B.IA.LEGAL

SCP 0231/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de abril de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de abril de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51007-2022-103-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso vinculado al principio de celeridad; así como, de su derecho a la libertad; a causa de que, encontrándose cumpliendo condena de privación de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, solicitó Certificado de Permanencia y Conducta a objeto de tramitar el beneficio penitenciario de redención; empero, la autoridad y servidora pública ahora demandados, demoraron más de dos meses en atender su pedido, lo que le impide tramitar el beneficio referido. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, exhortando a la autoridad y la servidora pública demandados, a que en lo futuro, ante las peticiones en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, actúen con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad innovativa
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0231/2025-S4 Sucre, 8 de abril de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 51007-2022-103-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 19/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante en representación sin mandato de Marco Antonio Flores Paucara contra Franz Laura Berrios, Director y Paola Andrea Aguilar Arancibia, Encargada de Archivo y Kardex a.i., ambos del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2022, cursante de fs. 1; y, 4 a 5 vta., el accionante, por medio de su representante sin mandato; manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, mediante Sentencia Condenatoria 093/2020 de 9 de marzo, fue sancionado con pena privativa de libertad a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, medida que viene cumpliendo desde el 21 de enero de 2020; por ello, con la finalidad de acceder a beneficios penitenciarios, por memorial de 12 de julio de 2022, solicitó Certificado de Permanencia y Conducta al referido Centro Penitenciario, sin obtener una respuesta favorable hasta la presentación de esta acción de libertad, habiendo transcurrido casi tres meses, recayendo dicha dilación en su derecho a libertad, al imposibilitarle pedir salidas alternativas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso vinculado al principio de celeridad; así como, de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 115.II, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se entregue su Certificado de Permanencia y Conducta en el lapso de veinticuatro horas, poniendo en conocimiento del Ministerio de Gobierno para su respectiva sanción.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13, presente el representante sin mandato del solicitante de tutela y la servidora pública demandada, ausente el Director demandado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por medio de su representante sin mandato, se ratificó in extenso en los argumentos vertidos en su demanda de acción de libertad; y, ampliándolos, señaló que, el Certificado solicitado fue requerido para acceder al beneficio de redención conforme lo previsto por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; dado que, ya cumplió dos años de la pena impuesta, estudio y trabajo, para una reinserción social, además de guardar una buena conducta.

I.2.2. Informe de la autoridad y servidora pública demandadas

Franz Laura Berrios, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no asistió a la audiencia de esta acción tutelar ni presentó informe alguno, pese a su notificación cursante a fs. 9. Paola Andrea Aguilar Arancibia, Encargada de Archivo y Kardex a.i. del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en audiencia; manifestó que: a) El trabajo y la carga laboral en su dependencia es masivo; ya que, ingresan alrededor de ochenta solicitudes de permanencias al día, ya sean personales, judiciales, requerimientos fiscales y otros, lo que conlleva la demora en la atención de estas peticiones; y, b) La certificación impetrada requiere revisar los files de manera minuciosa, existiendo incluso varias solicitudes del mismo privado de libertad; y, en el caso del impetrante de tutela, su Certificado ya fue elaborado y está a la espera de recojo por parte del interesado, desde el 30 de septiembre de 2022.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 19/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 14 a 15 vta., denegó la tutela impetrada; fundamentando que, el Certificado de Permanencia y Conducta en cuestión, no tiene vinculación directa con la libertad del solicitante de tutela; ya que, su restricción de libertad deviene de una Sentencia Condenatoria; por lo que, ante la dilación reclamada debió acudir ante los inmediatos superiores de los demandados o ante las instancias disciplinarias de las instituciones a las que pertenecen.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 12 de julio de 2022, Marco Antonio Flores Paucara –hoy accionante–, a través de Rosalba Raquel Maldonado Bustamante, Defensora de Oficio, dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, solicitó Certificado de Permanencia y Conducta, al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 2). II.2. Consta Certificado de Permanencia y Conducta del impetrante de tutela de 30 de septiembre de 2022, suscrito por el Director y la Encargada de Archivo y Kardex; ambos, del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin advertirse en ella cargo de recepción del solicitante (fs. 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso vinculado al principio de celeridad; así como, de su derecho a la libertad; a causa de que, encontrándose cumpliendo condena de privación de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, solicitó Certificado de Permanencia y Conducta a objeto de tramitar el beneficio penitenciario de redención; empero, la autoridad y servidora pública ahora demandados, demoraron más de dos meses en atender su pedido, lo que le impide tramitar el beneficio referido. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la acción de libertad innovativa

La doctrina y la jurisprudencia, han determinado una clasificación de los tipos de acción de libertad según su finalidad, entre éstas, la de pronto despacho y la innovativa; mismas que fueron desarrolladas, entre otras, en la SCP 0685/2018-S4 de 25 de octubre, señalando que: “El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos (SCP 0011/2014 de 3 de enero). La aludida SCP 0011/2014 también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad’. Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

Precisada que fue la problemática planteada, de antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, por memorial presentado el 12 de julio de 2022, Marco Antonio Flores Paucara –hoy accionante–, a través de Rosalba Raquel Maldonado Bustamante, Defensora de Oficio, dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público en contra de éste por la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, solicitó Certificado de Permanencia y Conducta, al Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (Conclusión II.1.). En ese contexto, el impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión del debido proceso vinculado al principio de celeridad; así como, de su derecho a la libertad, a causa de que, encontrándose cumpliendo condena de privación de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, solicitó Certificado de Permanencia y Conducta, a objeto de tramitar el beneficio penitenciario de redención; empero, la autoridad y servidora pública ahora demandados, demoraron más de dos meses en atender su pedido, lo que le impide tramitar el beneficio referido. Así, tomando como punto de partida que el Certificado de Permanencia y Conducta impetrado por el solicitante de tutela, evidentemente se encuentra vinculado a su situación jurídica, de sentenciado a presidio; y, por ende, a su derecho a la libertad, al pretender optar a partir del requisito indicado, al beneficio de redención; se tiene que, conforme se constata en obrados, el accionante requirió el Certificado mencionado, el 12 de julio de 2022 (Conclusión II.1.); empero, no fue sino hasta el 30 de septiembre del mismo año, que tal documento fue atendido; es decir, más de dos meses después, sin constar además en el mismo el cargo de recepción del solicitante, lo que evidentemente acredita una dilación excesiva que afecta al derecho a la libertad y el debido proceso vinculado al principio de celeridad, ahora denunciados de transgredidos; en virtud de lo cual, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se apertura el ámbito de tutela de la acción de libertad, al tratarse de dilaciones indebidas, vinculadas a trámites administrativos relativos a la determinación de la situación jurídica de la persona privada de libertad; por lo que, al respecto corresponde conceder la tutela impetrada bajo la modalidad innovativa, al haberse ya emitido la merituada Certificación reclamada, a objeto de que la autoridad competente pueda considerar el beneficio penitenciario de redención vinculado a la situación jurídica de Marco Antonio Flores Paucara. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/2022 de 7 de octubre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, bajo la modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, exhortando a la autoridad y la servidora pública demandados, a que en lo futuro, ante las peticiones en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, actúen con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0231_2025-S4.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): e5d2895bc792ce95eab7c0bd5dd28e553fb741bdafa63736d75c0dfa432530df

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →