B.IA.LEGAL

SCP 0232/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de junio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de junio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
48514-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la defensa vinculado con el debido proceso en su componente celeridad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, encontrándose privada de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz, mediante escrito de 17 de marzo de 2022, impetró la cesación de su detención preventiva y siendo señalada la audiencia para su consideración, esta fue suspendida por cuestiones inherentes a la falta de notificación de todas las presuntas víctimas; y, ante la nueva petición de fijación de audiencia realizada el 18 de abril del citado año, la autoridad accionada por proveído de 11 del mismo mes y año, dispuso que, se esté a lo determinado en el “acta suspendida” de 28 de marzo de ese año -suspendida-; demorando indebidamente de esa forma, su solicitud de cesación de esa medida extrema. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 078/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, bajo los fundamentos precedentemente expuestos, y en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la pretensión de que determine responsabilidad disciplinaria.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el cumplimiento de plazos y celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0232/2024-S2 Sucre, 5 de junio de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 48514-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 078/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Brígida Achata Callisaya contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de abril de 2022, cursante de fs. 22 a 26, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, instancia en la que, tras haberse emitido la resolución de imputación formal fue sometida a audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la cual a través del Auto Interlocutorio 195/2021 de 23 de septiembre, emitida por Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, se determinó su detención preventiva a ser cumplida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del señalado departamento, -por el plazo de cinco meses-. Al efecto, a través del memorial de 17 de marzo de 2022, solicitó a la autoridad ahora accionada señalamiento de audiencia de cesación de la medida extrema, misma que fue programada para el 22 de igual mes y año, a horas 9:30, acto que una vez instalado, tuvo que suspenderse por falta de notificación a las partes, reprogramándose para el 28 del citado mes y año, a horas 9:00, data en la cual, se decide suspender dicha audiencia, condicionando el nuevo señalamiento de día y hora para que el Ministerio Público, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, informe cuáles y quiénes son las personas identificadas como presuntas víctimas, denunciantes y si hubiesen querellantes, con precisión de sus números telefónicos, correos electrónicos, domicilios reales y/o procesales; notificación que fue realizada a la autoridad fiscal de forma oral en audiencia; sin embargo, en el acta labrada se hizo constar como ausente a la autoridad fiscal; por lo que, con la finalidad de evitar mayor dilación, a través de su abogado pidió se gestione que pueda cumplirse la notificación de ley al Ministerio Público. Más adelante, ante la falta de acatamiento por parte del Ministerio Público de lo ordenado en audiencia de 28 de marzo de 2022; mediante memorial de 8 de abril de ese año, cumplió los extremos observados por la autoridad accionada, adjuntando al efecto una impresión del portafolio digital, aclarando quienes son identificados en sede fiscal como denunciantes y víctimas, y acompañando copias de memoriales, precisó a los profesionales abogados que los asistían, detallando sus domicilios procesales, e incluso, de aquellos que no tendrían abogado, se arrimó copia de un informe que cursa en el cuaderno procesal de control jurisdiccional, en el cual se señalan sus números de celulares, como medio de comunicación telemática. Empero, el Juez accionado, en lugar de señalar día y hora de audiencia de cesación a la detención preventiva, mediante providencia de 11 de abril de 2022, dispuso, estese a lo determinado en acta de audiencia suspendida de 28 de marzo de igual año y a los datos del cuaderno de control jurisdiccional, generando nueva dilación en el trámite relativo a considerar la referida petición, pues ni siquiera se expone un criterio del por qué la información que proporcionó no sería suficiente para salvar lo extrañado; por tal razón, acude a este mecanismo de defensa en su modalidad de pronto despacho, por la demora indebida que evita que su situación jurídica pueda definirse.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa, vinculado con el debido proceso en su componente celeridad, citando al efecto los arts. 115; y, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene a la autoridad accionada: a) Señale audiencia a los fines de considerar su solicitud de cesación a la detención preventiva; y, b) Debiendo a ese efecto, determinarse responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 42, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La peticionante de tutela por medio de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad. A la pregunta de la Vocal de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto a que, si ante la presentación de la acusación formal -por parte de Ministerio Público-, la misma ya fue remitida al Tribunal o Juzgado de Sentencia de turno, la defensa de la accionante respondió indicando que dio seguimiento a la acusación formal presentada el 6 de abril de 2022, y la petición de señalamiento de audiencia de cesación a la detención prevéntiva data de 8 de igual mes y año; empero, cuando presentaron dicho requerimiento cumpliendo las observaciones indicadas, el cuaderno de control jurisdiccional seguía en despacho; es decir, que aún no se habría remitido al Juzgado de Sentencia.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 35 a 37 vta., refirió que: 1) No es evidente que no hubiese señalado audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, ya que, de acuerdo a la documentación adjunta, se evidencia que perdió competencia en el proceso penal de referencia, toda vez que, ante la presentación de una acusación formal, el cuaderno de control jurisdiccional radica en el Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del citado departamento, tal cual se advierte de la carátula de reparto e informe emitido por el Auxiliar del despacho judicial a su cargo; 2) De la lectura efectuada en el memorial de acción de libertad, no se hace mención a la acusación formal presentada por el Ministerio Público, únicamente manifiesta que no habría emitido pronunciamiento alguno; 3) En audiencia suspendida de 28 de marzo de 2022, de conformidad al art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a efectos de no vulnerar derechos ni garantías constitucionales de la parte víctima (víctimas múltiples), ordenó al Ministerio Público en su condición de director funcional de las investigaciones, informe inequívocamente, quiénes y cuáles serían las posibles víctimas, querellantes y denunciantes dentro de la causa penal referida, a efectos de su legal notificación, siendo notificados en la misma audiencia quienes se encontraban presentes en dicho acto procesal “…(INCLUSO AL AHORA ACCIONANTE) QUIEN FRENTE A ESA DISPOSICION NO HA HECHO USO DE NINGUN RECURSO PROCEDIMENTAL EN CONTRA DE ESA DISPOSICION, conforme lo prevé el art. 401 y 402 del CPP. Por lo que ha demostrado su conformidad” (sic); 4) La peticionante de tutela no agotó el “principio” de subsidiariedad; puesto que, ante la emisión del proveído de 11 de abril del mencionado año, no presentó recurso alguno; y, 5) Por lo expuesto, al advertir que en ningún momento restringió la oportunidad de impugnar las determinaciones que emitió, pidió se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 078/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 43 a 46, concedió la tutela impetrada, disponiendo se notifique mediante oficio al Juzgado de Instrucción Penal Primero y Juzgado de Sentencia Penal Quinto, ambos de la Capital del citado departamento, instancia que aún no radicó la causa penal de referencia, para que devuelva antecedentes y resuelva de forma positiva o negativa, de acuerdo a la normativa y conforme los razonamientos y facultades privativas que tiene la autoridad judicial, la solicitud de la cesación a la detención preventiva planteada por la accionante; para lo cual, conmina a cumplir con el señalamiento de audiencia indicada dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El Juez accionado, tomando en cuenta el informe elaborado por su personal de apoyo jurisdiccional, indica que el expediente se encontraría con sistema de reparto ante el referido Juzgado de Sentencia Penal; al respecto, debe tomarse en cuenta que, si bien es cierto que la fase preparatoria conlleva a establecer subfases, como en este caso, un acto conclusivo que habría dado lugar a emitir por parte del Ministerio Público la presentación de la acusación formal, a los efectos que la autoridad judicial pueda tener la competencia necesaria para sustanciar y tramitar una medida cautelar de la naturaleza impetrada, el proceso ya debería estar con radicatoria, pero si tomamos en cuenta que el aludido informe del personal de apoyo jurisdiccional, indica que se encuentra en revisión y data de 18 de abril de 2022, situación de la cual se advierte que, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar no se encuentra con radicatoria en el mencionado Juzgado de Sentencia Penal; y, ii) En el caso concreto, se concluye que el Juez accionado ante la presentación de la solicitud de cesación a la detención preventiva incoada por la accionante bajo la previsión del art. 239.1 del CPP, debió atender lo impetrado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; es decir, desarrollando la audiencia que fue fijada para el 22 de marzo del citado año, al no hacerlo y seguir señalando exigencias y otras, quebrantó el principio de celeridad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 195/2021 de 23 de septiembre, Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, dispuso la detención preventiva de Brígida Achata Callisaya -hoy accionante-, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del mencionado departamento, por el plazo de cinco meses (fs. 6 a 12 vta.).

II.2. Cursa memorial presentado el 17 de marzo de 2022, por el cual, la impetrante de tutela, en el marco del art. 239.1 y 2 del CPP, solicitó a la autoridad accionada señale nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, aludiendo a que se ratificaba en su memorial de 8 del mismo mes y año, ajuntando más elementos que inciden en los motivos que determinaron la persistencia de dicha medida cautelar; además, pidió se considere el tiempo transcurrido que se encuentra cumpliendo la citada determinación, el que resulta excesivo; al efecto, por proveído de 18 de igual mes y año, se programó audiencia para el 22 de ese mes y año, a horas 9:30 (fs. 13 a 14). II.3. Consta acta de audiencia pública de consideración de cesación a la detención preventiva de 28 de marzo de 2022 (suspendida), mediante la cual, ante la ausencia de notificación a tres presuntas víctimas, la autoridad accionada ordenó, entre otros puntos que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, el Ministerio Público informe ante el despacho judicial a su cargo, cuáles y quiénes son las personas identificadas como supuestas víctimas, y aquellas identificadas únicamente como denunciantes (fs. 15 a 16 vta.). II.4. Por escrito presentado el 8 de abril de 2022 ante la autoridad accionada, la peticionante de tutela señaló que, por el incumplimiento de lo ordenado al Ministerio Público en cuanto a identificar y precisar a las personas denunciantes, presuntas víctimas y/o querellantes, remite la información obtenida del portafolio digital correspondiente al caso 201102012106446, en el que, dicha instancia ya hubiese identificado a las personas que tendrían calidad de presuntas víctimas en el proceso penal de origen; el cual, merece el decreto de 11 del citado mes y año, indicando que se esté al acta de 28 de marzo de ese año (fs. 17 a 19). II.5. Se tiene memorial presentado el 8 de abril de 2022, mediante el cual la impetrante de tutela pidió al Juez accionado señale día y hora de audiencia de cesación a la medida extrema. Ante ello, por proveído de 11 del mismo mes y año, se dispuso que se esté a lo determinado en el “acta suspendida” de 28 de marzo de igual año y los datos del cuaderno de control jurisdiccional (fs. 20 a 21). II.6. Mediante Informe de 18 de abril de 2022, dirigido al Juez accionado, la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, señaló lo siguiente:

“1. Informar a su Autoridad que conforme se tiene en el Cuaderno de Control Jurisdiccional cursa una Acusación Formal y que por lo mismo su Autoridad ordeno el sorteo y remisión del Cuaderno de Control Jurisdiccional por ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno. 2. Al respecto informo a su Autoridad que por la carga procesal que se tiene en este Despacho Judicial y al ser varias las causas con Acusaciones Formales y Apelaciones que remitir se realizó el reparto un par de días después, indicar también que la presente causa consta de 4 cuerpos, el mismo se sorteó al Juzgado de Sentencia Penal Quinto el cual se procedió a remitir, 3. Al apersonarme el mismo Juzgado indico verbalmente que el Cuaderno de Control Jurisdiccional se tiene que quedar para revisión y se me indico que se tendría que regresar para que nos puedan recepcionar si no encontrarían alguna observación” (sic); adjuntando al mismo, impresión de la carátula de reparto de 19 del citado mes y año, en el cual se indica que la causa de referencia fue sorteada al Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del mismo departamento (fs. 31 a 34).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la defensa vinculado con el debido proceso en su componente celeridad; por cuanto, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, encontrándose privada de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del departamento de La Paz, mediante escrito de 17 de marzo de 2022, impetró la cesación de su detención preventiva y siendo señalada la audiencia para su consideración, esta fue suspendida por cuestiones inherentes a la falta de notificación de todas las presuntas víctimas; y, ante la nueva petición de fijación de audiencia realizada el 18 de abril del citado año, la autoridad accionada por proveído de 11 del mismo mes y año, dispuso que, se esté a lo determinado en el “acta suspendida” de 28 de marzo de ese año -suspendida-; demorando indebidamente de esa forma, su solicitud de cesación de esa medida extrema. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el cumplimiento de plazos y celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado

Al respecto, la SCP 0355/2021-S3 de 14 de julio, siguiendo el uniforme lineamiento jurisprudencial constitucional concerniente a este tópico, señaló que: «La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”.

Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…).

De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

La problemática traída en revisión centra su análisis en dos aspectos principales; por una parte, en la suspensión de la audiencia de cesación de la detención preventiva en dos oportunidades -impetrada en el marco del art. 239 del CPP-; y por otra, en la falta de señalamiento de nueva audiencia para considerar su solicitud. Tomando en cuenta la problemática identificada, de los antecedentes descritos en las Conclusiones II.1 a II.5 de este fallo constitucional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra la accionante, por la presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 23 de septiembre de 2021, por Auto Interlocutorio 195/2021 de igual fecha, Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, dispuso la detención preventiva de la impetrante de tutela en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del señalado departamento, por el plazo de cinco meses. Posteriormente, el 17 de marzo de 2022, mediante memorial solicitó la cesación de su detención preventiva, que mereció el proveído de 18 de igual mes y año, fijando audiencia para el 22 del mismo mes y año; sin embargo, dicho acto procesal fue suspendido por falta de notificación a las partes, fijando audiencia para el 28 del referido mes y año, misma que también quedó en suspenso hasta que el Ministerio Público informe el detalle de todas las personas denunciantes, supuestas víctimas y/o querellantes; al efecto, ante la falta de observancia de lo ordenado por parte de la instancia fiscal, la accionante presentó el escrito de 8 de abril del mencionado año, por el cual remitió la información obtenida del portafolio digital correspondiente al caso 201102012106446, en el cual, la representación fiscal ya hubiese identificado a las personas que tendrían calidad de presuntas víctimas en el proceso penal de origen; y a razón de ello, por escrito de igual data impetró se señale nuevo día y hora de audiencia de consideración de cesación de la medida extrema; mereciendo el proveído de 11 del citado mes y año, se dispuso que se esté a lo determinado en el “acta suspendida” de 28 de marzo de ese año, y a los datos del cuaderno de control jurisdiccional. De la relación fáctica realizada y ya ingresando al análisis de la problemática planteada, cabe señalar en relación a la suspensión de la audiencia de 22 de marzo de 2022, que fue diferida por falta de notificación a las partes para el 28 de igual mes y año, aspecto identificado como el primer acto lesivo; así, del acta de audiencia de la fecha mencionada, se tiene que, ante la ausencia de notificación a tres presuntas víctimas, la autoridad accionada ordenó, entre otros puntos que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, el Ministerio Público informe ante el despacho judicial a su cargo, cuáles y quiénes son las personas identificadas como supuestas víctimas, y aquellas identificadas únicamente como denunciantes, sin programar nueva audiencia a ese fin. Al respecto, compele referir que, independientemente de la certeza de esa situación, el art. 113 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, que regula el procedimiento de las audiencias en materia procesal penal, establece que las mismas deben cumplirse aplicando el principio de celeridad en su desarrollo, evitando suspensiones no justificadas ni regladas y que ciertamente atendiendo aspectos excepcionales de imposibilidad de llevar a cabo las audiencias por causas de fuerza mayor, como eventualmente podría considerarse la ausencia de las partes. En ese orden procesal, es evidente que en el presente caso el Juez accionado obvió todo el procedimiento y reglas de aplicación al desarrollo de la audiencia fijada, e incumplió con el deber impuesto en el art. 113.II del citado adjetivo penal, el cual establece que, en ningún caso se podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el referido parágrafo concerniente precisamente a la ausencia del imputado, su defensor, el querellante o del Ministerio Público, bajo responsabilidad de la autoridad judicial debiendo la misma hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. En lo que respecta al segundo acto lesivo concerniente a la falta de señalamiento de audiencia, evidentemente y conforme el art. 113 del CPP, suspendida la audiencia por los motivos expuestos, corresponde a la autoridad judicial fijar la próxima fecha de realización de la audiencia, dentro de las cuarenta y ocho horas, aspecto este último que tampoco fue observado por la referida autoridad, quien conforme se advierte del contenido del acta de audiencia pública de consideración de cesación a la detención preventiva de 28 de marzo de 2022, únicamente se limitó a suspender dicho actuado sin establecer fecha y hora de la nueva audiencia, sumado a ello, la presentación de nueva solicitud, por escrito de 8 de abril de ese año, la misma fue negada, bajo el argumento de que debía sujetarse a lo ordenado en el acta de audiencia mencionado, vulnerando una vez más los derechos de la impetrante de tutela con la consiguiente afectación de su derecho a la libertad al estar circunscrita su petición con la cesación de la medida de extrema ratio impuesta a su persona, y peor aún sin tener en cuenta que ya en dos oportunidades tal audiencia no pudo desarrollarse. En ese contexto fáctico procesal y en función del reclamo constitucional que motivó la interposición de esta acción tutelar, corresponde señalar que, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, tiene el deber de tramitarla de la forma más célere posible; es decir, debe resolver la misma dentro los plazos establecidos por ley, cuya inobservancia habilita al agraviado a recurrir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, instituido como un mecanismo de defensa constitucional idóneo para reclamar demoras indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad, a efecto de que este Tribunal -de así corresponder-, ordene el inmediato cumplimiento del acto procesal extrañado y con ello el restablecimiento del derecho invocado como lesionado. En función a tal entendimiento, es necesario y pertinente puntualizar que en relación a la modificación de medidas cautelares personales aplicadas en el marco de un proceso penal, el art. 239 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226 de 18 de septiembre de 2019, dispone que: “Las medidas cautelares cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; (…) Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2 (…) la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas”. Disposición legal que estipula un trámite sumario para la resolución de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, estableciendo que cuando las mismas estén fundadas en lo previsto por los numerales 1 y 2 de dicho precepto legal, una vez presentada, la autoridad judicial está impelida a fijar y sustanciar la audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. De ahí que, la autoridad accionada al no cumplir el plazo procesal, ni tampoco procurar la efectiva realización de la audiencia de cesación de la medida extrema, incurrió en una acción dilatoria contraria al procedimiento y los marcos jurisprudenciales citados ut supra, que implica una evidente inobservancia del principio de celeridad vinculado con la libertad de la accionante, conducta contraria a lo dispuesto por el art. 239 del CPP, que de manera imperativa establece el procedimiento y el plazo al cual debió ceñirse el juzgador, mereciendo el reproche de la justicia constitucional; ya que, no solamente debió fijarse audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, sino que debió resolverse en dicho plazo la solicitud de la indicada cesación a la medida cautelar; al contrario, las suspensiones en la celebración del acto procesal reclamado y la falta de señalamiento de nueva audiencia, provocaron que hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa -18 de abril de 2022-, la situación jurídica de la peticionante de tutela privada de libertad no sea resuelta. Por consiguiente, al haber esta instancia constitucional advertido una conducta dilatoria del Juez accionado, en la tramitación y resolución de la solicitud de consideración de cesación de la detención preventiva de la impetrante de tutela, corresponde conceder la tutela solicitada, por infracción del principio de celeridad como componente del debido proceso, vinculado con el derecho a la libertad de la procesada; con la aclaración que, la concesión dispuesta, tiene como alcance únicamente que se tramite la consideración de cesación de la medida extrema de acuerdo a lo que dispone la norma procesal penal, y la misma se resuelva conforme corresponda en derecho.

No obstante, bajo ese marco fáctico y de omisión de cumplimiento del procedimiento descrito, cabe aclarar sobre el informe prestado por el Juez accionado, quien manifestó que en el proceso de referencia perdió competencia ante la presentación de una acusación formal, y por ello el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, remitiéndose al informe de 18 de abril de 2022, emitido por la Auxiliar del despacho a su cargo (Conclusión II.6); de cuyo contenido se advierte que, si bien dicha causa fue sorteada al referido Juzgado de Sentencia Penal, el mismo se encontraría para revisión de los antecedentes y posterior recepción; es decir, que el proceso aludido aún no fue radicado por ese Juzgado, lo que permite asumir que la autoridad accionada no perdió competencia para resolver la solicitud que ahora se reclama omitida, aspecto que de ninguna forma desvirtúa los hechos denunciados y la forma de resolución asumida. Finalmente, respecto a la pretensión de que se determine responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder, es preciso señalar que dicha situación no procede en el marco de la naturaleza de esta acción de defensa, debiendo el peticionante de tutela, en su caso y de considerarlo así pertinente, acudir a las instancias idóneas a objeto de su pretensión.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 078/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, bajo los fundamentos precedentemente expuestos, y en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la pretensión de que determine responsabilidad disciplinaria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0232_2024-S2.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): a2779696ca73321fe0b91c5afa5bc73ed16b21eb8ad3c5f90343fd1a538c95c3

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