Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de abril de 2025
Concede la tutela
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna; alegando que, a la conclusión de la audiencia de medidas cautelares de 27 de octubre de 2022, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 650/2022; no obstante, el Juez accionado no remitió los antecedentes ante el superior en grado dentro del plazo señalado por el art. 251 del CPP, provocando dilación indebida. Ante ello, la parte accionada niega el contexto de lesividad denunciado; alegando que, el indicado recurso de apelación incidental fue sorteado por el SIREJ el 28 de octubre de 2022 y también remitido al Tribunal de alzada; además, no cuenta con Secretaria titular para el apoyo en las actividades del juzgado que regenta. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro;
y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0275/2025-S2 Sucre, 24 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51453-2022-103-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 13/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Pereira Mamani en representación sin mandato de Max Milton Chinche Cabrera contra William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 31 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 a 3 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras, en audiencia de medidas cautelares de 27 de octubre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro -ahora accionado-, dispuso su detención preventiva por dos meses en el Centro Penitenciario San Pedro del indicado departamento; determinación que, fue apelada a la conclusión del señalado acto procesal; sin embargo, no fue remitida ante el superior en grado, en el plazo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a pesar que el “28” del mismo mes y año entregó los recaudos para dicho cometido; incurriendo la referida autoridad en dilación indebida.
El accionante mediante su representante sin mandato alega la lesión de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna, a ese efecto cita los arts. 23.I y II; 115.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando al Juez accionado, disponga en el día, la remisión del legajo del recurso de apelación incidental; y, remitir antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura por incumplimiento de deberes.
Celebrada la audiencia pública el 31 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 21 a 22 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó el tenor íntegro de la acción tutelar y complementando la misma en audiencia manifestó que, a pesar de haberse efectuado el sorteo del recurso de apelación incidental en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), el mismo no fue remitido ante el superior en grado; toda vez que, el Juez accionado no exhibió el oficio a través del cual se efectuó dicha remisión.
William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito cursante a fs. 20 y vta., manifestó que: a) El recurso de apelación formulado por el peticionante de tutela fue sorteado en el SIREJ el 28 de octubre de 2022, y el respectivo legajo de apelación fue remitido ante el superior en grado; b) Debe considerarse que, el nombrado entregó los recaudos necesarios para la remisión, en la fecha indicada; y, c) Es necesario realizar la revisión de los ocho cuerpos que componen el expediente del proceso penal en cuestión para seleccionar las piezas procesales a ser enviadas y elaborar el acta de la audiencia cautelar que duró tres horas; además, su despacho desarrolla sus actividades con el apoyo de la Secretaria de otro juzgado en suplencia legal.
El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 13/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 23 a 25 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que el Juez accionado de manera inmediata remita ante el superior en grado, los antecedentes del recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela; y, en un plazo prudente el resto de la documentación si la autoridad jurisdiccional lo requiere; determinación asumida con base en el siguiente fundamento: Si bien el accionado refirió que se procedió al sorteo del recurso de apelación incidental en el SIREJ, el 28 del mismo mes y año a horas 16:25; sin embargo, no presentó documentación alguna que acredite la remisión del indicado recurso en el plazo señalado por el art. 251 del CPP.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 650/2022 de 27 de octubre, pronunciado por William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro -ahora accionado- a través del cual dispuso la detención preventiva de Max Milton Chinche Cabrera -hoy accionante- por el plazo de dos meses en el Centro Penitenciario San Pedro del mencionado departamento; asimismo, se advierte que, a la conclusión de la audiencia de medidas cautelares, el prenombrado interpuso recurso de apelación incidental contra la referida determinación (fs. 10 a 17).
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y oportuna; alegando que, a la conclusión de la audiencia de medidas cautelares de 27 de octubre de 2022, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 650/2022; no obstante, el Juez accionado no remitió los antecedentes ante el superior en grado dentro del plazo señalado por el art. 251 del CPP, provocando dilación indebida. Ante ello, la parte accionada niega el contexto de lesividad denunciado; alegando que, el indicado recurso de apelación incidental fue sorteado por el SIREJ el 28 de octubre de 2022 y también remitido al Tribunal de alzada; además, no cuenta con Secretaria titular para el apoyo en las actividades del juzgado que regenta. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0494/2018-S1 de 11 de septiembre, citando a la SCP 0791/2015-S3 de 10 de junio y su similar 0132/2017-S3 de 6 de marzo, precisó: «“El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”» (las negrillas nos corresponden).
De los antecedentes que cursan en el expediente, se advierte que dentro del proceso penal instaurado contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras, el 27 de octubre de 2022, se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, en la que, una vez emitido el Auto Interlocutorio 650/2022, que dispuso su detención preventiva por el lapso de dos meses en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación (Conclusión II.1). En esas circunstancias, el peticionante de tutela denuncia que la autoridad judicial accionada incurrió en dilación indebida; toda vez que, no remitió los antecedentes de su impugnación ante el superior en grado, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP. La jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, estableció que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa ante dilaciones indebidas en todo lo concerniente a la resolución de la situación jurídica de personas privadas de libertad, como consecuencia del incumplimiento de plazos procesales esencialmente; tal es el caso de la remisión del recurso de apelación incidental emergente de la aplicación de la detención preventiva, el cual, debe sujetarse al plazo establecido en el art. 251 del CPP, al constituirse en un medio idóneo e inmediato para la restitución de presuntas lesiones de los derechos de privados de libertad. En el presente caso, habiéndose interpuesto el recurso de apelación incidental el 27 de octubre de 2022, en cumplimiento al art. 251 del CPP, este debió remitirse al Tribunal de alzada hasta el 28 del mismo mes y año, independientemente de contar o no con los recaudos para la elaboración del respectivo legajo con las piezas procesales necesarias; no obstante, no existe evidencia de aquello; toda vez que, el Juez accionado a pesar de haber informado que cumplió con dicha remisión, no acreditó documentalmente ese extremo. Por el contrario, con la intención de justificar la señalada retardación, manifestó que su juzgado no cuenta con Secretaria titular y que la remisión del recurso de apelación incidental ante el superior en grado, implica por un lado, la revisión previa de los ocho cuerpos que componen el expediente de la causa penal en cuestión, para identificar las piezas procesales a ser enviadas; y por otro lado, la transcripción del acta de la audiencia de medidas cautelares que tuvo una duración de tres horas. En ese sentido, es necesario hacer notar que, si bien la SC 0542/2010-R de 12 de julio, de manera excepcional, prevé la ampliación del plazo de remisión del recurso de apelación incidental ante el superior en grado, previsto en el art. 251 del CPP, a tres días en aquellos casos en los que los juzgados tengan recargadas labores o exista cargos en suplencias; sin embargo, la justificación de la autoridad accionada no es atendible favorablemente, porque ni siquiera cumplió con dicha remisión en este último plazo; de manera que, incurrió en dilación indebida, obstaculizando al accionante que se encuentra privado de libertad, a acceder a un mecanismo procesal idóneo para la revisión de la medida cautelar impuesta a su persona; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro;
y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0275_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7431a6cb6fa433d1647570201e0a82f94fa31a2d3b65cc695cb2d1a79607a083
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