B.IA.LEGAL

SCP 0277/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 21 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
21 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
51547-2022-104-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el Director demandado no emitió la resolución o informe de clasificación del cuarto período de sistema progresivo, siendo conminado el 12 de mayo de 2022 por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante oficio, para la emisión de ese requisito indispensable para poder acogerse al beneficio penitenciario de libertad condicional, transcurriendo más de cinco meses y hasta la fecha no se ha beneficiado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 27/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho, en base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que el Director demandado emita la resolución o informe de clasificación del cuarto período de sistema progresivo en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación con el presente fallo constitucional; salvo que por el paso del tiempo ya hubiere sido procesada. 3º Exhortar a David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0277/2025-S3 Sucre, 21 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 51547-2022-104-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 27/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Vladimir Quispe Villca contra David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de octubre de 2022, cursante de fs. 18 a 19 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, con NUREJ 20269879, por el delito de violación de infante, niño, niña y adolescente con agravante, radicado en el Juzgado de Ejecución Primero de El Alto del departamento de La Paz, se dictó Sentencia condenatoria de cinco años, por lo que al cumplir tres años y ocho meses de la sanción en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, solicitó el beneficio de libertad condicional ante el referido juzgado, debiendo cumplir dos requisitos para ser beneficiado, el primero demostrar domicilio donde vivirá y el segundo adjuntar resolución de clasificación del cuarto periodo del sistema progresivo. El 12 de mayo de 2022, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, conminó al Director del Centro Penitenciario San Pedro de la misma ciudad, mediante oficio, para la entrega de la resolución del cuarto período de clasificación, pero a pesar de la insistencia de su padre y abogado defensor hasta la interposición de la presente acción de libertad traslativa, no atendieron su solicitud, ocasionándole un gran perjuicio, encontrándose afectado su derecho a la libertad, quebrantando el debido proceso y garantías constitucionales inmersas en los art. 22, 178.I, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 115.II, 178 y 180 de la CPE y Convenios Internacionales en apego al art. 125 y 126 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, debiendo el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz responder en el día a la conminatoria emitida por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual, el 14 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 30 y 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó en su integridad los argumentos señalados en su memorial de acción de libertad y amplió en los siguientes términos: a) Encontrándose detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por una sentencia condenatoria de cinco años, de la cual cumplió tres años, ocho meses y doce días, solicitó acogerse al beneficio de libertad condicional de la pena por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; b) El 12 de mayo del 2022, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante oficio conminó, al Director del Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento, remita la Resolución de Clasificación del Cuarto Período del Sistema Progresivo, siendo uno de los requisitos para el mencionado beneficio; c) Transcurrieron cinco meses desde la conminatoria, sin haber respuesta y sin obtener su libertad, encontrándose indebida e ilegalmente detenido; y, d) Requirió que el recinto penitenciario entregue la resolución de clasificación del cuarto periodo para que el accionante pueda beneficiarse de la libertad condicional. En audiencia pública virtual, el accionante a la pregunta del Juez de garantías sobre si fue notificado con alguna convocatoria, respondió que “Si a la primera convocatoria si y a la segunda me dijeron que me tenían que hacer llamar y no me llamaron hasta ahora, en las diferentes áreas, asistí a la primera convocatoria solo me faltaba el área de educación” (sic), aspectos que no hizo conocer a su abogado defensor.

I.2.2. Informe del demandado

David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no presentó informe escrito; empero, en audiencia virtual señaló que el privado de libertad solicitó la resolución de clasificación del cuarto periodo del sistema progresivo, documentación que se encuentra en el área jurídica del recinto penitenciario. El Juez de garantías cedió la palabra al abogado del recinto penitenciario, quien expresó que: 1) El 12 de mayo de 2022, llegó la solicitud judicial para la clasificación del cuarto periodo del sistema progresivo del accionante; 2) El privado de libertad tiene la obligación de revisar los informes psicosociales enviados con el certificado de permanencia y conducta de 28 de junio de la misma gestión; 3) Por norma del recinto penitenciario la clasificación del cuarto periodo es presencial, por lo que se le comunicó y convocó el 27 de mayo y 9 de septiembre del 2022, para las audiencias de clasificación presencial, establecer su evaluación en presencia de los especialistas y verificar el avance del preso; 4) El accionante no se presentó en las dos fechas señaladas, no pudiendo realizarse la evaluación del avance del reo e impidiendo elaborar lo solicitado, siendo falso lo que expuso; 5) Los trámites que recepcionan en el penal, se envían al consejo penitenciario, en la solicitud del impetrante de tutela se elaboró los informes correspondientes, encontrándose pendiente el de permanencia y conducta en los cuales debe estar presente el privado de libertad; y, 6) Se debe considerar que, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz hay más de 3000 detenidos y los profesionales encargados para realizar los trámites, tienen mora acumulada en el área de psicología para que después pase al área médica, tardando regularmente tres semanas en despachar.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 27/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 32 a 34, denegó la tutela impetrada, exhortando al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en su calidad de responsable, realizar un mayor control para responder oportunamente los trámites de los privados de libertad; basándose en los siguientes fundamentos: i) Ante la solicitud del beneficio de libertad condicional de la pena por cumplir con una parte significativa de la pena, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz le requiere dos requisitos principales, demostrar domicilio y adjuntar resolución de clasificación de cuarto período del Centro Penitenciario San Pedro; ii) El 12 de mayo de 2022, se entrega la orden al referido recinto penal para la emisión de la respectiva resolución a favor del impetrante de tutela y al presente no hubo respuesta, habiendo transcurrido más de tres meses en la tramitación; iii) El demandado refirió que para la emisión de estos informes o resoluciones la modalidad es presencial, para acelerar la causa; iv) El privado de libertad no se presentó a la convocatoria efectuada, motivo por el cual el penal demoró en el procesamiento, aspecto que no es justificable para que el trámite quede paralizado y no depende del privado de libertad que esta cumpliendo una condena en el recinto penitenciario, debiendo procesarse hasta su conclusión; v) Cuando las solicitudes no se despachan a tiempo, se acumulan en cualquier institución; sin embargo, los “Jueces de Ejecución Penal” son los responsables de la ejecución de las sentencias condenatorias y del control de los procesos de cumplimiento de las penas, impidiendo que esta instancia pueda dilucidar el aspecto de fondo de la presente acción, debiendo el accionante reclamar ante dicha autoridad para que establezca como hacer cumplir su determinación, que es netamente procedimental; y, vi) El impetrante de tutela está cumpliendo una pena privativa de libertad y los beneficios posteriores a ésta deben ser revisados de manera permanente por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto, por lo que ante cualquier vulneración de cualquier derecho se debe acudir directamente a dicha autoridad; lo cual no ocurrió en el presente caso “…por lo que no se tiene la vinculación a su derecho a la libertad” (sic). La defensa del accionante en vía de complementación y enmienda, peticionó al Tribunal de Garantías que la acción estaba ligada a la libertad del accionante, determinándose claramente la negligencia y falta de responsabilidad del Director del Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, por lo que, en vía de complementación y enmienda disponga un plazo de cuarenta y ocho a setenta y dos horas para cumplir la solicitud en mérito al derecho a la libertad y al debido proceso peticionado. En mérito a la solicitud, el Tribunal de Garantías, manifestó que, se exhortó de manera general para el despacho de todos los trámites a la brevedad y al haber un juez de control de garantías deberá acudir ante esa autoridad que ejerce control jurisdiccional por ser un privado de libertad con sentencia condenatoria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por oficio 1296/2022 de 11 de mayo, con cargo de recepción de 12 del mismo mes y año, el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, conminó con un plazo no mayor a tres días, al Director del Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento -demandado-, remitir la resolución de clasificación del cuarto período del sistema progresivo del accionante (fs. 2). II.2. Del Certificado de Permanencia y Conducta, de 28 de junio de 2022, emitido por el Director y la Encargada de Archivo, ambos del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, se estableció que Richard Vladimir Quispe Villca -accionante- se encontraba detenido en el penal “…TRES AÑOS, CINCO MESES Y DIEZ DIAS…” (sic [fs.27 vta.]). II.3. Según nota de 9 de septiembre de 2022, emitida por el Área Legal del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz dirigida al Director del mismo penal, se hizo conocer lista de clasificación del Consejo Penitenciario a considerarse para el 15 del mismo mes y año a horas 14:30, encontrándose registrado el accionante (fs. 29 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el Director demandado no emitió la resolución o informe de clasificación del cuarto período de sistema progresivo, siendo conminado el 12 de mayo de 2022 por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante oficio, para la emisión de ese requisito indispensable para poder acogerse al beneficio penitenciario de libertad condicional, transcurriendo más de cinco meses y hasta la fecha no se ha beneficiado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: “La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad”. (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado

La SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico señalando que: “La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele” (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el Director demandado no emitió la resolución o informe de clasificación del cuarto período de sistema progresivo, siendo conminado el 12 de mayo de 2022 por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante oficio, para la emisión de ese requisito indispensable para poder acogerse al beneficio penitenciario de libertad condicional, transcurriendo más de cinco meses y hasta la fecha no se ha beneficiado. Ahora bien, el caso que se analiza, conforme a los hechos expuestos por el impetrante de tutela y de las conclusiones del presente fallo constitucional, el privado de libertad tiene una sentencia condenatoria de cinco años en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, de la que cumplió tres años y ocho meses, por lo que, solicitó al Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz beneficiarse con la libertad condicional. En atención a ello le requirieron dos requisitos, siendo uno de ellos la resolución o informe de clasificación del cuarto período de sistema progresivo; por lo que, mediante oficio de 11 de mayo de 2022 se conminó al Director del Centro referido remitir dicho documento en un plazo no mayor a tres días hábiles (Conclusión II.1); empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad (14 de octubre del mismo año), no se cumplió dicha orden, habiendo transcurrido cinco meses de dilación. Asimismo, se debe tener presente, que los beneficios penitenciarios son aplicables a las personas cuya situación jurídica se encuentra definida ante la existencia de una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, pudiendo solicitar la aplicación de los mismos entre ellos la libertad condicional, cumpliendo los requisitos exigidos por ley y tratándose de una vía para que el condenado pueda recuperar su libertad se halla directamente vinculada a este derecho. En efecto, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad, en la modalidad traslativa o de pronto despacho constituye el recurso idóneo para la atención del presente caso; puesto que, toda autoridad del régimen penitenciario que conozca una solicitud de un recluso que en alguna medida implique una definición jurídica vinculada a la libertad del mismo, debe tramitarla con diligencia en aplicación del principio de celeridad citado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En consecuencia, resulta evidente que el demandado, obvió actuar con la debida diligencia y celeridad, al no emitir la resolución o informe solicitado por el accionante para que pueda acceder al beneficio de libertad condicional, actuar que resulta injustificado y contrario a los postulados de una justicia pronta, plural, oportuna, gratuita y sin dilaciones previstos en el art. 115 de la CPE, vulnerando así el derecho al debido proceso en su elemento de celeridad; el Juez de Garantías no valoró correctamente la dilación en la cual incurrió el demandado, no consideró la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; exhortando al demandado para que efectué un mayor control para un despacho oportuno de trámites, lo cual no implica reparar los derechos vulnerados; por ello, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 27/2022 de 14 de octubre, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho, en base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que el Director demandado emita la resolución o informe de clasificación del cuarto período de sistema progresivo en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación con el presente fallo constitucional; salvo que por el paso del tiempo ya hubiere sido procesada. 3º Exhortar a David Rodolfo Machicado Cuela, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, a no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0277_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): a863becf6809d766e90812f6a8498b82d4be882342f136d8c2e9b26dba4cdf55

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