Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 24 de mayo de 2024
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso, vinculados al principio de celeridad, debiendo la Fiscal de Materia accionada, o en su defecto, el asignado el caso, en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pronunciarse respecto a la solicitud del accionante dentro del caso Código Único de Denuncia: 201102012200418, referente a lo requerido por Maximiliano Dávila Pérez mediante memorial de 7 de febrero de 2022, bajo responsabilidad. 2° Notifíquese con el presente fallo constitucional por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional al Fiscal General del Estado dentro del plazo de veinticuatro horas, para que supervise el accionar de Mirtha Lucía Torres Ortíz Cabrera, Fiscal de Materia accionada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0251/2024-S3 Sucre, 24 de mayo de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 48332-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Maximiliano Dávila Pérez contra Mirtha Lucía Torres Ortíz Cabrera, Fiscal de Materia.
El accionante por memorial presentado el 10 de febrero de 2022, cursante de fs. 21 a 25 vta., a través de su abogado denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia vinculado a los principios de celeridad y publicidad, señalando que dentro del proceso penal seguido en su contra se encuentra con detención preventiva al haber quedado latentes los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 2 y 6; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en ese sentido, a fin de solicitar la cesación a su detención preventiva, el 7 de igual mes y año, por memorial presentado al Ministerio Público pidió se emita requerimiento a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para que por la Unidad Reconvencional se proceda a otorgar garantías unilaterales para Omar Rojas Echeverria, Ignacio Angus Nieto, “…LA MAMA DEL SINDICADO IGNACIO ANGUS NIETO, LA CUAL HA SIDO IDENTIFICADA Y MENCIONADA EN LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, VICTIMAS, TESTIGOS, PARTICIPES, PERITOS Y DEMÁS PARTES DEL PROCESO…” (sic).
Ante dicha petición, la Fiscal de Materia asignada al caso dispuso se requiera a la Unidad Reconvencional a objeto de otorgar garantías unilaterales respecto a Omar Rojas Echeverria, Ignacio Angus Nieto, sin referirse a los demás, lo que evidentemente se constituye en una respuesta negativa, además de un acto dilatorio y vulneratorio de sus derechos, toda vez que dicha documentación es necesaria para solicitar la modificación de su medida cautelar de última ratio. Por lo anterior pidió se conceda la tutela y se ordene a la Fiscal de Materia accionada “…dar curso a la solicitud COMPLETA de los REQUERIMIENTOS SOLICITADOS” (sic).
El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 32 a 33 vta., concedió la tutela solicitada, aclarando que es responsabilidad del accionante la falta de identificación por sus nombres de testigos y peritos; bajo los siguientes fundamentos: a) La Fiscal de Materia observó la solicitud de requerimientos para las personas que fueron “…nombrados en la resolución de medidas cautelares…” (sic), y que el accionante las identificó “…como víctimas, testigos y peritos…” (sic), razón por la que la Fiscal de Materia accionada debe emitir los requerimientos solicitados conforme lo impetrado por el accionante; y, b) Si bien el juez cautelar es el encargado del control de garantías constitucionales, se debe acudir en caso de vulneraciones de derechos, no es menos cierto que los fiscales de materia deben responder sin dilaciones a las solicitudes de requerimientos, más aún cuando se trata de privados de libertad.
Al respecto la SCP 0628/2020-S1 de 15 de octubre, señaló: “…la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia. (…)
…el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida, cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones” (el resaltado es añadido).
La misma SCP 0628/2020-S1, respecto al principio de celeridad señaló: “…el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa, según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los Jueces o Tribunales agiliten la resolución de los litigios. Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, reiterada por las SSCC 1213/2006-R; 0900/2010, 1157/2017-S2; y 0052/2018-S2 entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado”.
El accionante denuncia la vulneración sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de acceso a la justicia vinculado a los principios de celeridad y publicidad; puesto que, con la finalidad de enervar los riegos procesales establecidos en la resolución que determinó su detención preventiva, el 7 de febrero de 2022, solicitó al Ministerio Público se emitan requerimientos a la FELCC para que a través de la Unidad Reconvencional se otorguen garantías unilaterales para Omar Rojas Echeverría, Ignacio Angus Nieto, para la mamá de este último así como para los testigos, peritos y víctimas que participaron en la audiencia de medidas cautelares; sin embargo, la Fiscal de Materia ahora accionada asignada al caso solo dio curso a la emisión de requerimientos de los dos primeros, sin fundamentar su negativa respecto a los requerimientos impetrados para las demás personas, constituyéndose en un acto dilatorio que lesionó sus derechos y garantías constitucionales. Precisados los antecedentes del caso, se advierte que el impetrante de tutela mediante memorial presentado el 7 de febrero de 2022, dirigido a la Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas en Delitos Tributarios y Aduaneros de La Paz hoy accionada, solicitó que se requiera a la FELCC para que a través de la Unidad Reconvencional pueda otorgar garantías unilaterales hasta el cuarto grado de consanguineidad a las siguientes personas: Omar Rojas Echevarría, Ignacio Angus Nieto, a la madre de este último así como a las víctimas, testigos, partícipes, peritos y demás partes del proceso penal (fs. 3). Ante ello, la Fiscal de Materia ahora accionada, mediante providencia de 8 de febrero de 2022, determinó se emitan los requerimientos de garantías unilaterales a los dos primeros nombrados, previa las formalidades (fs. 4). Ahora bien conforme la jurisprudencia desarrollada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho fue configurada con la finalidad que las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia realicen sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad o dentro de plazo razonable, pues lo contrario implicaría incurrir en actos dilatorios; aclarando que las respuestas a las solicitudes que pudieran ser efectuadas por el privado de libertad no necesariamente deben ser afirmativas. En ese sentido, acorde a los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que la solicitud de los requerimientos impetrado por el accionante el 7 de febrero de 2022, en cuanto al requerimiento para otorgar garantías unilaterales en favor de la mamá del sindicado IGNACIO ANGUS NIETO -se entiende que la Sra. NIETO-, no fue respondida por la Fiscal de Materia asignada al caso mediante providencia de 8 de similar mes y año, siendo que el propio Ministerio Público en audiencia de medidas cautelares de 24 de enero de igual año, fundamentó la concurrencia del art. 235.2 del CPP, que el imputado hoy accionante es un peligro porque se está investigando a otras personas, entre las que se encuentra “la mamá del sindicado”, cuya identificación es responsabilidad de la autoridad accionada, a fin que considere al momento de atender la petición señalada y no dejar de pronunciarse sobre la precitada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso, vinculados al principio de celeridad, debiendo la Fiscal de Materia accionada, o en su defecto, el asignado el caso, en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, pronunciarse respecto a la solicitud del accionante dentro del caso Código Único de Denuncia: 201102012200418, referente a lo requerido por Maximiliano Dávila Pérez mediante memorial de 7 de febrero de 2022, bajo responsabilidad. 2° Notifíquese con el presente fallo constitucional por Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional al Fiscal General del Estado dentro del plazo de veinticuatro horas, para que supervise el accionar de Mirtha Lucía Torres Ortíz Cabrera, Fiscal de Materia accionada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0251_2024-S3.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6142c96c7a219f90fbb1beab636977b0b6fe14a8a432366d0e5df5188ae9a8c4
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