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SCP 0252/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55430-2023-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de celeridad, libertad personal, libertad de circulación; y, a la dignidad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención domiciliara, el Juez demandado, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 251 del CPP, omitió remitir los actuados ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia para su resolución, habiendo transcurrido más de dos meses, hasta la interposición de la presente acción tutelar sin que dicho actuado se materialice. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 048/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 9 a 10 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, por la indebida dilación en la remisión ante el Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta por el accionante contra el Auto Interlocutorio 118/2023 de 28 de febrero, en los mismos alcances dispositivos asumidos por el Juez de garantías; y, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0252/2026-S3 Sucre, 23 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55430-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 048/2023 de 3 de mayo, cursante a fs. 9 a 10 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Freddy Zegarra Mercado contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de mayo de 2023, cursante de fs. 2 a 3 vta.; el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Guillermo Rodríguez Plata en su contra, por el presunto delito de violencia familiar o doméstica, tras haber sido sometido a una audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, el Juez de la causa mediante Auto Interlocutorio 118/2023 de 28 de febrero, dispuso su detención domiciliaria; fallo contra el cual, en aplicación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a través de su defensa interpuso recurso de apelación incidental, solicitando la remisión de antecedentes ante la Sala Penal de turno. Sin embargo, transcurrieron dos meses sin que dicho recurso sea remitido al Tribunal de alzada para su resolución; toda vez que, el citado Auto no fue arrimado al expediente, lo que impidió la tramitación del recurso, vulnerando así su derecho a la libertad de locomoción, en tanto la detención dispuesta en su contra fue resultado de una defectuosa valoración de antecedentes, continuando a la fecha sin revisión judicial de la instancia superior, cuando de acuerdo a normativa la remisión de los antecedentes debió realizarse dentro de veinticuatro horas, plazo que no se cumplió, generando una omisión ilegal que restringió su derecho de acceso a un recurso oportunamente planteado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de celeridad, libertad personal, libertad de circulación y a la dignidad, mencionando al efecto los arts. 21.7; 22; 178; y, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) (Pacto de San José de Costa Rica); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene la inmediata remisión del Auto Interlocutorio 118/2023 y los antecedentes de apelación al superior en grado.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 7 a 8 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su representante ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 5.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 048/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 9 a 10 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo que la autoridad judicial demandada en el plazo de veinticuatro horas, previo sorteo, ordene al personal de apoyo de su despacho remita los antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia, a efectos de que dicha instancia conozca y resuelva el recurso de apelación interpuesto, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia constitucional reconoce la modalidad acción de libertad traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es acelerar trámites judiciales o administrativos cuando existe dilación indebida en la definición de la situación jurídica de personas privadas de libertad; b) Cuando el sujeto pasivo en acciones de libertad es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto asistir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados por el peticionante de tutela, y en caso de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos; c) En el caso concreto, se denunció la falta de remisión de los antecedentes ante la Sala Penal de turno, para el conocimiento del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 118/2023; a través del cual, se dispuso su detención domiciliaria; d) El art. 251 del CPP, dispone que, una vez interpuesto dicho recurso, las actuaciones deben remitirse al Tribunal Departamental de Justicia dentro de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; sin embargo, en el caso presente transcurrieron más de dos meses sin que se cumpla con este mandato, configurándose un acto de dilación indebida; vulnerando el principio de celeridad y el debido proceso, afectando los derechos a la libertad personal y de locomoción de David Freddy Zegarra Mercado; y, e) Asimismo, es preciso señalar que debido a que la autoridad demandada no remitió el informe respectivo ni se hizo presente en la audiencia, se presume la veracidad de los hechos denunciados a través de la presente acción de defensa.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de acción de libertad de 3 de mayo de 2023; en la cual, de acuerdo al informe del Secretario, la autoridad judicial demandada no compareció a la audiencia y tampoco presento informe escrito alguno (fs. 7 a 8 vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de celeridad, libertad personal, libertad de circulación; y, a la dignidad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención domiciliara, el Juez demandado, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 251 del CPP, omitió remitir los actuados ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia para su resolución, habiendo transcurrido más de dos meses, hasta la interposición de la presente acción tutelar sin que dicho actuado se materialice. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, en su Fundamento Jurídico III.3, realizó la siguiente sistematización sobre la veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante, manifestando:

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas son incorporadas). En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante;

estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo (el resaltado es agregado). En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental de medida cautelar, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”. 2La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

En ese entendido, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas relativas a la obligación de remitir los antecedentes del recurso de apelación de medidas cautelares, conforme al siguiente entendimiento: i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia (el resaltado es propio) vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente de celeridad, libertad personal, libertad de circulación; y, a la dignidad; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que dispuso su detención domiciliara, el Juez demandado, incumpliendo el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 251 del CPP, omitió remitir los actuados ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia para su resolución, habiendo transcurrido más de dos meses, hasta la interposición de la presente acción tutelar sin que dicho actuado se materialice.

Con carácter previo al análisis de fondo del presente caso, del informe emitido por el Secretario del Juzgado de garantías constitucionales, se tiene que, el Juez demandado no compareció a la audiencia ni presentó informe alguno (Conclusión II.1). Bajo dicho antecedente de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, la inasistencia y falta de pronunciamiento de dicha autoridad, pese a haber sido notificado citada, implica la omisión de controvertir las alegaciones formuladas por el accionante; en ese entendido, tal silencio se traduce en un reconocimiento tácito del acto ilegal o indebido denunciado; es decir, cuando la autoridad demandada, pese a su citación, no concurre a la audiencia ni presenta el informe exigido por ley, los hechos denunciados deben considerarse acreditados. Bajo esa premisa, corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática sometida a revisión constitucional. Por otra parte, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se tiene que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos legales establecidos; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; así el recurso de apelación contra la resolución que disponga la aplicación, modificación o rechazo de una medida cautelar, debe ser tramitado en observancia de lo dispuesto por el art. 251 del CPP; por lo que, su remisión ante el Tribunal de alzada debe efectivizarse en el plazo de veinticuatro horas de interpuesto el recurso, y una vez recibida la misma, debe ser resuelta sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones. Ahora bien, de los antecedentes se tiene que, dentro del proceso penal que se le sigue al impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar o doméstica, el 28 de febrero de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares, actuado procesal en el cual el Juez ahora demandado emitió el Auto Interlocutorio 118/2023; a través del cual, dispuso la detención domiciliaria del ahora solicitante de tutela; por lo que, el prenombrado por medio de su defensa interpuso recurso de apelación incidental contra dicha resolución, solicitando que se remita el cuaderno procesal ante el Tribunal de alzada; dicha actuación procesal, en su calidad de medio impugnatorio, generó para el Juez demandado la obligación de remitir los antecedentes pertinentes ante el superior en grado dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme prevé el art. 251 del CPP, a efectos de su correspondiente resolución. No obstante, dicha remisión no se concretó hasta la interposición de la presente acción tutelar, habiendo transcurrido más de dos meses desde la formulación del recurso de apelación incidental; incumplimiento procesal que constituye una dilación indebida que guarda directa relación con la libertad del accionante, en tanto que la detención domiciliaria, si bien no suprime de manera absoluta la libertad de locomoción como ocurriría con la detención preventiva, sí implica una restricción al derecho de circulación, al limitar la movilidad del impetrante de tutela al ámbito de su domicilio. En consecuencia, la omisión de la autoridad jurisdiccional de remitir oportunamente el recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución que dispuso la detención domiciliaria del solicitante de tutela configura una dilación indebida que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, estrechamente vinculado a la libertad del accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 048/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 9 a 10 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, por la indebida dilación en la remisión ante el Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta por el accionante contra el Auto Interlocutorio 118/2023 de 28 de febrero, en los mismos alcances dispositivos asumidos por el Juez de garantías; y, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad,

caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

3 La sistematización de los precedentes constitucionales referidos a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0252_2026-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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