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SCP 0253/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55691-2023-112-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/23 de 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Exhortar a Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza; y, Kimberly Michele Reyes Copa, Secretaria; ambas del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz a cumplir sus atribuciones de forma diligente y cumplir con los plazos procesales, bajo apercibimiento que en caso de reiterarse conductas como las examinadas en esta causa, se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0253/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55691-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/23 de 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sandra Mariela Oronos Farell en representación sin mandato de Rene Sirpa Canaviri contra Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza; y, Kimberly Michele Reyes Copa, Secretaria; ambas del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

II. OBJETO PROCESAL

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad procesal; señalando que, el 17 de abril de 2023 solicitó audiencia para considerar el beneficio de la suspensión condicional de la pena a su favor; empero, la Jueza demandada no providenció su petición en el plazo de veinticuatro horas; por lo que, reiteró su requerimiento el 5 de mayo del citado año, pero esta vez, bajo alternativa de interponer una acción de libertad traslativa o de pronto despacho; en ese ínterin, de manera precipitada y extraoficial se le hizo conocer el Acta de 24 de abril de 2023, de suspensión de audiencia y señalamiento de una nueva, programada para el 8 de mayo de igual año, a horas 14:30, por esa razón estuvo pendiente al envió del link respectivo, pero, las servidoras judiciales demandadas no realizaron ninguna diligencia para celebrar la audiencia, siendo que hasta la interposición de la presente acción de defensa, no fue notificado con resolución judicial alguna; por lo que, impetró se conmine a las demandadas disponiendo: a) En relación a la solicitud de señalamiento de audiencia para considerar el beneficio de la suspensión condicional de la pena, se emita de forma inmediata el respectivo decreto, y de oficio, efectúen las diligencias necesarias a las otras partes procesales, considerando que el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP)

está exento de proporcionar fotocopias para la realización de notificaciones; y, b) Dentro de los plazos establecidos emita la respectiva providencia, pronunciándose sobre la programación del referido acto procesal. Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante de fs. 48 a 49, alegó que, en atención a la solicitud del accionante, emitió la providencia de 18 de abril de 2023, fijando audiencia para el 24 del mismo mes y año, a horas 10:00; empero, las diligencias de notificación no fueron realizadas a todas las partes, debido a que, se encontraban sin auxiliar de diligencias y en “turno cautelar”; por lo que, se fijó para el 8 de mayo del citado año, a horas 14:30, que nuevamente fue suspendida y reprogramada para el 10 del citado mes y año, a horas 8:30, la cual, se llevó a cabo, aceptando la solicitud de beneficio de suspensión condicional de la pena en favor del ahora impetrante de tutela y ordenando la emisión del mandamiento de libertad a su favor. Kimberly Michele Reyes Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del citado departamento, presentó informe escrito cursante de fs. 45 a 47, alegando que desde el 15 de marzo de 2023, viene cumpliendo también las funciones de Auxiliar y Oficial de Diligencias, estando con superabundante carga procesal con una agenda extensa, celebrando hasta ocho audiencias cautelares por día, por ese motivo no pudo notificar a todas las partes, si bien el 3 de mayo de 2023, se le asignó a un auxiliar, éste tampoco pudo cumplir con las notificaciones a las partes faltantes, por tal motivo se reprogramó el referido acto procesal para el 10 de mayo de 2023, a horas 8:30, habiéndose emplazado a todas las partes procesales el 9 de igual mes y año, la cual ya fue celebrada, siendo beneficiado el accionante con la salida alternativa. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 09/23 de 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 52 a 54, denegó la tutela impetrada señalando que, el acto omitido por las servidoras judiciales demandadas ya se llevó a cabo ese mismo día a horas 8:30, resolviéndose la situación jurídica del accionante quien al momento de celebrarse la audiencia tutelar ya estaba en libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[...] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último "... lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad ” (las negrillas son añadidas).

III.2. Respecto a la acción de libertad innovativa

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, en Fundamento Jurídico III.1. de la señalada sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde (…) inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado...»[las negrillas son añadidas]

III.4. Análisis del caso concreto

De los antecedentes aparejados al expediente constitucional, se evidencia que, por memorial de 17 de abril de 2023, Rene Sirpa Canaviri -accionante-, solicito señalamiento de audiencia a efecto de beneficiarse de la suspensión condicional de la pena (fs. 6) y ante la falta de respuesta reiteró su pedido el 5 de mayo de 2023 (fs. 7). De igual forma se constata la existencia de la Providencia de 18 de abril de 2023, por el cual se fijó audiencia para resolver la solicitud de Suspensión Condicional de la Pena para el 24 del citado mes y año a horas 10:00 (fs. 28) la cual se instaló, pero fue diferida porque las partes no fueron legalmente notificadas, razón por la cual, se la reprogramó para el 8 de mayo de 2023 a horas 14:30 (fs. 8);

posteriormente, cursa la Nota con cite Of. 585/2023 de 5 de mayo, por el cual el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz solito al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola del referido departamento el traslado del detenido Rene Sirpa Canaviri al mencionado acto procesal a horas “09:00” -siendo lo correcto 14:30- (fs. 31). Asimismo, se tiene el Informe de 8 de mayo de 2023, suscrito por la Auxiliar del referido Juzgado, en el que dio a conocer a la autoridad judicial que su persona asumió funciones desde el 3 del mencionado mes y año y considerando que además se encontraban en turno cautelar, le fue imposible cumplir con las notificaciones (fs. 32); de igual forma cursa el Acta de audiencia de la referida fecha en la que instaló y se suspendió el acto procesal, debido a la falta de notificación a las partes, reprogramándola para el 10 de igual mes y año, a horas 8:30 a desarrollarse de forma virtual (fs. 33), por tal razón, se emitió la Nota con cite Of. 585/2023 de 9 de mayo, mediante la cual la mencionada autoridad solicitó al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz disponga el traslado del impetrante de tutela para su participación en la referida audiencia (fs. 35), actuado con el que se notificó al Director de dicho Centro ese día a horas 13:27 (fs. 36); y, la citación con el Auto de señalamiento de esta acción tutelar data de ese mismo día a horas 14:00. Se tiene también el Acta de audiencia virtual a efecto de considerar el beneficio de suspensión condicional de la pena de 10 de mayo de 2023 instalado a horas 08:30 (fs. 38 y 39), de igual forma cursa el Auto de 332/2023 del citado día y mes, por el cual se otorgó a Rene Sirpa Canaviri -accionante-, el beneficio impetrado, fijando reglas de conducta (fs. 40 a 41); finalmente se tiene el mandamiento de libertad emitido en la citada fecha (fs. 43). A partir de los antecedentes descritos, corresponde remitirse a la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal anotada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que señala que la figura de la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como del derecho a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos; empero, la ilegalidad fue consumada; por lo cual, a efecto de determinar la responsabilidad del caso, y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades y evitar futuras vulneraciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicho entendimiento resulta aplicable en el caso que se examina; puesto que, si bien, es cierto que, ya se ha señalado y llevado a cabo la audiencia de suspensión condicional de la pena el 10 de diciembre de 2023; es decir, con anterioridad a la celebración de la audiencia tutelar, de igual forma corresponde ingresar al examen de fondo. Con esa aclaración corresponde analizar el fondo de este caso y remitirse al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional plurinacional, que establece que es obligación que toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, esta obligación debe ser cumplida durante todo el desarrollo del proceso y con relación a todos los trámites en los que se halle involucrado el derecho a la libertad; como es en este caso, referido a la suspensión condicional de la pena, en el cual el Juez o Tribunal que dictó la sentencia condenatoria puede disponer la suspensión condicional de la pena cuando concurren los requisitos previstos por disposición del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP); previos los informes necesarios y tomando en los móviles o causas que hayan inducido al delito, la naturaleza y modalidad del hecho. Ahora bien, en el caso que se examina, se advierte que la autoridad judicial demanda, primero al proveer al pedido presentado el 17 de abril de 2023, no cumplió con el plazo de las veinticuatro horas previsto y señalado por el art. 132.1 del CPP; puesto que, si bien cursa una providencia de 18 de abril del año mencionado (fs. 28), el ahora impetrante de tutela no conocía el mismo, razón por la cual, incluso presentó un segundo memorial reiterando su petitorio el 5 de mayo del citado año (fs. 7) y que posteriormente dio origen a la presente acción de libertad; si bien, conforme señala en su memorial de interposición de esta acción tutelar en ese ínterin de manera precipitada y extraoficial se le hizo conocer el Acta de 24 de abril de 2023 suspendida y diferida para el 8 de mayo de igual año, a horas 14:30, esto no fue oficial, pues como el mismo manifiesta se quedó esperando el enlace respectivo que no llegó; y recién fue notificado oficialmente mediante la Nota Of. 585/2023 de 5 de mayo, por el cual se solicitó al Director del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz disponga su traslado a la audiencia de consideración de su solicitud (fs. 35), actuado con el se notificó al Director de dicho Centro ese día a horas 13:27 (fs. 36); lo que evidencia que se incurrió en una demora indebida de veintidós días, en dar a conocer al sentenciado, ahora accionante, la respuesta a su petición, incumpliendo de esa manera con el deber que tiene toda autoridad que conozca de una solicitud, en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, de tramitarla con la mayor celeridad posible ya que de lo contrario, como en el presente caso, provoca una restricción indebida del citado derecho; consecuentemente, la demora en la respuesta sobre el pedido de señalamiento de audiencia de suspensión condicional de la pena, vulnera el derecho al debido proceso en sus componentes de principio de celeridad y acceso a justicia pronta y oportuna, así como el derecho a la libertad individual del impetrante de tutela; razón por la cual, corresponde conceder la tutela impetrada. En lo que atañe a las suspensiones de audiencias, se tiene que la audiencia virtual fijada para el 24 de abril de 2023 fue suspendida por la falta de notificación a las partes procesales; de lo cual se infiere que el Despacho a cargo de la Jueza demandada no tomó las previsiones oportunas para asegurar la comparecencia del sentenciado, que dependía precisamente de una actuación de parte de la autoridad judicial demandada; toda vez que, el peticionante de tutela se encontraba privado de libertad; con relación a la audiencia virtual fijada para el 8 de mayo del mismo año, que, según el Acta de suspensión, nuevamente fue suspendida por falta de notificación a las partes procesales, al respecto, cabe puntualizar que, en el marco de lo dispuesto por el art. 113 del CPP, el accionante se hallaba recluido en un Centro Penitenciario, correspondía que la Jueza demandada adoptar las medidas administrativas pertinentes e inmediatas a objeto de que pueda conectar virtualmente a la audiencia; considerando además que ya existe un antecedente, puesto que, si bien es cierto que se acredita que se elaboró un ofició el 5 de mayo de 2023 ante el Gobernador del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, para la remisión del sentenciado a su audiencia, no es menos cierto que ese acto procesal fue programado para horas 14:30 (fs. 29) y la nota indicaba la hora 09:00 (fs. 31) -que son horas diferentes-, a ello se suma que no se acredita la notificación con el mismo a esa autoridad. Ahora bien, es evidente que en los informes presentados por la Jueza y servidora judicial codemandada, éstas señalan que no existe personal subalterno para realizar las notificaciones; sin embargo, ese hecho no es óbice para la dilación, pues en el marco del parágrafo segundo del art. 133 del CPP, si bien ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor como ocurre en este caso -por la falta de personal subalterno- corresponde que la audiencia sea fijada en el plazo de cuarenta y ocho horas, lo cual no ocurrió en este caso, dado que, la primera audiencia suspendida fue programada para el 24 de abril del 2023 y reprogramada para el 8 de mayo del mismo año, vale decir fuera del marco legal regulado en el adjetivo penal.

En base a los fundamentos descritos, corresponde conceder la tutela impetrada, por ser evidente la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de principio de celeridad y el derecho a la libertad; empero, sin disponer que se proceda al señalamiento solicitado, puesto que tal como se da cuenta en el informe de la autoridad demandada en fecha 10 del citado mes y año, a horas 8:30, se llevó a cabo, la audiencia extrañada y se aceptó la solicitud de beneficio de suspensión condicional de la pena en favor del ahora impetrante de tutela y además se ordenó la emisión del mandamiento de libertad a su favor (fs. 43). Finalmente, en lo relativo a la Secretaria codemandada, cabe señalar que conforme se anotó en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, si bien, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional carecen de legitimación pasiva en acciones tutelares por no asumir determinaciones jurisdiccionales, empero, existe una excepción materializada en las siguientes subreglas: 1) Incurran en excesos contrariando o alterando determinaciones judiciales; 2) La vulneración emerja de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas; o, 3) Incumplan instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En el caso concreto, concurre la excepción prevista en el inciso b), toda vez que, conforme al art. 56 del CPP, el Secretario tiene entre sus funciones controlar el cumplimiento de los plazos procesales, custodiar el expediente y mantener actualizado el inventario de procesos, debiendo asegurar su remisión oportuna cuando corresponda; en este caso la inobservancia de estas obligación generó una dilación que incidió directamente en el derecho a la libertad del accionante, configurándose así la legitimación pasiva excepcional de la funcionaria demandada y en este caso su participación llegaría a circunscribirse en no haber asegurado las notificaciones para las partes con el señalamiento de la audiencia de 24 de abril de 2023 y de 8 de mayo del citado año, siendo su responsabilidad conforme los arts. 9 y 56.8 del CPP, asegurar que las diligencias sean debidamente procesadas ya sea por su personal subalterno o por la Oficina Gestora de Procesos que entre otras atribuciones tiene el deber de notificar a las partes, por ello en mérito de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, concierne conceder la tutela también respecto a la Secretario codemandada. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obro de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 09/23 de 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Exhortar a Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza; y, Kimberly Michele Reyes Copa, Secretaria; ambas del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz a cumplir sus atribuciones de forma diligente y cumplir con los plazos procesales, bajo apercibimiento que en caso de reiterarse conductas como las examinadas en esta causa, se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0253_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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