Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de mayo de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia que -dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual- estando detenido preventivamente, mediante Auto Interlocutorio 44/2021 de 15 de noviembre, fue beneficiado con detención domiciliaria y fianza económica de Bs50 000.-, entre otras medidas; sin embargo, a la fecha de planteamiento de este mecanismo de defensa, los demandados no le entregaron el formulario de depósito judicial, retrasando con ello la cesación de la medida extrema; lo que, le impulsó a plantear esta acción de libertad de pronto despacho, solicitando que se le permita cancelar dicha fianza.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 027/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Jefe Administrativo Financiero de La Paz del Órgano Judicial, entregue al Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento, los correspondientes formularios de depósitos judiciales; y a su vez, en el día el referido personal de apoyo judicial llene el respectivo formulario de depósito judicial de Bs50 000.-, que hará efectivo Israel Charles Roledo Medina en las correspondientes cuentas bancarias de la Dirección Administrativa Financiera de La Paz, salvo que por el transcurso del tiempo el mismo ya hubiese sido realizado; y, 2° Exhortar al Tribunal de garantías a que cumpla con el plazo que tiene para la remisión de las acciones tutelares al Tribunal Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0250/2023-S2 Sucre, 2 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44768-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 027/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Israel Charles Roledo Medina contra José Fernando Soliz Jiménez, Jefe Administrativo Financiero de La Paz del Órgano Judicial; y, Elías Quispe Morales, Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2021, cursante de fs. 5 a 6, el accionante manifestó que:
Estando cumpliendo desde el 2 de agosto de 2019, detención preventiva en el Centro Penitenciario Qalahuma de La Paz, la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del citado departamento, dictó el Auto Interlocutorio 44/2021 de 15 de noviembre, disponiendo su detención domiciliaria, pidiéndole además seis requisitos que debió cumplir, entre ellos, una fianza de Bs50 000.- (cincuenta mil bolivianos) a ser cancelada a favor del Consejo de la Magistratura. Desde la emisión de esa Resolución, su abogado y familiares trataron que se les entregue el formulario de depósito judicial necesario; empero, la Dirección Administrativa Financiero (DAF) La Paz, le negó aquello, impidiendo que pueda acceder a la detención domiciliaria; por ello, planteó esta acción de libertad de pronto despacho.
No denunció expresamente la lesión de derecho alguno.
Solicitó que se le extienda el correspondiente formulario de depósito judicial “en el día”.
Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de diciembre de 2021, según consta en acta cursante a fs. 23 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad presentado.
José Fernando Soliz Jiménez, Jefe Administrativo Financiero La Paz del Órgano Judicial, a través de su representante, en audiencia de garantías señaló que: a) Recibió la notificación de la presente acción de libertad, a horas 13:09 del “día de hoy”; b) De acuerdo al Reglamento de Fianzas para funcionarios del Órgano Judicial, se establece que una vez asumido el cargo, tienen treinta días calendario para ofrecer la fianza correspondiente, la cual habilita para que proporcione y dote de valores a los secretarios de los juzgados; c) El Secretario demandado de acuerdo al Memorándum 381/2021 - CM - URH. de 22 de septiembre, ingresó a sus funciones el 4 de octubre del mismo año, habiendo obtenido la Resolución Administrativa (RA) J.A.F.-OJ-LPZ/ 324/2021 de 15 de igual mes, respecto de su trámite de fianza; por lo que, desde ese momento el aludido pudo solicitar la dotación de valores judiciales; d) El 30 de noviembre del mismo año, se presentó una nota pidiendo dichos formularios; ante ello, el encargado de almacenes le indicó al solicitante de tutela que regresara, empero no lo hizo; consiguientemente, en el día de la audiencia de garantías la DAF La Paz dispuso que los funcionarios de almacenes remitan los formularios de depósitos judiciales a los juzgados correspondientes; y, e) La Circular de auditoría interna 02/2015 -no señaló la fecha-, dispone que para evitar duplicidad de dotación en cuanto a los formularios de depósitos judiciales, se deben recibir los mismos del secretario saliente, y una vez realizado ello, dotar al secretario entrante de los nuevos formularios. Elías Quispe Morales, Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías indicó que: Asumió el cargo de Secretario el 4 de octubre de 2021, mediante el Memorándum 381/2021 - CM - URH., el cual fue presentado en este mecanismo de defensa, tras dos semanas, se apersonó a oficinas de la DAF La Paz a recabar los respectivos valores, donde le indicaron que la anterior secretaria no realizó la entrega de los formularios, pero que existían los mismos en la secretaría del citado Juzgado, independientemente de ello fue a solicitar valores; no obstante, la respuesta fue negativa; de igual manera, se hizo presente el abogado del impetrante de tutela; y, finalmente, un día antes a la audiencia de garantías, tanto el prenombrado profesional y su persona fueron a la referida Dirección Administrativa a dejar una nota para que le entreguen los valores y pudiera realizar el depósito judicial; consiguientemente, al no contar con los correspondientes documentos para efectuar dicho depósito, no actuó negligentemente; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 027/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 24 a 25, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Danny Nadim Betancourt Medrano, en representación del Jefe Administrativo Financiero demandado, informó que sus funcionarios pretendieron entregarle los indicados formularios de depósitos; empero, el Secretario codemandado se habría rehusado a recibirlos; 2) Respecto a la falta de emisión de los formularios de depósito judicial, los mismos se encontraban sustentados con relación a que dichos valores fueron otorgados a la exsecretaria del Juzgado donde ejerce su cargo el aludido personal de apoyo judicial; empero, la prenombrada no los devolvió a la DAF; 3) El representante y Director de la indicada Dirección hizo conocer que “en el día” se le iba a entregar el formulario de depósito judicial al referido Secretario, a fin de que el mismo pueda tramitarse conforme a derecho y de acuerdo a la solicitud que fue impetrada mediante nota de 26 de noviembre de 2021; y, 4) No se evidenció demora alguna en cuanto a la otorgación de los formularios de depósito judicial, tomando en cuenta que dentro del Reglamento Interno de la DAF, los secretarios reciben estos una vez que asumen el cargo; en el presente caso, entregados a la exsecretaria de ese Juzgado y que ella presentó sus descargos; sin embargo, ante la solicitud del Secretario codemandado de 30 del citado mes y año, se entregaría el respectivo formulario de depósito; por ello, se cumplió con la otorgación de la indicada literal por parte de la DAF La Paz.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum 381/2021 - CM - URH. de 22 de septiembre, se designó a Elías Quispe Morales en el cargo de Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado-; y sello que indica alta al 4 de octubre de igual año (fs. 12).
II.2. Mediante RA J.A.F.–OJ-LPZ/ 324/2021 de 15 de octubre, se dispuso aprobar el Informe Legal OJ/DAF/AL/LPAZ/INF/ 416/2021 de 15 del mismo mes, sobre ofrecimiento de fianza en dinero, descontando por planilla el 20% del haber mensual, a favor del “Órgano Judicial La Paz”, ofrecido por el Secretario codemandado (fs. 11 y vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio 44/2021 de 15 de noviembre, la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la cesación de la detención preventiva del impetrante de tutela y en su lugar, aplicó su detención domiciliaria; arraigo; prohibición de comunicarse con la víctima y los testigos; fianza económica de Bs50 000.- que debe ser depositados a favor del Consejo de la Magistratura; y, presentación periódica ante el Ministerio Público cada quince días (fs. 3 a 4). II.4. Conforme a carta presentada el 30 de noviembre del mismo año, el Secretario codemandado solicitó a la DAF La Paz formularios de depósito judicial (valores); puesto que, la exsecretaria no realizó la entrega de los mismos y no fue posible comunicarse con la aludida, ello con la finalidad de no perjudicar a los privados de libertad (fs. 20). II.5. De acuerdo al formulario de descargo de valores judiciales de 30 de noviembre de 2021, del Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se advierte una aclaración manuscrita, señalando que la anterior funcionaria no dejó formularios, valores de solicitud de depósito judicial u orden para restitución y tampoco entregó copia ni original (fs. 18). II.6. Cursa Hoja de Ruta 10223/(LPZ DAF) JAF de 30 de noviembre de 2021, originada por Gladys Bacarreza Morales, en la que solicitó formulario de depósito judicial, dirigida a “LIC. CARRIÓN” (sic), teniéndose proveído de 1 de diciembre de igual año, que indicó: “PARA SU CONOCIMIENTO Y ACCIÓN INMEDIATA, SOBRE ASIGNACIÓN DE VALORES Y SEA CON TODAS LAS FORMALIDADES DE RIGOR” (sic [fs. 19]).
El accionante denuncia que -dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual- estando detenido preventivamente, mediante Auto Interlocutorio 44/2021 de 15 de noviembre, fue beneficiado con detención domiciliaria y fianza económica de Bs50 000.-, entre otras medidas; sin embargo, a la fecha de planteamiento de este mecanismo de defensa, los demandados no le entregaron el formulario de depósito judicial, retrasando con ello la cesación de la medida extrema; lo que, le impulsó a plantear esta acción de libertad de pronto despacho, solicitando que se le permita cancelar dicha fianza.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, señaló que: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Del mismo modo, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial emitida al respecto sostuvo que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva” (las negrillas corresponden al texto original). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, refirió que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido).
Israel Charles Roledo Medina -hoy accionante- denuncia que estando detenido preventivamente, mediante Auto Interlocutorio 44/2021 de 15 de noviembre, fue beneficiado con detención domiciliaria y fianza económica de Bs50 000.-, entre otras medidas; sin embargo, a la fecha de planteamiento de este mecanismo constitucional, el Jefe Administrativo Financiero de La Paz del Órgano Judicial y el Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mismo departamento -demandados-, no le entregaron el formulario de depósito judicial, retrasando con ello la cesación de su detención preventiva; lo que, le impulsó a formular la presente acción de libertad de pronto despacho, solicitando que se le permita cancelar dicha fianza. Establecido el planteamiento del problema, se tiene que el impetrante de tutela mediante Auto Interlocutorio 44/2021 de 15 de noviembre, emitido por la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, se dispuso la cesación de su detención preventiva, determinándose su detención domiciliaria y fianza económica de Bs50 000.-, entre otras medidas (Conclusión II.3). Asimismo, se puede verificar que el Secretario codemandado, fue designado en dicho cargo el 22 de septiembre de 2021, ejerciéndolo desde el 4 de octubre del señalado año (Conclusión II.1); consta que se aprobó el ofrecimiento de fianza del referido Secretario (Conclusión II.2); a lo que, el prenombrado el 30 de noviembre de 2021, mediante nota solicitó a la DAF La Paz formularios de depósitos judiciales, explicando que la anterior secretaria entregó los mismos (Conclusión II.4); esa similar fecha, fue emitido el formulario de descargo de valores judiciales de dicho Juzgado, donde se aclaró que la exsecretaria de ese despacho no dejó los indicados formularios (Conclusión II.5); y finalmente, se tiene Hoja de Ruta 10223/(LPZ DAF) JAF de 30 del mismo mes y año, solicitando aquellos documentos; mereciendo proveído de 1 de diciembre de igual año, disponiéndose la inmediata asignación de valores (Conclusión II.6). En ese contexto, se debe tomar en cuenta que el reclamo del impetrante de tutela, deriva en que desde el 15 de noviembre de 2021, hasta el planteamiento de este mecanismo de defensa, no pudo realizar ningún depósito; ya que, no le fue entregado el correspondiente formulario de depósito de la fianza que se le impuso, para acceder a su detención domiciliaria, pues de acuerdo a lo referido ut supra, ante la Hoja de Ruta 10223/(LPZ DAF) JAF, recién se emitió el proveído de 1 de diciembre del mismo año, que autorizó la entrega de los señalados documentos. En ese orden, corresponde analizar quién es el responsable de dicha demora; para ello, se cuenta con el dato que el Secretario codemandado ejerció su cargo desde el 4 de octubre de 2021, a partir del cual era su responsabilidad que el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, cuente con todas las condiciones para operar correctamente y según la DAF La Paz, desde el 15 del mes y año indicados, podía solicitar la dotación de los mismos -tomando en cuenta que esa fecha se emitió la RA J.A.F.–OJ-LPZ/ 324/2021 que aceptó la fianza ofrecida por este-; sin embargo, recién el 30 de noviembre de ese año, se advierten reclamos formales de requerimiento de formularios de depósito judicial; por ende, del Secretario codemandado; es decir, desde el momento en que este pudo pedir esos documentos hasta que efectivamente lo hizo, pasaron cuarenta y cinco días, y en ese ínterin, fue dictado el Auto Interlocutorio 44/2021, que benefició al peticionante de tutela; empero, no se pudo efectivizar aquella por una inacción del aludido personal de apoyo judicial. Ahora bien, el Jefe Administrativo Financiero demandado, si bien indicó que el nombrado Secretario se rehusó a recibir los señalados formularios, además, de no haberlo demostrado con pruebas, no puede deslindarse de responsabilidad con base en un acto de irresponsabilidad del referido funcionario, omitiendo ejercer sus buenos oficios al respecto, dotando de dichos formularios al indicado Juzgado; más aún, tomando en cuenta que los mismos son, entre otros aspectos, para la cancelación de fianzas de detenidos preventivos, con el fin de acceder a la detención domiciliaria, obligación que tenía al efecto el citado Jefe desde que asumió conocimiento del cambio de secretarios; es decir, en el momento de la emisión de la RA J.A.F.–OJ-LPZ/ 324/2021 debiendo haber dotado oportunamente al nuevo servidor público de dichos formularios, pues ellos garantizan la libertad de muchos privados de ese derecho, como en este caso, en el que el solicitante de tutela no pudo beneficiarse con la detención domiciliaria, por un aspecto meramente formal. En ese marco, es evidente la demora injustificada en la que ingresaron los demandados habiendo privado al accionante de acceder a la detención domiciliaria desde la fecha en que se dictó el Auto Interlocutorio 44/2021, que dispuso ese extremo; pues, el proveído de 1 de diciembre de igual año, para la entrega de dichos formularios, ya es tardío, habiendo incurrido en el menoscabo del derecho a la libertad del solicitante de tutela; consiguientemente, es aplicable a este caso la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho; desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, a través de la cual se protege a los impetrantes de tutela que no son atendidos en sus solicitudes de forma oportuna y que a partir de ello, se afecta a su derecho a la libertad.
Tomando en cuenta que la audiencia de garantías de este mecanismo de defensa se llevó a cabo el 1 de diciembre 2021, y que la misma recién fue remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional el 17 de igual mes y año, se evidencia que se incumplió con el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el cual establece que el plazo de remisión de la resolución de la acción tutelar es de veinticuatro horas siguientes a ella; consiguientemente, corresponde exhortar al Tribunal de garantías a que en futuros mecanismos de defensa, respete el referido plazo. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 027/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 24 a 25, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Jefe Administrativo Financiero de La Paz del Órgano Judicial, entregue al Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento, los correspondientes formularios de depósitos judiciales; y a su vez, en el día el referido personal de apoyo judicial llene el respectivo formulario de depósito judicial de Bs50 000.-, que hará efectivo Israel Charles Roledo Medina en las correspondientes cuentas bancarias de la Dirección Administrativa Financiera de La Paz, salvo que por el transcurso del tiempo el mismo ya hubiese sido realizado; y, 2° Exhortar al Tribunal de garantías a que cumpla con el plazo que tiene para la remisión de las acciones tutelares al Tribunal Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0250_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 69010ab9d2ae8ca55e4be598f74fb6329178b244b8c31f58258835d1d97999e8
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