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SCP 0276/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52952-2023-106-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada por el Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, por la lesión de los derechos al debido proceso en su vertiente acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a la tutela judicial efectiva; así como, al principio de celeridad vinculados con la libertad del accionante; en los mismos términos dispositivos del Juez de garantías.

2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la defensa y al principio de presunción de inocencia, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

3° Llamar la atención a Elvis Isaac López Moya, Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; extensiva también a Lucero Alegre, Secretaria del referido Juzgado, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en casos de medidas cautelares
  3. III.3. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0276/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52952-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 07/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Gilfredo Antelo Ortiz en representación sin mandato de Ronald Edgar Patiño Tito contra José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, en suplencia legal de su similar Segundo.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a libertad; a la defensa; al debido proceso en su vertiente de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a la tutela judicial efectiva; así como, de los principios de presunción de inocencia y de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del violencia familiar o doméstica, solicitó cesación de su detención preventiva; no obstante, el Juez demandado, optó por ordenar la remisión del expediente a un “Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal de Turno”, declarándose incompetente, ante el pliego acusatorio presentado por el Ministerio Público siete días después de su solicitud, omitiendo señalar audiencia para resolver sobre la modificación de la medida cautelar personal impetrada. José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, actuando en suplencia legal de su similar Segundo, según acta de audiencia de la acción tutelar, presentó informe escrito el 29 de diciembre de 2023 a horas 12:25; sin embargo, éste, no fue remitido en el expediente constitucional. Henry Michael Franco Camacho, Fiscal de Materia, en su intervención en audiencia y ante la consulta del Juez de garantías sobre la solicitud de modificación de medida cautelar con cargo de recepción de 22 de diciembre de 2022, señaló que, cuando fue presentada la acusación formal, ésta fue providenciada, y si bien la parte accionante no fue notificada, de manera previa pudo buscar la reparación de esa vulneración; asimismo, refirió que el mencionado memorial, debió ser remitido en el trámite de apelación incidental, inherente a una anterior solicitud de cesación de la detención preventiva que fue rechazada. El Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 57 a 59 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que, independientemente que la causa penal fuese tramitada en la instancia procesal que corresponda, la autoridad judicial demandada resuelva la solicitud de modificación de medida cautelar personal formulada por el accionante dentro del plazo establecido por el procedimiento penal y la jurisprudencia constitucional, señalando audiencia pública para su evaluación, lo que no implica retrotraer el trámite, pues su obligación se limita a resolver dicha petición de forma positiva o negativa; fundando su fallo, en la falta de pronunciamiento de la autoridad demandada sobre la mencionada solicitud, generando dilación indebida. Por otra parte, en la vía de aclaración, enmienda y complementación impetrada por el accionante, el mencionado Juez de garantías, en sustanciación y resolución, ordenó notificar inmediatamente la parte resolutiva del fallo constitucional emitido, al Juez demandado para su cumplimiento. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, luego de realizar una sistematización de la línea jurisprudencial, recogió el estándar más alto de protección en esta temática y entendió que:

Toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. En dicho orden, la citada Sentencia, precisó las siguientes subreglas:

En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en casos de medidas cautelares

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo [énfasis añadido].

Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que, una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.

III.3. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva

En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto se ha pronunciado sobre el deber de las autoridades judiciales para cumplir con el plazo previsto para el señalamiento de audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, estableciendo el siguiente entendimiento:

En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.

Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud [las negrillas son propias].

III.4. Análisis del caso concreto

Antes de ingresar al examen de fondo cabe precisar que la aseveración del representante del Ministerio Público en su intervención en la audiencia de garantías, concerniente a la inobservancia del principio de subsidiariedad excepcional argumentando que, el peticionante de tutela debió impugnar la remisión de antecedentes del proceso al juez y/o tribunal de sentencia mediante recurso de reposición, no puede acogerse, puesto que, el acto lesivo denunciado no se traduce propiamente en la remisión de antecedentes por el pliego acusatorio, sino que dicho envío se realizó sin resolver previamente el planteamiento dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas para señalar audiencia y resolver la cesación de la detención preventiva. Hecha esa precisión, amerita puntualizar que de los antecedentes relevantes se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ronald Edgar Patiño Tito -ahora impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por memorial presentado el 22 de diciembre de 2022, ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba -demandado-, en suplencia legal de su similar Segundo, el accionante solicitó cesación de su detención preventiva, invocando la causal prevista en el art. 239.1 del CPP (fs. 20); petición que sin embargo, remitido el cuaderno procesal al Juez de garantías de esta acción de tutela, en inmediación del mismo, evidenció la falta de providencia a dicha solicitud. Del mismo modo, la nombrada autoridad, advirtió que ante la presentación de la acción formal por parte del Ministerio Público cursaba pliego acusatorio de 27 de diciembre de 2022 contra el peticionante de tutela, dirigido al Juez demandado, y que éste mediante providencia de igual data, dispuso la remisión del cuaderno procesal al “Juzgado de Sentencia Penal de turno” de Colcapirhua del departamento de Cochabamba (fs. 58). Ahora bien, el Juez demandado al no haber señalado la audiencia de cesación a la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas de formulada la solicitud efectuada el 22 de diciembre del 2022, tal como dispone el art. 239 del CPP, ha incumplido su deber de tramitar la misma con la mayor celeridad y dentro del plazo establecido, restringiendo indebidamente de esa manera el derecho a la libertad personal del accionante, conforme establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, asimismo ha agravado la dilación en la que incurrió al haber dispuesto llanamente la remisión del cuaderno procesal ante el Juzgado de Sentencia Penal de Turno -se entiende de Colcapirhua del departamento de Cochabamba-, en razón de haberse presentado la acusación formal, desconociendo con ello que al haberse ya formulado ante su despacho la solicitud de cesación de la detención preventiva y no estar radicada la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, mantenía su competencia para resolver ese pedido, en cuyo caso, correspondía no solo que señale audiencia sino que a tiempo de ordenar la remisión de la acusación, disponga que quede en su despacho copia de las piezas procesales indispensables para resolver la solicitud, para luego remitirlas junto con la resolución que pronuncie en audiencia, tal como ha entendido la jurisprudencia constitucional citada en Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. Consecuentemente, el comportamiento procesal del Juez demandado, ha provocado una dilación indebida que amerita reparar a través de la acción de libertad de pronto despacho, para la tutela y restitución de los derechos al debido proceso en su vertiente acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al principio de celeridad en vinculación directa con el derecho a la libertad del accionante, así como, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, al no responder a su pedido de cesación de la detención preventiva, que corresponde tutelar en el marco del entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional sobre la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, sistematizada por la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero. Por último, en lo concerniente a la alegada lesión del derecho a la defensa, y principio de presunción de inocencia, este Tribunal no evidencia la forma en la que los mismos hubieran sido lesionados, a efectos de su consideración y resguardo; por consecuencia, corresponde denegar la tutela.

III.4. Otras consideraciones

Resuelto el objeto procesal, corresponde analizar la actuación del Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba en su calidad de Juez de garantías, quien mediante Auto de 28 de diciembre de 2022 (fs. 43), ordenó al Juez demandado remitir el expediente con NUREJ 309503022200038-309502162200049 relacionado con el proceso penal de referencia. Sin embargo, omitió remitir a esta instancia dicha documentación, pese a haberla analizado al referirse a la veracidad de las denuncias como la inexistencia de la providencia de señalamiento de audiencia y el decreto de remisión de antecedentes de 27 de diciembre de 2022; elementos necesarios para su valoración por este Tribunal;

asimismo, en la Resolución 07/2022 de 29 de diciembre -no obstante, a precisar la presentación de informe del Juez demandado- omitió fundamentar los argumentos contenidos en este. Toda vez que dichas omisiones son inherentes al trámite procesal previsto en el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece una obligación de elevar de oficio los antecedentes que hubiesen sido de su conocimiento; amerita llamar la atención a dicha autoridad y a la Secretaria de su Juzgado. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 07/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 57 a 59 vta., pronunciada por el Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, por la lesión de los derechos al debido proceso en su vertiente acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, a la tutela judicial efectiva; así como, al principio de celeridad vinculados con la libertad del accionante; en los mismos términos dispositivos del Juez de garantías.

2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la defensa y al principio de presunción de inocencia, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

3° Llamar la atención a Elvis Isaac López Moya, Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; extensiva también a Lucero Alegre, Secretaria del referido Juzgado, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo.Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo.Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0276_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 798e606ce7d7f83df1dc001199f8e27a46f361dd315f8676099e338b2239e3d7

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