Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 21 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo interpuesto el 5 de agosto de 2022, solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, hasta la presentación de la acción tutelar, la autoridad demandada no señaló día y hora para resolver su situación jurídica; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, en plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 106/2022, de 10 de agosto, cursante de fs. 11 a 13., pronunciada por la Jueza del Juzgado Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal primero de Pucarani del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela en su totalidad, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional;
2º Exhortar al Juez Mauricio Elias Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de la Paz, a tramitar con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella, debiendo observarse esta conducta, tanto en la emisión de resoluciones y providencias, como en las notificaciones y todo acto que sea parte de la tramitación de la causa hasta alcanzar su efectiva materialización.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0263/2025-S3 Sucre, 21 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51451-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 106/2022, de 10 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gabriel Patty Coronel en representación sin mandato de Willson Alegría Llusco, contra Mauricio Elias Copa Ocampo, Juez Publico Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de agosto de 2022, cursante de fs. 3 a 4., el accionante a través de su representante, señaló lo siguiente:
En el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; mediante Auto Interlocutorio 11/22 de 4 de febrero, se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por el plazo de seis meses; vencido este plazo el 5 de agosto del mismo año, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva, conforme lo establecido en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante hasta la presentación de esta acción tutelar, no se señaló fecha y hora de audiencia para determinar su situación jurídica; asimismo, servidores públicos del Juzgado Público Mixto de Familia Niñez y adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, de manera verbal le manifestaron que se señalará audiencia para el próximo lunes, porque en ese momento no contaban con Secretaria, advirtiéndose así una dilación procesal indebida.
Denunció la lesión del derecho a la libertad, “dilación procesal”, citando al efecto los arts. 46 del Código Procesal Constitucional CPCo y, 7.2 del Pacto de San José de Costa Rica.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se señale, audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual de 10 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 10 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los argumentos contenidos en la acción tutelar y ampliándola señaló que: a) El 9 de agosto de 2022, se constituyó en el Juzgado de Pucarani para revisar el libro diario, constatando que tanto el cuaderno de control jurisdiccional, como el memorial presentado el 5 de agosto de igual año, se encontraba en despacho, por lo que no pudo acceder al expediente, menos tener conocimiento del señalamiento de audiencia; b) Se encuentra con detención preventiva y el plazo de seis meses fijado para la etapa de investigación ya venció; c) De conformidad con lo previsto por la norma procesal penal, una vez presentada la solicitud de cesación a la detención preventiva, la autoridad jurisdiccional debía fijar audiencia en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, no tuvo conocimiento que la autoridad judicial hubiera señalado audiencia de cesación a las medidas cautelares para el 10 de agosto del mismo año, y, d) Interpone la presente acción tutelar de carácter traslativo y de pronto despacho, ante la existencia de una dilación procesal injustificada, haciendo referencia a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril.
Mauricio Elías Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia, e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de La Paz, a través del informe escrito, presentado el 10 de agosto de 2022, cursante a fs. 6 y vta. y en audiencia de garantías señaló que: 1) Evidentemente se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por seis meses, quien presentó solicitud de cesación de la misma, que fue considerada mediante decreto de 5 de agosto de 2022, señalándose audiencia para el 10 del mismo mes y año; sin embargo, la ex-secretaria del juzgado renunció, el Secretario suplente quien debía efectuar las notificaciones, tampoco asistió al despacho debido a compromisos en otro Juzgado, lo que impidió la celebración de la audiencia en el plazo establecido por la normativa penal; 2) La Ley del Órgano Judicial, establece las obligaciones específicas de los Secretarios y Oficiales de Diligencias, que pese a la carga procesal que él tiene cumplió con la obligación de señalar audiencia, no siendo cierto que su persona debe encargarse de las notificaciones y demás gestiones del Juzgado como denunció él impetrante; y, 3) En el presente caso, no se evidenció dilación indebida, sino causas razonables que justificaron la falta de realización de la audiencia de cesación de la detención preventiva, vinculadas a la ausencia de personal adecuado; en tal sentido, no hubo negligencia alguna al haberse señalado la audiencia correspondiente; en consecuencia, no corresponde conceder la acción de libertad interpuesta.
La Jueza Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Pucarani, del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 106/2022 de 10 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada en el plazo de veinticuatro horas señale audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva, recomendando a la autoridad demandada oficiar a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para que le designen personal de apoyo jurisdiccional, bajo los siguientes fundamentos: i) Conforme a los antecedentes del proceso, y lo dispuesto por el art. 239 del CPP, que establece que una vez planteada la solicitud, el juez o tribunal debe señalar la audiencia para su resolución en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas; tras revisar la documentación y el cuaderno de control jurisdiccional remitido al despacho judicial, se constató que la autoridad demandada emitió una providencia el 5 de agosto de 2022, señalando audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva para llevarse a cabo el 10 de mismo mes y año, a horas 10:00; incumpliendo la autoridad demanda con esta determinación de forma parcial lo dispuesto en el Código Procedimiento Penal; ii) No se cumplieron con las notificaciones correspondientes debido a la falta de personal de apoyo jurisdiccional, lo que impidió la realización de la referida audiencia; y, iii) En cuanto al apersonamiento del abogado del accionante, al Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Pucarani, del referido departamento, donde se le informó verbalmente que la audiencia se señalaría para el lunes siguiente debido a la ausencia de Secretaria; tras la revisión de los antecedentes, no se encontró ningún documento que respalde lo manifestado para poder determinar una responsabilidad administrativa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 4 de febrero de 2022, se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, la cual determinó su detención preventiva por el plazo de seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; ante tal situación, el 5 de agosto del mismo año, presentó memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, empero hasta la presentación de esta acción tutelar, no se señaló fecha y hora de audiencia para considerar la situación jurídica del impetrante de tutela (fs. 1 a 2). II.2. Del informe presentado por la autoridad demandada de 10 de agosto de 2022, se tiene que realizó el señalamiento de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva para el 10 del igual mes y año, empero por falta de personal en el Juzgado no se notificó a las partes con dicha determinación, motivo por el cual no se llevó a cabo la audiencia señalada (fs. 6).
El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo interpuesto el 5 de agosto de 2022, solicitud de cesación de la detención preventiva; sin embargo, hasta la presentación de la acción tutelar, la autoridad demandada no señaló día y hora para resolver su situación jurídica; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo señale día y hora de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, en plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.
Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.
Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-introdujo las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:
Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y,
4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal.
Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días.
En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas). 7El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.
3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,
6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
Respecto del plazo en el cual debe ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad. Otro aspecto a tomarse en cuenta, es la línea jurisprudencial contenida en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. Entendimiento extraído de la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.
Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad I. personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…)
De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver 5El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 6El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.
En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que:
“La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre. La sistematización precedentemente glosada fue desarrollada por la SCP 0613/2018- S2 de 8 de octubre.
De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en la Conclusiones II.1 y II.2 del presente fallo constitucional, se advierte que dentro el proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 4 de febrero de 2022, se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, emitiendo la autoridad demandada el Auto Interlocutorio 11/2022, en la que se determinó seis meses de detención preventiva del impetrante de tutela, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.
El accionante por memorial de 5 de agosto del mismo año, solicitó la cesación de la detención preventiva; empero, denuncia que hasta la interposición de la acción tutelar -10 de agosto de igual año- no se señaló la respectiva audiencia, generando una dilación procesal que, a su juicio, comprometía su derecho a la libertad. Por otro lado, la autoridad judicial demandada informó que, mediante providencia de 5 de agosto de 2022, señaló audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva para el día 10 del mismo mes y año; sin embargo, la misma no se llevó a cabo debido a la falta de notificación de las partes por causas atribuibles a la renuncia de la Secretaria titular del Juzgado y la inasistencia del Secretario suplente, quien no pudo cumplir con las notificaciones por tener audiencias en otro Juzgado; en ese sentido, sostuvo que no existió negligencia ya que la audiencia fue oportunamente dispuesta. De lo señalado, se advierte que efectivamente la autoridad demandada mediante Resolución de 5 de agosto de 2022, señaló audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva para el 10 de igual año y mes; es decir, determinó la celebración de dicha audiencia para llevarse a cabo cinco días posteriores a la presentación de la solicitud respectiva; vale decir, que el señalamiento fijado en esa fecha inobservó lo previsto en el art. 239 del CPP, que impone un plazo perentorio de cuarenta y ocho horas para la realización de la audiencia, configurándose así una dilación indebida que ha afectado el derecho a la libertad del accionante, conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. A lo señalado, conforme lo informado por la misma autoridad demandada, dicha audiencia no se llevó a cabo por falta de notificación a las partes procesales, motivo que conllevó a la suspensión de la audiencia, con ello, a que no se considere la solicitud presentada por el accionante, situación que permite concluir que la autoridad demandada incumplió con el deber de conocer y resolver con la mayor celeridad posible toda solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III. 2 de esta Sentencia constitucional.
En dicho orden, conforme los datos del proceso y el informe emitido en audiencia de consideración de la acción tutelar, no es evidente que la autoridad demandada hubiere observado los plazos procesales, pues si bien hizo conocer que emitió de manera oportuna la respuesta a la solicitud efectuada por el accionante señalándose la audiencia correspondiente; empero, se reitera, se señaló audiencia para cinco días después, omitiendo, en consecuencia, la autoridad demandada su deber de actuar con la celeridad debida, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo.
Por otro lado, debe tenerse presente que si bien el demandado en su informe presentado en audiencia de garantías de esta acción tutelar, trató de justificar su accionar alegando que la audiencia no pudo llevarse a cabo por falta de personal que efectivice las notificaciones a las partes; sin embargo, dicho justificativo no ha sido respaldado con la prueba pertinente que demuestre lo aseverado. Además, el no haber contado con personal subalterno no resulta una dificultad insalvable, toda vez que la autoridad judicial demandada, en su calidad de director del proceso, debió agotar las vías expeditas para cumplir con dicha finalidad; por ejemplo, la posibilidad de solicitar el ingreso del Secretario o Secretaria en suplencia legal o habilitar a la auxiliar del juzgado para que se efectivice lo dispuesto, todo con la finalidad de precautelar el correcto desarrollo del proceso; medidas que este Tribunal advierte que no se efectuaron, tampoco se ha adjuntado la diligencia para solicitar que el personal subalterno sea completado. Por lo que, la justificación expuesta por la autoridad demandada corrobora la falta de atención oportuna a una petición vinculada con la libertad, que a decir del demandado no existiese, sin embargo, de los datos del proceso se constata lo contrario, existiendo en consecuencia una dilación indebida por parte del demandado, omisión que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa, toda vez que según lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho pretende acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, dilación que ha ocurrido en el presente caso y que ha afectado la libertad del accionante.
En ese entendido, y conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, la eficacia de una determinación supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, aspecto que no ocurrió en el presente caso, porque la audiencia de consideración de la solicitud del accionante no fue efectivizada, correspondiendo en consecuencia otorgar la tutela solicitada mediante la presente acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, la Juez de garantías, al conceder en parte la tutela actuó de forma parcialmente correcta toda vez que correspondía la concesión total.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 106/2022, de 10 de agosto, cursante de fs. 11 a 13., pronunciada por la Jueza del Juzgado Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal primero de Pucarani del departamento de La Paz y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela en su totalidad, de acuerdo con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional;
2º Exhortar al Juez Mauricio Elias Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Pucarani del departamento de la Paz, a tramitar con la mayor celeridad toda solicitud vinculada al derecho a la libertad de quienes se encuentran privados de ella, debiendo observarse esta conducta, tanto en la emisión de resoluciones y providencias, como en las notificaciones y todo acto que sea parte de la tramitación de la causa hasta alcanzar su efectiva materialización. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
6 La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
8 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”. 4El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
7 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”
8 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0263_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): a38115f39f2a7c9a674679450fed9714482efbc888e86b037b1db82eb3bdf9ed
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