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SCP 0239/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 10 de junio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
48634-2022-98-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la “APELACIÓN”; en razón a que, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, hasta la presentación de este mecanismo de defensa, no remitieron al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental que interpuso el 9 de junio de 2022, contra el Auto Interlocutorio de 7 del mismo mes y año, mediante el cual dichas autoridades rechazaron su solicitud de cesación de la detención preventiva, incumpliendo el plazo señalado en el art. 404 del CPP, provocando una dilación indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/22 de 28 de junio de 2022, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los argumentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por haber incurrido los demandados en una demora innecesaria e injustificada en la tramitación del recurso de apelación interpuesto por el accionante. Sin costas ni daños y perjuicios.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0239/2024-S2 Sucre, 10 de junio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 48634-2022-98-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03/22 de 28 de junio de 2022, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alain Mogro Segovia en representación sin mandato de José Ignacio Eguez Jiménez contra José Mancilla Anajía, Saúl Vargas Mérida y Ana María Valverde Alave, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de junio de 2022, cursante de fs. 3 a 5 vta., el accionante a través de su representante, refirió que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de asesinato, en audiencia de 7 de junio de 2022, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, a través de Auto Interlocutorio de la fecha señalada, rechazaron su solicitud de cesación de la detención preventiva; en ese sentido, en atención a los arts. 403.2 y 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 9 del mismo mes y año, interpuso recurso de apelación incidental a esa determinación; no obstante, transcurrieron más de dieciocho días sin que las indicadas autoridades remitan el legajo procesal ante el Tribunal de alzada para proseguir su trámite; incumpliendo de esa manera el plazo de veinticuatro horas dispuesto en el art. 405 del citado Código; en tal circunstancia, se encuentra “…EN UN PROCESO INDE[B]IDO Y DILATORIO QUE LESIONA [SU] DERECHO A LA APELACIÓN…” (sic); por lo que, activa la presente acción de libertad de pronto despacho.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y la “APELACIÓN”, citando al efecto los arts. 22, 114.I, 115.I, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2 inc. h), 11.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la inmediata remisión del legajo procesal al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a objeto que se resuelva el recurso de apelación que formuló contra el Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2022; y en ejecución del fallo se proceda al pago de daños, perjuicios y costas procesales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de junio de 2022, según consta en acta cursante a fs. 14 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó el tenor íntegro del memorial de la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

José Mancilla Anajía, Saúl Vargas Mérida y Ana María Valverde Alave, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, presentaron informe escrito de 28 de junio de 2022, cursante a fs. 13, expresando que: a) Solicitaron a la Secretaria del indicado Tribunal el expediente correspondiente al proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante; sin embargo, dicha funcionaria les manifestó que el cuaderno procesal había sido remitido al Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; además, que no se cumplió en su momento con el indicado envío, debido a que, el peticionante de tutela no proporcionó las copias necesarias y la Secretaria no cuenta con los recursos económicos para ese cometido; por tal razón, tuvo que remitir el expediente original; y, b) No lesionaron derecho alguno del prenombrado; puesto que, fue quien provocó su indefensión al no proveer las copias para el legajo procesal; por lo que, pidieron denegar la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 03/22 de 28 de junio de 2022, cursante de fs. 15 a 16 vta., denegó la tutela impetrada, con base en el siguiente fundamento: La SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio, estableció la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, es decir, cuando el hecho denunciado desapareció o dejó de vulnerar derechos o garantías constitucionales, provocando la insubsistencia de la petición; circunstancia que en el presente caso aconteció, debido a que, la remisión reclamada por el accionante fue realizada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 9 de junio de 2022, José Ignacio Eguez Jiménez -ahora accionante- interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 7 del mismo mes y año, pronunciado por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz -demandados-, a través del cual, rechazaron su solicitud de cesación de la detención preventiva (fs. 2 y vta.). II.2. Por Oficio 432/2022 de 27 de junio, Saúl Vargas Mérida, Juez del citado Tribunal de Sentencia, remitió al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, “…en copias legalizadas, expediente N° 12/2022…” (sic), correspondiente al proceso penal instaurado en contra del prenombrado por la presunta comisión del delito de asesinato; Oficio con sello de recepción a horas 8:30 y fecha ilegible (fs. 11). II.3. A través de informe de 28 de junio de 2022, Edith Porco Esquivel, Secretaria del señalado Tribunal de Sentencia, informó que: “…de la re[vi]sión de actuados se tiene memorial de apelación incidental a fs. 653 y vta., tengo [a] bien informar que la parte apelante no [h]a [provisto] las fotocopias de los actuados y la suscrita (…) no cuenta con recursos necesarios para proveer las copias, para que esta sea remitido al tribunal de alzada. Sin embargo, la suscrita secretaria remitió el expediente en original al tribunal de alzada” (sic [fs. 12]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la “APELACIÓN”; en razón a que, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz, hasta la presentación de este mecanismo de defensa, no remitieron al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental que interpuso el 9 de junio de 2022, contra el Auto Interlocutorio de 7 del mismo mes y año, mediante el cual dichas autoridades rechazaron su solicitud de cesación de la detención preventiva, incumpliendo el plazo señalado en el art. 404 del CPP, provocando una dilación indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus –ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (el resaltado nos corresponde).

III.2. Análisis del caso concreto

La problemática planteada por el accionante surge dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato; que se encuentra con acusación formal y radica ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista del departamento de Santa Cruz; a lo que, el prenombrado menciona que, estando detenido preventivamente (no precisa el lugar de su privación de libertad), pidió la cesación de la indicada medida cautelar, que fue rechazada por los Jueces del referido Tribunal a través del Auto Interlocutorio de 7 de junio de 2022; por tal razón, el 9 del citado mes y año, interpuso recurso de apelación incidental contra la señalada Resolución; en esas circunstancias, denuncia que hasta la presentación de esta acción de defensa, dichas autoridades no remitieron esa impugnación al Tribunal de alzada, incurriendo en una dilación indebida. Ante dicho reclamo, los Jueces demandados informaron que el indicado recurso de apelación y el expediente correspondiente al proceso penal instaurado contra el peticionante de tutela, fueron remitidos al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, aunque no precisaron la fecha de dicho envío; asimismo, reportaron que la demora denunciada se debió a que el prenombrado no proveyó las copias del cuaderno procesal. Antes de analizar la problemática señalada, corresponde hacer notar que, a pesar de que el solicitante de tutela identificó en la presente acción de libertad, como lesionado su derecho a la “APELACIÓN”, dicha falencia no puede constituirse en óbice para obtener un pronunciamiento de fondo; toda vez que, esta acción de defensa esta revestida del principio de informalismo; además, en mérito al principio procesal iura novit curia, este Tribunal entiende que este mecanismo constitucional es de tipo traslativo y con la finalidad de remediar la dilación indebida denunciada por el peticionante de tutela. En ese sentido, de los antecedentes que cursan en el expediente constitucional se tiene que, evidentemente el 9 de junio de 2022, el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 7 de igual mes y año -mediante el cual los Jueces demandados rechazaron su solicitud de cesación de la detención preventiva- (Conclusión II.1); también cursa el Oficio 432/2022 de 27 de junio, de remisión de la indicada impugnación al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con fecha de recepción ilegible (aspecto que igualmente fue advertido por el representante del solicitante de tutela en audiencia de garantías [Conclusión II.2]); y, el informe de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Buena Vista de dicho departamento, a través del cual, se corrobora el referido envío (Conclusión II.3). A pesar de que las autoridades demandadas y la Secretaria del indicado Tribunal de Sentencia, omitieron precisar la fecha de remisión del recurso de apelación interpuesto por el accionante y el respectivo expediente al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se puede establecer que esta fue realizada el 28 de junio de 2022, a horas 8:30; en razón a que, el Oficio 432/2022 deja entrever que la admisión de la indicada impugnación y la orden de envío fueron dispuestas en el decreto de 27 del citado mes y año; de manera que, no pudo haberse ejecutado dicha determinación, en la hora señalada del mismo día en que fue ordenado. Ahora bien, efectuada dicha precisión, se puede establecer que habiendo el peticionante de tutela interpuesto el recurso de apelación incidental el 9 de junio de 2022, la admisión de este se produjo el 27 de igual mes y año, y su remisión juntamente con el cuaderno procesal al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se realizó el 28 del citado mes y año, es decir, posteriormente a la formulación de la presente acción de libertad, efectuada el 27 del señalado mes y año, y a las citaciones realizadas a las autoridades demandadas, efectuadas el mismo día -27 de junio de 2022- a horas 16:59, 17:03 y 17:06, conforme se tiene de fs. 7 a 8, provocando una demora injustificada de dieciocho días e incumpliendo con el plazo previsto en la norma procesal penal, que incluso en materia de medidas cautelares es de veinticuatro horas -art. 251 del CPP-; en ese sentido, los Jueces demandados incurrieron en dilación indebida; toda vez que, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, las autoridades judiciales tienen la obligación de atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma; más aún, cuando se trata de personas privadas de libertad, como ocurre en el presente caso. A ello, es importante acotar que la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, establece que: “…la falta de provisión de los recaudos de ley, no constituye en razón suficiente para posponer o dilatar la remisión de obrados ante el superior en grado, de manera que, un entendimiento contrario implicaría que la tramitación del proceso esté condicionado a aspectos de índole meramente pecuniario en franca transgresión de las normas establecidas a tal efecto, lo cual implica vulneración de los principios de celeridad, gratuidad, oportunidad, entre otros; y, a partir de ello, la vulneración del art. 115 de la CPE, que demanda una justicia ‘…plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; más aún si se considera que de acuerdo al art. 7 de la Ley 212, desde el 3 de enero de 2012, se suprimieron todos los timbres judiciales y se eliminó todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de procesos”; por consiguiente, no puede tenerse como justificativo valido la alegación efectuada por los Jueces demandados; en sentido de que, no se remitió el recurso de apelación incidental del accionante en forma oportuna; debido a que, este no proveyó las respectivas copias; además, dicho argumento no es evidente; porque como se dijo en el párrafo que antecede, la admisión de dicha impugnación se produjo recién el 27 de junio de 2022. Como se advierte, al momento de celebrarse la audiencia de garantías, los Jueces demandados ya habían remitido el indicado recurso de apelación incidental y el expediente al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para la prosecución del trámite, lo cual implicaría que la concesión de tutela perdería su eficacia por haberse producido la pretensión esperada por el impetrante de tutela; no obstante a ello, advertido del retardo injustificado, este Tribunal no puede soslayar y convalidar la lesión provocada al derecho a la libertad y al principio de celeridad; pues es evidente que en el caso en análisis la remisión se produjo luego de la interposición y citación a las autoridades demandadas con esta acción tutelar, que incluso denotaría que se procedió con la remisión producto de la interposición de la acción de libertad; dado que, la parte demandada admite que no se cumplió con la norma por falta de provisión de recaudos, es decir, se condicionó el envío del recurso a dicha provisión de recaudos, desconociendo a su vez el principio de gratuidad conforme se tiene desarrollado precedentemente; en ese sentido, dicha conducta merece el repudio y reproche de la justicia constitucional y no puede quedar en la impunidad, pues contraviene el orden constitucional; debiendo en consecuencia, concederse la tutela impetrada por pronto despacho, al haber provocado con su omisión dilación de la situación jurídica del ahora accionante, aclarándose que la concesión de tutela alcanza solo a la dilación advertida, puesto que, el fondo del recurso de apelación, debe ser resuelto por el Tribunal de alzada conforme corresponda en derecho. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/22 de 28 de junio de 2022, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los argumentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por haber incurrido los demandados en una demora innecesaria e injustificada en la tramitación del recurso de apelación interpuesto por el accionante. Sin costas ni daños y perjuicios. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0239_2024-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 626e7e76846185dfe8cc84a9b600f2dc603cb53ba5d022c3a6c02354ecd6729a

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