitud de cesación a la detención preventiva: i) Omitió referirse a las razones por las que no aplicó los principios de favorabilidad, última ratio y excepcionalidad de la detención preventiva, máxime si persiste únicamente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, pudiendo ser evitada la medida cautelar extrema, aplicando medidas cautelares personales distintas; asimismo, no efectuó el análisis y valoración de la prueba, aplicando los arts. 7, 221, 222, 231 bis, 233, 235 ter y 250 del CPP, tampoco valoró de manera integral la prueba adjunta a su solicitud de cesación de la misma, bajo el argumento de que esta ya había sido valorada; y, ii) No consideró el Auto Interlocutorio de 30 de diciembre de 2021, que le estableció el referido riesgo procesal, sino el Auto de Vista de 17 de noviembre de igual año, que se refirió a las circunstancias de otro coacusado, confundiendo además este último con el Auto de Vista de 17 de diciembre del mismo año. En respuesta a dicho reclamo, la autoridad judicial accionada señaló que: a) El impetrante de tutela incurrió en falta de técnica recursiva al limitarse a reiterar los argumentos señalados ante el Juez a quo, lo cual no satisface la carga argumentativa debida según el art. 396.3 del CPP, que no puede ser subsanada por el Tribunal de alzada, dada la imparcialidad que rige su actividad; y, b) Solo expresó disconformidad con lo resuelto, lo que no es suficiente para que se conceda la tutela, siendo que el Auto de Vista cuestionado no se apartó de los marcos de la legalidad o razonabilidad, ni valoró arbitrariamente la prueba. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. De la obligación de los tribunales de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar restrictiva del derecho a la libertad.

Jurisprudencia reiterada

Sobre esta temática, la SCP 0201/2024-S2 de 28 de mayo, citando la SCP 0158/2022-S3 de 31 de marzo, sostuvo que: «“…el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación; sobre el particular, la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la determinación del tribunal de apelación que revisa una resolución que ha impuesto, revocado, modificado una medida cautelar o que sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva por su vinculación con los derechos a la libertad y a la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada entre otras por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en su Fundamento Jurídico III.2, señala que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación (…) esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada…

(…) Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los mismos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o disponga la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

Por su parte, la SCP 0648/2019-S2 de 5 de agosto, estableció que: “…tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que, en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada”» (las negrillas y el subrayado son añadidos). En este mismo sentido, la SCP 0213/2019-S1 de 7 de mayo, estableció que: “…la exigencia de motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales ligada a una valoración integral de la prueba, constituye una obligación a ser cumplida por las autoridades judiciales a tiempo de emitir los fallos correspondientes, en los que deben plasmarse los motivos de hecho y de derecho, siendo el soporte de sus decisiones arribadas, el valor otorgado a los medios de prueba…”.

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitado el objeto procesal, corresponde ingresar a resolver la problemática contextualizada a partir de los antecedentes procesales que cursan en el expediente constitucional; en consecuencia, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del GAM de Independencia del departamento de Cochabamba contra el ahora accionante y otros, por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332.2 del CP, causa “01/2022”, el Juez Público, Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Segundo de Vinto del mismo departamento, mediante Auto Interlocutorio de 2 de septiembre de 2022, rechazó la solicitud de cesación de la medida cautelar personal -detención preventiva- del prenombrado, decisión que fue recurrida en audiencia al amparo del art. 251 del CPP (Conclusión II.1); ante lo cual, la Vocal hoy accionada, mediante Auto de Vista 274/2022 de 26 de septiembre, declaró procedente en parte la apelación incidental con relación a la “…autoridad de instancia, no obstante al advertirse aquellas no resultan trascendentes para motivar una modificación en el decisorio, se confirma la resolución de 02 de septiembre de 2022” (sic [Conclusión II.2]). En este contexto, en el marco del cuestionamiento constitucional promovido, inicialmente es preciso remitirnos a los agravios expresados en la audiencia de apelación incidental por la defensa del ahora accionante, así como a los motivos y fundamentos jurídicos expresados por la autoridad judicial accionada en el Auto de Vista 274/2022, a fin de establecer, en un contraste y verificativo argumentativo si las lesiones denunciadas resultan o no evidentes. Agravios expuestos en la apelación incidental El abogado del ahora accionante identificó los siguientes agravios: 1) La inobservancia de los arts. 7, 221, 222, 331 bis, 235 ter y 250 del CPP considerado como catálogo de normas para la aplicación de medidas cautelares -personales-, bajo el argumento de que solo persiste un riesgo procesal y que no pretendía desvirtuarlo, habiendo solicitado únicamente la aplicación de medidas cautelares que garanticen los fines del proceso conforme prevén los arts. “221 y 222”, los cuales junto a las demás previsiones legales no fueron mencionados en el “Auto Interlocutorio”, incurriendo así en falta de motivación y fundamentación; 2) La errónea aplicación de la SCP 0878/2019-S4 de 9 de octubre, que es un precedente relativo a un delito de feminicidio, por lo que, no es aplicable al caso y no tiene pertinencia con el fundamento jurídico por el que se rechazó -se entiende su solicitud de cesación-;

3) Con relación a la valoración de elementos probatorios, el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, se construyó en aspectos que ya fueron modificados considerablemente, como ser la existencia de acusación, que permite determinar a qué personas o testigos puede influenciar, habiendo presentado informe conclusivo “...que no es funcionario de la alcaldía a efectos de que pueda influir negativamente...” (sic); asimismo, que la intensidad de dicho riesgo procesal disminuyó, pero esas pruebas no fueron valoradas en audiencia de “4 de julio”; y,

4) Al ser el único detenido preventivamente en el caso, corresponde aplicar los principios de favorabilidad y proporcionalidad, disponiendo medidas cautelares personales. Contenido de la Resolución de alzada

La Vocal accionada, sustentó la decisión adoptada en el Auto de Vista 274/2022, en los siguientes argumentos:

i) Citando los arts. 23 de la CPE; y, 221 y 231 del CPP, sostuvo que, en el caso debe tenerse como norte orientador la precisión de las circunstancias, “…en función a la evitación del daño procesal…” (sic), de modo tal, que la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley pueda verificarse; y, si bien la “…SC 712/2015 del 3 de julio…” (sic) y el art. 124 del CPP, imponen a los juzgadores el deber de fundamentación, también es extensible esta obligación a los sujetos procesales conforme establece el art. 396.3 del CPP, no siendo suficiente la repetición de los argumentos expresados ante el Juez a quo, como ocurre en el caso concreto con los motivos del procesado respecto a la inobservancia del catálogo de normas vinculadas a medidas cautelares, así como la inobservancia del deber de fundamentación y la mala valoración de los elementos de convicción, a pesar de haber sido apercibido en alzada a que exprese los agravios; ii) En el fallo apelado, se expresó de manera concreta e integral la fundamentación en la que sustenta el decisorio asumido, misma que se advierte se vincula con la consideración de los elementos de convicción acompañados en su oportunidad a objeto de minimizar el riesgo de obstaculización, no siendo evidente disquisición ejercida por el defensor técnico, pues debe señalarse que “...en la audiencia de 19 de julio, no hubieran sido objeto de consideración, no es menos cierto y emergente de la valoración integral que se hace del legajo incidental remitido y conforme a la petición formulada por la misma parte, se verifica que aquellas fueron objeto de un pronunciamiento expreso en una audiencia recursiva verificada el 17 de noviembre de 2021, ante la Sala Penal Cuarta, en cuyo tenor y de manera expresa concurre un pronunciamiento por la autoridad citada relativa a la falta de idoneidad de tales, relacionada en esencia a la participación de múltiples imputados, así como testigos, refiriendo que el indicador que es objeto de consideración no fuera únicamente motivado a razón de los citados antecedentes, sino en esencia por haberse evidenciado que el imputado hubiera desplegado acciones a objeto de influir en una testigo quien ha sido identificada como la ciudadana Fanny Blanco Maldonado, habiendo referido en relación a la precitada le hubiera enseñado la forma en que esta debía prestar su declaración, habiendo manifestado ante la solicitud de los funcionarios policiales que diga la verdad de los hechos, admitiendo la primera declaración presentada por la aludida ciudadana resultaría falsa, también similar circunstancia en lo pertinente a la locación o a la disquisición que se ejercita relativa a la ubicación de un domicilio que tendría el imputado en la localidad de Quillacollo distinto a aquel en el que hubieran acontecido los hechos, dado que infiere la autoridad de instancia aquel siquiera resulta pertinente merced de advertirse los sustentos que motivaron la configuración del citado riesgo, por lo que no se apercibe en relación al presupuesto que es objeto de consideración que la conclusión a la cual arriba la autoridad de instancia resulte equivoca en sentido de manifestar que no concurren en la audiencia verificada elementos de convicción que resulten idóneos, amén de referir también los otros hubieran sido ya objeto de pronunciamiento, lo cual no se advierte resulte equivoco conforme los fundamentos que han sido desarrollados líneas arriba” (sic). iii) Si bien la SCP 0878/2019-S4, invocada por el Juez a quo no presenta “identidad fáctica” con el caso concreto, no constituye un agravio a los derechos del recurrente, al recoger jurisprudencia citada por este vinculada a la exigibilidad de valoración integral de los elementos de prueba y la situación jurídica del imputado, pero además hizo referencia a la carga argumentativa exigible a la parte interesada, coherente con la “SC 611/2018” referida a la “reversión” de la carga de la prueba en materia de cesaciones de medidas cautelares, explicando la naturaleza variable o mutable de estas, pues las determinaciones que las imponen no asumen calidad de cosa juzgada formal, siempre y cuando se verifiquen los presupuestos de los arts. 233, 234 y 235 -se asume del CPP-, haciendo hincapié la autoridad de instancia en que la cesación se basó en la presentación de nuevos elementos de convicción, que en su criterio no fueron suficientes para el fin pretendido;

iv) La inferencia de que se enervó el riesgo procesal y que por ello ya no serían aplicables medidas cautelares, no emerge de los juzgadores, pues de darse esta eventualidad corresponde aplicar la norma, incluso levantando aquellas que fueron impuestas si se acredita en derecho; en tal sentido, no se advierte ausencia de razonabilidad en los alegatos de la autoridad de instancia con relación a que el procesado no satisfizo la carga argumentativa que evidencie el modo en que debió aplicarse el principio de favorabilidad, además de no haber explicado por qué la medida cautelar que soporta es desproporcional a los fines del proceso, ni mucho menos la afectación al principio de presunción de inocencia, ya que dada su naturaleza, a través de las medidas cautelares no se dilucida la culpabilidad o inocencia del imputado, tampoco es posible el análisis comparativo respecto a los otros coimputados, en razón a que conforme refiere el Juez a quo este aspecto se verificará, analizando en el caso concreto la situación jurídica de cada uno de ellos; y, v) No se advierte carga argumentativa evidenciando la trascendencia de los elementos de convicción presentados, pues el procesado se limitó a ratificar la prueba presentada para minimizar el riesgo procesal, tampoco explicó si cuenta con arraigo natural, lo cual resulta significante para verificar si es posible aplicar “medidas diversas” como la detención domiciliaria, omisión que no puede ser subsidiada por el Tribunal de alzada, dado el principio de imparcialidad, máxime cuando se pretende un pronunciamiento que prescinda de los argumentos del Juez a quo que motivaron el rechazo de su solicitud, así como la verificación de la premisa fáctica como la condición de “la ciudadana” precautelando la integralidad de su declaración, lo cual no es posible en virtud a la restricción competencial que existe en alzada.

Efectuado este necesario desarrollo, corresponde ingresar a resolver -según corresponda- cada una de las problemáticas que integran la delimitación procesal efectuada precedentemente. En cuanto al punto i) del objeto procesal El accionante alega que, la Vocal accionada omitió referirse a las razones por las que no aplicó los principios de favorabilidad, última ratio y excepcionalidad de la detención preventiva, máxime si persiste únicamente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, pudiendo ser evitada la medida cautelar extrema, aplicando medidas cautelares personales distintas; asimismo, no efectuó el análisis y valoración de la prueba, aplicando los arts. 7, 221, 222, 231 bis, 233, 235 ter y 250 del CPP; ni tampoco valoró de manera integral la prueba adjunta a su solicitud de cesación de la misma, bajo el argumento de que esta ya había sido valorada, lo que repercutiría en la lesión de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba vinculados con su derecho a la libertad. Al respecto, cabe aclarar que si bien se entiende que el impetrante de tutela asimila la denunciada presunta actuación omisiva con el componente de la congruencia; empero, en realidad a partir de la composición del acto lesivo denunciado, este encuentra consonancia con una probable omisión de aplicación normativa y exposición motivacional vinculada a la apreciación probatoria, lo que permite enmarcarla en las vertientes de la fundamentación y motivación interrelacionada con la valoración de la prueba. Con dicha aclaración y de la revisión al Auto de Vista 274/2022 cuestionado, se advierte que, abordando los planteamientos de agravio deducidos en instancia de alzada, de manera suficiente expuso las razones de hecho y derecho por las que asumió la determinación de confirmar el Auto Interlocutorio recurrido, dado que, en el armazón argumentativo desarrollado, partió su examen jurisdiccional remitiéndose a los arts. 23 de la CPE; y, a los arts. 221 y 231 del CPP, resaltando que conforme el art. 396.3 del adjetivo penal, los sujetos procesales al igual que los juzgadores también se encuentra obligados a respaldar adecuadamente sus agravios, no siendo suficiente la repetición de los argumentos expresados ante el Juez a quo, como ocurrió en el caso concreto; para seguidamente, validar el fallo apelado reconociéndole un contenido de expresión integral y de fundamentación, al considerar en lo central que, se vincula con la consideración de los elementos de convicción acompañados para minimizar el riesgo de obstaculización -art. 235.2 del CPP- y consecuente valoración integral; para sostener que, no se advierte ausencia de razonabilidad en los argumentos del Juez a quo, guiados en que el procesado -hoy accionante- no satisfizo la carga argumentativa que evidencie el modo en que debió aplicarse el principio de favorabilidad, además de no explicar por qué la medida cautelar personal que soporta es desproporcional ni mucho menos la afectación al principio de presunción de inocencia, considerando el alcance de dicho instituto procesal, sumado a que, tampoco es posible el análisis comparativo respecto a los otros coimputados, en razón a que la situación jurídica es analizada individualmente; concluyendo en que, no sustentó la trascendencia los elementos de convicción que presentó, al limitarse a ratificar la prueba aportada para minimizar el antes referido riesgo procesal. En tal sentido y bajo la necesaria precisión del contenido argumentativo que sostiene el fallo de alzada observado a través de esta acción tutelar, se puede afirmar que, el mismo contiene la debida fundamentación y motivación interrelacionada con la valoración de la prueba, considerando que, tal cual se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los Tribunales de alzada que conozcan en grado de apelación la determinación que disponga, modifique o mantenga alguna medida cautelar restrictiva del derecho a la libertad, tienen la obligación de emitir su decisión en el marco del debido proceso, cumpliendo los mencionados parámetros del debido proceso, precisando y valorando integralmente los elementos de convicción que sustentan su decisión, así como expresar los motivos de hecho como de derecho sobre la concurrencia y/o persistencia de los presupuestos jurídicos requeridos para la imposición de la medida restrictiva del derecho a la libertad; y, si bien no es necesaria una amplia exposición de consideraciones ni citas legales, debe expresarse de forma concisa y clara a objeto de dar certeza a las partes de las razones que llevaron a asumir tal decisión. Consiguientemente, al no advertirse lesión de la garantía al debido proceso en los elementos fundamentación y motivación con implicancia en la valoración de la prueba, vinculados con el derecho a la libertad del accionante, corresponde denegar la tutela solicitada, en cuanto a este punto de verificación constitucional.

Respecto al punto ii) del objeto procesal El impetrante de tutela reclama que, la Vocal accionada no consideró el Auto Interlocutorio de 30 de diciembre de 2021, que estableció el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, sino el Auto de Vista de 17 de noviembre de igual año, que se refirió a las circunstancias de otro coacusado, confundiendo este último además con el Auto de Vista de 17 de diciembre del mismo año, lo que incidiría en la lesión del debido proceso en su componente de motivación arbitraria vinculada a la libertad. Al respecto, del examen al Auto de Vista impugnado, se puede advertir que, evidentemente incluye dentro sus argumentos aspectos vinculados a la audiencia recursiva desarrollada el 17 de noviembre de 2021, que a prima facie involucraría la consideración y definición de la situación jurídica de otro coacusado (fs. 193 a 196 vta. del Anexo); no obstante ello, ese defecto y/o imprecisión argumentativa que podría encuadrarse en la deficiencia jurisdiccional de una motivación arbitraria, carece de relevancia constitucional considerando que -como se tiene previamente establecido- el componente central del armazón de respaldo fáctico y jurídico que sustenta dicho pronunciamiento contiene la adecuada exposición de motivos en la esfera fáctica como jurídica vinculada con el objeto del planteamiento del accionante en instancia de alzada, relacionado con la intención de modificación de su condición procesal de detenido preventivo. En este sentido y aun de establecerse la existencia de esa deficiencia jurisdiccional, es pertinente aplicar el entendimiento jurisprudencial contenido en la SCP 0005/2023-S3 de 17 de febrero, que citando la SCP 0005/2019-S2 de 19 de febrero, sostuvo: “‘…Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva Resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional. Con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna”’ (las negrillas nos pertenecen); subsecuentemente, en el caso de análisis, la eventualidad de disponerse la corrección que pudiese corresponder a la evidenciada motivación advertida, ello no tendrá incidencia en el resultado final, en razón a que, -se reitera- el conglomerado motivacional y el decisorio central en el fondo contiene la suficiente fundamentación y motivación con implicancia en la valoración probatoria en cuanto a la resolución de la situación jurídica del accionante en alzada respecto a su solicitud de cesación de la medida extrema, en correlación a la cual no tendrá efecto modificatorio sobre el fondo de la decisión asumida por la Vocal accionada, por lo que, bajo la labor previsora de este Tribunal tampoco resulta posible viabilizar el resguardo constitucional solicitado respecto a este componente de lesividad formulado por carecer de relevancia constitucional. En consecuencia, Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, aunque en parte con otros fundamentos, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución de 28 de octubre de 2022, cursante de fs. 27 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los razonamientos expuestos precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0280_2025-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): b7ab691fb397a0a2e0254b507ec03faf9e38a3703613cf03c6f6df0ca6299943

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