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SCP 0272/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53764-2023-108-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, y a los principios de celeridad y acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, las funcionarias judiciales denunciadas pese a las solicitudes efectuadas mediante los memoriales presentados el 22 de agosto, 16 de septiembre y 4 de octubre de 2022, no dieron curso a su petición de otorgar fotocopias legalizadas del cuaderno procesal y el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 23 de mayo de 2022, dejándolo en estado de indefensión ya que dicha omisión no le permite analizar su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 56 a 57 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0272/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53764-2023-108-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 56 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Darly Franco, en representación sin mandato de Luis Alberto Ribera Cabello contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza; y, Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., la parte accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstico, se encuentra con detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (CERPROM) del departamento de Santa Cruz; el 22 de agosto de 2022, solicitó fotocopias legalizadas del cuaderno procesal, siendo ordenado por la autoridad judicial el 23 de igual mes y año; sin embargo, al no hacerse efectiva la entrega de dichas fotocopias, tuvo que reiterar su solicitud el 16 de septiembre y el 4 de octubre de 2022, solicitó copia legalizada del acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares; empero, la respuesta de la Secretaria demandada refiere que no es su responsabilidad sino de la Secretaria saliente y se niega franquear las copias solicitadas.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, y a los principios de celeridad y acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Que en el plazo de veinticuatro horas se redacte el acta de la audiencia de medias cautelares y se ponga en vista el expediente; b) que la autoridad judicial demandada restablezca los derechos conculcados y se determine responsabilidad civil y penal; y, c) La remisión de una copia del fallo constitucional al Consejo de la Magistratura.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 54 a 55, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) De la lectura de los informes presentados por las autoridades demandadas refirieron por su parte, la Jueza señala que no es su responsabilidad labrar las actas, y por su parte la Secretaria hace referencia a otro imputado que no es el accionante; y, 2) Pasó siete meses de la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en su contra y no existe el acta respectiva, por lo que, se impuso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, ya que dicha omisión se halla vinculado al derecho a la libertad del imputado.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 27 de octubre de 2022, cursante a fs. 45 señaló que: i) Mediante Auto Interlocutorio de 23 de mayo de 2022, se dispuso la detención preventiva de Luis Alberto Ribera Cabello -ahora accionante-, es así que a través de memorial de 22 de agosto de similar año, solicitó fotocopias, y mediante providencia de 23 de igual mes y año, se ordenó se otorgue lo impetrado; ii) Mediante memorial de 4 de octubre de 2022, resuelto a través de providencia de 5 de octubre de 2022, nuevamente se ordenó se otorguen las fotocopias solicitadas, por lo que, conforme se evidencia, todos los memoriales fueron resueltos dentro de plazo, siendo falso lo denunciado; asimismo, no se cumplió con el principio de subsidiariedad; toda vez que, si bien se ordenó la detención preventiva del imputado, dicha determinación no fue objeto de apelación; y, iii) Su autoridad no cuenta con legitimación pasiva para ser demandada, ya que no es su atribución labrar las actas, tampoco otorgar fotocopias a las partes; por su parte cumplió con su atribución de ordenar que otorgue la Secretaria de su despacho -Rebeca Cáceres Padilla-, y si la misma incumplió dicha orden debió hacerse el reclamo ante su superior, situación que no se lo realizó. Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 27 de octubre de 2022, cursante de fs. 47 a 48, señaló que: a) “…en fecha 29 de septiembre del 2.022 se llevó a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del proceso que sigue el Ministerio Público en contra de Richard Edmundo Ponce Moscoso (…) En respuesta a lo denunciado que supuestamente mi persona habría vulnerado el derecho a la libertad del imputado Richard Edmundo Ponce Moscoso…” (sic); y, b) El acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 23 de mayo de 2022, fue trascrito y anexado al cuaderno procesal y consta en el mismo; y con relación a que se habría reusado entregar las fotocopias legalizadas, es totalmente falso, ya que no se negó en ningún momento al respecto, tampoco se refirió que la elaboración de la misma recae en responsabilidad de la Secretaria saliente.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 12/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 56 a 57 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Juez y Secretaria demandadas en el plazo de veinticuatro horas restablezcan los derechos conculcados y violentados al impetrante de tutela. Decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: 1) La jurisprudencia constitucional, refirió que la tipología de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentre privado de libertad; y, 2) Con relación al principio de celeridad, consideró que es obligación de los administradores de justicia despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace apremiante en casos donde se halla involucrado la libertad personal.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Cursa copia del expediente del proceso penal seguido contra Luis Alberto Ribera Cabello -ahora accionante- por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, identificado con el Formulario Único de Denuncia (FUD) 702102272201131, advirtiéndose el acta de aplicación de medida cautelar de 23 de mayo de 2022 (fs. 33 vta. a 39). II.2. Mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2022, el impetrante de tutela solicitó fotocopias legalizadas del cuaderno procesal, que mereció la providencia de 23 de igual mes y año, que dio curso a lo peticionado (fs. 51 a 52); cursa copia de memorial presentado ante la autoridad judicial demandada el 16 de septiembre de 2022, donde el accionante “REITERO POR SEGUNDA VEZ SOLICITUD DE FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL CUADERNO PROCESAL” (fs. 50). II.3. A través del memorial de 4 de octubre de 2022, el accionante solicitó a la autoridad judicial “REITERO POR SEGUNDA VEZ SOLICITUD DE COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE AUDIENCIA CAUTELAR Y CUADERNO PROCESAL”, mismo que mereció decreto de 5 de igual mes y año, disponiendo que por Secretaria se extienda las fotocopias solicitadas (fs. 42 vta. a 43 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, y a los principios de celeridad y acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, las funcionarias judiciales denunciadas pese a las solicitudes efectuadas mediante los memoriales presentados el 22 de agosto, 16 de septiembre y 4 de octubre de 2022, no dieron curso a su petición de otorgar fotocopias legalizadas del cuaderno procesal y el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 23 de mayo de 2022, dejándolo en estado de indefensión ya que dicha omisión no le permite analizar su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 1479/2025-S3 de 20 de noviembre, estableció que: A partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Razonamientos extraídos de la sistematización desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo. De otro lado, sobre la misma temática, la SCP 0327/2024-S2 de 9 de julio, precisó el entendimiento en cuanto al alcance y presupuestos de activación de la acción de libertad en su modalidad de acción traslativa de pronto despacho ante solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, señalando:

[Al] respecto, es necesario realizar una consideración previa y aclarativa, sobre la procedencia de la acción de libertad cuando se invoca presuntas irregularidades del debido proceso en ejecución de sentencia, vinculado ello a beneficios extracarcelarios, casos en los cuales -con anterioridad- esta Relatoría inicialmente consideraba que para poder analizar vía acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, las denuncias de procesamiento indebido, en dichas situaciones fácticas, se requería como presupuesto que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, debían estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión, (en esa línea, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0357/2021-S3, 0721/2021-S3, 0781/2021-S3, 0971/2021-S3 y 0797/2022-S3, entre otras); sin embargo, es el actual criterio de esta Relatoría, que tomando en cuenta que las mencionadas solicitudes presentadas por los accionantes siempre estarán destinadas a obtener un beneficio penitenciario, y por ende a mejorar su situación jurídica de privado de libertad; en consecuencia, en un nuevo razonamiento, se concluye que dichas situaciones que involucren un eventual pronto despacho en solicitudes y trámites de beneficios carcelarios en etapa de ejecución de sentencia, sí tienen vinculación con el derecho a la libertad; por cuanto, su finalidad es la modificación de la situación jurídico procesal del condenado, tomando en cuenta que es obligación del Estado boliviano atender con mayor prontitud las solicitudes que tengan por finalidad materializar la reinserción social del privado de libertad; siendo este un entendimiento razonable, dadas las particularidades de este tipo de casos, por lo que, la vía idónea para tutelar la vulneración al principio de celeridad que importe un indebido procesamiento es la acción de libertad, que tiene como finalidad precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica del privado de libertad. (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).

De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad.

III.2. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad

La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, refiriéndose a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del órgano judicial, estableció que:

…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional (las negrillas son añadidas)

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la la lesión de su derecho a la libertad, y a los principios de celeridad y acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, las funcionarias judiciales denunciadas pese a las solicitudes efectuadas mediante los memoriales presentados el 22 de agosto, 16 de septiembre y 4 de octubre de 2022, no dieron curso a su petición de otorgar fotocopias legalizadas del cuaderno procesal y el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 23 de mayo de 2022, dejándolo en estado de indefensión ya que dicha omisión no le permite analizar su situación jurídica. En el marco de la jurisprudencia constitucional desarrollada respecto a la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, se ha establecido que toda autoridad, sea judicial o administrativa, que conozca una solicitud vinculada al ejercicio o definición del derecho a la libertad física de una persona privada de ella, tiene el deber de tramitarla y resolverla con la mayor celeridad posible, dado que la lesión a este derecho no solo se configura por decisiones arbitrarias, sino también por la demora o dilación indebida en la atención o resolución de solicitudes que incidan en la situación jurídica del imputado o imputada.

En el caso analizado, de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente se advierte que consta el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 23 de mayo de 2022; sin embargo, pese a que el accionante reiteró en varias oportunidades la solicitud de fotocopias legalizadas del cuaderno procesal y del acta mencionada, la entrega de dicha documentación no se hizo efectiva.

Si bien la autoridad judicial demandada emitió dentro del plazo correspondiente, providencia disponiendo que por Secretaría del juzgado se proceda a la entrega de la documentación solicitada, ello no resulta suficiente para tener por cumplido su deber funcional; toda vez que, ante la reiteración de la solicitud por parte del accionante, correspondía verificar el cumplimiento efectivo de la orden impartida. No obstante, la autoridad judicial no advirtió que la documentación requerida no había sido entregada, limitándose a reiterar la disposición sin adoptar medidas efectivas para garantizar su cumplimiento. En ese sentido, no constituye un argumento válido que le exima de responsabilidad a la autoridad judicial al señalar que, la obligación de entrega correspondía exclusivamente a la Secretaria del juzgado; puesto que, la jurisprudencia constitucional ha sido clara al establecer que el juez o jueza es el director del proceso y del despacho judicial, siendo responsable de la correcta conducción del trámite y del control de las actuaciones de su personal de apoyo jurisdiccional.

En el presente caso, resulta evidente que la solicitud de fotocopias legalizadas fue reiterada en tres oportunidades, pese a que, mediante providencia de 22 de agosto de 2022, ya se había dispuesto su entrega por Secretaría; sin embargo, dicha orden no fue materializada, generando una demora injustificada en la obtención de documentación necesaria para el ejercicio de los derechos del accionante. Por su parte la Secretaria codemandada en el marco del entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional citado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dicha funcionaria adquiere legitimación pasiva en este caso, puesto que la entrega de las fotocopias legalizadas del cuaderno de control jurisdiccional forma parte de sus obligaciones y su incumplimiento efectivamente vulnera los derechos denunciados. Por consiguiente, se evidencia que tanto la autoridad judicial demandada como la Secretaria codemandada, incurrieron en una dilación indebida, al no garantizar la entrega oportuna de la documentación solicitada, pese a las reiteradas peticiones formuladas. Situación que lesionó el acceso del accionante a la celeridad procesal y a una justicia pronta y oportuna, principios que adquieren especial relevancia cuando se trata de actuaciones que guardan relación con la situación jurídica de una persona privada de libertad. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2022 de 27 de octubre, cursante de fs. 56 a 57 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que, en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”

2 El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0272_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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