Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la vida, debido a que solicitada la cesación de su detención preventiva por cesación del plazo otorgado por el Juez del proceso, no fue atendida debido a que la autoridad demandada extravió su expediente, razón por la cual se encuentra indebidamente detenido sin ninguna consideración a que es persona de la tercera edad.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 10 vta. a 11 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0273/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53720-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 10 vta. a 11 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Sauciri Choque en representación sin mandato de Gerardo Cori Pizarro contra Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, cursante a fs. 6, el accionante manifestó lo siguiente:
El 4 de febrero de 2022, en audiencia de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses que se encuentran vencidos; razón por la cual, conforme a lo establecido por el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó cesación de la detención preventiva, por cumplimiento de plazo; sin embargo, no tuvo respuesta con la excusa de que no encontraban su expediente, razón por la que interpone la presente acción debido a que por ser persona de la tercera edad, está sufriendo las consecuencias de una privación de libertad prolongada que conlleva riesgo para su vida.
Denunció la lesión de su derecho a la vida y a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada que en el término de veinticuatro horas, haga efectiva la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública el 28 de diciembre de 2022, según consta en acta que cursa a fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó su demanda y aclaró que fue cautelado el 4 de febrero de 2022 y que se libró mandamiento de detención preventiva por ciento ochenta días que vencían el 4 de agosto de similar año, y estaba programada la audiencia para el 5 del mismo mes y año, pero el Juez demandado perdió el expediente, motivo por el que la audiencia no fue realizada hasta la fecha, a pesar de haber reclamado por escrito sin ninguna respuesta.
Ricardo Zegarra Coca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia ni presentó informe escrito, constando su notificación en la diligencia a fs. 8.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 17/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 10 vta. a 11 vta., concedió la tutela solicitada y, en su mérito, ordenó al Juez demandado señalar día y hora de audiencia de consideración de la cesación preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas, a fin de dar respuesta al imputado, exponiendo los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre las variantes de la acción de libertad, se encuentra la de pronto despacho a través de la cual se solicita que la autoridad demandada brinde respuesta en los plazos legales y procesales; en el caso, se observa que después del señalamiento de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva por vencimiento de plazo de 5 de agosto de 2022, no existe otro señalamiento de audiencia para considerar el acceso a la libertad por parte del imputado y esto de alguna manera vulnera sus derechos y garantías constitucionales y principios procesales penales como los principios de celeridad y eficiencia; 2) Tampoco existe un argumento válido como es el extravío del cuaderno del proceso, para que no se haya considerado su derecho a acceder a la libertad personal puesto que correspondía disponer la reposición del expediente con la misma finalidad; el no hacerlo vulnera el debido proceso y a obtener una respuesta en un tiempo prudencial y razonable; y, 3) Con dicho fundamento, corresponde reponer actuados procesales y señalar audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva para que se emita el fallo que corresponda, dejando constancia que se aplica la presunción de verdad; toda vez que, la autoridad demandada no remitió informe.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. El Juez Público Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de San Julián del departamento de Santa Cruz, a través de Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022, pronunciado en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gerardo Cori Pizarro por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño o adolescente, determinó su detención preventiva por el lapso de seis meses y, señaló audiencia de cumplimiento de la detención para el 5 de agosto de similar año (fs. 2 a 3). II.2. Cursa igualmente, mandamiento de detención preventiva emitido el 4 de febrero de 2022 (fs. 5).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la vida, debido a que solicitada la cesación de su detención preventiva por cesación del plazo otorgado por el Juez del proceso, no fue atendida debido a que la autoridad demandada extravió su expediente, razón por la cual se encuentra indebidamente detenido sin ninguna consideración a que es persona de la tercera edad.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Conforme señala la SCP 0752/2025-S3 de 11 de julio, la Constitución Política del Estado estipula en su art. 125 que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas corresponden al texto). Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción; y, a la vida. Para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, se dispone los siguientes supuestos para su activación, cuando: i) La vida se encuentre en peligro; ii) Exista persecución ilegal o indebida; iii) Haya procesamiento ilegal o indebido; y, iv) Exista privación de libertad indebida. En ese sentido, la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, resalta las siguientes características de la acción de libertad:
…el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia (las negrillas corresponden al texto) El entendimiento constitucional glosado precedentemente ha sido extraído de la SCP 0090/2018-S2 de 29 de marzo, aplicado en una problemática jurídica similar. De igual forma amerita también hacer referencia a la falta de prueba en la acción de libertad, que coadyuvará en la resolución de la presente causa, en ese sentido la SCP 1397/2022-S2 de 17 de octubre, en su Fundamento Jurídico III.1 establece:
La SCP 2383/2012 de 22 de noviembre, reiterando los fundamentos establecidos en la SC 0320/2010-R de 15 de junio, con respecto a la falta de prueba en la acción de libertad, estableció que: «“…se debe precisar que la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada”; este entendimiento fue reiterado en la jurisprudencia establecida en la SCP 0298/2012 de 8 de junio, al definir sobre la problemática planteada en ese caso, de la siguiente manera: “Del legajo procesal arrimado al expediente, se evidencia que no cursa prueba alguna que acredite dichos extremos, como los memoriales de solicitud a la cesación a la detención preventiva y los actuados procesales a través de los cuales la autoridad demandada habría suspendido las audiencias y lesionado con ello los derechos invocados por el accionante; aspecto que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por cuanto si bien es cierto que la acción de libertad por su naturaleza está exenta del cumplimiento de ciertos requisitos formales; empero, resultaría un exceso de la jurisdicción constitucional, emitir criterio sobre lesión de los derechos, cuando no se han compulsado los hechos denunciados con los elementos probatorios mínimos que generen convicción y respalden la decisión asumida por este Tribunal; no pudiendo justificarse la ausencia de elementos de convicción, como lo hizo el Tribunal de garantías, ‘presumiendo la buena fe de la parte’, y con dicho argumento totalmente subjetivo, conceder la tutela solicitada, cuando no se cuenta con la prueba necesaria que acredite de manera objetiva e imparcial la veracidad de los hechos denunciados, pues, como se señaló, al no tener la certeza de la veracidad de las denuncias formuladas y por ende la responsabilidad de la persona o autoridad que incurrió en el acto que infringió los derechos, constituiría un exceso de la jurisdicción constitucional fallar, máxime si como se precisó, el principio de informalismo de esta acción no abarca a la no presentación de prueba necesaria y suficiente que demuestre los actos ilegales de la parte demandada; aspecto que impide a este Tribunal ingresar al análisis de la problemática planteada, por cuanto no se cuentan con elementos de convicción que respalden lo aseverado por el actor, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada”».
Conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde tener presente que la acción de libertad puede ser presentada por toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal; esta acción podrá interponerse, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin formalidad procesal alguna, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y tendrá por objeto que se brinde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; en ese sentido, el análisis debe responder a la prueba presentada por las partes, a fin que la decisión asumida sea producto de la certeza generada por los elementos probatorios y no sustentada en apreciaciones subjetivas; por lo que, todo impetrante de tutela que persiga una pretensión debe necesariamente acompañar un acervo probatorio suficiente para acreditar la conculcación de los derechos alegados como vulnerados. En ese orden, el accionante denunció la vulneración de su derechos a la libertad y a la vida debido que el Juez demandado no se pronunció hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, respecto a su solicitud de cesación a la detención preventiva por cumplimiento del plazo otorgado, debido a que se extravió su expediente por lo que considera que se encuentra indebidamente detenido sin ninguna consideración a que es persona de la tercera edad. Con la finalidad de realizar una valoración integral de los hechos denunciados debemos referirnos al objeto de la acción de libertad; al respecto el art. 42 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que:
La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física están en peligro (Las negrillas son nuestras) Por otra parte, el art. 43 del mismo cuerpo legal señala:
La Acción de Libertad podrá ser interpuesta por:
1. Toda persona que considere que su vida o integridad física está en peligro, que está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, presa o privada de libertad, por sí o por cualquiera a su nombre sin necesidad de poder. 2. El Ministerio Público.
3. La Defensoría del Pueblo. (El resaltado es nuestro) Con base a lo expuesto, así como de la revisión de los antecedentes y las conclusiones cursantes en obrados, se tiene que el solicitante de tutela no adjuntó prueba objetiva que evidencie la vulneración alegada, puesto que no acreditó de ninguna forma, que pertenece al grupo etario de los adultos mayores ni tampoco, que haya solicitado reiteradamente, la realización de la audiencia que señala o el presunto extravío del expediente; por consiguiente, no se cuenta con el mínimo respaldo probatorio necesario que sustente su pretensión; razón por la cual, este Tribunal, conforme a la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se ve impedido de ingresar a efectuar el análisis de la cuestión planteada; puesto que, resultaría un exceso emitir criterio sobre lesión de los derechos, cuando no se han compulsado los hechos denunciados con los elementos probatorios mínimos que generen convicción y respalden la decisión asumida por este Tribunal.
Teniendo en cuenta que el Tribunal de garantías, por Resolución 17/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 10 vta. a 11 vta., concedió; y, ordenó al Juez demandado señalar día y hora de audiencia de consideración de la cesación preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas, disposición que en virtud a la obligatoriedad de cumplimiento inmediato ante la concesión de tutela, tal como prevén los arts. 129.V de la CPE concordante con el art. 40 del CPCo, debe ser ejecutada inmediatamente y sin observación; en virtud a lo cual, la autoridad que no proceda conforme a lo dispuesto por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley. Por lo tanto, este Tribunal Constitucional Plurinacional considera necesario dimensionar los efectos del fallo emitido por el Tribunal de garantías, de conformidad a lo previsto por el art. 28.II del CPCo, el cual establece que la parte resolutiva del fallo sobre el fondo de la acción tutelar, podrá determinar su dimensionamiento en el tiempo y los efectos de lo resuelto; y por lo mismo, se determina mantener vigente la decisión asumida en garantías. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 17/2022 de 28 de diciembre, cursante de fs. 10 vta. a 11 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0273_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): c19a87e6c50f61c5cd6ab39da243d7ccd143261a3cdeba8811e08720570a780d
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