Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de abril de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra el Adolescente AA, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la autoridad demandada retrasó de forma injustificada la resolución de la solicitud de exención de responsabilidad penal, suspendió la audiencia prevista y rechazó sus recursos de reposición presentados, sin considerar la presunción de su edad y las disposiciones previstas en los arts. 265.III y 269 del CNNA, lo que impide que se resuelva dicha solicitud de forma efectiva y sin dilaciones; por lo que, solicitó se “declare probada la demanda”, y en consecuencia, se disponga que el Juez demandado en aplicación del principio de celeridad, en el plazo de veinticuatro horas resuelva en una de las formas su solicitud de exención de responsabilidad penal y el cese del ejercicio de la acción penal. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 09/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada por el Juez Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que Carlos Vallejos Flores, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, una vez notificado con este fallo constitucional, señale de forma inmediata fecha y hora de audiencia de consideración de exención de responsabilidad penal y cese del ejercicio de la acción penal, con el fin de resolver la situación procesal del adolescente AA, garantizando que no haya más dilaciones indebidas en el proceso, el respeto al principio del interés superior del niño en aplicación al Código Niño, Niña y Adolescente; salvo que ese acto procesal ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo. 3° Exhortar a la autoridad demandada la atención prioritaria y con la máxima celeridad posible de toda solicitud en la que se encuentren involucrados menores de edad.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0230/2025-S3 Sucre, 10 de abril de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 51115-2022-103-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 09/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rando Luciano Chambi Mamani en representación sin mandato del adolescente AA contra Carlos Vallejos Flores, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 10 de octubre de 2022, cursante de fs. 1 a 5, el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
El 20 de junio de 2022, se inició un proceso penal en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente con agravante, señalando en los hechos narrados por la parte denunciante que, en las gestiones 2015-2016, cuando la víctima tenía siete a ocho años, presuntamente hubiera sido abusada sexualmente en el inmueble ubicado en la calle Fortín Boquerón 274 entre avenida del Maestro y calle Juan Lechin Oquendo; inicialmente ese proceso radicó en el Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; posteriormente, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través del Auto de Vista, declaró la incompetencia de dicha autoridad, determinándose que la causa se trámite con el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, porque el denunciado era adolescente. El 6 de septiembre de 2022, la Fiscal de Materia asignada al caso, formalizó la imputación en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente con agravante; empero, esa imputación fue anulada por el órgano jurisdiccional. El 3 de octubre de 2022, advirtiendo que al momento de los hechos, contaba con trece años de edad, presentó ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, una solicitud de exención de responsabilidad y cese del ejercicio de la acción penal; sin embargo, la mencionada autoridad judicial, mediante providencia rechazó su petitorio, argumentando que al anularse la imputación formal no existiría acto de responsabilización contra su persona y que dicha actuación dependería del Ministerio Público, para que su despacho se pronuncie sobre una eventual exención de responsabilidad; frente a ello, planteó su recurso de reposición, el cual también fue rechazado. El 26 de septiembre de 2022, la Fiscal de Materia, presentó nueva imputación formal en su contra; esta vez, por el delito de abuso sexual; por lo que, conforme a la anterior determinación del Juez demandado, reiteró su solicitud de exención de responsabilidad penal; la cual, fue respondida por el Juez demandado, refiriendo que se consideraría en audiencia; ante ello, formuló recurso de reposición, puesto que la providencia era incorrecta en razón que eran dos institutos jurídicos diferentes unos de otros, una audiencia cautelar y una solicitud de excepción de responsabilidad penal; sin embargo, la autoridad demandada volvió a rechazar su recurso, retrasando de forma ilegal su pedido de exención de responsabilidad penal. Asimismo, conforme a lo previsto en el art. 265.III del CNNA, se establece que: “Si existieren dudas sobre si su persona es menor de catorce (14) años se le presume tal edad hasta que se pruebe lo contrario, estando en tanto exenta de responsabilidad”; por lo que, en el caso concreto en el momento del hecho su persona tenía trece años, razón por la cual, no puede ser objeto de proceso penal, por lo tanto, la solicitud de exención de responsabilidad penal y cese del ejercicio de la acción penal es de previo y especial pronunciamiento antes de una audiencia cautelar; por ello, considera que se atenta contra su derecho a la libertad y se encuentra ilegalmente perseguido e indebidamente procesado; puesto que, el Ministerio Público realizó un requerimiento de detención preventiva en su contra. Presentó una acción de libertad traslativa y de pronto despacho, aduciendo que el Juez demandado, de forma ilegal está retardando el pedido de exención de responsabilidad penal.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 116 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que el Juez demandado en aplicación del principio de celeridad, en el plazo de veinticuatro horas resuelva en una de las formas su solicitud de exención de responsabilidad penal y el cese del ejercicio de la acción penal.
Celebrada la audiencia virtual de 11 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 31 a 35 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolos, señaló que: a) Presentó una solicitud de exención de responsabilidad y acción penal, amparado en el art. 269 del CNNA, el cual refiere que un adolescente de catorce años está, exento de responsabilidad penal sin perjuicio de la responsabilidad civil; la cual, debe ser demandada a sus responsables legales; b) Se vulneró el derecho al debido proceso, en razón a que la autoridad demandada no providenció de forma correcta sus solicitudes; y, c) El art. 265.III del CNNA, establece que si existen dudas que una persona adolescente, es de catorce años, se presume esa edad hasta que se demuestre lo contrario, estando exenta la responsabilidad y en el caso concreto, en el momento del hecho su persona tenía trece años de edad; por tanto, no podía ser objeto de un proceso penal y la solicitud de exención de responsabilidad penal y cese de la acción penal, es de previo y especial pronunciamiento, incluso antes de una audiencia cautelar.
Carlos Vallejos Flores, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, en audiencia manifestó que: 1) Entregó el expediente y por tratarse de una víctima menor de edad, solicitó que se declare la absoluta reserva y la confidencialidad de ese actuado judicial; 2) No comprendió el objetivo de la interposición de la presente acción de defensa; puesto que, se señaló audiencia para considerar la exención de responsabilidad el día de hoy -se entiende el 11 de octubre de 2022-, pero no estuvo el imputado, ni sus representantes legales que son sus progenitores porque era menor de edad, razón por la cual, se difirió ese actuado judicial para el jueves en horas de la mañana y dependiendo de esa resolución ingresar a considerar la situación jurídica del accionante; en este caso, acontece la “extracción” de la materia, porque en el sistema constitucional ya no es posible promover este tipo de actos cuando ya han sido resueltos, sobre todo si los abogados del imputado estuvieron presentes en ese actuado y no así el mismo, por ello, consideró que esta acción de libertad no contiene asidero alguno; 3) El debido proceso no solo le concierne a la parte accionante, sino también a la víctima -niña, ahora adolescente- y si la policía, el Fiscal y el Juez no asumen medidas con la debida diligencia para poder garantizar primero la integridad personal de la víctima, prevenir el delito y restituir en su caso sus derechos, estarían incumpliendo con lo dispuesto en el art. 7 de la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres de 9 de junio de 1994 -Belém Do Pará- y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que debe darse prioridad a una mujer que vive en situación de violencia, según el art. 3 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, más aún cuando se trata de niñas, adolescentes en situación de violencia en razón de género, debiendo otorgarse una doble protección y tomándose en cuenta que el sistema penal juvenil no es sinónimo de indulgencia del Estado en favor de los adolescentes; 4) En el presente caso se trata de una incidencia de excepción de responsabilidad que no es de previo y especial pronunciamiento, pudiendo resolverse en audiencia conjuntamente la situación jurídica del imputado, pues si bien son institutos distintos, no es menos evidente que estén relacionados; y, 5) Al no haber señalado en la presente acción de defensa en qué elemento del debido proceso existió vulneración, se inviabiliza la petición de tutela del accionante, por ello, solicitó que se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 36 a 40, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) No se evidenció la vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales del acusado, por lo que, se rechaza la reposición planteada, manteniéndose incólume dicha providencia; mediante decreto de 10 de octubre de 2022, de forma precisa manifestó que en mérito al señalamiento de audiencia de acción de libertad señalada para el 11 de octubre de 2022 a horas 9:30, se repuso en parte la providencia, solo en lo concerniente a la hora de señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares para la misma fecha a horas 8:30; en consecuencia, instalada la misma, se aclaró al efecto que en primera instancia, debería considerarse con relación a la exención de responsabilidad penal y cese del ejercicio de la acción penal, solicitada por la parte imputada y posteriormente resolver la situación jurídica del adolescente imputado, quien no se hizo presente; en definitiva, conforme a la Resolución emitida por la parte demandada, se hubiera señalado una nueva audiencia de consideración para el 13 de octubre de 2022 a horas 10:30, advirtiendo de ello, que la autoridad demandada hubiera dado curso a lo precedentemente solicitado en la presente acción de libertad; es decir, que con relación al petitorio, el Juez demandado ya convocó a una audiencia solicitada por el accionante; y, ii) Resaltó el carácter prioritario que contiene la presente acción de defensa, considerando que en el proceso penal se encontraba como víctima una adolescente y conforme a lo establecido en el art. 15.II de la CPE, se tiene que todas las personas en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, ni sexual, ni psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, así como la Ley 348.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 27 de septiembre de 2022, el Fiscal de Materia, presentó ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro -demandado-, la imputación formal contra AA -accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual; en consecuencia, mediante providencia de 28 de igual mes y año, a lo principal refirió, que se ponga a conocimiento del adolescente AA, la imputación formal presentada en su contra, con el fin de que pueda asumir su defensa y se determine su situación procesal; asimismo, se señaló audiencia reservada de consideración de medidas cautelares para el 11 de octubre de 2022 a horas 9:30 (fs. 10 a 14). II.2. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del adolescente AA, por la presunta comisión del delito de “violación de infante”, el 3 de octubre de 2022, reiteró la exención de responsabilidad penal y cese de ejercicio de la acción penal ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro; mereciendo la providencia de 4 de igual mes y año, a través de la cual, señaló que se considere en audiencia (fs. 16 a 18). II.3. El 5 de octubre de 2022, el accionante, presentó ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, recurso de reposición solicitando que se revoque el decreto de 4 del citado mes y año; por lo que, mediante Auto Interlocutorio de 6 de octubre del mismo año, rechazó el recurso planteado, manteniéndose incólume la referida providencia; asimismo, alternativamente, dispuso que se notifique al Servicio de Registro Cívico (SERECI) de Oruro y al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) para que remitan datos de identidad que corresponden a AA y a la adolescente BB, con fecha de nacimiento 1 de junio de 2008 (fs. 19 a 20). II.4. Mediante decreto de 10 de octubre de 2022, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, manifestó que en virtud al señalamiento de audiencia de acción de libertad fijada para el 11 de igual mes y año, a horas 9:30, se repone en parte la providencia de fs. 227 de obrados, solamente con relación a la hora de señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares para el 11 de octubre de 2022 a horas 8:30 (fs. 27).
II.5. Según acta de audiencia reservada de consideración de medidas sustitutivas, instalada el 11 de octubre de 2022 a horas 8:30, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, determinó suspender ese acto judicial, señalando nueva audiencia reservada de consideración de medidas cautelares y exención de responsabilidad penal para el 13 de octubre de 2022 a horas 10:30 (fs. 29 a 30).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra el Adolescente AA, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la autoridad demandada retrasó de forma injustificada la resolución de la solicitud de exención de responsabilidad penal, suspendió la audiencia prevista y rechazó sus recursos de reposición presentados, sin considerar la presunción de su edad y las disposiciones previstas en los arts. 265.III y 269 del CNNA, lo que impide que se resuelva dicha solicitud de forma efectiva y sin dilaciones; por lo que, solicitó se “declare probada la demanda”, y en consecuencia, se disponga que el Juez demandado en aplicación del principio de celeridad, en el plazo de veinticuatro horas resuelva en una de las formas su solicitud de exención de responsabilidad penal y el cese del ejercicio de la acción penal. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras- asumió el siguiente razonamiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado (…)”.
2 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, asumió el siguiente razonamiento:
En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la Ley Fundamental expresa: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden).
Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad, y la eficiencia persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones; de manera que, las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SCP 0023/2013 de 4 de enero.
Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías.
Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.
El art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), establece que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. En la misma línea el art. 60 de la CPE, determina que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” Asimismo; cabe mencionar que, en relación al interés superior del niño, la SC 1688/2011-R de 21 de octubre, reiterada a su vez por la SCP 0908/2012 de 22 de agosto, señaló que:
[L]os arts. 5 y 6 del CNNA, disponen que los niños, niñas o adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a su persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código, cuyas normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Ley Fundamental, las Convenciones, Tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República. En concordancia con lo señalado, a través de los arts. 214 y 215 del CNNA, el Estado les garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en todas sus instancias y al debido proceso, en cuya tramitación serán tratados con el respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas, periciales, el interés superior de los mismos. Por otra parte, el Código Niña Niño y Adolescente, en su art. 9 instituye la necesidad de que las normas del referido Código sean interpretadas velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente; en ese marco, en su art. 12 inc. a) la citada norma entiende a dicho principio como:
[T]oda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas.
En ese contexto, tomando en cuenta la normativa nacional e internacional y siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, en relación al principio del interés superior del niño:
[T]odas las instancias estatales deben tener en cuenta la preeminencia y protección de sus derechos, y tener como principio directriz de sus actos el interés superior del niño, de ahí que las autoridades tanto administrativas como judiciales deben asegurarles una tutela reforzada o dicho de otro modo que se les proporcione una protección integral y efectivamente se logre que ejerzan sus derechos y se deje en el pasado la noción adulto centrista que provoca actos de violencia en su contra, retrocediendo todo los años de lucha para su visualización como personas.
En ese escenario, en virtud a lo señalado precedentemente, las autoridades públicas y privadas que tengan que resolver procesos legales relacionados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tienen la imperiosa obligación de hacerlo velando por su interés superior; ya que, dicho compromiso emana de lo establecido en normas internacionales, aspecto que genera responsabilidad internacional en caso de incumplimiento. Consiguientemente, resulta evidente tener presente que el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con la normativa legal, constitucional y convencional para garantizar y proteger sus derechos, aspecto que debe trascender en el ámbito judicial y las instancias de apoyo jurisdiccional donde sea necesario aplicar el citado principio.
constitucional reforzada vinculados a la responsabilidad penal de menores infractores
La SCP 0459/2013 de 10 de abril, efectuando un análisis de la normativa relativa a menores de edad, entonces vigente, siendo que su espíritu no difiere de los postulados del actual Código Niño Niña Adolescente, entre otros entendimientos, sostuvo que:
[R]equieren de especiales cuidados y protección dado su nivel de desarrollo tanto físico como mental, situación que, ante su manifiesta inexperiencia frente al mundo, los hace especialmente vulnerables y por ende sujetos de protección constitucional reforzada a efectos de preservar y garantizar el carácter superior y prevalente de sus derechos y garantías, axioma básico postulado en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que coincide con el art. 60 de la CPE precitado, en que los derechos de niñas niños y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás, por lo que el Estado, la sociedad y la familia se hallan compelidos tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, de garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que éstos necesitan para convertirse en miembros útiles de la sociedad; de donde se desprende que los principios de protección especial de la niñez y preservación del interés superior y prevaleciente del menor son fundamentales a efectos de asegurar su desarrollo armónico.
Ahora bien, la aplicación de estos principios parte de una caracterización jurídica especial y específica respecto a los menores de edad, y responde, en base a la naturaleza prevalente de sus derechos y garantías, a la obligación que la ley impone a la familia, a la sociedad y al Estado, para que en aplicación del principio de solidaridad (art. 8.II CPE) que propende por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y en consideración al grado de vulnerabilidad del menor ‘…lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad’ .
En tal sentido, la determinación del interés superior del menor debe efectuarse en atención a las circunstancias específicas de cada caso concreto, toda vez que: ‘…el interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal’ . (…) En conclusión y en mérito a lo expuesto, las autoridades administrativas y judiciales a cargo de establecer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, se hallan constreñidos a evaluar cada escenario y cada caso en particular atendiendo las circunstancias fácticas de cada problemática, hecho que les permita la aplicación de disposiciones jurídicas que, obedeciendo al principio pro libertatis, tendiente a interpretar el contenido y alcance de los derechos fundamentales de la forma más extensiva posible en todo lo que favorezca a la libertad y restrictivo en todo lo que la limite, en función del orden público, la moral y los derechos de terceros; y al principio jurídico in favor debilis que permite armonizar las normas de derecho interno con las de orden internacional que sean aplicables en el caso concreto, buscando la que sea más favorable y beneficiosa al caso particular, favorezcan a este grupo humano en particular y que en atención a dicho interés, preserven el bienestar integral de los menores de edad y el resguardo de sus derechos y garantías frente a los intereses de los demás, habida cuenta que, conforme se expuso precedentemente, los niños, niñas y adolescentes se constituyen en sujetos pertenecientes a un grupo de atención preferente y protección constitucional reforzada, situación que compele a jueces y administrativos a actuar con mayor diligencia y cuidado en el cumplimiento de su deber (las negrillas nos corresponden).
Conforme a los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que el 27 de septiembre de 2022, el Fiscal presentó la imputación formal contra el adolescente AA por la presunta comisión del delito de abuso sexual, y el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, ordenó notificarle para que pueda asumir su defensa y se determine su situación procesal; además, se fijó una audiencia para considerar medidas cautelares el 11 de octubre de 2022 a las 9:30 (Conclusión II.1.). Posteriormente, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el adolescente AA, por la presunta comisión del delito de “violación de infante”; el 3 de octubre de 2022, el adolescente AA, reiteró la solicitud de exención de responsabilidad penal y cese del ejercicio de la acción penal ante el referido Juez, quien mediante decreto de 4 de igual mes y año, programó la consideración en audiencia (Conclusión II.2.); frente a esa determinación, el 5 del citado mes y año, el accionante presentó un recurso de reposición solicitando la revocación del decreto del 4 de octubre de 2022; sin embargo, el Juez de la causa, mediante Auto Interlocutorio de 6 de octubre del citado año, rechazó dicho recurso y ordenó la notificación al SERECI y SEGIP para verificar la identidad de los menores involucrados (Conclusión II.3.); afectando con ello, su derecho a emitir una resolución rápida de la solicitud de exención de responsabilidad penal que realizó el accionante, pues si bien el Juez demandado dispuso la notificación de ciertas entidades para corroborar la identidad del adolescente AA y de la víctima, quien también se presume que es menor de edad, la decisión de rechazar el recurso y no resolver de manera expedita dicha solicitud, podría generar un retraso procesal que afecta los derechos del adolescente AA. Por otra parte, se advierte que el 10 de octubre de 2022, el Juez demandado modificó parcialmente la hora de la audiencia de medidas cautelares para el 11 de igual mes y año, reprogramándola para horas 8:30 (Conclusión II.4.); en consecuencia, el Juez demandado suspendió la citada audiencia programada para la consideración de medidas cautelares y la exención de responsabilidad penal y reprogramó una nueva audiencia para el 13 de igual mes y año, a horas 10:30 (Conclusión II.5.); demostrando con ello, el retraso en la resolución de su situación jurídica del accionante AA; puesto que, desde el 3 de octubre de 2022, hasta la interposición de la presente acción tutelar -10 de octubre de 2022- no se resolvió su reiteración de solicitud de exención de responsabilidad penal y cese del ejercicio de la acción penal, permitiendo que transcurran siete días de dilación indebida e injustificada, lo cual afecta los derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad del accionante.
Asimismo, se evidencia que dicha suspensión genera una dilación innecesaria en la resolución de esa solicitud, no obstante que el adolescente AA había solicitado un pronunciamiento urgente al haber reiterado su petición, y hasta el momento de interposición de la presente acción de libertad, permanece esperando una resolución sobre su solicitud de exención de responsabilidad penal y cese del ejercicio de la acción penal, situación que demuestra la retardación de justicia por la parte demandada, que podría afectar la libertad del adolescente AA, quien continúa procesado de manera irregular, sin que se haya determinado si corresponde o no que enfrente un proceso penal; vale decir, que el Juez demandado al no resolver con celeridad dicha solicitud, suspender la audiencia prevista de forma injustificada y rechazar los recursos de reposición sin una justificación apropiada, impidió que se resuelva de forma efectiva y en un plazo razonable su solicitud, afectando directamente los derechos alegados en la presente acción tutelar y además la protección reforzada de los derechos de los menores de edad. De igual forma, se tiene que si bien a través de la acción de libertad no necesariamente obliga a un Juez a conceder el beneficio solicitado, como en este caso, la solicitud de exención de responsabilidad penal y cese del ejercicio de la acción penal, no es menos evidente que se encuentra obligado a tramitar y resolver con celeridad cualquier solicitud que afecte y/o ponga en riesgo la libertad, o que se pueda constituir en una persecución ilegal e indebida, más aún si se encuentran involucrados en el proceso penal personas menores de edad, que gozan de protección reforzada y atención prioritaria por parte de cualquier operador de justicia, evitando cualquier tipo de dilación en procesos judiciales, especialmente en los casos en los que se resuelve la responsabilidad penal o las medidas cautelares que afectan la libertad, y tal como es en el caso concreto, aún no se resolvió la situación jurídica del adolescente AA, permaneciendo en una incertidumbre procesal. En este caso, la autoridad demandada también debió priorizar el interés superior del adolescente AA, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 del presente fallo constitucional; ya que, las dilaciones procesales y la falta de celeridad en la resolución de la solicitud del accionante AA para que resuelva su situación jurídica y se evalúe la exención de responsabilidad penal y cese del ejercicio de la acción penal, no solo afectan su derecho a la libertad, sino que también contravienen su derecho a una justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones, que también le asiste a la víctima en este caso, debido a que es un principio trascendental en los casos que involucran a menores de edad, por lo que, en el presente caso corresponde conceder la tutela solicitada, dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, está destinada a agilizar los trámites que se encuentran vinculados con el derecho a la libertad física o personal; debiendo los servidores judiciales, cumplir con los plazos previstos en la ley, a fin de garantizar los derechos establecidos por la Norma Suprema con celeridad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 09/2022 de 11 de octubre, cursante de fs. 36 a 40, pronunciada por el Juez Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que Carlos Vallejos Flores, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, una vez notificado con este fallo constitucional, señale de forma inmediata fecha y hora de audiencia de consideración de exención de responsabilidad penal y cese del ejercicio de la acción penal, con el fin de resolver la situación procesal del adolescente AA, garantizando que no haya más dilaciones indebidas en el proceso, el respeto al principio del interés superior del niño en aplicación al Código Niño, Niña y Adolescente; salvo que ese acto procesal ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo. 3° Exhortar a la autoridad demandada la atención prioritaria y con la máxima celeridad posible de toda solicitud en la que se encuentren involucrados menores de edad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
3 El FJ III.6, señala: “…(eficacia) supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la (eficiencia), persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos”.
4 El FJ III.1, refiere: “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia (…).
En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
5 El art. 9 del CNNA establece: ARTÍCULO 9. (INTERPRETACIÓN). Las normas de este Código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, cuando éstos sean más favorables.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0230_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 399db85a511bcdc44d5560c16878ee9807bacdf21ea8b5088204d26e52614f14
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →