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SCP 0246/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 16 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
16 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
51121-2022-103-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante sin mandato, alegan la lesión de sus derechos a la libertad, dignidad, debido proceso, defensa; y, justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; así como, del principio de celeridad; toda vez que, el 11 de marzo de 2022, la autoridad demandada, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 11 de marzo de 2022, fijó acto procesal de consideración de su situación jurídica para el 12 de septiembre de igual año, mismo que no se desarrolló sin justificativo alguno y que, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se volvió a señalar. Por su parte, la autoridad demandada, pese a su notificación, no presentó informe escrito alguno ni participó de la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19 de 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con los mismos alcances dispositivos asumidos por el citado Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso en concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0246/2025-S2 Sucre, 16 de abril de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 51121-2022-103-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19 de 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Pinto Martínez en representación sin mandato de Beto Fonseca Mamani y José Severo Saavedra Flores contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por escrito presentado el 16 de septiembre de 2022, cursante de fs. 9 a 12, los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, radicado ante la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -autoridad demandada-, el 11 de marzo de 2022, se celebró una audiencia de aplicación de medidas cautelares. En dicho acto procesal, se ordenó su detención preventiva y se fijó audiencia de consideración de su situación jurídica para el 12 de septiembre del mismo año; sin embargo, refieren que no se cumplió ninguna diligencia -entiéndase actos de comunicación procesal- para garantizar la realización de la señalada audiencia; por lo que, la misma no se llevó a cabo y no cursa en antecedentes procesales ningún justificativo para la suspensión del mencionado verificativo.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela a través de su representante sin mandato, alegan la lesión de sus derechos a la libertad, dignidad, debido proceso, defensa; y, justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; así como, del principio de celeridad; citando al efecto, los arts. 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada -sin responsabilidad de la autoridad recurrida-; y, en consecuencia, se ordene “su libertad”.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 44; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los peticionantes de tutela, a través de su abogado y representante en audiencia ratificaron in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y, respondiendo a las preguntas realizadas por el Tribunal de garantías, el prenombrado señaló que: a) La audiencia de 11 de marzo de 2022 se desarrolló bajo la modalidad virtual y estaban presentes todas las partes; por lo mismo, se encontraban notificadas con la determinación que señalaba la audiencia virtual de consideración de su situación jurídica para el 12 de septiembre del mismo año por su emisión oral en dicho acto; b) Cuando llegó la fecha de celebración de la audiencia de consideración de su situación jurídica, no se habilitó una sala virtual para la realización de la misma y tampoco se proporcionó ningún enlace a los sujetos procesales; y, c) No cursa en antecedentes justificativo alguno para la suspensión de dicho acto procesal ni acta de suspensión de audiencia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no se hizo presente a la audiencia señalada y tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 35.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 19 de 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 42 a 44, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza demandada señale audiencia en el término de veinticuatro horas para considerar la situación jurídica de los impetrantes de tutela, con base en los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada, en audiencia de aplicación de medidas cautelares celebrada 11 de marzo de 2022, dispuso la detención preventiva de Beto Fonseca Mamani y José Severo Saavedra Flores -ahora accionantes- por el término de seis meses, señalando -en el mismo acto-verificativo de consideración de su situación jurídica para el 12 de septiembre de igual año; empero, dicho acto procesal no se llevó a cabo; 2) Cursa nota remitida por la Secretaria del despacho de la Jueza demandada, donde informa el motivo de la no celebración de dicha audiencia; sin embargo, no se advierte la existencia de un acta de suspensión; y, 3) No se señaló nueva audiencia de consideración de la situación jurídica de los accionantes, encontrándose los mismos en incertidumbre, lo cual, “…evidentemente vulnera su derecho de acceso de justicia, celeridad, incluso a la libertad…” (sic), debido a la inacción en el señalamiento de la mencionada audiencia.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Beto Fonseca Mamani y José Severo Saavedra Flores -ahora accionantes-por la presunta comisión del delito de robo agravado, cursa nota de 12 de septiembre de 2022 emitida por Rebeca Cáceres Padilla, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz; en la cual refiere que, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 11 de marzo de 2022, se señaló verificativo de consideración de situación jurídica de los prenombrados para el 12 de septiembre de igual año, acto que no se celebró, toda vez que, en el mismo horario, dicho despacho se encontraba en audiencia de aplicación de medidas cautelares con aprehendido en el proceso penal del caso “…FELCV-SAT- WAR N° 171/2.022…” (sic) que sigue el Ministerio Público contra Luis Alfredo Ortiz Mercado por la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado (fs. 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante sin mandato, alegan la lesión de sus derechos a la libertad, dignidad, debido proceso, defensa; y, justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; así como, del principio de celeridad; toda vez que, el 11 de marzo de 2022, la autoridad demandada, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 11 de marzo de 2022, fijó acto procesal de consideración de su situación jurídica para el 12 de septiembre de igual año, mismo que no se desarrolló sin justificativo alguno y que, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no se volvió a señalar. Por su parte, la autoridad demandada, pese a su notificación, no presentó informe escrito alguno ni participó de la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).

III.2. Análisis del caso en concreto

Delimitado como está el ámbito de análisis, corresponde remitirnos a los antecedentes procesales del expediente constitucional, en el mismo, se advierte que, habiéndose impuesto medidas cautelares contra los accionantes en la audiencia del 11 de marzo de 2022, y ante la ausencia de celebración del verificativo de consideración de su situación jurídica programado para el 12 de septiembre del citado año, en la misma fecha, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, emitió una nota donde refiere que ésta no se llevó a cabo en virtud al desarrollo de otro acto procesal (Conclusión II.1).

Con base en dichos antecedentes, se concluye que, en efecto, la autoridad demandada no cumplió su propia determinación emitida el 11 de marzo de 2022, ya que, no llevó a cabo la audiencia de consideración de la situación jurídica de los peticionantes de tutela, misma que, fue señalada en función al vencimiento del término de la detención preventiva impuesta contra éstos. La omisión se materializa también en la inexistencia de un justificativo válido sobre el diferimiento o suspensión del acto procesal, en el cual, debía determinarse la situación jurídica de los antes nombrados y, sobre todo, la falta de señalamiento de nueva audiencia, dejándolos en incertidumbre. Aquello constituye claramente una omisión o negligencia que lesiona su derecho al debido proceso vinculado al principio de celeridad y relacionado de forma directa con el derecho a la libertad, debido a la falta de debida diligencia en el trámite de consideración de la situación jurídica de personas privadas de libertad. Finalmente, evidenciándose la lesión al derecho al debido proceso de los accionantes en la medida en la que corresponde concederse la tutela solicitada en los mismos alcances dispuestos por el Tribunal de garantías, no amerita pronunciamiento respecto a los derechos a la dignidad y a la “…justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…” (sic). En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19 de 19 de septiembre de 2022, cursante de fs. 42 a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada con los mismos alcances dispositivos asumidos por el citado Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0246_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.

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